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BOLETÍN Nº 63 - 23 de mayo de 2001

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Resolución expedientes sancionadores.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Barbiur, S.L., a la resolución dictada en el expediente NA00471/99, por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

PROPUESTA

Visto el recurso de alzada que, con fecha 25 de enero de 2000 presenta don Javier Barberena, en representación de Barbiur, S.L., contra la Resolución 854/1999, de 9 de diciembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 100.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada al vehículo matrícula NA-6496-T por la Guardia Civil de Tráfico el día 28 de diciembre de 1998, en el kilómetro 44,800 de la carretera N-121-A, por realizar un transporte de haya desde Santesteban hasta Pamplona con un exceso de peso de 4.440 kilos.

I.-Antecedentes de hecho.

1.º Con fecha 14 de abril de 1999 se notificó a Barbiur, S.L., la incoación de expediente sancionador NA00471/1999, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico al vehículo NA-6496-T el día 28 de diciembre de 1998 en el kilómetro 44,800 de la carretera N-121-A, por realizar un transporte de haya desde Santesteban hasta Pamplona con un exceso de peso de 4.440 kilos, teniendo un Peso Máximo Autorizado de 40.000 kilos. Exceso del 11%. Pesado en báscula homologada.

2.º El día 15 de abril de 1999, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 26 de noviembre de 1999 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 15 de abril de 1999, considera procedente confirmar la sanción toda vez que el hecho denunciado queda acreditado tras el examen del ticket de pesaje expedido por báscula homologada, con certificado de verificación vigente en el momento de la denuncia, copia del cual y del ticket fue remitida al interesado, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida y en función del porcentaje de exceso de peso detectado sobre el peso máximo autorizado del vehículo, dictándose con posterioridad la Resolución 854/1999, de 9 de diciembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Barbiur, S.L. una sanción de 100.000 pesetas.

4.º Con fecha 25 de enero de 2000 don Javier Barberena, en representación de Barbiur, S.L., interpone recurso de alzada en el que expone que al haber cargado en el monte no existe posibilidad de pesar en báscula alguna, por lo que se debería tener en cuenta estas circunstancias. Que no existe prueba suficiente para sancionar puesto que la báscula empleada no está homologada ni revisada por órgano competente. Que por consiguiente debería existir la ratificación del agente denunciante, y no se ha realizado. Que se ha incurrido en prescripción por transcurso de más de tres meses entre momentos procesales y en caducidad por más de un año. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción al no existir circunstancias agravantes.

II.-Fundamentos de derecho.

1.º Manifiesta el recurrente que al haber cargado en el monte no existe posibilidad de pesar en báscula alguna, por lo que se debería tener en cuenta estas circunstancias.

Debe señalarse aquí que, según reiterada jurisprudencia, para que exista infracción administrativa no es suficiente que se dé el hecho típico, sino que se requiere también la concurrencia de culpabilidad.

No obstante, para que concurra la misma es suficiente que se dé en su grado mínimo de simple negligencia o a título de simple inobservancia, circunstancia que se da en los hechos objeto del presente recurso.

Y es que, a la hora de analizar la culpabilidad en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador es preciso tener en cuenta que la responsabilidad no debe contemplarse exclusivamente desde la perspectiva del conocimiento, sino que hay que matizarla desde la perspectiva de la diligencia exigible, de modo que, en cada caso concreto, es imposible determinar si el autor conocía o no el ilícito, pero resulta factible precisar si estaba obligado a conocerlo en virtud de sus circunstancias personales, nivel cultural, medio en que vive, grado de proximidad al ilícito y, sobre todo, profesión.

Esto último debe, a su vez, conjugarse con la existencia o no de buena fe, resultando claro que no debe sancionarse al que obra de buena fe.

Sin embargo, esta buena fe queda enervada cuando existe un deber específico de vigilancia, derivado, por ejemplo, de la profesionalidad del infractor.

Así, con carácter general, el ejercicio de una profesión exige la asunción voluntaria de obligaciones singulares, así como de responsabilidades específicas frente a la Administración y terceros.

En concreto, en este caso nos encontramos con que el denunciado es un profesional del transporte por lo que, en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, no resulta procedente la alegación de existencia de buena fe, al no existir báscula en el lugar de la carga, que pudiera enervar la responsabilidad del recurrente, que, como transportista, ha de respetar la normativa referente a los pesos máximos autorizados de los vehículos, y observar la debida diligencia en su cumplimiento.

