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BOLETÍN Nº 153 - 7 de agosto de 2015
1. Comunidad Foral de Navarra
1.5. Estatutos y Convenios colectivos
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se inscribe, registra y publica la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona, relativa al Acuerdo Colectivo del Servicio Navarro de Salud-Osansubidea de Pamplona.
Visto el fallo de la sentencia número 103/15 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona, de fecha 31 de marzo de 2015, recaída en Procedimiento Abreviado número 151/2014, seguido por el recurso contencioso administrativo de Sindicato Médico de Navarra contra Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sobre Acuerdo Colectivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de Pamplona (Código número 31100052132014), relativo a la Revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008 en materia de Atención Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 31 de marzo de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.3 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que establece que “los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical , y serán de inmediato publicados en el Boletín Oficial de Navarra” y aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece que “cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado”,
RESUELVO:
1. Ordenar la inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de Navarra de la sentencia número 103/15 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona, de fecha 31 de marzo de 2015, recaída en Procedimiento Abreviado número 151/2014 y relativa al Acuerdo Colectivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de Pamplona de Revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008 en materia de Atención Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio.
2. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de junio de 2015.–La Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, Imelda Lorea Echavarren.
SENTENCIA NÚMERO 103/15
Pamplona, 31 de marzo de 2015. Doña María del Mar Puyuelo Omeñaca, Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona y su Provincia, ha visto los presentes autos de recurso contencioso administrativo seguidos con el número 151/2014, en los que tiene la condición de recurrente, Sindicato Médico de Navarra, representado por el Procurador de los Tribunales, don Jose Javier Castillo Torres, y, asistido por el Letrado, don Jesús María Bayo Morlones, teniendo la condición de demandado, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, representado y asistido por la Asesora Jurídica-Letrada del Gobierno de Navarra, y, en el ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y las Leyes de España, ha dictado la siguiente resolución que se basa en los siguientes,
Antecedentes de hechos:
Primero.–El Procurador de los Tribunales, don José Javier Castillo Torres, en nombre y representación de Sindicato Médico de Navarra presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Navarra en fecha 24 de abril de 2014 escrito anunciando la interposición de recurso contencioso administrativo contra Acuerdo Colectivo del SNS-Osasunbidea de Pamplona, Código número 31100052132014, relativo a la revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008, en materia de Atención Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio, suscrito el día 31 de enero de 2014 por la representación legal de la entidad sanitaria y parte de la sindical de la misma (CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE), concerniente al personal funcionario, cuyo registro, depósito y publicación se acordó mediante Resolución de 14 de marzo de 2014 de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 31 de marzo de 2014.
Segundo.–Por Auto 57/2014, de 21 de mayo de 2014, la Sala acordó la inadmisibilidad del recurso por falta de competencia, y, habiendo correspondido el asunto por turno de reparto a este juzgado, en fecha 4 de julio de 2014 presentó demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó solicitando que, sin necesidad de celebración de vista, se dictase sentencia por la cual se declarase nulo el acuerdo colectivo impugnado por no ser conforme a derecho, subsidiariamente, se declarase la nulidad por no ser conforme a derecho a los 3, 4, y, 7 deI referido acuerdo, condenando en costas a la administración.
Tercero.–La administración demandada remitió el expediente administrativo y contestó a la demanda interesando que se declarase la inadmisibilidad del recurso o, subsidiariamente, se desestimase el mismo, con imposición de costas a la parte recurrente.
Cuarto.–Por diligencia de ordenación de 2 de octubre de 2014 las actuaciones quedaron conclusas para sentencia.
Quinto.–En el presente procedimiento se han respetado los trámites legales.
Fundamentos jurídicos:
Primero.–Resolución objeto del procedimiento y pretensiones de las partes.
En el presente procedimiento se discute la legalidad del Acuerdo Colectivo del SNS-Osasunbidea de Pamplona, Código número 31100052132014, relativo a la revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008, en materia de Atención Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio, suscrito el día 31 de enero de 2014 por la representación legal de la entidad sanitaria y parte de la sindical de la misma (CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE), concerniente al personal funcionario, cuyo registro, depósito y publicación se acordó mediante Resolución de 14 de marzo de 2014 de la: Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 31 de marzo de 2014.
