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BOLETÍN Nº 254 - 31 de diciembre de 2014
1. Comunidad Foral de Navarra
1.3. Ordenación del Territorio y Urbanismo
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 17 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de desarrollo de un área residencial en el paraje de Guenduláin, términos municipales de Galar y Cizur, promovido por la sociedad pública Nasuvinsa.
I.–Antecedentes y objeto.
Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 17 de septiembre de 2014, se declaró el “Plan de desarrollo de un área residencial en el paraje de Guenduláin, términos municipales de Galar y Cizur”, promovido por la sociedad pública Nasuvinsa, como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), y se sometió el mismo por el plazo de treinta días a los trámites simultáneos de información pública y de audiencia de los ayuntamientos cuyos términos quedan afectados por el mismo. Todo ello a los efectos previstos en las Leyes Forales 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU) y en la Ley Foral 4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental. El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 190, de 29 de septiembre de 2014.
Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2014, la promotora aportó un nuevo documento Normativa en el que se habían corregido algunos errores y un nuevo documento Memoria en el que se había corregido el listado de los propietarios requerido en el artículo 70 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se había incluido un estudio económico para la delimitación de las unidades de ejecución.
A la vista de esta documentación, el Gobierno de Navarra, mediante Acuerdo de 29 de octubre de 2014, amplió en 25 días, a todos los efectos, el período de audiencia e información pública del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) “Plan de desarrollo de un área residencial en el paraje de Guenduláin. Este acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 214, de 31 de octubre de 2014.
El objeto de este Plan es materializar y desarrollar la política pública de vivienda del Gobierno de Navarra.
El ámbito del PSIS alcanza una superficie de 411 hectáreas en el paraje denominado Guenduláin, ubicado entre los términos municipales de Galar y Cizur. Se encuentra a unos 3 km del límite municipal de Pamplona en dirección a la Sierra del Perdón y queda dividido de noreste a suroeste por la Autovía del Camino A-12. En la ordenación propuesta, pueden identificarse dos zonas claramente diferenciadas: al noreste, un área fundamentalmente residencial con capacidad para unas 18.389 viviendas y, al suroeste, un área de actividad económica con una superficie construida máxima de 184.336 m² para albergar empresas de carácter avanzado, relacionadas con la eficiencia y la energía limpia y sostenible, así como algunos elementos de infraestructuras. Otro elemento representativo de la ordenación es la previsión del soterramiento, mediante la construcción de falso túnel, de parte de la Autovía del Camino, consiguiendo la unión física de la ordenación que se encuentra al este y oeste de la misma.
II.–Exposición Pública.
Durante el periodo de exposición pública del expediente se han presentado 7 escritos de alegaciones.
A continuación, se resumen y contestan dichos escritos:
II.1. Escrito de alegaciones presentado por don Rafael García Fernández en representación de “Red Eléctrica de España S.A.”.
Contenido:
En este escrito de alegaciones se informa de que la línea de transporte de energía eléctrica a 220 KV Orcoyen-Tafalla pudiera ser afectada y se ruega que se tengan en cuenta estas instalaciones en el plan de referencia o en futuros planes, considerando que cualquier afección sobre las líneas y sus instalaciones deberá cumplir las condiciones establecidas en los reglamentos del sector eléctrico que resulten de aplicación.
Respuesta:
Se estima esta alegación en tanto que su fundamento es recodar el deber de cumplir con la normativa del sector eléctrico vigente, ello deberá contemplarse en el PSIS y cumplirse en su desarrollo y ejecución.
II.2. Escrito de alegaciones presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
Contenido:
–Primera: El alegante estima que la modificación introducida por la Ley Foral 16/2010 a la LFOTU está dirigida a impedir la utilización de los PSIS fuera del ámbito que les es propio, con indebida e injustificada invasión y lesión de las competencias y autonomía de las entidades locales de Navarra.
–Segunda: El alegante considera que el proceso de participación se articula y desarrolla, no como exige el artículo 42.4.c) de la LFOTU, para recibir aportaciones y opiniones sobre si el Plan del área de Guenduláin es susceptible o no de tramitarse como PSIS, sino para, partiendo de que es o va a ser PSIS, sí o sí, recoger reflexiones y sugerencias sobre el concreto contenido y ordenación del mismo en cuanto tal.
Además, el alegante asume como propias las aportaciones habidas en el proceso de participación (documento Anejo 11 del PSIS), reproduciendo alguna de ellas como alegaciones.
Otro punto que señala el alegante es “que la elección del emplazamiento no tiene que ver con motivos de ordenación territorial, sino con los compromisos que adquirió el Gobierno de Navarra en el concurso de suelo, siendo la atención y cumplimiento de esos compromisos a lo que responde la nueva tramitación del Plan del área residencial de Guenduláin como PSIS.”