2.º Que no existe prueba suficiente para sancionar puesto que la báscula empleada no está homologada ni revisada por órgano competente. Que por consiguiente debería existir la ratificación del agente denunciante, y no se ha realizado.

El día 8 de noviembre de 1999 se remitió al recurrente copia del Certificado de Verificación Periódica de la Báscula de Zozaia, que acredita que dicho instrumento de pesaje ha superado el control metrológico de verificación contemplado en la Orden Ministerial de 4 de julio de 1995, lo que prueba que, en la fecha de la denuncia (28 de diciembre de 1998), funcionaba correctamente, quedando así demostrada la precisión del pesaje efectuado, que reúne todas las características que la normativa señalada preceptúa al respecto, quedando pues plenamente garantizados los derechos del interesado.

Con respecto a la falta de notificación del informe del agente denunciante no se ha considerado necesario ya que el hecho denunciado queda acreditado tras el examen del ticket de pesaje expedido por báscula oficial homologada con Certificado de Verificación vigente en el momento de la denuncia.

Existe pues, prueba suficiente del hecho que se imputa al recurrente, sin que la remisión de las demás pruebas que solicita resulte procedente.

Téngase en cuenta, en este sentido, que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las propuestas ni desapodera al instructor de su derecho a enjuiciar la pertinencia de las mismas (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1990, de 15 de febrero, en su fundamento jurídico quinto, entre otras).

3.º Que se ha incurrido en caducidad por transcurso de más de un año y prescripción por transcurso de más de tres meses entre momentos procesales.

El artículo 205 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción dada por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, establece que el plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación, siendo de aplicación, si sobrepasase dicho plazo, lo previsto en el punto 4 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho plazo queda modificado según el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 al establecer que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

En este caso, según establece la Disposición Transitoria Segunda es de aplicación la normativa expuesta en primer lugar, debido a que el procedimiento sancionador fue iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1999, que según su artículo segundo de modificación de las disposiciones de la parte final será a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir el 14 de abril de 1999, por lo que no ha transcurrido el plazo establecido ya que el procedimiento se inicia el 5 de febrero de 1999 (fecha que figura en la notificación de la denuncia) y finaliza el 14 de enero de 2000 (fecha de notificación de la resolución sancionadora).

Por otra parte en el expediente recurrido la fecha del acuerdo de iniciación es el 5 de febrero de 1999 fecha en que se incoa el expediente sancionador y que figura en la notificación de la denuncia y la fecha del primer intento de notificación de la resolución sancionadora es de 21 de diciembre de 1999, que según establece el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado, por lo que no se ha producido la caducidad alegada por el recurrente ya que no ha transcurrido el plazo de un año legalmente establecido.

A mayor abundamiento el artículo 42.5.d) establece que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

En el presente expediente el plazo ha sido suspendido desde el 15 de abril de 1999 hasta el 12 de noviembre de 1999, plazo comprendido entre la fecha en que el recurrente solicitó en fase de alegaciones, que le fuese remitidas las pruebas, pruebas que ha recibido el recurrente con fecha 8 de noviembre, concediéndosele 15 días para presentar alegaciones, hasta que las presenta con fecha 12 de noviembre de 1999, incorporando los resultados al expediente,

Por todo ello, siendo la fecha del acuerdo de iniciación de 5 de febrero de 1999, fecha en que se incoa el expediente sancionador y que figura en la notificación de la denuncia y la fecha de la notificación de la resolución sancionadora de 14 de enero de 2000, resulta que entre ambas fechas y tras descontar el plazo de suspensión, no ha transcurrido el plazo de un año legalmente establecido.

En cuanto a la prescripción alegada por el recurrente, la Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año. En este caso el plazo que resulta aquí aplicable es el de dos años y que en absoluto ha transcurrido entre los momentos procesales señalados por el recurrente.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero, que el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Asimismo, según Sentencia de 30 de octubre de 1997, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, "no puede prosperar la prescripción de la infracción alegada, por cuanto, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".

De igual manera, la Sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".

Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años que no ha transcurrido en el procedimiento de referencia.

4.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción al no existir circunstancias agravantes.

Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como grave.

Para estas infracciones, se prevé multa de 46.001 a 230.000 pesetas.

En este supuesto, se impone sanción de 100.000 pesetas, en función del porcentaje de exceso de peso detectado sobre el peso máximo autorizado del vehículo.

