BOLETÍN Nº 38 - 25 de febrero de 2019

2. Administración Local de Navarra

2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad

PAMPLONA

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico Electrónico

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, con el quórum reglamentario, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2018 y una vez transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, ha quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico Electrónico.

Se publica a continuación el texto íntegro de la misma para general conocimiento y demás efectos, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 324, 325 y 326 la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Pamplona, 26 de diciembre de 2018.–El Alcalde-Presidente, Joseba Asiron Sáez.

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, han venido apostando decididamente, desde hace varias décadas, por el uso progresivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).

Como evolución lógica y culminación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el año 2010 se aprobó la Ordenanza reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Pamplona (publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 153, de 17 de diciembre de 2010), con una sólida apuesta por el uso progresivo de las TIC y el desarrollo de la administración electrónica en la relaciones entre la Administración municipal y la ciudadanía, bajo la órbita de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y su normativa reglamentaria de desarrollo.

Con fecha 2 de octubre de 2015, fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que apuestan por una Administración Pública que funcione íntegra y exclusivamente de forma electrónica y que implican un cambio organizativo y la introducción de nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos, y de reducir las cargas administrativas y los costes económicos a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración.

La disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derogó expresamente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como gran parte del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo de la citada ley, lo cual evidencia la necesidad de adaptar la normativa municipal a los dictados en materia de administración electrónica contenidos en las nuevas leyes de procedimiento administrativo y régimen jurídico.

De este modo, la presente Ordenanza tiene como finalidad la adaptación plena de la normativa reglamentaria municipal a la nueva regulación estatal vigente en materia de administración electrónica, así como el desarrollo de ciertos aspectos, como el uso de ciertos medios electrónicos, funcionalidades de la sede electrónica, y precisiones sobre el uso de los diferentes medios de identificación y firma electrónica, entre otros aspectos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tratan, con gran precisión, todo lo referente al funcionamiento electrónico de las Administraciones, tanto en sus relaciones ad intra como ad extra, con la ciudadanía en el marco del procedimiento administrativo. No obstante, resulta necesario, para mayor seguridad jurídica, acometer un desarrollo reglamentario que detalle y concrete algunos aspectos de este funcionamiento electrónico y evite dudas interpretativas, máxime cuando la Ordenanza municipal existente ya ha quedado desfasada y superada por la citada normativa estatal.

En definitiva, la presente Ordenanza pretende ofrecer a la ciudadanía una mayor seguridad jurídica en las relaciones con esta Administración, concretando, desarrollando y aclarando algunos aspectos de la normativa estatal, con el fin de lograr mayor eficiencia en el funcionamiento electrónico de esta Administración, reduciendo cargas administrativas y costes de gestión.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, se reconocen una serie de “derechos de las personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas. La simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma legal, se plasma fundamentalmente en el derecho a no presentar ningún documento que se origine en cualquier Administración pública. Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la Administración y la ciudadanía, relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados por la Ley.

Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados y firmados electrónicamente; el archivo también será único y supondrá el almacenamiento por medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos administrativos que se generen. Desde el punto de vista de la tramitación de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, de todo el personal de la administración pública que tenga alguna responsabilidad en la tramitación del procedimiento. Junto con la firma electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización de la actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.

Además de lo anterior, en la elaboración de la presente Ordenanza también se ha tenido en cuenta la publicación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la cual extiende su ámbito de aplicación a las entidades locales de Navarra y sus entidades instrumentales dependientes. En efecto, tal y como establece en el Preámbulo de dicha Ley Foral, el principio de transparencia se configura como un valor que ha de guiar la actuación de los poderes públicos de manera constante, modificando la forma de comportarse con la ciudadanía y de responder ante ella. De este modo, y a fin de impulsar el principio de transparencia en la actividad pública municipal, la Ordenanza ha introducido el Título XI, el cual regula la difusión y acceso de la información administrativa a través de medios electrónicos, como medio de garantizar y hacer efectivo el ejercicio de dicho principio.

En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico, la nueva legislación foral sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a otras recientes derivadas del CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), especialmente la de Transparencia –y también por su conexión con el procedimiento electrónico–, justifican la necesidad de la aprobación de la presente Ordenanza.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico, para la gestión administrativa en el ámbito del Ayuntamiento de Pamplona y cuya tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

2. A tal efecto, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos jurídicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre el Ayuntamiento de Pamplona y el resto de entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.

3. Asimismo, esta Ordenanza establece los principios reguladores de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica.

4. La presente Ordenanza se dicta al amparo de las potestades reglamentarias y de autoorganización municipal reconocidas en los artículos 4 y 29 de la LFALNA, y artículos 4 y 70 bis.3. de la LRBRL.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.

1. Esta Ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades:

a) Los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Pamplona.

b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona.

c) Las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona, quedarán sujetas a la presente Ordenanza cuando ejerzan potestades administrativas.

2. Tienen la consideración de Administración Pública a efectos de la presente Ordenanza: los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Pamplona, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra b) del apartado 1. anterior, y que de aquí en adelante, serán denominados todos ellos conjuntamente como “Entidad Local”.

3. Asimismo, se aplicará a las personas adjudicatarias de contratos de gestión de servicios públicos municipales, cuando así lo dispongan los pliegos de licitación u otros documentos contractuales, en sus relaciones con la Entidad Local y con las personas usuarias y la ciudadanía, en el marco de la prestación de servicios públicos correspondientes.

4. Esta Ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, entendiendo por tal a quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Pamplona y con el resto de organismos y entidades citados en el apartado uno.

Conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

b) Las personas menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de las personas menores incapacitadas, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

c) Los grupos de personas afectadas, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en los casos en los que así lo declare expresamente una Ley.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.

1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe la Entidad Local y, concretamente a las siguientes:

a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico administrativo.

b) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la Entidad Local.

c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, de conformidad con lo que prevé esta Ordenanza.

d) El tratamiento de la información obtenida por la Entidad Local en el ejercicio de sus potestades.

2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza son aplicables, asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas a las normas del procedimiento administrativo, y de manera especial la comunicación de avisos y de incidencias, la presentación de reclamaciones y quejas, la formulación de sugerencias, la realización de preguntas a los órganos locales y las peticiones y otras formas de participación, mientras no sean objeto de una regulación específica.

3. La Entidad Local garantizará el acceso de la ciudadanía a los servicios electrónicos a través de un sistema de varios canales que contará, al menos, con los siguientes medios:

a) Oficinas de atención presencial, las cuales pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la presente Ordenanza, y que contarán con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

b) Punto de Acceso General Electrónico a los distintos órganos del Ayuntamiento de Pamplona y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes, disponibles para la ciudadanía a través de redes de comunicación.

c) Servicio de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a la ciudadanía el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 4. Principios generales.

1. La Entidad Local deberá respetar en su organización, su actuación y sus relaciones con el resto de entidades del sector público y con la ciudadanía, los principios enumerados en el Artículo 3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La Entidad Local se relacionará con el resto de Administraciones Públicas y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizará la protección de los datos de carácter personal, y facilitará preferentemente la prestación conjunta de servicios a las personas o entidades interesadas.

3. Asimismo, a fin de reforzar, desarrollar y pormenorizar a nivel local la implantación del procedimiento administrativo electrónico, la Entidad Local deberá actuar conforme a los principios que se enumeran en los artículos siguientes.

Artículo 5. Principios organizativos de la administración electrónica.

a) Principio de servicio a la ciudadanía.

Que obliga a impulsar el acceso electrónico a la información, los trámites y los procedimientos administrativos, para posibilitar la consecución más eficaz de los principios constitucionales de transparencia administrativa, proximidad y servicio a la ciudadanía.

b) Principio de simplificación administrativa.

Cuyo objetivo es alcanzar una simplificación e integración de los procesos, procedimientos y trámites administrativos, y de mejorar el servicio a la ciudadanía, aprovechando la eficiencia que comporta la utilización de técnicas de administración electrónica, en particular eliminando todos los trámites o las actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa aplicable, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación.

c) Principio de impulso de medios electrónicos.

Que obliga a impulsar decididamente el uso efectivo de los medios electrónicos en el conjunto de sus actividades y, en especial, en las relaciones con la ciudadanía, aplicando los medios personales y materiales pertinentes y las medidas necesarias para que sean efectivos, así como estableciendo incentivos para fomentar la utilización de los medios electrónicos entre la ciudadanía.

d) Principio de neutralidad tecnológica.

Que garantiza la realización de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza, con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de manera que sean la misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de la sociedad las que determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean más convenientes.

Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de las personas a los servicios electrónicos.

e) Principio de interoperabilidad.

Que garantiza la adopción de los estándares de interoperabilidad y velarán, respetando criterios de seguridad, adecuación técnica y economía de medios, para que los sistemas de información utilizados sean compatibles y se reconozcan con los de la ciudadanía y los de otras Administraciones.

f) Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos.

Que garantiza la protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre protección de datos y en las otras normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos. Serán objeto de especial protección los datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas contenidos en la información que usen en común los diferentes órganos y departamentos de la Entidad Local.

g) Principio de transparencia.

Que obliga a facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de la información que conste en sus archivos y de las actuaciones administrativas, de conformidad con la legislación sobre transparencia del sector público y el resto del ordenamiento jurídico, así como con los principios establecidos en la presente Ordenanza.

h) Principios de eficacia, eficiencia y economía.

Estos principios presidirán la implantación de los medios electrónicos que, en particular, se realizará según los siguientes criterios:

–El impacto y la utilización por parte de la ciudadanía de los servicios municipales afectados.

–Los colectivos de población a los que se dirige.

–Las mejoras alcanzables para la prestación del servicio.

–La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con el resto de la organización municipal y con sus sistemas de información.

–El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido.

–La madurez y disponibilidad de las tecnologías.

i) Principio de cooperación.

Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, estableciendo convenios, acuerdos y contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de sus personas asociadas y clientela con la Administración.

j) Principio de participación.

Que obliga a promover el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, así como el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, respetando en cualquier caso los principios de buena fe y de utilización responsable.

Artículo 6. Principios de difusión de la información administrativa electrónica.

a) Principio de accesibilidad.

Que garantiza:

–El uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de interés ciudadano, de manera rápida, segura y comprensible.

–El uso de criterios unificados en la investigación y visualización de la información que permitan una mejor difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental.

–La comprensión de los actos y documentos administrativos utilizando, en la medida de lo posible, un lenguaje fácil y culturalmente accesible de modo que dichos documentos queden intelectualmente al alcance de la mayoría de personas.

–La puesta a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidades o con dificultades especiales los medios necesarios para que puedan acceder a la información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares generalmente reconocidos.

b) Principio de exactitud de la información que publique la Entidad Local.

Que garantiza, en el acceso a la información de forma electrónica, la obtención de documentos con el contenido idéntico, veraz, exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el documento original. La disponibilidad de la información en forma electrónica no debe impedir o dificultar la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

c) Principio de actualización.