–Tercera: Se señala en esta alegación que “Los propietarios minoritarios, y las modificaciones operadas en su propiedad en los cinco últimos años, figuran en la relación de propietarios obrante en la documentación sometida a información pública y audiencia, pero no así los propietarios particulares mayoritarios que son totalmente omitidos en ella, quedando ocultos tras la titularidad o propiedad plena del Gobierno de Navarra a través de Nasuvinsa. Y el debido cumplimiento de publicación de los propietarios de los terrenos y titulares de derechos sobre ellos, y los cambios sufridos en los últimos cinco años, que exige el artículo 70.ter.3 de la Ley de Bases de Régimen local, no se produciría incluyendo en la relación a las dos indicadas sociedades mercantiles omitidas, sino que, atendido el carácter meramente instrumental que presentan, debe identificarse en ese lapso temporal a las empresas constructoras y promotoras y entidades financieras que las conforman (por adquisición de acciones o por operaciones de garantía sobre ellas), en cuanto auténticas titulares de los derechos sobre el suelo y de sus aprovechamientos urbanísticos.”
–Cuarta: Se alega la preceptividad de informes sobre el Plan para el desarrollo del área residencial de Guenduláin, previos a la aprobación inicial para su tramitación como PSIS, y de la constancia de los mismos, en los trámites de información pública y audiencia. En concreto, el alegante señala:
“a) Falta, al adoptar el Acuerdo, del informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.”
“b) Falta, al adoptar el Acuerdo, del informe de la Secretaría General de Transportes, Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.”
“c) Inexistencia de informe del Ministerio de Fomento en relación con la afección a líneas ferroviarias.”
“d) Falta, al adoptar el Acuerdo, del informe de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y no constancia del mismo en el expediente en los trámites de audiencia e información pública.”
“e) Falta, al adoptar el Acuerdo, del informe de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre las infraestructuras y servicios de su competencia y no constancia del mismo en el expediente en los trámites de audiencia e información pública.”
–Quinta: El alegante entiende que el acuerdo de referencia incurre en nulidad de pleno derecho en cuanto que inicia la tramitación de una ordenación urbanística en los municipios de Cizur y Galar que excede de los parámetros legalmente fijados sin seguir el procedimiento legalmente establecido para ello, que no es el resuelto por el acuerdo de los planes sectoriales de incidencia supramunicipal sino el propio para la formación o revisión de los correspondientes planes municipales en cuanto que constituyen, estos últimos, el instrumento legalmente previsto para el ejercicio pleno de la potestad de ordenación. Articulo 62.1. e) de la Ley 30/1992.
–Sexta: Se alega falta de competencia del Gobierno de Navarra para la ordenación del área residencial de Guenduláin mediante el PSIS en tramitación que, rebasando el objeto propio de este instrumento de ordenación territorial, presenta el contenido propio del ejercicio pleno de la potestad de ordenación.
En conexión con el anterior apartado, el alegante entiende que existe un vicio de nulidad en el acuerdo del Gobierno de Navarra derivado del titular de la competencia para iniciar el procedimiento para la ordenación del suelo en el ejercicio pleno de la potestad para ello, esto es, para acordar la formación del plan municipal o su revisión, competencia del ayuntamiento conforme dispone el artículo 65 de la LFOTU, sin perjuicio de la facultad de la Administración Foral para instar su ejercicio en la forma en que dicho precepto dispone.
–Séptima: Se alega inexistencia y/o invalidez de la finalidad justificativa de la declaración y tramitación del Plan del área residencial de Guenduláin como PSIS. El alegante opina que en este momento no existe una necesidad de vivienda que justifique, desde la perspectiva de la ordenación territorial de la Comarca de Pamplona, la creación y urgencia del área residencial de Guenduláin. En este sentido, señala que la creación de dicha área residencial quebraría políticas públicas de ordenación territorial ligadas a la urbanización y construcción de suelos ya clasificados como urbanizables y urbanos en Pamplona y en su entorno más próximo y de rehabilitación del parque de viviendas. Políticas que el alegante entiende que son más adecuadas a la realidad actual y a la previsible en los próximos años y más sostenibles tanto desde la perspectiva económica como desde la medioambiental.
–Octava: Se alega inidoneidad y no sostenibilidad ambiental y económica del área residencial de Guenduláin. El alegante señala que no se ha incluido en el estudio de incidencia ambiental un análisis de alternativas posibles a ese desarrollo urbanístico y la evaluación de los efectos que produciría sobre otros planes. En este sentido, el alegante añade que tampoco se justifica por qué esa necesidad de viviendas se satisface en forma más eficiente y sostenible concentrando toda la edificación en una nueva área alejada del núcleo urbano principal frente a hacerlo empleando los suelos ya clasificados y ordenados dentro de los núcleos urbanos existentes y/o cerrando la urbanización de los mismos y mediante la rehabilitación del patrimonio ya edificado.
Asimismo indica que la memoria de sostenibilidad aportada en PSIS, no cumple con la finalidad exigida por el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008).
Otro punto que se alega es la idoneidad del suelo. Según el alegante, una parte del ámbito carece de estudio geológico que determine su idoneidad cuando un estudio geológico del año 2007 destacó la necesidad de hacer estudios complementarios y seguimientos más exhaustivos para evaluar la estabilidad de los terrenos no excluidos en principio de su urbanización, a fin de obtener una posición concluyente sobre su idoneidad para ello.
–Novena: A modo de conclusión, el alegante señala que la nueva tramitación del PSIS de Guenduláin, se configura a consecuencia de su reciente anulación judicial, como si se estuviera en el momento en que aquel comenzó su redacción y tramitación, atendiendo a la realidad fáctica y jurídica entonces existente, en un proceso de mera subsanación de los defectos formales que determinaron dicha anulación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Pero a juicio del alegante no es de eso de lo que se trata, ni es posible subsanación alguna, sino de lo que se trata es de la formulación y tramitación de un plan para cuya declaración como de incidencia supramunicipal se ha de atender a la situación y realidad material y jurídica concurrente en este momento; situación que el Plan y el Acuerdo de 17 de septiembre de 2014 ignoran en la forma y con el alcance recogidos en las antecedentes alegaciones.