Por tanto, la sanción ha sido correctamente graduada, y no existe vulneración del principio de proporcionalidad.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier Barberena, en representación de Barbiur, S.L., contra la Resolución 854/1999, de 9 de diciembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, diecinueve de febrero de dos mil uno.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

Resolución expediente sancionador

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Uncona, S.A., a la resolución dictada en el expediente NA00616/99, por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

PROPUESTA

Visto el recurso de alzada que, con fecha 16 de diciembre de 1999 presenta don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Orden Foral 3069/1999, de 31 de agosto, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se sanciona con multa de 25.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Inspección de Transportes, el día 16 de enero de 1999, por cargar arena en el vehículo NA-9472-X con un peso total de 40.000 kilos, estando autorizado para 38.000 kilos.

I.-Antecedentes de hecho.

1.º Con fecha 28 de mayo de 1999 se notificó a Uncona, S.A. la incoación de expediente sancionador NA00616/1999, como consecuencia de la denuncia formulada por la Inspección de Transportes el día 16 de enero de 1999, por cargar arena en el vehículo NA-9472-X con un peso total de 40.000 kilos, estando autorizado para 38.000 kilos. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.

2.º El día 15 de junio de 1999, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 19 de agosto de 1999 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 15 de junio de 1999, considera procedente confirmar la sanción toda vez que la denuncia formulada por un agente de la autoridad goza de presunción de veracidad, presunción que no ha quedado desvirtuada por prueba en contrario aportada por el interesado, quien no aporta el albarán número 901855 que fue controlado por el denunciante y en lo que basó la denuncia por exceso de peso, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida y en función del exceso de peso detectado, dictándose con posterioridad la Orden Foral 3069/1999 de 31 de agosto, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Uncona, S.A. una sanción de 25.000 pesetas.

4.º Con fecha 16 de diciembre de 1999 don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., interpone recurso de alzada en el que niega los hechos denunciados. Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución. Que se ha producido la prescripción por transcurso del plazo de tres meses establecidos en el artículo 145 de la Ley 16/1987, ya que entre la denuncia y la fecha de notificación de la resolución sancionadora ha transcurrido sobradamente dicho plazo. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción. Que no se han practicado las pruebas solicitadas en alegaciones ni se han rechazado de forma motivada.

II.-Fundamentos de derecho.

1.º El recurrente niega los hechos y alega que no se han practicado las pruebas solicitadas en alegaciones ni se han rechazado de forma motivada.

En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia, según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad, a menos que se pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, obviamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denunciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de denuncia a la Autoridad, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado obtuvo. (Fundamento de Derecho sexto de la Sentencia 9 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada por el albarán de carga número 901855, no aportado por el interesado, que fue controlado por el denunciante, en cuanto sirve para el cobro de la misma, en el que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto, por lo que no desvirtúa la presunción de veracidad de la que goza un agente de la autoridad.

En cuanto a que no se ha motivado la resolución, en primer lugar hay que decir que la resolución sí está razonada porque se han analizado los hechos, las alegaciones del recurrente, indicándose los preceptos que tipifican la infracción y los que establecen la sanción.

Asimismo, cabe recordar lo expuesto en la sentencia 53/1996, de 12 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se ha pronunciado sobre el argumento del recurrente de la falta de motivación de dos Ordenes Forales dictadas por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, y en las que se sancionaban infracciones en materia de transporte. En la citada sentencia se afirma: "Tampoco adolece de falta de motivación, pues, aunque de manera sucinta y compendiosa, ambas resoluciones expresan con precisión los hechos y circunstancias constitutivos de la infracción -día, hora, lugar, vehículo, peso de la carga transportada y de la autorizada, así como de los preceptos legales y reglamentarios que la tipifican como muy grave, proporcionando información suficiente del fundamento jurídico y fáctico de las sanciones impuestas, en términos que posibilitan su impugnación y la revisión jurisdiccional de su conformidad o adecuación a Derecho, con lo que dicha motivación cumple en lo fundamental las exigencias básicas que el derecho de defensa reclama y las que el control de los actos de la Administración precisa." Circunstancias que concurren en la Orden Foral ahora recurrida.

2.º Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución.

Ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.

Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.

3.º Que se ha producido la prescripción por transcurso del plazo de tres meses establecidos en el artículo 145 de la Ley 16/1987, ya que entre la denuncia y la fecha de notificación de la resolución sancionadora ha transcurrido sobradamente dicho plazo y no ha habido ningún acto que interrumpa dicho plazo.

Ha de manifestarse al respecto que la Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año, plazo que es el que resulta aquí aplicable, y que en absoluto ha transcurrido entre los momentos procesales señalados por el recurrente.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero, que "el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de un año, que no ha transcurrido en el procedimiento de referencia.