Que garantiza la actualización de la información administrativa que sea accesible por canales electrónicos. En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de actualización.

d) Principio de garantía de protección de datos de carácter personal.

Que obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento para garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos personales, garantizando las medidas de seguridad que impidan cualquiera trazabilidad personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.

e) Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto.

Que garantiza:

–El acceso a la información administrativa que, de conformidad con la legislación vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún tipo de identificación previa.

–La gratuidad de la información que, de acuerdo con la legislación vigente, sea considerada información pública y general, sin perjuicio de lo previsto en las ordenanzas fiscales.

Artículo 7. Principios de acceso electrónico de la ciudadanía al procedimiento administrativo.

a) Principio de legalidad.

Que asegura el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de la ciudadanía establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

b) Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos.

Que impide que el uso de los medios electrónicos comporte discriminación o perjuicio para quien los use en sus relaciones con la Entidad Local.

El uso de medios electrónicos en ningún caso puede implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para la ciudadanía que se relacione con la Entidad Local por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

c) Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos.

Que obliga a llevar a cabo las acciones necesarias para establecer sistemas y procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permitan a la ciudadanía conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas afectadas.

d) Principio de intermodalidad de medios.

Conforme al cual, un procedimiento iniciado por un medio podrá continuarse por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento.

Los trámites y los procedimientos accesibles por vía electrónica podrán llevarse a cabo por los canales y medios electrónicos que determine la Entidad Local.

e) Principio de proporcionalidad.

Que garantiza:

–Que sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los diferentes trámites y actuaciones.

–Que únicamente se requerirán a la ciudadanía los datos que sean estrictamente necesarios en consideración a la finalidad para la que se soliciten.

f) Principio de coordinación y unicidad de sistemas.

La administración municipal promoverá la creación de un sistema de gestión documental electrónico, único e integral de la documentación municipal, con el fin normalizar todas las operaciones de producción, tramitación, control, evaluación y disponibilidad de los documentos y sus circuitos administrativos, desde su creación hasta su eliminación o conservación permanente.

g) Principio de usabilidad.

Que garantiza que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en el usuario, de forma que se minimice el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del servicio.

Artículo 8. Principios de promoción de la cooperación y colaboración interadministrativa en materia de administración electrónica.

a) Principio de cooperación interadministrativa.

Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, promoviendo la firma de convenios y acuerdos con el resto de las Administraciones públicas a fin de desarrollar las previsiones incluidas en esta Ordenanza, en particular, y entre otros los que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y aplicaciones, siempre de manera interoperable.

La Entidad Local, publicará los acuerdos y los convenios que haya firmado con otras Administraciones públicas en la Sede Electrónica.

b) Principios de colaboración, acceso y disponibilidad limitada.

Que implica el deber de suministrar información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición de la Entidad Local y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

A tal efecto se facilitará el acceso de las restantes Administraciones públicas a los datos de las personas o entidades interesadas de los que disponga la Entidad Local y que estén en soporte electrónico, especificando las condiciones, los protocolos y los criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a los datos mencionados con las máximas garantías de seguridad e integridad.

La disponibilidad de los datos mencionados en el apartado anterior se limitará estrictamente a los que las Administraciones públicas requieran, en el ejercicio de sus funciones, para la tramitación y la resolución de los procedimientos que sean de su competencia.

TÍTULO II

Derechos y deberes

Artículo 9. Derechos de la ciudadanía.

En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a la ciudadanía los derechos enunciados en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás derechos reconocidos en otras normas y, en especial, los siguientes en materia de administración electrónica:

a) Derecho a comunicarse con la Entidad Local a través de un Punto de Acceso General electrónico.

b) Derecho a ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Entidad Local.

c) Derecho a la utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Derecho a consultar la información del procedimiento a que hace referencia el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Punto de Acceso General electrónico de la Entidad Local, el cual funcionará como un portal de acceso.

e) Derecho a que la Entidad Local le facilite copias de los documentos contenidos en los procedimientos. Dicha obligación de la Entidad Local se entenderá cumplida mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la misma.

f) Derecho a obtener una copia autenticada, en el caso de que excepcionalmente deba presentar un documento original.

g) Derecho a poder cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos, pudiendo utilizar alguno de los siguientes medios: tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, u otros medios que pudiera establecer la Entidad Local.

Artículo 10. Deberes de la ciudadanía.

En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en sus relaciones con la Entidad Local, y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, comunicaciones, procesos y aplicaciones de la administración electrónica, la actuación de la ciudadanía estará presidida por los deberes establecidos en la legislación básica estatal y legislación autonómica aplicable y, en especial, por los siguientes:

a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica de buena fe y evitando el abuso.

b) Deber de facilitar a la Entidad Local información veraz, completa y adecuada a los fines para los que sea requerida.

c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Entidad Local, cuando aquéllas así lo requieran conforme a la normativa vigente.

d) Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Entidad Local.

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos en materia de protección de datos.

TÍTULO III

Funcionamiento electrónico de la Entidad Local

Artículo 11. Portal de internet. Punto de acceso general electrónico.

1. Se entiende por portal de internet de la Entidad Local, el Punto de Acceso General Electrónico cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Pamplona, que permite el acceso a través de internet a la información publicada, y a la sede electrónica de la Entidad Local, a través del cual la ciudadanía puede comunicarse electrónicamente con la Entidad Local.

2. El Punto de Acceso General Electrónico, facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos y entidades que componen la Entidad Local.

3. El Punto de Acceso General electrónico tendrá asociada la sede electrónica de la Entidad Local. Además, esta sede incluirá un área personalizada, a través de la cual cada persona interesada podrá acceder mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal a la información relativa al mismo, al seguimiento de sus trámites administrativos y a la recepción de sus comunicaciones y notificaciones, en el ámbito de la Administración Pública competente.

Artículo 12. La sede electrónica.

1. La sede electrónica de la Entidad Local, es aquella dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Pamplona en el ejercicio de sus competencias.

Las dirección electrónica que tengan la condición de sede electrónica, deberá hacerlo constar de forma visible e inequívoca.

La sede electrónica de la Entidad Local fue creada oficialmente por la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 17 de septiembre de 2010, y cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 153, de 17 de diciembre de 2010. En la sede electrónica, existirá un enlace a dicha publicación en el citado Boletín Oficial.

El acceso a la sede electrónica se encuentra disponible para la ciudadanía mediante un enlace específico en el portal de internet (punto de acceso general electrónico) de esta Entidad Local (http://www.pamplona.es), y se corresponde con la siguiente dirección electrónica: https://sedeelectronica.pamplona.es.

La sede electrónica de la entidad local, fue creada con estricta sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

La sede electrónica será única para todos los órganos y entidades que conforman la Entidad Local y se rige por la fecha y hora oficiales en España.

2. La sede electrónica de la Entidad Local, es una oficina virtual compuesta por una serie de páginas web alojadas en uno o varios servidores, a los que se accede mediante la dirección electrónica indicada en el punto anterior, a través de la cual y mediante la utilización de una red de telecomunicaciones, la ciudadanía puede consultar la información, utilizar los servicios que allí se ofrecen y entablar relaciones jurídicas válidas con esta Entidad Local.

3. El Ayuntamiento de Pamplona garantizará y se hará responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la sede electrónica de la Entidad Local.

4. La sede electrónica de la Entidad Local, dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en la sede electrónica de la Entidad Local de informaciones, servicios y transacciones, respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía.

6. La sede electrónica de la Entidad Local utilizará, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

7. Se garantiza la identificación de la titularidad de la sede electrónica de la Entidad Local, mediante un certificado digital donde consta que el Ayuntamiento de Pamplona es el titular de la misma.

El certificado electrónico utilizado para la identificación de la sede electrónica, deberá ser reconocido o cualificado y se ajustará a lo señalado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica.

8. Formulación de sugerencias y quejas:

La sede electrónica dispone de un buzón para la formulación de sugerencias y quejas, con el fin de atenderlas adecuadamente y extraer de ellas oportunidades de mejora continua en la calidad de los servicios públicos que presta la Entidad Local.

La tramitación de las sugerencias y quejas recibidas a través de la sede electrónica, se llevará a cabo en el modo previsto en el Reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Pamplona (publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 128, de 20 de octubre de 2008).

9. La sede electrónica dispondrá, entre otros, del siguiente contenido:

a) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.

b) Identificación de la sede y sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

c) Relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la sede.

d) Servicio de asesoramiento electrónico y telefónico a la persona usuaria para la correcta utilización de la sede.

e) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.

f) Relación de los medios electrónicos que la ciudadanía puede utilizar, en cada supuesto, en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ella.

g) Buzón para la formulación de sugerencias y quejas.

h) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por la Entidad Local que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.

i) Indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica, así como el calendario de días inhábiles.

j) Pagos on-line.

k) Disposición de creación del Registro Electrónico.

l) Información acerca de cualquier incidencia técnica que acontezca e imposibilite el funcionamiento ordinario de un sistema o aplicación necesario para el ejercicio de un derecho, así como la ampliación concreta del plazo no vencido.

m) Consulta del directorio geográfico de oficinas en materia de asistencia en materia de registros, que permita a la persona interesada identificar la más próxima a su domicilio.

n) Otras informaciones que se consideren de interés general o sean exigidas legal o reglamentariamente.

10. Además, la ciudadanía podrá acceder a los siguientes servicios:

a) Registro general electrónico.

b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que la ciudadanía puede utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Entidad Local.

c) Modelos de solicitudes.

d) Acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

e) Mi Carpeta Ciudadana.

11. Mi Carpeta Ciudadana:

11.1. “Mi Carpeta Ciudadana” es un medio virtual de comunicación personal con la Entidad Local. El acceso a “Mi Carpeta Ciudadana” se efectuará autenticando la personalidad de la persona usuaria, conforme a lo dispuesto en el Título IV de esta Ordenanza.

11.2. A través de “Mi Carpeta Ciudadana”, las personas físicas o jurídicas y entes sin personalidad jurídica, podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos como medio de comunicación para, entre otros servicios:

a) Acceder a la información particular de esa persona o entidad, registrada en las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona.

b) Acceder de forma personalizada a información de carácter general de la Entidad Local a la que se haya suscrito previamente.

c) Realizar operaciones, recibir sus comunicaciones y comparecer para recibir las notificaciones y cumplir trámites administrativos en modo electrónico.

d) Acceder a sus comunicaciones y notificaciones efectuadas, incluyendo las rechazadas y caducadas.

e) Acceder a la consulta del estado de tramitación del procedimiento que comprenderá, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información.

11.3. El acceso y utilización de “Mi Carpeta Ciudadana” atribuye la condición de persona usuaria de la misma, y presupone la previa lectura y aceptación de las normas y condiciones publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. El acceso y utilización de la misma, implica que la persona usuaria acepta de forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de todas y cada una de las normas y condiciones de uso en la versión publicada en la sede electrónica en el momento del acceso.