Respuesta:
Una parte importante de este escrito de alegaciones repite argumentos que ya fueron invocados por los mismos alegantes en la tramitación del “PSIS para el desarrollo de un área residencial de vivienda protegida en términos de Galar y Cizur en el paraje conocido como Guenduláin” aprobado definitivamente por el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2010. Este acuerdo fue recurrido por el alegante y recayó sentencia (154/2014) de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN en fecha 13 de marzo de 2014, por la que se anulaba el Plan sectorial por un defecto de forma en su tramitación. No obstante, la citada Sentencia declaró la plena legalidad de diversas cuestiones invocadas nuevamente por los ayuntamientos.
–Primera: Esta alegación transcribe el nuevo artículo 42 de la LFOTU, redactado por la Ley Foral 16/2012, para concluir que esta nueva redacción, sobre todo la exposición de motivos, resulta “desatendido e infringido”.
El alegante pretende utilizar artificiosamente la modificación operada mediante la Ley Foral 16/2012, con el objetivo de desplazar las conclusiones de la sentencia 154/2014 del TSJN y, en consecuencia, vestir como defectuosa la tramitación del PSIS, pretendiendo partir de cero con desconocimiento de los antecedentes administrativos y judiciales con la finalidad, como ya se ha comentado, de eludir, desconocer o desplazar su fallo. A partir de su mención, fuerza en unos casos su alcance, volviendo a reproducir cuestiones ya resueltas en la sentencia y que no se ven afectadas por dicha modificación legal.
Obviamente, es el único elemento “novedoso” al que se puede acoger el alegante, pero sus efectos no son los pretendidos. Por ello, debe darse a la modificación legal el alcance y efectos que tiene, y no otros. Y así, al contrario de lo pretendido por el alegante, la modificación viene a reforzar la utilización del presente PSIS como instrumento para materializar y desarrollar la política pública de vivienda, tal y como establece el nuevo articulo 42.1. No olvidemos que este desarrollo proviene de decisiones previas de adquisición vía concurso de suelo, resueltas favorablemente ante los tribunales de justicia en los que ya se marca la citada política publica de vivienda.
–Segunda: El alegante invoca la infracción del artículo 42.c) de la LFOTU haciendo una lectura del mismo cuando menos parcial. A su juicio, el proceso de participación y socialización con los agentes sociales debe consistir en una suerte de referéndum sobre si se debe o no tramitar el PSIS. Nada más lejos del contenido real del artículo y la figura.
El proceso de participación y el informe en que concluye (Anejo 11 del PSIS) se ha ajustado plenamente al artículo 42 c) y a la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Los participantes manifestaron con plena libertad su opiniones y en modo alguno sus intervenciones fueron limitadas o encorsetadas, del mismo modo que sus conclusiones tampoco fueron unánimes, sino que fueron plurales y diversas, sin que de ello se deduzca lo que el alegante quiere deducir, es decir, que no se les permitió opinar libremente sobre la incidencia supramunicipal del Plan, sin perjuicio de que el proceso de participación lleva un orden metodológico que garantiza, particularmente, el pronunciamiento sobre determinados aspectos, lo cual no excluye la diversidad de aportaciones.
Respecto al resto de cuestiones que el alegante señala, debemos señalar que son reproducción de las aportaciones realizadas al proceso de participación, y a las que el promotor dio cumplida respuesta tal y como consta en el informe de conclusiones en que concluye el Plan de participación. A ello, simplemente añadir que el contenido de dicha contestación es suficiente y acertado por lo que debe darse por contestado.
Por otra parte, los antecedentes de la actuación no son impedimento para determinar la procedencia o idoneidad del emplazamiento, más bien al contrario, la adquisición de este suelo para su desarrollo, amén de haber obtenido todos los pronunciamientos favorables de los procesos judiciales interpuestos, concurría en el momento de resolución del concurso, y sigue hoy vigente, sin que el alegante, en la misma línea ya señalada por el Tribunal Superior de Justicia, haya demostrado la inadecuación del emplazamiento.
–Tercera: Esta alegación versa sobre la falta de identidad de los “auténticos titulares de los derechos reales sobre el suelo y de sus aprovechamientos urbanísticos”. El artículo 70 ter de la Ley 7/1985, exige que conste en el expediente la identidad de todos los “propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores ..”, como así consta en el PSIS, si bien quienes el alegante quiere que aparezcan en la relación de propietarios, no son ni propietarios ni tienen derecho real alguno en las fincas, sino que en virtud de un concurso publico, bien conocido y auditado, resultarán adjudicatarios de nuevas parcelas resultantes en virtud de un pago en especie de un precio convenido en un procedimiento de adquisición de suelo convocado por el Gobierno de Navarra con unas condiciones claras y concretas, pero, repetimos, sobre las fincas aportadas o de origen, ningún derecho de propiedad o real tienen.