4.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.

Hay que señalar que el hecho imputado al recurrente constituye una infracción al artículo 142 e) de la Ley 16/1987, así como al artículo 199 e) del Real Decreto 1211/1990, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como leve.

El artículo 201 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 16/1987, actualiza las multas estableciendo para las infracciones leves sanción de apercibimiento y/o multa de hasta 46.000 pesetas, por lo que hay que considerar que la sanción está graduada correctamente, en cuanto que se ha impuesto de acuerdo con la infracción cometida y en función del exceso de peso detectado.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Orden Foral 3069/1999, de 31 de agosto, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

Pamplona, diecinueve de febrero de dos mil uno.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

Resolución expediente sancionador

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Ativar, S.A., a la resolución dictada en el expediente NA00907/99, por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

PROPUESTA

Visto el recurso de alzada que, con fecha 11 de febrero e 2000 presenta don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A., contra la Resolución 414/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 10.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada al vehículo matrícula NA-7071-P por la Guardia Civil de Tráfico el día 4 de febrero de 1999, por realizar transporte escolar con destino al Colegio San Agustín, portando los distintivos del transporte que realiza de reducidas dimensiones.

I.-Antecedentes de hecho.

1.º Con fecha 26 de mayo de 1999 se notificó a Ativar, S.A. la incoación de expediente sancionador NA00907/1999, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico al vehículo NA-7071-P el día 4 de febrero de 1999, por realizar un transporte escolar con destino al Colegio San Agustín, portando los distintivos del transporte que realiza, tanto en parte anterior como posterior, de reducidas dimensiones (20 x 40 de color amarillo).

2.º El día 4 de junio de 1999, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 7 de noviembre de 1999 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de junio de 1999, considera procedente confirmar la sanción toda vez que la comisión del hecho denunciado ha quedado acreditado a través de la ratificación efectuada por el agente que formalizó el boletín de denuncia, no desvirtuada por el interesado, quien no ha presentado alegaciones frente a la misma, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 414/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Ativar, S.A. una sanción de 10.000 pesetas.

4.º Con fecha 11 de febrero de 2000 don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A. interpone recurso de alzada en el que expone que se ha incurrido en prescripción por transgresión del plazo de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el 203 del Reglamento. En la tramitación del expediente se ha omitido la propuesta de resolución. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción. Niega los hechos, no existiendo pruebas ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado.

II.-Fundamentos de derecho.

1.º Manifiesta el recurrente que se ha incurrido en prescripción por transgresión del plazo de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el 203 del Reglamento.

La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año, plazo que es el que resulta aquí aplicable, y que en absoluto ha transcurrido entre los momentos procesales señalados por el recurrente.

En cuanto a la redacción actual del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos en materia de transportes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es la siguiente:

"No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud del procedimiento instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.

Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos fijados en la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres."

En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.

2.º Alega que en la tramitación del expediente se ha omitido la propuesta de resolución.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: "Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."

3.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.

Hay que señalar que el hecho imputado al recurrente constituye una infracción, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones, se prevé sanción de apercibimiento y/o multa de hasta 46.000 pesetas.

En este supuesto, se impone sanción de 10.000 pesetas, por lo que la sanción se ha impuesto ya en su tramo mínimo, de modo que no resulta en absoluto desproporcionada.

4.º Niega los hechos, no existiendo pruebas ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada tras la ratificación efectuada por el agente que formalizó el boletín de denuncia en el que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto, invocando la aplicación del principio de proporcionalidad.

Según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de junio de 1998, "el derecho a la presunción de inocencia, aplicable al procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, no exonera a la persona imputada de la carga de probar en su descargo, sino que, de manera distinta, garantiza que el procedimiento sancionador, como señala el Tribunal Constitucional en la Sentencia 76/1990, de 26 de abril, está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución Española a la aportación de prueba de cargo a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones".

Esta misma sentencia señala que "ha de partirse de que la declaración del funcionario policía de tráfico contenida en el Boletín de denuncia, una vez ratificada constituye por sí misma una prueba de cargo suficiente en los términos del artículo 24 de la Constitución para destruir la presunción de inocencia de esa norma constitucional, singularmente, si, como es el caso, se refiere a los hechos constatados directamente por el agente".

De este modo "denotada la existencia de prueba de cargo sustentadora de un razonable juicio de responsabilidad contra el recurrente, correspondía a éste, y no a la Administración, la carga de probar la circunstancia exoneradora alegada".