11.4. Con el fin de facilitar la notificación, la persona o entidad interesada podrá facilitar a la Entidad Local otros medios electrónicos tales como direcciones de correo o números de teléfonos móviles, para enviar avisos auxiliares de cortesía, de que se ha intentado la notificación electrónica o de que ésta se encuentra pendiente.

11.5. Los datos que la ciudadanía aporte para facilitar sus relaciones con la Entidad Local, tales como números de teléfonos, correos electrónicos y otros, así como las preferencias que seleccione para que la Entidad Local le informe sectorialmente, contarán con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

12. Reglas especiales de responsabilidad:

En el caso que la sede electrónica contenga un enlace o vínculo a otra sede ajena a la Entidad Local, cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración Pública, la Entidad Local no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.

Artículo 13. Identificación electrónica de las entidades que componen la Entidad Local. El sello electrónico.

1. Las entidades que componen la Entidad Local podrán identificarse electrónicamente mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Este certificado electrónico incluirá el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

2. La relación de sellos electrónicos utilizados por las entidades que componen la Entidad Local, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, serán públicos y accesibles por medios electrónicos, y se publicarán en la sede electrónica o en el sitio web de la Entidad Local.

3. La Entidad Local adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

4. Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.

Artículo 14. Actuación administrativa automatizada.

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por la Entidad Local, en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona empleada pública.

2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Artículo 15. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.

En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada entidad que compone la Entidad Local podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica.

El sistema de código seguro de verificación general de la Entidad Local se podrá emplear para garantizar la autenticidad de las copias en soporte papel de documentos electrónicos.

En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Para ser válido, el código seguro de verificación será creado previamente por Decreto de Alcaldía o del órgano en quien delegue, debiendo ofrecer las siguientes garantías mínimas:

–El carácter único y aleatorio de cada código generado para cada documento, así como su vinculación con la parte emisora.

–Una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello electrónico avanzado basado en certificado cualificado.

–El acceso al documento autenticado mediante el código, a través de la sede electrónica y, en su caso, archivo electrónico que lo contenga durante todo el plazo en que dicho documento deba producir efectos legales. Dicho acceso será inmediato y gratuito para las personas.

–Su vinculación con el documento generado y con el firmante. Cualquier modificación del documento generado, dará lugar a un nuevo documento con un código de verificación diferente.

–Un acceso al documento restringido a quien disponga del código seguro de verificación.

La Entidad Local dispondrá de un procedimiento de verificación directo y gratuito de este sistema.

Artículo 16. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 11, 14 y 15, la actuación de las entidades que componen la Entidad Local, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica de la persona titular del órgano o empleada pública.

2. La Entidad Local determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta a la persona titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo al número de identificación profesional de la persona empleada pública.

3. Las personas titulares o miembros de los órganos de la Entidad Local, así como las que están a su servicio, podrán emplear sistemas de identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Estos certificados deberán ser facilitados por la Entidad Local a las personas a su servicio, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar, en el Documento de política de identificación y firma electrónica, el uso voluntario de certificados cualificados estrictamente personales de los que dispongan dichas personas.

Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la identificación del órgano, unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de forma proporcionada y respetando los límites establecidos por la legislación de transparencia y protección de datos personales.

Por razones de seguridad pública, se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica con seudónimo en aquellos casos en que resulten aplicables límites a la identificación de las personas firmantes de documentos, derivados de la legislación vigente. El seudónimo se instrumentará mediante el empleo de número de identificación profesional o equivalente.

Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les revele la identidad de las personas firmantes con certificado cualificado con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Entidad Local podrá expedir y gestionar su propio sistema de claves concertadas para sus personas empleadas públicas, mediante Decreto de Alcaldía, en la que se regularán los términos y condiciones para su uso, debiendo dar cumplimiento, en función del nivel de seguridad que garantice, a lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Asimismo, la Entidad Local podrá adherirse a sistemas de identificación y firma basados en claves concertadas ofrecidos por otras Administraciones públicas, siempre que su nivel de seguridad resulte suficiente.

5. La Entidad Local podrá, igualmente, establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita para su uso en relaciones presenciales. Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la no reutilización de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceros, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.

Artículo 17. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.

2. Cuando las personas participantes en las comunicaciones pertenezcan a esta Entidad Local, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de personas emisoras y receptoras autorizadas y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando las personas participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Artículo 18. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.

1. Requerirán firma electrónica reconocida de las autoridades o personal funcionario competentes los siguientes documentos:

a) Los Decretos de Alcaldía, Bandos y Resoluciones de órganos unipersonales, así como los acuerdos de órganos colegiados.

b) Las resoluciones, que pongan fin al procedimiento administrativo, y los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

c) Las resoluciones que resuelvan recursos administrativos.

d) Los certificados administrativos tanto de órganos individuales como de órganos colegiados.

e) Los dictámenes e informes que sean preceptivos en el procedimiento administrativo.

f) Los acuerdos, pactos, convenios y contratos.

2. La firma electrónica reconocida de las autoridades, personal directivo y secretarías técnicas, así como del personal funcionario encargado de la fe pública, de la certificación, o de la notificación, podrá efectuarse por grupos o series de actos administrativos, con el fin de agilizar dicha firma.

3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando esta Entidad Local u otra Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrán superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

TÍTULO IV

Identificación electrónica y firma electrónica de las personas y otras entidades interesadas en el procedimiento administrativo

Artículo 19. Sistemas de identificación electrónica de las personas o entidades interesadas en el procedimiento.

1. La Entidad Local está obligada a verificar la identidad de las personas o entidades interesadas en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

2. Las personas o entidades interesadas podrán identificarse electrónicamente ante la Entidad Local a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como persona o entidad usuaria que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por entidades prestadoras incluidas en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados, los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por entidades prestadoras incluidas en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Entidad Local considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes Decretos de Alcaldía de desarrollo de los mismos.

d) Las personas físicas podrán emplear, para identificarse y firmar electrónicamente, el sistema de claves concertadas Cl@ve, de la Administración General del Estado, en sus tres modalidades de uso: cl@ve ocasional (cl@ve PIN), cl@ve permanente y cl@ve firma. El uso de estos sistemas de identificación y firma se regirá por lo que disponga el correspondiente Decreto de Alcaldía de desarrollo del mismo.

Los sistemas de clave concertada o de cualquier otro sistema que la Entidad Local consideren válidos para la identificación electrónica de persona física deberán contener, como mínimo, su nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero o el número de identificación fiscal.

Los de persona jurídica deberán contener, como mínimo, su denominación y su número de identificación fiscal.

e) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica podrán emplear sistemas de identificación y de sello electrónico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico cualificado. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes condiciones:

–El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá directamente a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin que deba acreditarse la representación.

–El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del conjunto de trámites para los que sea admitido.

–El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de firma electrónica de la persona física representante, pudiendo emplearse ambos sistemas, de forma indistinta, a elección de la persona o entidad interesada.

–El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas actuaciones donde sea suficiente la garantía de la corrección del origen de los datos y de la integridad de los datos.

La Entidad Local podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c), d) y e) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento.

La relación de sistemas de identificación electrónica admitidas en el ámbito de la Entidad Local, será pública y podrá ser consultada por medios electrónicos a través de la sede electrónica. Dicha relación será permanentemente actualizada.

Artículo 20. Sistemas de firma electrónica admitidos por la Entidad Local.

1. Las personas o entidades interesadas podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

2. En el caso de que las personas o entidades interesadas optaran por relacionarse con la Entidad Local a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por entidades prestadoras incluidas en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.

c) Las personas físicas podrán emplear, para identificarse y firmar electrónicamente, el sistema de claves concertadas Cl@ve, de la Administración General del Estado, en sus tres modalidades de uso: cl@ve ocasional (cl@ve PIN), cl@ve permanente y cl@ve firma. El uso de estos sistemas de identificación y firma se regirá por lo que disponga el correspondiente Decreto de Alcaldía de desarrollo del mismo.

d) La Entidad Local podrá establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita para su uso, en relaciones presenciales, por las personas físicas. Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la no reutilización de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceras personas, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.

e) Cualquier otro sistema que la Entidad Local considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes Decretos de Alcaldía de desarrollo de los mismos, que deberán incluir en todo caso, los datos de identidad de la persona o entidad interesada, de manera que se pueda vincular su identidad con la voluntad del acto de firma.

La Entidad Local podrá determinar si sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de competencia.

La relación de sistemas de firma electrónica admitidas en el ámbito de la Entidad Local, será pública y podrá ser consultada por medios electrónicos a través de la sede electrónica. Dicha relación será permanentemente actualizada.

3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, la Entidad Local podrá admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ordenanza como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de las personas o entidades interesadas.

4. Cuando las personas o entidades interesadas utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Artículo 21. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que las personas o entidades interesadas acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ordenanza.

2. Las Entidad Local sólo requerirá a las personas o entidades interesadas el uso obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

Artículo 22. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas o entidades interesadas.

1. La Entidad Local garantizará que las personas o entidades interesadas pueden relacionarse con ésta a través de medios electrónicos, para lo cual pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

2. La Entidad Local asistirá en el uso de medios electrónicos a las personas o entidades interesadas no incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 42 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Asimismo, si alguna de estas personas o entidades interesadas no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por una persona funcionaria pública mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que la persona o entidad interesada que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante la persona funcionaria y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Entidad Local mantendrá actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán las personas funcionarias habilitadas para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

4. En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán las personas funcionarias que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

TÍTULO V

El registro electrónico

Artículo 23. Registro electrónico.

1. El Ayuntamiento de Pamplona dispone de un Registro Electrónico General, el cual fue creado oficialmente mediante la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, aprobada inicialmente por Acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 17 de septiembre de 2010, y cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 153, de 17 de diciembre de 2010.

2. En dicho Registro Electrónico General, se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en el mismo.

También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

3. El Registro Electrónico General cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

4. La sede electrónica especificará el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. Igualmente, en la sede electrónica existirá un enlace de acceso al Registro Electrónico General.

5. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

6. El registro electrónico garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación de la persona o entidad interesada, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los documentos que las personas o entidades interesadas dirijan a los órganos de la Entidad Local podrán presentarse:

a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Pamplona, o de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.4, último párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el registro electrónico del Ayuntamiento de Pamplona y de las entidades que componen la Entidad Local, serán plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten.

8. Los documentos presentados de manera presencial ante la Entidad Local, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales a la persona o entidad interesada, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

La Entidad Local podrá establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

9. Podrán hacerse efectivos, mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a la Entidad Local, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

10. La Entidad Local hará pública y mantendrá actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

11. No se tendrán por presentados en el registro electrónico aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Artículo 24. Acceso de la ciudadanía al Registro Electrónico General.

1. El acceso al Registro Electrónico General para la presentación de documentación por parte de la ciudadanía, estará disponible para cualquier persona interesada a través de la dirección o direcciones que se habiliten a tal efecto en la sede electrónica de la Entidad Local.

2. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico General los buzones de correo electrónico personales asignados a las personas empleadas públicas o a las distintas unidades u órganos de la Entidad Local.