–Cuarta: Se vuelve a reiterar, de conformidad con el artículo 15.3 RDL 2/2008, la necesidad de que todos los informes sectoriales consten de forma previa a la aprobación inicial del instrumento de ordenación territorial, cuestión que ya fue resuelta en los fundamentos jurídicos primero y segundo de la Sentencia citada: “es claro que este precepto no establece la necesidad de que los informes a que se refiere sean emitidos e incorporados al expediente antes de la aprobación inicial para su tramitación como PSIS tal y como sostiene la demandada.” En este caso ya no se invoca la incorporación tardía de los informes, pues fue una cuestión resuelta en la citada Sentencia y en otras dictadas en otros procedimientos de similar naturaleza, sino que lo que se invoca en que el Acuerdo de 17 de septiembre de 2014 se ha adoptado con un escaso número de los informes emitidos, lo que coloca el acuerdo de declaración de supramunicipalidad en un ámbito puramente formal que contraviene el nuevo artículo 42 introducido por la Ley Foral 16/2012.
Se señala expresamente la ausencia concreta de determinados informes amparándose en que no han transcurrido los plazos señalados en sus respectivas leyes sectoriales para que tales organismos informen, si bien ello no es correcto, así:
A) Respecto de la falta, previo al acuerdo, del informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones debemos señalar que tal informe fue debidamente evacuado en forma, fondo y tiempo, así en fecha 10 de septiembre de 2014 (registro de salida del día 11), se emitió informe favorable por parte del Subdirector General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones y del Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
B) Respecto de la falta, al adoptar el acuerdo, del informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento debemos señalar dos cuestiones, la primera relativa al momento en que el informe es preceptivo: En este sentido el propio artículo transcrito en la alegación señala que “a falta de solicitud del informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el instrumento de planificación territorial o urbanística”, lo que implica que no es necesario contar con tal informe de forma previa a la aprobación inicial. La segunda cuestión versa sobre el propio informe toda vez que también en este caso ha sido emitido con fecha 23 de septiembre de 2014 y en el que “reitera el carácter favorable del informe evacuado el 19 de enero de 2011”.
C) Respecto de la inexistencia de informe del Ministerio de Fomento en relación con la afección a líneas ferroviarias debemos señalar que cierto es que tal informe ni existe ni se ha solicitado, pero parece olvidar el alegante que tal circunstancia viene a repetir una alegación que ya mantuvo en sede judicial en la que se resolvió que no es necesario tal informe en el caso que nos ocupa. Así, en la Sentencia se puede leer: “Y en cuanto al informe a recabar del Ministerio de Fomento sobre la afección a infraestructuras ferroviarias exigido por el artículo 7 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ha de señalarse que la exigencia lo es para los casos en que la redacción, revisión o modificación del instrumento de planeamiento afecte a líneas ferroviarias. [ ..] nos inclinamos a considerar –con los demandados– que el hecho –admitido de adverso– de que no se comprenda en el ámbito territorial del PSIS ninguna infraestructura ferroviaria determina la innecesidad de que el informe en cuestión obre en el expediente antes de la aprobación de aquel”.
D) Respecto a que falta, al adoptar el acuerdo, el informe de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, debemos mostrar, atendiendo a lo dispuesto en el fundamento jurídico primero de la Sentencia número 154/2014, en el que el alegante argumentó este mismo motivo de impugnación, el rechazo a la alegación habida cuenta de la presencia y voto favorable de los máximos responsables de Obras Públicas –Consejero y Director General– en la COT celebrada en fecha 15 de septiembre de 2014. Dicha Dirección General ha emitido el preceptivo informe con fecha 17 de septiembre de 2014.
E) Por último, ante la falta del informe de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre las infraestructuras y servicios de su competencia se vuelve a reiterar, de conformidad con el artículo 15.3 RDL 2/2008, la necesidad de que todos los informes sectoriales consten de forma previa a la aprobación inicial del instrumento de ordenación territorial, cuestión que ya fue resuelta en los fundamentos jurídicos primero y segundo de la Sentencia citada: “es claro que este precepto no establece la necesidad de que los informes a que se refiere sean emitidos e incorporados al expediente antes de la aprobación inicial para su tramitación como PSIS tal y como sostiene la demandada.” El alegado informe ha sido emitido en fecha 5 de diciembre de 2014.
Además de los informes señalados, el documento que se tramita ha sido analizado por otros organismos que han emitido su correspondiente informe, todos en sentido favorable, así:
–Informe del Servicio de Arqueología de 26 de agosto de 2014.
–Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 9 de septiembre de 2014.
–Informe referido a la gestión ambiental emitido por la CHE, de fecha 10 de noviembre de 2014.
–Informe del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, de fecha 23 de septiembre de 2009.
–Informe de evaluación ambiental de septiembre de 2014.
–Informe del Servicio de Patrimonio Histórico de 10 de septiembre de 2014.
–Informe del Servicio de Planificación Calidad e Inspección de 11 de agosto de 2014.
–Informe de la Dirección de Protección Civil de 15 de septiembre de 2014.
–Informe del Departamento de Salud de 26 de septiembre de 2014.
–Informe del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio de 27 de agosto de 2014.
–Informe del Servicio de Vivienda de 6 de agosto de 2014.
–Informe del Departamento de Educación de 27 de noviembre de 2014.