El sindicato recurrente interesa la nulidad del acuerdo colectivo impugnado o, subsidiariamente, la nulidad de los apartados 3, 4 y 7, sobre la base de los siguientes argumentos: primero, infracción del principio de reserva de ley y de jerarquía normativa por incumplimiento de lo dispuesto en la LF 2/2013, de 14 de febrero, sobre Atención Sanitaria, Continuada y Urgente, habiendo modificado el sistema sin elaborar previamente un Plan de Funcionamiento cuyo debate y aprobación correspondía, en último término, al Parlamento de Navarra; segundo, incumplimiento del artículo 48.1 de la Ley 58/2003, de 16 de diciembre, del Personal Estatutario de los Servicios de Salud porque la jornada complementaria no tiene la misma o semejante duración a la jornada ordinaria evitando el disfrute de libranza a que da lugar la realización de una guardia conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 58/2003; tercero, infracción del artículo 84.2 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra por excluir de las comisiones de seguimiento a los sindicatos no firmantes.
La administración demandada interesa, por un lado, la inadmisibilidad del recurso por los siguientes motivos: primero, extemporaneidad del recurso porque el sindicato recurrente tenía conocimiento del acuerdo colectivo recurrido desde el 31 de enero de 2014 y el recurso lo interpuso el 24 de abril de 2014; segundo, actividad no susceptible de impugnación porque fue la Resolución 56E/2014, de 15 de abril, del Director Gerente del SNS-Osasunbidea la que materializó el Convenio y la que, en su caso, debió impugnarse.
Subsidiariamente, solícita la desestimación del recurso aduciendo, en esencia primero, conformidad del acuerdo colectivo a la LF 2/2013 la cual exige la elaboración de un Plan de Funcionamiento de los Centros Sanitarias de Atención Primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente y deroga el DF 131/2012, de 19 de diciembre, pero no impide la aplicación de la normativa anterior y no prohíbe la adopción de acuerdos; segundo, el acuerdo recurrido no impide el disfrute del derecho de 12 horas de descanso ininterrumpido porque mantiene el apartado 10 del Acuerdo Colectivo de 13 de marzo de 2008; tercero, acuerdo conforme al artículo 48.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre que, además, podría incluso no ser aplicable; cuarto, posibilidad de que el acuerdo colectivo se aparte de lo establecido en el artículo 84 teniendo en cuenta, en todo caso, que el apartado 15.1 del Acuerdo de 13 de marzo de 2008 establece que el SNS-Osasunbidea informará a los representantes de los trabajadores acerca del seguimiento e implantación del contenido del Acuerdo; y, quinto, respeto conciliación de la vida laboral y familiar porque asegura los tiempos de descanso exigidos.
Segundo.–Sobre la extemporaneidad del recurso.
Sostiene, en primer lugar, la administración demandada que el recurso debería inadmitirse por haberse interpuesto fuera del plazo de dos meses previsto en el artículo 46.1 de la LJCA que empezaría a contar a partir del momento en que el Sindicato recurrente tuvo conocimiento del Acuerdo que fue en la fecha de su adopción, es decir, el 31 de enero de 2014.
El motivo de inadmisibilidad no puede prosperar al haberse interpuesto dentro del plazo señalado por ley. En efecto, el artículo 46.1 de la LJCA dispone:
“1. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto”.
Del tenor literal se desprende que cuando estemos antes actos expresos el plazo de dos meses empieza a contar a partir del día siguiente de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. En este supuesto, habiéndose publicado el Acuerdo Colectivo de 31 de enero de 2014 en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 31 de marzo de 2014 el plazo de dos meses empezaba a contar a partir del día 1 de abril y finalizaba el día 31 de mayo de 2014. Pues bien, habiéndose presentado el escrito anunciando la interposición de recurso contencioso administrativo en fecha 24 de abril de 2014, resulta claro que fue interpuesto dentro de plazo. La alegación efectuada por la administración de que el sindicato recurrente tenía conocimiento del Acuerdo Colectivo desde el día en que se adoptó por haber sido parte de la Mesa Sectorial de Negociación no afecta al dies a quo a partir del cual la propia normativa establece que puede interponerse recurso porque el acuerdo adquiere eficacia a partir de su publicación y, por tanto, a partir de entonces cualquier persona o entidad con interés legitimo puede reaccionar frente al mismo.