Tampoco tendrán la consideración de Registro Electrónico General los dispositivos de recepción de fax de la Entidad Local.

Artículo 25. Documentación susceptible de registro de entrada.

1. Todos los documentos que se presenten en el Registro Electrónico, deberán estar realizados en formatos y/o aplicaciones informáticas que sean compatibles con los utilizados por la Entidad Local. El tipo de formatos y aplicaciones informáticas admitidos, se publicarán en la sede electrónica.

2. El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se le presenten, en las siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

3. En los casos previstos en el número anterior, se informará de ello a la persona o entidad remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo, así como, cuando ello fuera posible, los medios de subsanación de tales deficiencias.

Artículo 26. Funcionamiento.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por las personas o entidades interesadas, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

c) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las entidades que componen la Entidad Local, vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico correspondiente. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.

Artículo 27. Cómputo de plazos.

1. La Entidad Local publicará los días y el horario en el que permanecerán abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de las personas o entidades interesadas a ser asistidas en el uso de medios electrónicos.

2. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

3. La sede electrónica del registro electrónico de la Entidad Local, determinará, atendiendo al calendario previsto en el artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Entidad Local podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Artículo 28. Salidas de documentos del Registro electrónico.

En relación con la salida de documentos dirigidos electrónicamente a otros órganos o a particulares, el Registro Electrónico:

a) Acreditará la fecha y hora exactas de remisión del documento y la de inicio del cómputo de plazos.

b) Especificará el órgano administrativo remitente.

c) Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía.

d) Indicará un breve resumen del asunto de que se trate.

e) Concederá un número correlativo al asiento de salida que se practique.

f) Guardará automáticamente copia del documento enviado.

TÍTULO VI

Documentos, archivo, copias y expedientes electrónicos

Artículo 29. Emisión de documentos por la Entidad Local.

1. La Entidad Local emitirá los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Estos documentos, producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos que emita la Entidad Local deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

Se entiende como metadato, a los efectos de esta Ordenanza, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento.

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por la Entidad Local que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

4. Los documentos administrativos emitidos por la Entidad Local se ajustarán al conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización de la información, formatos y aplicaciones, establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en el Esquema Nacional de Seguridad.

5. Los documentos electrónicos generados por la Entidad Local, así como aquellos que hayan sido recibidos originariamente en formato electrónico a través del registro electrónico o hayan sido aportados por comparecencia personal, pasarán a formar parte del Patrimonio Documental municipal, debiendo ser objeto de gestión con arreglo a lo dispuesto en la Ley Foral 12/2007, de Archivos y Documentos de Navarra.

6. Serán objeto de conservación los documentos y la totalidad de sus metadatos, así como las firmas electrónicas originales y los sellos de tiempo, junto a los elementos de contexto que permitan su verificación posterior. Las firmas y sus elementos asociados se podrán conservar separadas de los documentos electrónicos en una plataforma específicamente destinada a este fin, siempre que se mantenga la vinculación entre todos los componentes.

7. Se crearán plataformas de custodia o repositorios electrónicos, complementarios y equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos.

8. Con el objeto de garantizar los derechos de la ciudadanía y preservar la memoria de la institución municipal, se adoptarán las siguientes medidas organizativas y técnicas necesarias para la gestión eficaz de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida:

a) Definir las directrices, normas y procedimientos para la custodia, la conservación y el control de acceso a los documentos electrónicos que garanticen de forma permanente, o, en su caso, hasta el momento de su prevista eliminación, la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos creados o recibidos por este medio.

b) Identificar de forma única e inequívoca cada documento por medio de convenciones adecuadas, que permitan su control y recuperación de un modo ágil, rápido y pertinente. Cada documento tendrá asociada una única unidad administrativa responsable del mismo. La unidad administrativa responsable de un expediente lo será también de todos los documentos integrados en el mismo.

c) Definir un sistema de Clasificación adaptado a las funciones y competencias de cada uno de los órganos, áreas y servicios de la Entidad Local.

d) Asociar los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios al documento electrónico a lo largo de su ciclo de vida, que se incluirán en el esquema de metadatos de la Entidad Local.

e) Incorporar en cada expediente un índice electrónico de los documentos que lo integran, que deberá estará firmado por la Secretaría Técnica del Área a la que esté adscrita la unidad administrativa responsable del mismo.

f) Acceder a los documentos a través de procedimientos de consulta que permitan su visualización y recuperación, incluyendo la firma electrónica y los metadatos asociados y, en caso que lo incorpore, el sello electrónico de tiempo.

g) Establecer procedimientos para determinar los plazos de conservación de los documentos electrónicos de acuerdo con la legislación, normas técnicas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en cada caso.

h) Si el resultado del procedimiento de evaluación y selección documental aconsejara la eliminación total o parcial de documentos electrónicos en las plataformas de gestión y de custodia, determinar conforme a la normativa que lo regule, el procedimiento adecuado para ello y también para la destrucción física, en su caso, de otros soportes que los contuvieran.

i) Conservar los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, tanto en la plataforma de tramitación como en la de custodia, de forma que se pueda asegurar en todo momento su control y acceso, garantizando su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia electrónica de las actividades y procedimientos, y la identificación de los órganos administrativos que los han tramitado.

j) Coordinar el servicio responsable de la gestión de documentos y archivo con el resto de servicios y unidades de la Entidad Local.

k) Formar al personal de manera que los distintos perfiles profesionales adquieran las competencias necesarias que han de ser asignadas para la ejecución de las funciones, actividades y tareas definidas en el diseño del sistema de gestión de documentos y archivos de la Entidad local.

l) Cumplir con la normativa sobre protección de datos personales, y adoptar medidas de seguridad que impidan cualquier trazabilidad personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.

m) Asegurar los requisitos mínimos y las especificaciones funcionales que permitan garantizar la interoperabilidad a medio y largo plazo y la seguridad del sistema de gestión de documentos, conforme a lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 30. Formatos y soportes de los documentos electrónicos.

1. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de particulares deberán conservarse en soportes de larga duración en los términos que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus Normas técnicas de desarrollo, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

2. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se conservará en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan.

3. Para la presentación de documentos electrónicos, la Entidad Local mantendrá un catálogo actualizado de los formatos admitidos, basados en estándares abiertos siempre que sea posible, el cual se publicará en la Sede Electrónica. No obstante, podrá exigir la entrega de los documentos en un único formato de entre los más utilizados, cuando se trate de documentos de carácter técnico normalmente manejados por determinados colectivos profesionales.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los documentos electrónicos se deberán conservar preferentemente en su formato original, incluyendo su firma electrónica y metadatos, mientras persista su valor probatorio.

5. En la comunicación de sus documentos electrónicos a la ciudadanía, la Entidad Local deberá utilizar formatos para cuya lectura, comprobación de firmas y descifrado, existan herramientas o utilidades gratuitas.

6. Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, pudiendo para ello procederse al cambio de su formato original al formato de conservación, cuando exista riesgo de obsolescencia, aplicándose procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las migraciones o conversiones de formatos.

Artículo 31. Copias auténticas de documentos públicos administrativos o privados.

1. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de la Entidad Local, en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

2. La Entidad Local determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por la Entidad Local, tendrán validez en las restantes Administraciones, tal y como dispone el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

A estos efectos, la Entidad Local podrá realizar copias auténticas mediante personal funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constará el personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constará, al menos, el personal funcionario que preste servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, la Entidad Local deberá ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Entidad Local o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, la Entidad Local hará públicos, a través de la sede electrónica, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

4. Las personas o entidades interesadas podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por la Entidad Local. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las entidades que componen la Entidad Local estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten las personas o entidades interesadas y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando la Entidad Local expida copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

Artículo 32. Metadatos del documento electrónico.

1. Los metadatos son datos asociados a los documentos electrónicos que permiten su identificación y garantizan su autenticidad, fiabilidad, integridad, conservación, comprensión y disponibilidad a lo largo del tiempo.

2. Todos los documentos electrónicos emitidos por la Entidad Local deben tener asociados metadatos descriptivos de su contenido y de otros aspectos de los mismos, en forma electrónica.

3. Los servicios técnicos municipales elaborarán un repertorio o esquema de metadatos de los documentos incorporados al sistema administrativo municipal, cuyo uso será obligatorio por todos los órganos y unidades de la Entidad Local y se ajustará a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4. Entre los metadatos de cada documento electrónico, figurarán necesariamente los siguientes:

a) Identificador único que será constante a lo largo de toda la vida del documento.

b) Descriptores indicativos del carácter de original o copia del documento y, en este último caso, del tipo de copia, del autor o responsable de la misma y de la naturaleza jurídica del documento copiado.

c) Denominación, código de clasificación y, en su caso, el código de la unidad administrativa responsable del documento.

d) Acceso. La posibilidad de acceso inmediato a su contenido por parte de las personas interesadas en el expediente al que se refiere, o bien la libre consulta una vez terminado el procedimiento. En caso contrario, las causas aplicables para restringir el acceso.

e) Plazo de conservación. Propuesta motivada sobre la necesidad o no de su conservación permanente en la plataforma de custodia, y en el caso de que no fuera indefinida, una propuesta de tiempo de permanencia.

5. Los documentos administrativos electrónicos emitidos por la Entidad Local, incluirán una de las siguientes modalidades de referencia temporal, según establezcan las normas de procedimiento correspondientes:

a) “Marca de tiempo” o asignación por medios electrónicos de fecha y, en su caso, hora a un documento.

b) “Sello de tiempo” o asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento con la intervención de un prestador de servicios de certificación.

6. En los metadatos de cada documento electrónico se indicará si este contiene datos de carácter personal. En función del procedimiento o documento, el contenido a asignar a los correspondientes metadatos se podrá determinar en el catálogo unificado de procedimientos.

7. Los metadatos asociados a un documento electrónico no podrán ser modificados salvo en los casos previstos por las normas jurídicas o técnicas que sean aplicables.

8. Sin perjuicio de un eventual procedimiento de corrección o actualización, se impedirá la modificación de los siguientes metadatos:

a) Los identificativos del documento.

b) Los relativos a la originalidad del documento y, en su caso, al tipo de copia, al autor o responsable de la misma y a la naturaleza jurídica del documento copiado.

c) Los relativos a las firmas del documento y a la naturaleza jurídica del documento copiado.

d) Los asociados a la trazabilidad y al control de los accesos a la información exigido por la normativa de protección de datos para la información sobre la que se aplica el nivel alto de medidas de seguridad.

9. Deberá quedar constancia, durante toda la vida del documento, de los metadatos asignados al mismo en cada momento.

Artículo 33. Expedientes administrativos.

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

El foliado, autenticación y el índice electrónico, asimismo autenticado, en el ámbito del Ayuntamiento de Pamplona, se llevará a cabo por quien desempeñe las funciones de Secretaría Técnica del Área Municipal actuante, atendiendo a la materia de que se trate.