Las fechas de emisión de los informes se incardinan dentro del periodo de información pública y consultas y, por lo tanto, están evacuados en correcto plazo por cuanto como expresó la sentencia, en contra de los argumentos esgrimidos por los demandantes, la obligación es de “recabar informes en la fase de consultas” y esta “se abre no antes sino después de la aprobación inicial”.
Por último, en lo que a este apartado se refiere, simplemente hacer notar, y en base a este argumento desestimar la pretensión del alegante, que respecto del proceso de participación realizado se ha cumplido exactamente lo exigido por la LFOTU que no es otra cosa que “previamente a la aprobación (...) de la declaración de incidencia supramunicipal (..) el mismo haya sido sometido a un proceso de participación y socialización con los agentes sociales y territoriales afectados mediante un plan de participación pública” y ello es precisamente lo que se efectuó a través de las sesiones y los foros realizados en fecha 4, 5 y 23 de junio de 2014, cuyo contenido se ha plasmado en el Plan de participación que se anexa al documento tramitado. Señalando que el proceso de participación se realiza por el promotor del proyecto o plan sectorial y a resultas de lo que concluya del mismo, lo presenta ante el Gobierno de Navarra quien decide, en su caso, tramitarlo solicitando los informes sectoriales correspondientes y abriendo el periodo de información pública.
–Quinta: Sobre la inviabilidad jurídica absoluta de la ordenación mediante PSIS. Esta cuestión fue resuelta en el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de 13 de marzo de 2014, pues los demandantes invocaron los mismos argumentos que ahora en la alegación, en concreto que por la magnitud de la actuación, y conforme al artículo 15. 6 del RDL 2/2008, debía ejercitarse de forma plena la potestad de ordenación, ejercicio que únicamente corresponde al plan municipal o su revisión. El TSJN entendió que esta actuación “puede ser asumida por el Gobierno de Navarra que tiene competencias plenas en materia de vivienda y de ordenación del territorio (art. 44.1 LORAFNA) para cuyo ejercicio resultan instrumentos idóneos los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal”.
–Sexta: Sobre la falta de competencia del Gobierno de Navarra para la ordenación del área residencial, se pronunció el TSJN en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto, ya citados, de la Sentencia de 13 de marzo de 2014, confirmando la competencia como ya se ha transcrito, y afirmando que “nada autoriza a afirmar que lo que el PSIS crea sea un tal municipio sino un área residencial de vivienda protegida en términos de Galar y Cizur”, por lo que debe decaer la reiterada argumentación de los alegantes de que se está creando una nueva ciudad para lo que, a su juicio, no tiene competencia el Gobierno de Navarra. Las opiniones que se vierten, muy respetables, no dejan de ser un ejercicio para intentar dar la vuelta a la contundente afirmación del TSJN.
–Séptima: Sobre la finalidad del PSIS ya resolvió el fundamento jurídico sexto de la reiterada Sentencia del TSJN, ante idéntica argumentación de los entonces demandantes, concluyendo la sentencia que “la aprobación del PSIS hunde sus raíces en el artículo 230 y siguientes de la LFOTU que obliga a la Administración de la Comunidad Foral a construir, mantener y gestionar su propio patrimonio del suelo con la finalidad de construir viviendas protegida, finalidad que no se consumaría sin desarrollo urbanístico de lo adquirido.”
Cuestión debatida es si se justifica la necesidad o no de planificar suelo para dar respuesta a la demanda de viviendas, valoración que “compete inicialmente al titular de la facultad de ordenación que la ejercitará asistido de la amplia discrecionalidad que en tal ámbito le asiste”, si bien en este caso, no existe esa discrecionalidad sino que se sustenta en el “Estudio actualizado de la demanda de vivienda en Navarra para los años 2015-2023”, realizado por la consultora IKEI y que se aneja al documento.
–Octava: Sobre la no sostenibilidad ambiental y económica del área residencial de Guenduláin. Esta cuestión ya fue analizada en el fundamento jurídico séptimo de la Sentencia reiterada al analizar si era o no preceptivo un estudio de alternativas y la memoria de sostenibilidad económica, que ahora también son cuestionados por motivos de oportunidad de la actuación prevista, pero no invocando infracción de precepto jurídico alguno, sino una, a juicio del alegante, falta de idoneidad para satisfacer la necesidad pública que debe tener el PSIS.
En cuanto a la idoneidad del suelo, queda analizado en el estudio geológico-geotécnico de fecha diciembre de 2007. En dicho estudio, en el plano “Planta con tipología de cimentación”, se establecieron para cada tipo de suelo unos usos y unas recomendaciones de cimentación y por tanto de edificación. En las áreas afectadas por la antigua explotación minera quedaba establecido que el comportamiento del terreno afectado era totalmente impredecible y quedaba por determinar si era posible que se produjeran en ese momento o en el futuro subsidencias o deformaciones del terreno. En dicho estudio, concluyeron que por falta de datos concretos en relación con el estado del macizo rocoso y con su evolución en el tiempo, y dado que no era posible descartar que en el futuro pudiese sufrir deformaciones, no se recomendaba la edificación en dicha área ni en su zona de influencia. A la vista de las conclusiones del estudio, se derivó la necesidad de realizar un seguimiento del comportamiento del terreno, para controlar futuras subsidencias. Desde 2007 hasta el día de hoy se viene realizando el seguimiento a través del control anual de hitos y de los inclinómetros. El estudio de los hitos comprende 4 medidas al año y de los inclinómetros 2 anualmente. Lo que se concluye del seguimiento realizado desde 2007 hasta hoy es que no se ha observado ninguna deformación relevante, salvo pequeños movimientos superficiales. Así queda reflejado en la documentación del PSIS, Anejo b, que contiene el último informe del control realizado a lo largo del año 2013.