Tercero.–Sobre la consideración del acuerdo como actividad susceptible de impugnación.
Opone, igualmente, la administración demandada que el Acuerdo Colectivo no sería una actuación susceptible de impugnación porque fue la Resolución 56E/2014, de 15 de abril, del Director Gerente del SNS-Osasunbidea la que, en su caso, estableció el calendario y el régimen de distribución de la jornada del personal de los Equipos de Atención Primaria y de los Servicios de Urgencias Rurales y contra la cual sería posible interponer recurso contencioso administrativo.
Este segundo motivo de inadmisibilidad debe desestimarse pues el hecho de que la Resolución 56E/2014, de 15 de abril, haya materializado el calendario y jornada del personal sanitario de los Equipos de Atención Primaria y de los Servicios de Urgencias Rurales no significa que el Acuerdo Colectivo en el que se recogen las modificaciones que deben practicarse no sea susceptible de recurso autónomo e independiente, considerando que estamos ante una actividad susceptible de impugnación conforme al artículo 25 y ss. de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, sin perjuicio del derecho del Sindicato recurrente de interponer recurso, igualmente, contra la referida resolución que materializa el acuerdo.
Cuarto.–Sobre la infracción de la LP 2/2013.
Señala el Sindicato Médico de Navarra que el Acuerdo Colectivo de 31 de enero de 2014 habría infringido el principio de reserva de ley y de jerarquía normativa exigido en la LE 2/2013, de 14 de febrero, sobre Atención Sanitaria, Continuada y Urgente. Este alegato no puede prosperar.
Empezaremos exponiendo el contenido de la normativa supuestamente infringida. La Ley Foral 2/201 3, de 14 de febrero, sobre atención sanitaria, continuada y urgente, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 38, de 25 de febrero de 2013, contiene las siguientes previsiones:
“Artículo Único.
1. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra realizara una evaluación de las necesidades de la población de las zonas rurales de Navarra en relación con la atención sanitaria y de las ineficiencias del modelo de la atención continuada y urgente y elaborará un Plan de funcionamiento de los centros sanitarios de atención primada y de las modalidades de atención continuada y urgente con participación de los profesionales sanitarios, de las entidades locales y de los colectivos sociales relacionados con dicha materia procurando el mayor consenso posible.
2. El Gobierno de Navarra remitirá el Plan mencionado en el apartado anterior al Parlamento de Navarra en el plazo máximo de un año para su debate y aprobación.
Disposición Transitoria Única.
1. En tanto no se apruebe el Plan a que se refiere el artículo único de esta Ley Foral y no sea modificada o derogada seguirá siendo de aplicación la normativa reglamentaria vigente en el momento de la entrada en vigor del Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre.
2. En su caso, los procedimientos administrativos iniciados conforme al Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, y que no hayan recibido resolución definitiva serán resueltos de conformidad con la normativa anteriormente vigente a su entrada en vigor.
Disposición Derogatoria Única.
Queda derogado el Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, por el que se regulan el horario y el funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria, de los puntos de atención continuada y urgente, y las modalidades de atención continuada y urgente”.
Del tenor literal del precepto se desprende que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la norma debía evaluar las necesidades de la población en las zonas rurales de Navarra y detectar las ineficiencias y elaborar un Plan de Funcionamiento de los Centros Sanitarios de Atención Primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente buscando el máximo consenso entre los profesionales sanitarios, las entidades locales y los colectivos sociales para después remitir el Plan al Parlamento para su debate y aprobación. El citado Plan no consta que haya sido elaborado por el Departamento de Salud ni que ha sido remitido al Parlamento lo cual supone que las previsiones de la citada LF 2/2013 pudieran haber sido incumplidas y que este incumplimiento pudiera dar lugar a las correspondientes responsabilidades legales estando las personas que ostenten intereses legítimos facultadas para reaccionar frente a ello. Ahora bien, el Acuerdo Colectivo objeto de recurso no incumple las previsiones de la Ley Foral porque no equivale al Plan que la normativa preveía y no ha sido adoptado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra sino por SNS-Osasunbidea y determinados sindicatos. Por tanto, si bien el citado acuerdo puede servir como base o premisa para la elaboración del Plan no lo puede sustituir y no supone infracción de lo dispuesto en LF 2/2013 que ni prohíbe ni impide la adopción o modificación de acuerdos colectivos sobre la materia. El Acuerdo Colectivo supone la modificación de otro Acuerdo Colectivo previo adoptado en fecha 18 de marzo de 2008 que creaba los servicios de Urgencias Rurales y creaba un perfil específico de personal en Medicina y Enfermería para Asistencia de Urgencias fijando la jornada de trabajo y el número máximo de horas al años, no habiéndose alegado ni acreditado infracción de la normativa aplicable que, tras la derogación por la propia LF 2/2013 del DF 131/2012, de 19 de diciembre, sería nuevamente el DF 351/1992, de 2 de noviembre, por el que se establece el horario y se regula la atención continuada del personal de atención primaria.