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

5. Los documentos que se integren en el expediente administrativo, se ajustarán al formato o formatos de larga duración, en los términos que determina el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

6. Los expedientes electrónicos deberán incorporar o asociar los metadatos necesarios para su clasificación, ordenación, descripción, indización y consulta y dispondrán de un código unívoco y persistente que permita su identificación en un entorno de intercambio administrativo.

TÍTULO VII

El archivo electrónico

Artículo 34. Archivo de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se conservarán en entornos electrónicos, de forma que se facilite el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, debiendo permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a la ciudadanía.

Cuando no sea posible incorporar al expediente electrónico, mediante copia electrónica auténtica, y así se acredite de forma justificada, los documentos en su soporte original, éstos se conservarán en los términos legalmente previstos.

2. La Entidad Local dispondrá de un archivo electrónico único con los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos administrativos correspondientes a procedimientos no terminados se conservarán en la plataforma de tramitación electrónica.

3. El archivo electrónico forma parte del sistema de gestión de documentos de la Entidad Local que, como conjunto, integra su Patrimonio documental, cuya gestión dependerá del servicio de Archivo Municipal de acuerdo a las normas técnicas en materias de gestión de documentos y archivos que establece la Ley 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y documentos de Navarra. El Archivo Municipal contará con el soporte técnico del órgano competente en materia de tecnología.

4. El sistema de gestión del archivo electrónico permitirá la identificación, clasificación, descripción e indexación de los documentos, su valoración y conservación a largo plazo, así como la gestión de personas usuarias, las auditorias de uso y circulación de documentos, el control de la autenticidad e integridad de los datos y metadatos asociados a los documentos, renovación de los formatos y de los soportes con el fin de garantizar el acceso y disponibilidad durante su ciclo de vida.

5. Con la finalidad de evitar la duplicidad de soportes y formatos, el paso del documento en soporte informático a soporte papel sólo se realizará por causas justificadas y deberá permitir la verificación técnica de la firma del órgano competente para la transformación.

6. Los documentos y expedientes administrativos tramitados y resueltos antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza y depositados en el archivo municipal, deberán ser digitalizados, garantizando la autenticidad, integridad y conservación de la copia electrónica, e incorporados al archivo electrónico de la Entidad Local. En el proceso de digitalización se dará prioridad a las series documentales de mayor consulta y las que contengan información relevante para la administración y para el ejercicio de derechos ciudadanos.

Artículo 35. Firmas de custodia.

1. Con el fin de garantizar la autenticidad e integridad del archivo, se podrán realizar firmas de custodia sobre los documentos de archivo, individual o conjuntamente. Para extender el período de validez de las firmas de custodia se podrá realizar un resellado periódico de las mismas mediante la actualización de los sellos de tiempo.

2. El archivo electrónico registrará en los metadatos la incorporación de firmas de custodia y los procesos de resellado de las mismas, identificando las firmas electrónicas avanzadas utilizadas e incluyendo la versión de la declaración de prácticas de certificación del prestador de servicios de certificación que estuviera vigente en el momento de firma.

3. El Archivo Municipal utilizará sellos electrónicos en las operaciones descritas en el párrafo 1 de este artículo y para cualquier otra función del archivo electrónico que precisen de la generación de firmas electrónicas avanzadas en procesos automatizados.

4. Las operaciones descritas en este artículo se realizarán sin perjuicio de las operaciones de resellado que se puedan llevar a cabo en la plataforma de tramitación destinada a la conservación de las firmas de los documentos electrónicos y poder preservar la validez de las mismas.

Artículo 36. Garantías y medidas de seguridad del archivo electrónico.

1. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, aplicándose, entre otras, las medidas siguientes:

a) La actualización criptográfica del documento firmado electrónicamente, mediante la adición de nuevos sellos de fecha y hora.

b) El registro del documento firmado electrónicamente en un soporte físico perdurable, con garantía de la fecha de entrada.

c) En particular, todos los archivos electrónicos asegurarán la identificación de las personas usuarias y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

2. La política de gestión de documentos establecerá, de forma coordinada con la política de seguridad de la Entidad Local, las medidas de seguridad aplicables.

3. Cuando la firma y los certificados no puedan garantizar la autenticidad y la evidencia de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, éstas les sobrevendrán a través de su conservación y custodia en los repositorios y archivos electrónicos, así como de los metadatos de gestión de documentos y otros metadatos vinculados, de acuerdo con las características que se definirán en la Política de gestión de documentos, en la Política de firma electrónica y de certificados, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.

Artículo 37. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de los archivos.

1. El establecimiento del archivo electrónico único de documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados, resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente, y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente.

2. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del archivo histórico, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica correspondiente.

3. La eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 38. Conversión y migración.

1. Para preservar el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos podrán realizarse operaciones de conversión de soportes y migración de formatos, de acuerdo con las normas sobre obtención de copias auténticas incluidas en esta ordenanza.

2. Las personas responsables del archivo electrónico promoverán la realización de copias auténticas con cambio del formato de los documentos electrónicos tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos.

3. Cuando no sea posible garantizar la conservación permanente de los documentos electrónicos de valor histórico, se dispondrá su reproducción en papel o en microfilme mediante procedimientos que aseguren el mantenimiento de la autenticidad, fiabilidad e integridad de los documentos reproducidos, así como de los metadatos asociados a los mismos.

Artículo 39. Conservación de los documentos electrónicos.

1. Los servicios técnicos de Informática y de Archivística del Ayuntamiento propondrán las políticas de creación y conservación del archivo electrónico, así como los criterios de migración de los datos, renovación de los soportes, actualización de los programas y las estrategias para garantizar la legibilidad de los documentos con el transcurso del tiempo.

2. Los plazos de conservación, destrucción o transferencia de los documentos electrónicos, se determinarán mediante un informe de identificación y valoración de la serie a la que pertenezcan, elaborado por el personal técnico del Archivo Municipal. Este informe deberá ser aprobado por la Alcaldía.

3. Las resoluciones sobre conservación, destrucción o transferencia de documentos electrónicos deberán consignarse en el calendario o tabla de conservación documental. La creación y gestión de este calendario se encomienda al personal técnico del Archivo Municipal.

4. El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para el archivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se cumplan las garantías establecidas en este capítulo.

Artículo 40. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.

1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la Ley como prueba, de los cuales se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones determinados por las leyes, si no tuvieran un valor histórico o cultural que deba preservarse.

2. Los servicios técnicos del Archivo Municipal tramitarán los expedientes de eliminación de los documentos a los que se refiere al apartado anterior.

3. El expediente de eliminación deberá establecer las garantías de seguridad y conservación de las copias electrónicas de los documentos en papel o en otro soporte que se proponga destruir.

4. La destrucción de documentos podrá encomendarse a terceros, conforme a las instrucciones que se establezcan al efecto. La entidad colaboradora emitirá un certificado de eliminación que se incorporará al expediente correspondiente, con indicación de la fecha de destrucción y descripción de la documentación destruida.

Artículo 41. Acceso a los archivos electrónicos.

1. El acceso de la ciudadanía a los archivos electrónicos se regirá por lo establecido en la legislación de Transparencia, estatal y autonómica, y de Archivos y documentos autonómica.

2. El acceso de las Administraciones públicas a los documentos y archivos electrónicos regulados en la presente Ordenanza, cuando la persona solicitante ejercite su derecho a no aportar documentos ya aportados anteriormente a la Entidad Local, se realizará con plena sujeción a los límites previstos en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública, y siempre que la documentación no haya sido eliminada conforme a lo previsto en la normativa reguladora.

3. La disponibilidad de la información en formato electrónico, no debe impedir o dificultar la atención personalizada al ciudadano en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

TÍTULO VIII

El procedimiento administrativo electrónico

CAPÍTULO I

Normas generales de actuación

Artículo 42. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la Entidad Local.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con la Entidad Local para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con la Entidad Local podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Entidad Local para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios/as y registradores/as de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a una persona o entidad interesada que esté obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Las personas empleadas de la Entidad Local, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de ser personas empleadas públicas.

3. Las entidades que conforman la Entidad Local podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas, a través de medios electrónicos, para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Artículo 43. Representación.

1. Las personas o entidades interesadas con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra de la persona o entidad interesada.

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante la Entidad Local.

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

5. La representación podrá acreditarse ante la Entidad Local, además de por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en esta Ordenanza, con un certificado electrónico cualificado de representante, expedido por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza”, acorde al Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Los certificados electrónicos de representante deberán ser conformes a la Política marco de Firma Electrónica y de certificados a que hace referencia el Esquema Nacional de Interoperabilidad y haber sido expedido a quien tenga plenas facultades o poderes para llevar a cabo cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

6. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

7. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

8. La Entidad Local podrá habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de las personas o entidades interesadas. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen las personas físicas o jurídicas que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. La Entidad Local podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer la persona o entidad interesada por sí mismo en el procedimiento.

Artículo 44. Registro electrónico de apoderamientos.

1. La Entidad Local dispondrá de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de persona o entidad interesada en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de una tercera persona o entidad, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente de la persona o entidad poderdante.

b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente de la persona apoderada.

c) Fecha de inscripción.

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que la persona apoderada pueda actuar en nombre de la persona o entidad poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

b) Un poder para que la persona apoderada pueda actuar en nombre de la persona o entidad poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

c) Un poder para que la persona apoderada pueda actuar en nombre de la persona o entidad poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

5. El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Entidad Local, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ordenanza, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo la persona poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por la persona o entidad poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

Artículo 45. Comparecencia presencial o electrónica de las personas.

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas de la Entidad Local, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

3. La Entidad Local entregará a la persona interesada certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

Artículo 46. Relaciones de procedimientos y efectos del silencio.

1. La Entidad Local publicará y mantendrá actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

2. En todo caso, la Entidad Local informará a las personas o entidades interesadas del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto a la persona o entidad interesada dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Entidad Local. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

Artículo 47. Documentos aportados por las personas o entidades interesadas al procedimiento administrativo.

1. Las personas o entidades interesadas deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por la Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, las personas o entidades interesadas podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Las personas o entidades interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que la persona o entidad interesada haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por las personas o entidades interesadas salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposición de la persona o entidad interesada, la Entidad Local deberá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará a la persona o entidad interesada de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. La Entidad Local no exigirá a las personas o entidades interesadas la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, la Entidad Local no requerirá a las personas o entidades interesadas datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por la persona o entidad interesada a cualquier Administración. A estos efectos, la persona o entidad interesada deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo la Entidad Local recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por las personas o entidades interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informadas previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

Excepcionalmente, si la Entidad Local no pudieran recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente a la persona o entidad interesada su aportación.

4. Cuando con carácter excepcional, la Entidad Local solicitara a la persona o entidad interesada la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, la persona o entidad interesada deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 31, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Entidad Local podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona o entidad interesada, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

6. Las copias que aporten las personas o entidades interesadas al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.

7. Las personas o entidades interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Artículo 48. Forma de los actos administrativos.