Por otra parte, la zona afectada mayoritariamente por la explotación minera, la UE5, no se ha desarrollado en el PSIS a nivel de determinaciones pormenorizadas sino tan sólo a nivel de determinaciones estructurantes. En las zonas donde no se recomienda edificar se propone situar las reservas que establece la LOFTU en su artículo 53 para espacios públicos, además de suelo para reserva de infraestructuras viarias y de transportes. Por otra parte, en el suelo donde, según concluye el estudio geológico-geotécnico, sí se permite edificar, se situarán las parcelas con edificación cuando se desarrolle pormenorizadamente la UE5. En dicho momento se tendrán en cuenta tanto el estudio geológico-geotécnico como las conclusiones que se deriven del seguimiento del comportamiento del terreno.
En cuanto a las zonas afectadas por escombreras y laderas reptantes que el estudio considera como zonas no edificables, el PSIS adapta su propuesta de ordenación al resultado del estudio y sitúa sobre esos terrenos las reservas que establece la LOFTU en el artículo 53, espacios públicos para la zona residencial.
–Novena: Sobre la formulación y tramitación del PSIS conforme a la situación jurídica y realidad material actual. La tramitación del PSIS no pretende incardinarse en un procedimiento de subsanación o convalidación, circunstancia que, tras una nulidad de pleno derecho, ciertamente, no concurre; dicho lo anterior, no es menos cierto que la incidencia supramunicipal de la actuación y la respuesta pública a la actual situación de necesidad de vivienda en Navarra han sido contestadas en la respuesta a la alegación primera y séptima de este acuerdo.
II.3. Escrito de alegaciones presentado por don Jorge Pla Vidal en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur.
Contenido:
El contenido de este escrito de alegaciones es idéntico al escrito 2 presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
Respuesta:
La respuesta a este escrito se remite a la efectuada al escrito de alegaciones presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
II.4. Escrito de alegaciones presentado por don Víctor Sola Marticorena en representación de la compañía mercantil “Desarrollo Sostenible de Navarra, S.L.”.
Contenido:
–Primera: La interesada alega que la figura del anteproyecto de urbanización, referida en la memoria del PSIS, no está contemplada en la LFOTU y que desconoce cuál puede ser el alcance real que se pretende dar a dicho instrumento.
Asimismo la interesada considera que el plazo referido a los proyectos de reparcelación en la memoria (plazos orientativos máximo de 24 meses) debe ser coherente y ajustarse con el del cronograma incorporado al proceso de participación pública (aprobación febrero de 2015 e inscripción registral de los mismos previa a la transmisión de las parcelas a “Desarrollo Sostenible de Navarra S.L.”).
Además, la alegante considera que debe corregirse la ausencia de plazos para la redacción de los proyectos de urbanización exterior e interiore de las Unidades de Ejecución (UE). Al respecto, presenta unos plazos orientativos que solicita que se incorporen tanto en la memoria como en el artículo 28 de la Normativa General del PSIS.
Por último, entiende que debe incluirse la referencia a la redacción de un proyecto de distribución de costes entre las UE, señalando a quién corresponde su redacción y tramitación (Gobierno de Navarra o Nasuvinsa) e indicarse expresamente plazo para su redacción (2 años).
–Segunda: La interesada alega que la LFOTU no contempla la figura del proyecto de urbanización exterior y que una unidad de ejecución no puede salir fuera de sus límites físicos a realizar obra alguna, exceptuando la conexión con infraestructuras exteriores próximas a la unidad, no a kilómetros de distancia, como es el caso.
Por ello la compañía alegante entiende que se debe suprimir la referencia que el texto contiene a los proyectos de urbanización exterior y sustituirla por los instrumentos que actualmente se contemplan en la LFOTU (proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal) o los contemplados en la legislación vigente en el momento de su redacción.
–Tercera: La alegante solicita que se incorpore en la memoria del PSIS, además de las fases de ejecución de la urbanización para cada UE establecidas, que los proyectos de urbanización interior podrán establecer para cada UE fases de ejecución de las obras de urbanización y el orden de dichas fases.
–Cuarta: La alegante entiende imprescindible que se aclare y solicita que se señale que será el Gobierno de Navarra o Nasuvinsa quienes respondan a la redacción, aprobación y ejecución tanto de la obra exterior al ámbito como de la obra de urbanización de cada unidad.
–Quinta: La alegante considera que la declaración de interés público y social, a efectos expropiatorios, de los suelos por donde discurrirán las infraestructuras exteriores de las que precisa el área de Guenduláin, correspondería al proyecto que desarrollare dichas infraestructuras exteriores y no, como indica el artículo 6 de la Normativa del PSIS, al PSIS.
–Sexta: La interesada entiende que debe eliminarse la referencia a la recogida neumática de residuos del artículo 31.11 de la Normativa del PSIS y señalarse, como lo hace el artículo 25.7 de dicho documento, que la recogida de residuos se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en el momento de desarrollo de la urbanización.