Quinto.–Sobre si el acuerdo supone evitar el disfrute de 12 horas de descanso ininterrumpido.
La parte demandante denuncia infracción del artículo 48.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Personal Estatuario de los Servicios de Salud porque el precepto se refiere a jornada complementaria y no a horas complementarias impidiendo de esta forma que las personas que realicen una guardia puedan disfrutar del día de libranza previsto en el artículo 51 de la ley 58/2003.
El motivo está avocado a ser desestimado pues no se aprecia infracción de los preceptos reseñados ni de otros preceptos forales aplicables.
Veamos, primero, el contenido de los artículos supuestamente vulnerados.
El artículo 48 referido a la Jornada Complementaria establece:
“1. Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con el fin de garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros sanitarios, el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos desarrollará una jornada complementaria en la forma en que se establezca a través de la programación funcional del correspondiente centro.
La realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley venían realizando una cobertura de la atención continuada mediante la realización de guardias u otro sistema análogo, así como para el personal de aquellas otras categorías o unidades que se determinen previa negociación en las mesas correspondientes.
2. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo.
No serán tomados en consideración para la indicada duración máxima los períodos de localización, salvo que el interesado sea requerido para la prestación de un trabajo o servicio efectivo, caso en que se computará como jornada tanto la duración del trabajo desarrollado como los tiempos de desplazamiento.
3. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias. En consecuencia, no estará afectada por las limitaciones que respecto a la realización de horas extraordinarias establecen o puedan establecer otras normas y disposiciones, y su compensación o retribución especifica se determinara independientemente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten de aplicación”.
El artículo 51 referido a la Jornada y Descansos Diarios establece:
“1. El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 12 horas ininterrumpidas.
No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades sanitarias, con carácter excepcional y cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales. En estos casos, los periodos mínimos de descanso ininterrumpido deberán ser ampliables de acuerdo con los resultados de los correspondientes procesos de negociación sindical en los servicios de salud y con la debida progresividad para hacerlos compatibles con las posibilidades de los servicios y unidades afectados por las mismas.
2. El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente.
3. El descanso entre jornadas de trabajo previsto en el apartado anterior se reducirá, en los términos que exija la propia causa que lo justifica, en los siguientes supuestos:
a) En el caso de trabajo a turnos, cuando el personal cambie de equipo y no pueda disfrutar del período de descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el comienzo de la jornada del siguiente.
b) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo correspondientes a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada especial.
4. En los supuestos previstos en el apartado anterior, será de aplicación el régimen de compensación por medio de descansos alternativos establecidos en el artículo 54”.