En cuanto a que no existe prueba ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado, se ha de manifestar que con fecha 22 de septiembre de 1999 se remite copia del informe ratificador emitido por el agente denunciante, que según consta en el expediente, es recibido con fecha 29 de septiembre por don José M.ª Artieda, con D.N.I. 15.748.422, cuya fecha y firma constan en el acuse de recibo remitido por el servicio de correos.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A., contra la Resolución 414/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

Pamplona, diecinueve de febrero de dos mil uno.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

Resolución expediente sancionador

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Ativar, S.A., a la resolución dictada en el expediente NA00910/99, por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

PROPUESTA

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de febrero de 2000 presenta don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A., contra la Resolución 415/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 10.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada al vehículo matrícula NA-0278-P por la Guardia Civil de Tráfico el día 4 de febrero de 1999, por realizar transporte escolar hasta el Colegio San Agustín, no portando la señal indicativa del transporte que realiza.

I.-Antecedentes de hecho.

1.º Con fecha 26 de mayo de 1999 se notificó a Ativar, S.A. la incoación de expediente sancionador NA00910/1999, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico al vehículo NA-0278-P el día 4 de febrero de 1999, por realizar un transporte escolar hasta el Colegio San Agustín, no portando la señal indicativa del transporte que realiza con dimensiones y formato reglamentarios.

2.º El día 4 de junio de 1999, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 7 de noviembre de 1999 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de junio de 1999, considera procedente confirmar la sanción toda vez que la comisión del hecho denunciado ha quedado acreditado a través de la ratificación efectuada por el agente que formalizó el boletín de denuncia, no desvirtuada por el interesado, quien no ha presentado alegaciones frente a la misma, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 415/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Ativar, S.A. una sanción de 10.000 pesetas.

4.º Con fecha 10 de febrero de 2000 don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A. interpone recurso de alzada en el que expone que se ha incurrido en prescripción por transgresión del plazo de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el 203 del Reglamento. En la tramitación del expediente se ha omitido la propuesta de resolución. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción. Niega los hechos, no existiendo pruebas ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado.

II.-Fundamentos de derecho.

En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.

2.º Alega que en la tramitación del expediente se ha omitido la propuesta de resolución.

3.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.

Para estas infracciones, se prevé sanción de apercibimiento y/o multa de hasta 46.000 pesetas.

En este supuesto, se impone sanción de 10.000 pesetas, por lo que la sanción se ha impuesto ya en su tramo mínimo, de modo que no resulta en absoluto desproporcionada.

4.º Niega los hechos, no existiendo pruebas ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado

En cuanto a que no existe prueba ni ratificación del agente denunciante que se solicitó en alegaciones y cuya denegación no se ha motivado, se ha de manifestar que con fecha 22 de septiembre de 1999 se remite copia del informe ratificador emitido por el agente denunciante, que según consta en el expediente, es recibido con fecha 29 de septiembre por don José M.ª Artieda Ibarrola, con D.N.I. 15.748.422, cuya fecha y firma constan en el acuse de recibo remitido por el servicio de correos.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A., contra la ResoluciÍn 415/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

Pamplona, diecinueve de febrero de dos mil uno.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

Resolución expediente sancionador

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Ativar, S.A., a la resolución dictada en el expediente NA00917/99, por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

PROPUESTA

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de febrero de 2000 presenta don Alberto Artieda Ellarre, en representación de Ativar, S.A., contra la Resolución 416/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 10.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada al vehículo matrícula NA-2173-X por la Guardia Civil de Tráfico el día 4 de febrero de 1999, por realizar transporte escolar hasta el Colegio San Agustín, no portando la señal indicativa del transporte que realiza.

I.-Antecedentes de hecho.

1.º Con fecha 26 de mayo de 1999 se notificó a Ativar, S.A. la incoación de expediente sancionador NA00917/1999, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico al vehículo NA-2173-X el día 4 de febrero de 1999, por realizar un transporte escolar hasta el Colegio San Agustín, no portando la señal indicativa del transporte que realiza de dimensiones y formato reglamentarios.

2.º El día 3 de junio de 1999, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 7 de noviembre de 1999 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 3 de junio de 1999, considera procedente confirmar la sanción toda vez que la comisión del hecho denunciado ha quedado acreditado a través de la ratificación efectuada por el agente que formalizó el boletín de denuncia, no desvirtuada por el interesado, quien no ha presentado alegaciones frente a la misma, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 416/1999, de 11 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Ativar, S.A. una sanción de 10.000 pesetas.