–Séptima: En relación a los ratios mínimos orientativos de aparcamientos privados para cada tipología de vivienda establecidos en la Normativa del PSIS (artículo 47), la alegante entiende que el ratio orientativo para la vivienda de precio tasado debería situarse en un intermedio entre el ratio de la vivienda de protección oficial y la vivienda libre y no ser idénticos. A tal efecto, propone la inclusión de un cuadro de ratios de plazas de aparcamiento privado señalando que el número de plazas de aparcamiento se mantendría y que los ratios propuestos guardarían relación directa con los coeficientes de homogeneización fijados en el PSIS para las viviendas de protección oficial y de precio tasado.
–Octava: La interesada entiende que la leyenda del plano D3.001 debería tan solo hacer alusión a la construcción de pasos peatonales o paso peatonal y no a la cubrición de la autovía.
Respuesta:
–Primera: Se estima la alegación en lo que hace referencia a eliminar la mención al anteproyecto de urbanización por no ser una figura de planeamiento contemplada en la LFOTU. En su lugar se incluirán en el PSIS como instrumentos para su desarrollo los proyectos de urbanización interior, proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal y proyectos de obras correspondientes.
Los plazos orientativos propuestos por la alegante no se atienden. Se mantienen los plazos máximos propuestos por el PSIS ya que, al tratarse de plazos orientativos máximos para su desarrollo, éstos podrían reducirse si se considerara necesario. No obstante, se detalla cómo se efectúa el cómputo de los plazos para todos los instrumentos de planeamiento, así como de la ejecución de la urbanización y el orden de ejecución de las unidades de ejecución. En consecuencia, se desestima esta parte de la alegación.
Por último, se estima la solicitud de incorporar un proyecto de distribución de costes. De conformidad con lo dispuesto en la LOFTU el PSIS recogerá la necesidad de redactar dicho proyecto.
–Segunda: Se estima la alegación y se elimina la mención al proyecto de urbanización exterior y se incluyen como instrumentos los PROSIS y proyectos de obras correspondientes o aquellos otros que, con similares objetivos, puedan contemplarse en la legislación vigente en el momento de su redacción. Revisado el texto, se considera oportuno eliminar la referencia a la posibilidad de solicitar el cambio del sistema de actuación, puesto que dicha posibilidad ya se contempla en la LOFTU y se estará a lo dispuesto en la mencionada norma.
–Tercera: Se desestima lo propuesto por los alegantes y se mantienen las fases orientativas de ejecución de cada unidad de ejecución propuestas en el PSIS dado que, con base en dichas fases y sus periodos de desarrollo, se han solicitado y emitido los preceptivos informes sectoriales, algunos de los cuales son favorables en función de las fases propuestas. Asimismo hay que tener en cuenta que las fases facilitan que el desarrollo se adapte en todo momento a la demanda generada y al estado del mercado inmobiliario y que a su vez facilita la viabilidad de la operación, al plantear también por fases la ejecución de las infraestructuras necesarias y a su vez no impide la ejecución de las UE en el momento en que se considere necesario.
–Cuarta: Se desestima la solicitud de que en el PSIS se refleje que el Gobierno de Navarra o en su defecto Nasuvinsa redactará, aprobará y ejecutará las obras exteriores al ámbito. En este punto conviene recordar que, en cualquier caso, para la redacción, aprobación y ejecución de las obras exteriores al ámbito se deberá actuar conforme a la LOFTU.
–Quinta: Se estima y se eliminará dicho párrafo del artículo 6 de la Normativa.
–Sexta: Se estima lo propuesto por la alegante y se eliminará lo recogido en el artículo 31.11 de la Normativa del PSIS. El PSIS recogerá que la recogida de residuos se ajustará a lo dispuesto por la legislación vigente en el momento de desarrollo de la urbanización y a lo dispuesto en los informes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Así mismo, a la hora de redactar y ejecutar la urbanización, se tendrán en cuenta las determinaciones que establezca la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
–Séptima: Se estima y se modifican los ratios de aparcamiento para la VPO y VPT, pasando la VPO de 1,24 a 1,35 y la VPT de 1,60 a 1,46, puesto que el cómputo total de plazas es el mismo y la reserva no disminuye, como queda reflejado en la alegación.
–Octava: Se desestima este punto de la alegación y se mantiene la denominación de “cubrición de la autovía” por ser una determinación de diseño estructurante del PSIS que permite conectar la actuación (UE1 y UE2), edificar junto a la autovía, crear un gran espacio central de uso público y actúa como barrera de protección frente al ruido.
II.5. Escrito de alegaciones presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
Contenido:
Esta alegación se refiere al Acuerdo del Gobierno de Navarra de 29 de octubre de 2014 por el que se amplía el período de audiencia e información pública del PSIS.
–Primera: El alegante considera que el citado acuerdo debiera haber identificado las variaciones y modificaciones introducidas en los documentos que se revisaban y los motivos que las justificaban. Además, se alega que las variaciones y modificaciones introducidas en el documento Normativa no constituyen corrección de errores como afirma el citado acuerdo.