El Acuerdo Colectivo cuando establece en el apartado 4.3 que el personal del equipo de atención primaria participará en la atención continuada con una limitación máxima de 34 horas mensuales de guardia de presencia física, a realizar de lunes a jueves de 15:20 horas a 20 horas, y, los viernes o vísperas de festivos de 15:20 horas a 8 horas, no vulnera estos preceptos. En relación a la interpretación efectuada por la parte recurrente de que conforme al artículo 48.1 la jornada complementaria debe ser igual o equivalente a la jornada ordinaria no puede sostenerse y ello porque la ley habla de jornada complementaria a la jornada ordinaria no asimilando tales conceptos y en el artículo 48.2 establece un límite máximo semanal que puede tener la jornada complementaria junto con la jornada de trabajo ordinaria de lo cual se desprende con facilidad que la jornada complementaria en ningún caso debe ser igual o semejante a la jornada ordinaria. En todo caso, la parte recurrente no ha acreditado que el número de horas de jornada complementaria y de jornada ordinaria establecidas en el Acuerdo Colectivo supere el límite previsto en la ley. El Acuerdo Colectivo no sólo seria conforme a la normativa estatal sino que también seria conforme a la normativa foral, DF 351/1992, de 2 de noviembre, por el que se establece el horario y se regula la atención continuada del personal de atención primaria cuyo artículo 1.1 establece como horario ordinario de trabajo para el personal integrado en las Zonas Básicas de Salud, el correspondiente de 8 a 15 horas los días laborables, garantizando la apertura de los centros de salud los sábados, y, en cualquier caso, el cumplimiento de la jornada laboral establecida con carácter general, añadiendo que al objeto de que la oferta de los servicios a los ciudadanos y la utilización de las instalaciones, vaya progresivamente respondiendo a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, en los centros urbanos, semiurbanos o rurales con suficiente entidad, el horario ordinario de trabajo podrá hacerse extensivo de las 15 a las 20 horas de lunes a viernes y cuyo artículo 3.1 dispone señala que el horario de atención continuada abarcará desde las 15 horas a las 8 horas del día siguiente, los días laborables, y desde las 8 horas hasta las 8 horas del día siguiente, los domingos y festivos y que en los Centros en que se establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1, párrafo 2°, una extensión del horario ordinario de 15 a 20 horas, el horario de atención continuada podrá comenzar a partir de la finalización de esta jornada ordinaria.
Por otra parte, y, en cuanto a que el convenio impide el disfrute del día de libranza recogido en el artículo 51 ha de señalarse que entre la finalización de la jornada complementaria a las 20 horas y el inicio de la jornada ordinaria del día siguiente a las 8 horas median las 12 horas exigidas en la normativa de manera que no se aprecia infracción alguna, teniendo en cuenta que el Acuerdo recurrido prevé que se les debe garantizar el descanso diario de 12 horas entre el final de la jornada y el comienzo de la siguientes así como el descanso semanal de 36 horas, siendo, por tanto, respetuoso con el régimen legal.
En suma, el acuerdo colectivo es acorde a derecho en este extremo sin que pueda apreciarse infracción del horario y del régimen de descansos por el hecho de que entre la finalización de la jornada complementaria y el inicio de la jornada ordinaria sólo medien 12 horas y ello porque este es el limite que marca la ley y que el acuerdo colectivo respeta.
Sexto.–-Sobre la infracción del artículo 84.2 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Pública.
Finalmente, sostiene la parte recurrente que el Acuerdo Colectivo recurrido vulnera el artículo 84.1 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas por cuanto el artículo 7.2 del Acuerdo Colectivo dispone que se constituirá una comisión de seguimiento de composición paritaria, entre representantes de los sindicatos firmantes y del SNS-Osasunbidea excluyendo a los representantes sindicales que estuvieron presentes en la Mesa Sectorial y que no firmaron el acuerdo.
El artículo 84 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra dispone:
“1. Los representantes de las Administraciones Públicas de Navarra y de las organizaciones sindicales presentes en las Mesas de negociación podrán llegar a Acuerdos y Pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y vincularán directamente a las partes.
Los Acuerdos versarán sobre materias competencia en cada caso de la Administración Pública respectiva. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal del órgano administrativo correspondiente.
Los Pactos y Acuerdos deberán establecer las partes intervinientes y el plazo de vigencia, así como su ámbito personal, funcional y territorial.
2. Por acuerdo de las partes, podrán establecerse comisiones de seguimiento de los Pactos y Acuerdos.
En el supuesto de adopción de Pactos y Acuerdos no suscritos por la mayoría de la representación sindical, no podrá excluirse de las comisiones de seguimiento a las organizaciones sindicales que, no habiéndolos suscrito, estuvieran presentes en la correspondiente Mesa general o sectorial.
3. Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina pública a que hace referencia la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán de inmediato publicados en el “Boletín Oficial de Navarra”.
4. Corresponderá a la Administración Pública respectiva establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, en los casos en que no se produzca acuerdo en su negociación o no se alcance la aprobación expresa y formal a que alude el apartado 1 de este artículo.