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Las propuestas electrónicas de resoluciones, actos o acuerdos municipales, deberán contener, en su caso, las conformidades y vistos buenos exigidos por el Reglamento Orgánico municipal, mediante la inclusión de la firma electrónica basada en un certificado electrónico cualificado del personal al servicio del Ayuntamiento que deba prestarlas.

3. La resolución, el acto o acuerdo que ponga fin al procedimiento electrónico, deberá ir acompañado de la firma electrónica basada en un certificado electrónico cualificado del órgano administrativo competente para dictar la resolución, el acto, o acuerdo.

4. Una vez que sean adoptadas las resoluciones, los actos o los acuerdos municipales, la Secretaría del Pleno, la Concejalía Secretaria de la Junta de Gobierno Local o la persona Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, darán fe de los mismos, en sus respectivos ámbitos de competencia, mediante el uso de firma electrónica basada en un certificado electrónico cualificado.

CAPÍTULO II

Inicio del procedimiento a solicitud de la persona o entidad interesada

Artículo 49. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, las personas o entidades interesadas podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que la Entidad Local les avise del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma de la persona solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a las personas o entidades interesadas el código de identificación si la persona o entidad interesada lo desconoce. Asimismo, la Entidad Local deberá mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten las personas o entidades interesadas electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Entidad Local, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

4. La Entidad Local establecerá modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a las personas o entidades interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de las personas o entidades interesadas en la sede electrónica y en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Entidad Local, ofreciéndose en las dos lenguas propias de Navarra.

Las personas solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que la persona o entidad interesada verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

6. Cuando la Entidad Local en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por las personas o entidades interesadas.

7. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 42.2 y 42.3 presenta su solicitud presencialmente, la Entidad Local requerirá a la persona o entidad interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Artículo 50. Declaración responsable y comunicación.

La Entidad Local tendrá permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a las personas o entidades interesadas, en la sede electrónica y en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Entidad Local, ofreciéndose en las dos lenguas propias de Navarra.

CAPÍTULO III

Impulso e instrucción del procedimiento electrónico

Artículo 51. Impulso del procedimiento.

El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

Artículo 52. Instrucción del procedimiento.

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de las personas o entidades interesadas a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

Artículo 53. Emisión de informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 29 de esta Ordenanza en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Artículo 54. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

CAPÍTULO IV

Resolución del procedimiento electrónico

Artículo 55. Resolución del procedimiento.

1. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por la persona o entidad interesada para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación de firma, se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

Artículo 56. Pagos a la Entidad Local.

Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa, o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública local, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:

a) Tarjeta de crédito y débito.

b) Transferencia bancaria.

c) Domiciliación bancaria.

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda pública local.

CAPÍTULO V

Práctica de las notificaciones

Artículo 57. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando la persona o entidad interesada resulte obligada a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, la Entidad Local podrá practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea de la persona interesada o persona que represente a la persona o entidad interesada en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa del personal empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por la persona o entidad interesada o persona que la represente, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna de la parte remitente y de la persona o entidad destinataria de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Las personas o entidades interesadas que no estén obligadas a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Entidad Local, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

La Entidad Local podrá establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, la persona o entidad interesada podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona o entidad interesada, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquellas. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por la persona o entidad interesada o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, la Entidad Local podrá recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio de la persona interesada recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando la persona interesada o el representante de la persona o entidad interesada rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, la Entidad Local enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la persona o entidad interesada que ésta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Entidad Local. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando la persona o entidad interesada fuera notificada por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

8. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición de la persona o entidad interesada en la sede electrónica de la Entidad Local actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

9. Cuando la persona o entidad interesada accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Artículo 58. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Entidad Local actuante.

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por la persona o entidad interesada o su representante, debidamente identificado, al contenido de la notificación, a través del servicio de notificaciones contenido en “Mi carpeta ciudadana” ubicada en la sede electrónica de la Entidad Local.

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:

a) Con carácter previo al acceso a su contenido, la persona o entidad interesada deberá visualizar un aviso del carácter de notificación a los efectos legales oportunos, de la actuación administrativa que supondrá dicho acceso, así como que el rechazo tendrá los efectos previstos en la ley.

b) El sistema de información correspondiente de la sede electrónica en la que se produzca el acceso, dejará constancia de la aceptación o, en su caso, del rechazo, con indicación de su fecha y hora.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por la persona o entidad interesada, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Entidad Local.

4. Las personas o entidades interesadas podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

5. La comparecencia en la sede electrónica podrá realizarse para acceder a la notificación o para rechazarla dándose por practicado el trámite de la notificación con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en ambos casos.

6. La comparecencia voluntaria de la persona o entidad interesada o su representante en la sede electrónica de la Entidad Local a través de la Mi Carpeta Ciudadana y el acceso al contenido de la notificación o el rechazo del mismo tendrán plenos efectos jurídicos, con independencia de que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Entidad Local o de que no hayan comunicado que se les practiquen notificaciones por medios electrónicos.

7. La notificación por comparecencia en la sede electrónica a través de Mi Carpeta Ciudadana, generará y pondrá a disposición de la persona o entidad interesada, un acuse de recibo que permita justificar el acceso a la notificación. El acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado y su destinatario, la fecha y hora en la que se produce la puesta a disposición y la fecha y hora del acceso a su contenido, del rechazo o en la que la notificación se considera rechazada por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

8. La sede electrónica en la que se realice la comparecencia, deberá actualizar la situación de la notificación en Mi Carpeta Ciudadana.

9. La Entidad Local adoptará las medidas necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones, acuerdos y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarias a más de una persona o entidad interesada, así como aplicar, en su caso, otros límites previstos en la legislación de transparencia.

Dichas medidas podrán incluir, entre otras, la transcripción para la notificación parcial de acuerdos y resoluciones.

10. La Entidad Local procederá a la práctica de la notificación en soporte papel en los casos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común. En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de una copia auténtica en papel de la notificación puesta a disposición en la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de verificación.

De la notificación en papel, deberá generarse una constancia escrita, inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la notificación por parte de la persona interesada o de la persona que represente a la persona o entidad interesada, que será digitalizada para su incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente.

Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición de la persona o entidad interesada en la sede electrónica de la Entidad Local, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

11. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los términos establecidos en los artículos anteriores, la notificación se hará mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, la Entidad Local podrá publicar un anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y/o en el tablón de edictos Electrónico ubicado en la sede electrónica.

TÍTULO IX

Funcionamiento de los órganos colegiados

Artículo 59. Convocatorias y sesiones.

1. Todos los órganos colegiados de la Entidad Local, se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, las personas que lo componen podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de las personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de las personas que ostenten la Presidencia y Secretaría o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de las personas que lo componen.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Presidencia podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten las personas representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales que componen el órgano a los que se haya atribuido la condición de personas portavoces.

Cuando estuvieran reunidas, de manera presencial o a distancia, la Secretaría y todas las personas miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstas podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todas las personas que lo componen.

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a las personas que componen el órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todas las personas que componen el órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

6. Cuando las personas que componen el órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse a la persona Secretaria de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que la persona interesada manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con la Entidad Local por esta vía.

Artículo 60. Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La persona Secretaria elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a las personas que componen el órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de las personas que componen el órgano colegiado.

Artículo 61. Órganos Colegiados de Gobierno de la Entidad Local.

Las disposiciones previstas en este Título IX relativas a los órganos colegiados, no serán de aplicación a los Órganos Colegiados de gobierno de la Entidad Local.

TÍTULO X

Participación ciudadana en la elaboración de normas

Artículo 62. Participación de la ciudadanía en la elaboración de normas.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Entidad Local, en la que se recabará la opinión de la ciudadanía afectada por la futura norma, y cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

2. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Artículo 63. Excepciones.

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo anterior en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Entidad Local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

TÍTULO XI

La difusión y acceso de la información administrativa a través de medios electrónicos

Artículo 64. Régimen jurídico aplicable.

1. El derecho de acceso a la información pública se regirá por lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, por la normativa que, en desarrollo de la misma pueda aprobarse, y por lo dispuesto en la presente Ordenanza.

2. No se aplicará este régimen cuando exista una regulación especial del derecho de acceso o cuando la persona solicitante quiera acceder a los documentos que obran en un procedimiento en curso en el que ostente la condición de persona o entidad interesada. En este caso, el acceso se regirá por la normativa reguladora del procedimiento administrativo correspondiente.

Si se trata de un expediente finalizado, en virtud del principio de acceso permanente, quien tenga su custodia deberá garantizar el acceso directo al expediente, de acuerdo con lo que dispongan las normas reguladoras del procedimiento de que se trate, previa acreditación de la condición de persona o entidad interesada y sin perjuicio del derecho a obtención de copia de los documentos que obren en el citado expediente.

Artículo 65. Titularidad del derecho.

Son titulares del derecho de acceso a la información pública establecido en el artículo 13, d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículo 30.1 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, sin más limitaciones que las contempladas en la citada Ley Foral.

Este derecho se ejercerá, mediante solicitud previa, sin que sea exigible condición alguna de nacionalidad, vecindad o similar y con independencia de la formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

Para el ejercicio de este derecho, no será necesario motivar la solicitud ni invocar normativa alguna, ni acreditar interés alguno.

Artículo 66. Alcance de las obligaciones de publicidad activa.

1. Las obligaciones de publicidad activa de la Entidad Local, se ejercerán por vía electrónica, preferentemente a través de su sede electrónica, como canal que garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información publicada.

2. En consonancia con la implantación definitiva de la administración electrónica la Entidad Local facilitará la máxima difusión, publicidad y transparencia de la información que conste en sus archivos y de las actuaciones administrativas, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico, y con las buenas prácticas reconocidas.

3. La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella información que, en atención a sus peculiares características, potencie la transparencia, permita una mayor rendición de cuentas y favorezca el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, así como aquella que ofrezca mayor utilidad para el conjunto de la sociedad y para el impulso y desarrollo de la actividad económica.

4. La Entidad Local deberá hacer pública, en los términos que se señalan en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, al menos, información relativa a:

a) Información institucional, organizativa y de planificación.

b) Información sobre altos cargos y personal directivo.

c) Información de relevancia jurídica.

d) Información económica, presupuestaria y financiera.

e) Información sobre contratación pública.

f) Información sobre la concesión de servicios.

g) Información sobre convenios de colaboración, contratos-programas, encomiendas y encargos a medios propios.

h) Información sobre la actividad subvencional.

i) Información patrimonial y estadística.

j) Información en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda.

k) Otros contenidos objeto de publicidad.

