VI. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social número Dos de Navarra
Cédula de notificación
Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de Navarra.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución número 93/2001 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María del Mar Sevillano Vidaurre, doña María Pilar Ayúcar Pellejero, doña Pilar Bacáicoa García de la Peña, don Carlos Igea Jiménez y doña Elizabeth Tuason, contra las empresas David Escott Macaulay y Step By Step, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Diligencia. En Pamplona, treinta de octubre de dos mil uno. La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con esta fecha ha tenido entrada en este Juzgado el anterior escrito, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª. Doy fe.
"Propuesta de auto. S.S.ª Secretaria Judicial, doña Lourdes García Ruiz. En Pamplona, a catorce de noviembre de dos mil uno.
Hechos.
Primero: En el presente procedimiento seguido entre doña María del Mar Sevillano Vidaurre, doña María Pilar Ayúcar Pellejero, doña Pilar Bacáicoa García de la Peña, don Carlos Igea Jiménez y doña Elizabeth Tuason, como demandantes y David Escott Macaulay, Fondo de Garantía Salarial y Step By Step, S.L., como demandados, consta:
Sentencia de fecha 2 de octubre de dos mil uno, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo: El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la demandada haya satisfecho el importe de la cantidad objeto de condena, por lo que se formula solicitud de ejecución del mismo.
Razonamientos jurídicos.
Primero: El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 de la Constitución Española y 2 de la L.O.P.J.).
Segundo: La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación (artículos 68 y 84.4 L.P.L.), se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (artículo 237 de la L.P.L.).
Tercero: Si el título que se ejecuta condenase al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre y sin necesidad de previo requerimiento personal a los condenados, al embargo de sus bienes en cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia de los bienes embargados (artículos 252 de la L.P.L. y 592 de la L.E.C).
Cuarto: Debe advertirse y requerirse a los ejecutados:
a) A que cumplan las resoluciones judiciales firmes y presten la colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (artículo 118 de la C.E.).
b) A que cumplan estrictamente con su obligación de pago a los ejecutantes tras la notificación de este auto, y mientras ello no realicen, se irá incrementando el importe de su deuda con los intereses legales, las costas que se devenguen, a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los de las Administraciones Públicas, Procuradores o Graduados Sociales colegiados que defiendan o representen a la parte contraria (artículos 25,1 y 267,3 L.P.L.).
c) A que se abstengan de realizar actos de disposición en perjuicio de sus acreedores (artículo 257.1.1 del C.P.), indicándoseles que está tipificado como delito de insolvencia punible el intento de eludir los derechos económicos de los trabajadores, con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona pública o privada (artículo 257.2 del C.P.).
Quinto: Asimismo debe advertirse y requerirse a los ejecutados o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
a) A que, a la mayor brevedad posible comuniquen a este Juzgado las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Deberán, igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados con cargas reales deben manifestar el importe de crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha (artículo 247 de la L.P.L.).
b) A que aporten en el plazo de diez días, la titulación de los bienes que se le embarguen (artículo 663 de la L.E.C.).
Sexto: Debe advertirse a los ejecutados, que si dejan transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordenado, y mientras no cumplan o no acrediten la imposibilidad de su cumplimiento especifico, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes, imponerles el abono de apremios pecuniarios de hasta 50.000 pesetas por cada día que se retrasen en el cumplimiento de dar, hacer o no hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución judicial (artículo 239 L.P.L.), cantidades que son independientes de la responsabilidad exigible por demora en el cumplimiento.
Séptimo: Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecución o demás resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán a los representantes de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.
En atención a lo expuesto,
Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por doña María del Mar Sevillano Vidaurre, doña María Pilar Ayúcar Pellejero, doña Pilar Bacáicoa García de la Peña, don Carlos Igea Jiménez y doña Elizabeth Tuason, contra David Escott Macaulay, Fondo de Garantía Salarial y Step By Step, S.L., por un importe de 1.628.539 pesetas de principal, más 162.853 pesetas y 122.275 pesetas para costas e intereses, los cuales se fijan provisionalmente, sin perjuicio de posterior liquidación.
Segundo: Trabar embargo de los bienes de los demandados en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al señor Jefe Provincial de Tráfico, ilustrísimo Alcalde, Servicio de Indices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y también al señor Director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a los ejecutados por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.
Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los bienes o derechos de los deudores de que tengan constancia. Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos, de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la L.P.L.).
En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles vehículos propiedad de los ejecutados, interesándose a su vez, la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a los ejecutados, hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las mismas a la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya.
Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titularidad de los apremiados, en los que la correspondiente entidad financiera actuará como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados. Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de los apremiados, para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con los apremiados para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 519 y ss. del C.P. y 893 Código de Comercio), e indicándoseles que deben contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 L.P.L.
Tercero: Advertir y requerir a los ejecutados, de las obligaciones y requerimientos que se les efectúan en los razonamientos jurídicos Cuarto y Quinto de esta resolución, y de las consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el razonamiento Sexto, y que podrán dar lugar a la imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 50.000 pesetas por cada día de retraso.
Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Notifíquese la presente resolución a la ejecutante y posponer su notificación a los ejecutados hasta la efectiva traba de lo embargado y a fin de asegurar su efectividad (artículo 54.3 L.P.L.).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral). Conforme: El Magistrado, Juez. La Secretaria Judicial".
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a David Escott Macaulay y Step By Step S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
En Pamplona, a catorce de noviembre de dos mil uno. La Secretaria Judicial, Lourdes García Ruiz.3695
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