5. Las Administraciones Públicas y los Sindicatos presentes en las Mesas de negociación podrán nombrar de mutuo acuerdo un mediador o mediadores, en un tiempo máximo de un mes cuando no resulte posible llegar a acuerdo en la negociación o sudan conflictos en el cumplimiento de los Acuerdos o Pactos.
La mediación se efectuará conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
Las propuestas del mediador y la oposición de las partes, en su caso, deberán hacerse públicas de inmediato”.
El Acuerdo recurrido dispone en la cláusula 7 que el SNS-Osasunbidea presentará a la Mesa sectorial de salud una propuesta relativa a la movilidad del personal que mejor se adapte a lo establecido en este documento, que se constituirá una Mesa de Seguimiento, del composición paritaria entre representantes de los sindicatos firmantes y del SNS-Osasunbidea, que las medidas surtirán efectos a partir del 01/03/2014 y que se deja sin efecto lo previsto en los apartados 1 y II del1 Acuerdo de 13/03/2008.
De lo expuesto se deduce que la cláusula 7.2 del Acuerdo Colectivo no respeta el contenido del artículo 84.2.2.ª porque la ley determina que no puede excluirse de las comisiones de seguimiento a las organizaciones sindicales que, no habiendo suscrito los Pactos o Acuerdos, estuvieran presentes en la correspondiente Mesa general o sectorial y el Acuerdo prevé que la Comisión de Seguimiento se forme únicamente entre los sindicatos firmantes y el SNS-Osasunbidea lo que supone la exclusión de hecho de los sindicatos no firmantes. Esta cláusula, y, especialmente, su apartado segundo, es contrario a la ley y debe anularse y dejarse sin efecto si bien no determina la nulidad del resto del Acuerdo Colectivo recurrido porque no afecta a su validez de forma directa ni indirecta. El hecho de que el Acuerdo de 13/03/2008 estableciera que el SNS-Osasunbidea informará a los representantes de los trabajadores acerca del seguimiento e implantación del contenido de ese Acuerdo y que está clásula esté vigente por no haber sido modificada por el nuevo Acuerdo, no sirve para subsanar la ilegalidad de la cláusula 7.2 cuya anulación ha sido decretada y ello porque la ley exige que los sindicatos no firmantes formen parte de la Mesa de Seguimiento, el nuevo convenio no prevé su presencia y el anterior convenio no trata de los miembros de la Mesa de Seguimiento.
En consecuencia, y, conforme a todo lo expuesto en los fundamentos precedentes y en el presente, se estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto anulando y dejando sin efecto el cláusula 7.2 del Acuerdo Colectivo recurrido y manteniendo la validez del resto de las cláusulas.
Séptimo.–Costas.
El artículo 139 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa dispone que “En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. En el supuesto de autos no se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales habida cuenta de que se han estimado en parte las pretensiones de la parte recurrente.
Octavo.–Recurso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81,1 de la LJCA contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación.
Fallo:
Estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don José Javier Castillo Torres, en nombre y representación de Sindicato Médico de Navarra, contra Acuerdo Colectivo del SNS-Osasunbidea de Pamplona, Código número 31100052132014, relativo a la revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008, en materia de Atención Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio, suscrito el día 31 de enero de 2014 por la representación legal de la entidad sanitaria y parte de la sindical de la misma (CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE), concerniente al personal funcionario, cuyo registro, depósito y publicación se acordó mediante Resolución de 14 de marzo de 2014 de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 31 de marzo de 2014, y, declaro que el citado Acuerdo Colectivo no es acorde a derecho en su integridad, anulando y dejando sin efecto la cláusula 7.2, todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.
Notificada y ejecutoriada que sea la resolución, comuníquese a la Administración demandada para su cumplimiento, con devolución del expediente administrativo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación del cual conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso que deberá interponerse a través de este Juzgado en un plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación, previa prestación, en su caso, del depósito y, en su caso, tasa previstos legalmente.
La presente sentencia quedará debidamente coleccionada en el libro de sentencias de este Juzgado, bajo custodia del federatario público, dejándose certificación literal en los autos de los que dimana, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, doña M.ª del Mar Puyuelo Omeñaca, Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona y su provincia.
Publicación.–La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de su fecha por el señor Magistrado que la suscribe, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Código del anuncio: F1509069
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