5. Para el cumplimiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, la Entidad Local deberá:

a) Elaborar, mantener periódicamente actualizada, y difundir de forma permanente, veraz y objetiva, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación garantice la transparencia de su actividad y, como mínimo, la incluida en el punto 4. del presente artículo.

b) Elaborar y difundir periódicamente, un inventario de la información pública referida en la letra a) de este apartado con indicación de dónde puede encontrarse dicha información.

c) Desarrollar sistemas y políticas de gestión de la información pública que garanticen su fiabilidad, actualización permanente, integridad y autenticidad.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácil su localización y divulgación y fomenten la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de la veracidad y la reutilización de la información publicada.

e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible.

f) Publicar y difundir las condiciones del derecho de acceso a la información pública, el procedimiento para su ejercicio, el plazo y el órgano competente para resolver.

g) Difundir los derechos que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, reconoce a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirlas en la búsqueda de información.

h) Facilitar la información solicitada en los plazos, en la forma y en el formato elegido de acuerdo con lo establecido la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

En el ámbito de las entidades locales, la periodicidad de la actualización citada en este apartado, vendrá determinada en sus disposiciones específicas.

6. La información pública deberá permanecer publicada durante los siguientes plazos:

a) La información que describa situaciones de hecho se mantendrá publicada, al menos, mientras éstas subsistan.

b) La información sobre normas, al menos, mientras éstas mantengan su vigencia.

c) La información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, diez años después de que éstas cesen.

d) La información económica al menos durante diez años a contar desde el momento en el que fue generada.

e) La información en materia medioambiental y urbanística, mientras permanezca su vigencia y, al menos, diez años después de que cese la misma.

Artículo 67. Reutilización de la información pública.

1. La Entidad Local difundirá, en los términos previstos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, la información pública a fin de facilitar y promover su reutilización, facilitando su libre disposición por los ciudadanos y ciudadanas, instituciones académicas, empresas y otros agentes para la creación de valor mediante nuevos productos y servicios, siempre que su uso no constituya una actividad administrativa pública y se respeten los límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

Esta puesta a disposición de la información pública para su reutilización se realizará por medios electrónicos y solo se someterá a los límites establecidos en la normativa sobre reutilización de la información pública.

2. Las condiciones de la reutilización de la información publicada, así como la vigencia en el tiempo y los periodos de actualización de la misma deberá especificarse en la sede electrónica de la Entidad Local.

3. Para facilitar la interoperabilidad de los datos abiertos, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal que regule el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

Artículo 68. Calidad y accesibilidad de la información.

1. La información administrativa y de interés general estará disponible en la sede electrónica las 24 horas del día los 365 días del año, con calidad, garantizando la compresión de su contenido, siguiendo criterios y estándares europeos e internacionales. La publicidad de la información garantizará el uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de interés ciudadano, de manera rápida y segura y comprensible.

2. La información que se incluya en la sede electrónica o en cualquier otro tipo de formato deberá ser veraz, de fácil acceso, no discriminatoria, estructurada, clara, sencilla y concisa, así como articularse a través de mensajes y lenguajes entendibles por la ciudadanía, utilizando especialmente vídeos, gráficos, fotos, dibujos y cualquier otro medio de composición de la página o del soporte documental que pueda ayudar a comprender mejor a la ciudadanía el alcance de la información proporcionada.

3. Las representaciones gráficas de la publicidad activa serán el medio de publicidad activa preferente en aquellas materias o datos de notable complejidad. Esta preferencia será de aplicación, en particular, en relación con la información de carácter económico-financiero, así como en toda aquella que tenga por objeto el uso de recursos públicos, la priorización de políticas públicas, la satisfacción ciudadana por los servicios públicos o cualquiera otra que pueda mostrarse estadísticamente o a través de porcentajes.

4. La Entidad Local pondrá a disposición de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad o algún tipo de diversidad funcional, dentro de los recursos tecnológicos y económicos disponibles, los medios necesarios para acceder a la información de la sede electrónica.

5. Se garantizará un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes que la Entidad Local produzca directamente o a través de terceras personas o entidades.

6. La disponibilidad de la información en formato electrónico por parte de la ciudadanía no debe sustituir, en ningún caso, la atención personalizada que presta la Entidad Local de forma presencial en sus dependencias o a través de otros canales como el telefónico.

Artículo 69. Principio general favorable al acceso a la información pública.

Con carácter general, se favorecerá el acceso a la información pública. En el caso de que concurra algún límite al acceso o alguna causa de inadmisión de la solicitud de acceso, se motivará la contestación o resolución, exponiendo cuantos fundamentos justifiquen la desestimación total o parcial o la inadmisión y, en su caso, el plazo durante el que persista la imposibilidad de acceso y publicación.

Artículo 70. Protección de los datos personales.

1. Las personas obligadas al cumplimiento de lo establecido en este Capítulo promoverán la mayor difusión y acceso posibles a la información pública, sin menoscabo alguno del derecho a la protección de los datos personales.

2. Cuando la información solicitada contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de la Entidad Local, el órgano competente concederá el acceso a la información.

3. Cuando la información solicitada se refiera a personas jurídicas, se facilitará la información, incluso si contiene datos del nombre y apellidos de personas físicas que sean representantes, administradoras o miembros de sus órganos de dirección, administración y control, y direcciones de contacto.

4. Cuando la información solicitada se refiera a personas físicas y los datos no sean especialmente protegidos, el órgano podrá comunicar la información a la persona solicitante si al ponderar la solicitud estima que prevalece:

–El hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y con su comunicación no se aprecie un perjuicio relevante para el interés de los afectados.

–La justificación por la persona solicitante de su petición en su calidad de persona titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano o ciudadana.

–El hecho de que la persona solicitante tenga la condición de investigador o investigadora y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

–El menor perjuicio a las personas afectadas derivado del transcurso del plazo de diez años a partir de la fecha del documento o información.

5. Por el contrario, podrá denegar directamente la solicitud si considera que prevalece la mayor garantía de los derechos de las personas afectadas en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a personas menores de edad.

6. Cuando la información solicitada contenga datos especialmente protegidos, se precisará el consentimiento expreso de la persona afectada, a menos que este hubiera hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso o que el acceso esté amparado por una norma con rango de ley.

7. En todo lo demás, se tendrá en cuenta la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

8. Los órganos competentes en el ámbito de esta Ordenanza podrán dirigir consultas a la unidad competente en materia de protección de datos de la Entidad Local sobre la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

9. En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal así como la normativa que en esta materia se pueda aprobar en el futuro.

Artículo 71. Otros límites.

1. Serán aplicables en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los límites establecidos en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, y aquellos otros que vengan establecidos en la legislación sectorial que resulte de aplicación.

2. En todo caso, los límites previstos se aplicarán de forma motivada y proporcionada, atendiendo al interés que se salvaguarda con el límite y el interés público en la divulgación.

3. En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones del derecho de acceso, se concederá el acceso parcial a la información no afectada por el límite.

4. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.

Artículo 72. Procedimiento y régimen de impugnaciones.

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como el régimen de impugnaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en dicha materia, se regirán por lo dispuesto en los Capítulos II y III, del Título III, de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo.

TÍTULO XII

El tablón de edictos electrónico (Tablón Edictal)

Artículo 73. Objeto.

1. En el Tablón Edictal se insertarán los anuncios y edictos de la Entidad Local, así como de otras Administraciones públicas o entidades que, por disposición legal o reglamentaria o en virtud de resolución judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de edictos municipal.

2. El Tablón Edictal estará integrado en la sede electrónica de la Entidad Local. La publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente informativos.

3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en el tablón de edictos, no será necesaria dicha publicación, salvo que, por razones de interés público debidamente motivadas, se justifique la misma.

Artículo 74. Funcionamiento del Tablón Edictal.

1. El Tablón Edictal será único para la Entidad Local y tendrá formato digital.

2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón Edictal deberán garantizar en todo momento:

a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibilidad, autenticidad e integridad de su contenido.

b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a la evolución tecnológica.

c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la fehaciencia de la fecha y hora de publicación y del plazo de la exposición en el tablón.

3. El acceso al Tablón Edictal a través de la sede electrónica será gratuita y no exigirá identificación de ningún tipo.

El Tablón Edictal se podrá consultar por Internet y también en las Oficinas de atención presencial a la ciudadanía y en los puntos de acceso electrónico de la Entidad Local.

4. El Tablón Edictal dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha de publicación de los edictos.

5. El Tablón Edictal estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá informar de ello a las personas usuarias con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta que estén disponibles.

Artículo 75. Cómputo de plazos.

1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón Edictal durante el plazo que se especifique en el acto o expediente concreto, y a efectos de su cómputo, la fecha de publicación será la que conste en la representación visual de la firma electrónica del documento.

2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante un sistema de sellado de tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad o norma que resulte de aplicación.

3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre cómputo de plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 76. Efectos.

1. La publicación en el Tablón Edictal de los actos administrativos dictados por esta Entidad Local en el ámbito de sus competencias, surtirá los efectos que se determinen en la normativa vigente.

2. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas sobre notificaciones y publicaciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 77. Tablón Edictal Único.

Los anuncios de notificación de esta Entidad Local, al igual que el del resto de las Administraciones públicas, se publicarán en el Tablón Edictal Único (TEU) del BOE, al menos cuando las personas o entidades interesadas en el procedimiento de que se trate sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Habilitación competencial, para desarrollo y ejecución de la Ordenanza.

1. La presente Ordenanza habilita expresamente a la Alcaldía como órgano competente para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de esta Ordenanza que sean necesarias para su mejor aplicación.

2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, también se le habilita expresamente a la Alcaldía como órgano competente para la aprobación de los documentos derivados del Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y del Real Decreto 4/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) de la Administración General del Estado.

3. Le corresponde asimismo a la Alcaldía la aprobación del documento de creación de un código seguro de verificación conforme a lo previsto en la presente Ordenanza, así como, en su caso, la fijación de los términos y condiciones de uso del sistema de claves concertadas para el personal empleado público al que se refiere igualmente la presente Ordenanza.

Segunda.–Uso de las lenguas oficiales de la Comunidad Foral de Navarra y de otras lenguas.

Se garantizará que tanto la web municipal, el punto de acceso general electrónico, la sede electrónica y el portal del registro electrónico general de la Entidad Local, contendrán el acceso a las informaciones, modelos y servicios que la Entidad Local ponga a disposición de la ciudadanía en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Foral de Navarra.

Asimismo, se podrán incluir informaciones en otras lenguas, cuando se considere de interés general.

La edición de las lenguas será separada, con el fin de que cada ciudadano o ciudadana utilice la que considere más apropiada.

Tercera.–Actividades de servicio y ventanilla única.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejecución, la Entidad Local garantizará que todos los procedimientos y trámites que supediten el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, se puedan realizar electrónicamente y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utilice en la prestación del servicio.

2. Igualmente la Entidad Local garantizará que las entidades o personas prestadoras de servicios puedan acceder, electrónicamente y a distancia a través de una ventanilla única ubicada en la sede electrónica, tanto a la información sobre los procedimientos necesarios para el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, como a la realización de los trámites preceptivos para ello.

Especialmente la ventanilla única garantizará que las entidades o personas prestadoras de servicios puedan:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a su actividad y su ejercicio, en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tengan la condición de persona o entidad interesada y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el órgano administrativo competente.

3. Asimismo, la Entidad Local adoptará las medidas necesarias e incorporará las tecnologías precisas, para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas.

4. El Ayuntamiento de Pamplona adoptará las medidas necesarias para dotarse de un sistema electrónico de intercambio de información entre las entidades que configuran la Entidad Local, así como con el resto de Administraciones públicas españolas y de los demás Estados miembros de la Unión Europea, que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Cuarta.–Adecuación a los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

1. En cumplimiento de los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, ambos de fecha 8 de enero de 2010, la Entidad Local se ha dotado formalmente de su propia Política de Seguridad, mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018 (DAL 23-MAY-18, 1/TP).

2. La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica, en los términos contemplados en los Capítulos III, IV y V del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero de 2010.

3. La Entidad Local aprobará y publicará su Política de Firma Electrónica y de Certificados, partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la Disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero de 2010.

4. La Entidad Local establecerá sus mecanismos de control para garantizar de forma real y efectiva el cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

5. La Entidad Local dará publicidad en la sede electrónica, a las declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de seguridad y/o interoperabilidad de la que sea acreedora, obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

6. Las especificaciones de seguridad y la conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad se incluirán en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas de los correspondientes procedimientos de control.

Quinta.–Adhesión de la Entidad Local a las plataformas y registros de la Administración General del Estado y de otras administraciones públicas.

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, la Entidad Local podrá adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado u otras administraciones públicas. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso que la Entidad Local justifique ante la administración pública competente que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, la Entidad Local deberá garantizar que ésta cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.

Sexta.–Oficinas de asistencia en materia de registros.

La Entidad Local mantendrá permanentemente actualizado en la sede electrónica un directorio geográfico que permita a la persona interesada identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

Séptima.–Inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Octava.–Incorporación y publicidad de nuevos procedimientos y trámites.

La información y difusión actualizada de los procedimientos y trámites administrativos susceptibles de tramitación y comunicación electrónica, así como la incorporación de nuevos procedimientos y trámites, se producirá a través de la sede electrónica, sin perjuicio de los medios de publicidad complementarios que resulten preceptivos o que se estimen convenientes.

Novena.–Catálogo de procedimientos.

Apartado 1.º Aprobación y catálogo de procedimientos electrónicos:

1. Los procedimientos que se incorporen a la tramitación por vía electrónica, serán aprobados por el Comité Técnico de Organización Administrativa competente a propuesta de los servicios técnicos municipales.

2. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos irá siempre precedida de un análisis funcional que permita su simplificación administrativa.

3. En todo caso deberá asegurarse la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a gestionar los procedimientos electrónicos, así como la formación necesaria para su aplicación.

4. Los procedimientos electrónicos aprobados se incluirán en el catálogo de procedimientos electrónicos de la Entidad Local, cuya información podrá consultarse en la Sede Electrónica.

Apartado 2.º Catálogo unificado de procedimientos:

1. La Entidad Local elaborará y mantendrá permanentemente actualizado un catálogo unificado de procedimientos, que describirá todos los procedimientos que se desarrollen en el mismo, y será la herramienta fundamental para la racionalización y simplificación administrativa.

2. Existirá una unidad que será responsable de recopilar y sistematizar la información del catálogo unificado de procedimientos, al objeto de regular los procedimientos de forma adecuada para su incorporación a la plataforma de tramitación electrónica.

3. Los distintos órganos y unidades administrativas de la Entidad Local, definirán los procedimientos de su competencia y precisarán las características de éstos, facilitando la información correspondiente a la unidad mencionada en el párrafo anterior y a la unidad responsable de la Sede Electrónica, a los efectos de la publicación en la misma de la información sobre los procedimientos destinada a la ciudadanía.

4. El catálogo unificado de procedimientos describirá todos los trámites y fases de cada procedimiento, así como los documentos y actos de comunicación asociados a los mismos, de forma que se puedan generar formularios y plantillas para incorporar a la plataforma de tramitación electrónica. Además, para cada trámite o documento, el catálogo unificado de procedimientos especificará:

a) Si se realiza o no de forma automatizada.

b) Si precisa autenticación y, en su caso, si ésta se realiza mediante sello electrónico o con un certificado de personal.

c) Cualquier otro requisito formal del acto.

d) El valor por defecto de los metadatos correspondientes a los documentos que integran cada procedimiento, la presencia en el contenido de datos de carácter personal y el nivel de seguridad aplicable a los mismos, las pautas de acceso y las reglas de conservación a largo plazo.

Décima.–Comisión Técnica de Gestión de Documentos Electrónicos.

La Comisión Técnica de Gestión de los documentos electrónicos del Ayuntamiento de Pamplona, creada por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2016 (DAL 28-SEP-16, 1/GT), es el órgano coordinador en materia de modernización administrativa, innovación tecnológica, gestión documental y administración electrónica. Con esta finalidad, dicha comisión podrá establecer uno o varios subcomités o grupos de trabajo para desarrollar las siguientes funciones:

a) Elaborar planes directores y estratégicos para la implantación y desarrollo de los contenidos previstos en esta ordenanza, incluida la propuesta de aprobación por el órgano competente de los requisitos, medios y normas técnicas para su aplicación.

b) Evaluar y hacer el seguimiento del cumplimiento de la presente Ordenanza.

c) Emitir los informes que le pudieran ser solicitados, para la incorporación de procedimientos administrativos a la tramitación electrónica, y proponer medidas de mejora en cualquiera de los aspectos contenidos en la presente Ordenanza.

d) Coordinar la implantación y la normalización del trámite de los procedimientos administrativos y su adaptación al entorno electrónico en los diferentes servicios de la Entidad Local.

e) Proponer la aprobación de propuestas y normas técnicas específicas que regulen los siguientes aspectos:

–Documento electrónico: Metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.

–Digitalización de documentos: Formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización.

–Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos.

–Expediente electrónico: Estructura y formato, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.

–Política de firma electrónica y de certificados de la administración municipal: Cuestiones que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones públicas.

–Regulación del uso y aplicación de la normativa de acceso a la información y protección de datos personales.

–Regulación de medidas para la aplicación y cumplimento de los requisitos de seguridad en los medios y soportes en los que se almacenen los documentos.

–Protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de servicios en otras Administraciones públicas.

–Política de gestión de documentos electrónicos: Definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios electrónicos, incluyendo la aprobación de planes de selección y evaluación documental y los correspondientes calendarios de conservación.

Undécima.–Facturación electrónica.

1. El punto general de entrada de facturas electrónicas tanto de las personas y entidades obligadas legalmente al uso de la factura electrónica, como del resto de personas y entidades proveedoras que, no estando obligados legalmente a su uso, deseen voluntariamente expedir y remitir facturas electrónicas, será la plataforma electrónica “FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la Administración General del Estado.

2. El formato electrónico obligatorio en el que deberán emitir sus facturas tanto las terceras personas y entidades obligadas legalmente al uso de la factura electrónica, como del resto de personas y entidades proveedoras que, no estando obligados legalmente a su uso, deseen voluntariamente expedirlas y remitirlas en dicho formato, será el que en cada momento se indique por la Administración General del Estado.

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la correcta confección, firma y envío de las facturas en formato electrónico.

Duodécima.–Contratación Pública electrónica.

Los aspectos de administración electrónica previstos en la legislación de Contratos Públicos (publicidad, Portal de Contratación, licitación electrónica, puja electrónica, reclamación telemática, etc.), se regirán por su legislación sectorial, contenida en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (o normativa que en el futuro pudiera sustituirla o modificarla), junto con las particularidades que, en su caso, resulten de la legislación foral de Administración Local.

Decimotercera.–Plazo para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 de esta disposición adicional, la Entidad Local adoptará las medidas necesarias para que la información derivada de las nuevas obligaciones de publicidad activa previstas en dicha Ley Foral y en esta Ordenanza, esté disponible en la sede electrónica o en la página web de ésta, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de la citada Ley Foral.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la Entidad Local dispondrá de un máximo de dos años desde la entrada en vigor de dicha Ley Foral para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma que excedan de las derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decimocuarta.–Creación del Registro Público de Grupos de Interés.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la citada Ley Foral, se creará por la Entidad Local el Registro Público de Grupos de Interés, al que se refiere el Título IV de dicha Ley.

Decimoquinta.–Formación del personal municipal.

La Entidad Local promoverá la formación del personal a su servicio, necesaria para garantizar el conocimiento y aplicación de la presente ordenanza.

Decimosexta.–Acceso de información de los/as concejales/as.

En el ejercicio de la función de control de los órganos de gobierno, los grupos municipales que soliciten el acceso a un expediente, obtendrán el acceso al sistema electrónico, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.5 del Reglamento del Pleno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–Archivo de documentos.

1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior.

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Segunda.–Plazo mínimo de publicación en la web municipal, en procedimientos de elaboración de reglamentos u ordenanzas municipales.

En tanto no se apruebe la norma de desarrollo normativo prevista por la disposición final quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los plazos de consulta pública a través del portal web municipal a que hace referencia su artículo 133 de la citada Ley y el artículo 62 de la presente Ordenanza, serán como mínimo de 10 días hábiles, pudiendo dicho plazo ser ampliado por el órgano competente, si así se estima oportuno, atendiendo a la naturaleza, complejidad o alcance de la norma que se pretenda aprobar.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedará derogada la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, cuya aprobación definitiva y texto fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 153, de 17 de diciembre de 2010.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Sede electrónica y registro electrónico común de la Entidad Local.

1. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona que conforman la Entidad Local a efectos de esta Ordenanza, utilizarán la misma sede electrónica y registro electrónico, en lugar de crear los suyos propios.

En aquellos que sea legalmente necesario que sean sus órganos de gobierno los que adopten dicha decisión, si aún no la hubiesen adoptado con anterioridad, los representantes municipales en dichos órganos propiciarán dicho acuerdo.

2. Las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Pamplona, podrán utilizar la misma sede electrónica y registro electrónico de la Entidad Local, siempre que sus órganos de gobierno adopten dicha decisión y ésta sea comunicada al Ayuntamiento de Pamplona a dichos efectos.

Segunda.–Regulación de nuevos procedimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes, deberá contemplar la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos.

Tercera.–Entrada en vigor.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la presente Ordenanza no producirá efectos jurídicos en tanto no haya sido publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra, y haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio por la Administración del Estado o de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento a las Entidades Locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos (quince días hábiles).

2. El texto íntegro de la presente Ordenanza, estará disponible para su consulta en la sede electrónica de la Entidad Local.

3. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro de personas empleadas públicas habilitadas, y archivo único electrónico, producirán efectos, como máximo, (y en todo caso), a partir del día 2 de octubre de 2020, al amparo de lo previsto en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la nueva redacción contenida en el artículo sexto del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (Boletín Oficial del Estado 214, de 4 de septiembre de 2018), con independencia de que la Entidad Local procurará poner a disposición de la ciudadanía dichos servicios con anterioridad a la citada fecha, publicándose oportunamente su puesta en funcionamiento en la sede electrónica.

Código del anuncio: L1902389

Hace cien años

Boletín Oficial de Navarra

Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.

31001 - Pamplona (Navarra)

848 42 12 50

bon@navarra.es