–Segunda: Respecto a las modificaciones introducidas en el apartado 2.3 de la memoria, relativas a la identificación de los propietarios, el alegante concluye que viene a perjudicar e imposibilitar más, en los trámites de audiencia y de información pública que impone el ordenamiento jurídico, el control de la propiedad del suelo en las parcelas que figuraban o figuran con la titularidad de Nasuvinsa. En concreto, el alegante señala que se aumenta la confusión en una serie de parcelas.
–Tercera: Sobre las modificaciones de la Memoria y de la Normativa del Plan relativas a sus determinaciones estructurantes y pormenorizadas de ordenación. El interesado considera que con incumplimiento del artículo 43.1.d) de la LFOTU, se suprime la calificación e identificación de las determinaciones de ordenación como estructurantes o pormenorizadas, dejando al operador la tarea de atribuirles, en función de su propio criterio e interpretación del ordenamiento jurídico, una u otra condición. Además, el interesado no considera conformes al ordenamiento jurídico los cambios introducidos con respecto al aprovechamiento tipo en tanto que a determinados terrenos públicos iniciales (caminos, regatas, etc.) se les atribuyen derechos urbanísticos que en lugar de atribuirse y adjudicarse a la/s Administración/es Pública/s titular/es de los mismos, se reparte entre los propietarios particulares.
–Cuarta: Sobre el “Análisis económico del PSIS para la delimitación de las UE” que se incorpora como Anejo a la Memoria del Plan. El interesado alega que el análisis que se incorpora a la memoria, además de materialmente erróneo en su ejecución, no encuentra apoyatura en el artículo 144.1 de la LFOTU, ni sirve para justificar la corrección en términos económicos de la delimitación de las UE que se realiza por el Plan, por lo que debe suprimirse de la memoria. Al respecto, cuestiona que el coste del suelo tenga utilidad para delimitación de las UE y alega que la estimación del valor del suelo es contradictoria con la Ponencia de Valores de la Hacienda Foral, que falta justificación de los costes de edificación y de los “ingresos por ventas de la promoción”.
El alegante considera que la previsión de rentabilidad económica se puede y se debe hacer, con márgenes de imprevisibilidad razonables, en relación con una concreta promoción inmobiliaria de inmediata ejecución o en el corto plazo, pero que aquí no se está ante una promoción inmobiliaria concreta, sino ante un Plan para levantar una auténtica nueva ciudad de dimensión semejante a la de varias capitales de provincia. En este sentido, el alegante opina que “como ocurre en la creación de toda ciudad, ésta no surge de golpe y de forma instantánea, sino de forma dilatada en el tiempo mediante la ejecución, conforme lo exijan las necesidades de vivienda de la población, de múltiples promociones conforme a las previsiones del Plan inicial y de sus eventuales revisiones para adaptarse a la concreta realidad y necesidades en cada momento de la comunidad vecinal”.
Respuesta:
–Primera: Se desestima. Si bien puede convenirse con el alegante que la identificación en el documento presentado por el promotor de las concretas variaciones y modificaciones introducidas hubiera facilitado la tarea de su examen y valoración, lo cierto es que ello no supone ningún incumplimiento legal ni ha causado ninguna indefensión como se pone de manifiesto en la presentación de las presentes alegaciones.
–Segunda: En la memoria presentada se corrige el listado de propietarios y, por tanto, en el nuevo documento queda recogido el listado definitivo de los propietarios de las parcelas afectadas por el PSIS, y con derecho a aprovechamiento, quedando referenciadas en relación al parcelario actual, dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, revisada la alegación, se han detectado los siguientes errores que se proceden a corregir de la siguiente forma:
A) La parcela 97 no debe formar parte de la relación de parcelas con derecho a aprovechamiento.
B) La parcela 5 es propiedad en su totalidad de Nasuvinsa, y toda su superficie está dentro del ámbito del PSIS.
C) La parcela 10 es propiedad en su totalidad de Nasuvinsa.
D) La parcela 9 debe incorporarse al ámbito del PSIS con derechos edificatorios.
Por otra parte, en relación a la parcela 66, debe desestimarse la alegación formulada dado que la misma se incorpora solamente en parte al ámbito del PSIS, y por el mismo argumento se desestima la alegación formulada a la parcela 99.
No obstante, a los efectos del cumplimiento del objetivo de la norma (art. 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), con independencia de estas pequeñas correcciones formales, el conocimiento por parte de los propietarios del PSIS está garantizado, dado que las parcelas señaladas son propiedad de Nasuvinsa y teniendo en cuenta los antecedentes y publicidad mediática de este desarrollo.
–Tercera: Se desestima por los siguientes motivos:
A) En el documento inicial se establecieron determinaciones estructurantes y pormenorizadas del PSIS, que quedaban reflejadas en un listado. Posteriormente, se detectaron errores de coordinación con la legislación vigente.
No obstante lo anterior, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1.d) de la LOFTU, se efectúa tanto por indicación expresa del carácter de cada una de las determinaciones, como mediante su remisión a las determinaciones contenidas en la legislación aplicable, por lo que no se generan errores de coordinación y asimismo se permite y garantiza en todo momento la aplicación de dicha normativa. De la lectura del citado artículo 43.1.d) no puede concluirse la asimilación entre los términos contener e indicar, de tal forma que este documento PSIS contiene todas las determinaciones estructurantes y pormenorizadas que exige la normativa. Con ello debe concluirse que, en este sistema metodológico, el PSIS establece y garantiza las mismas determinaciones tanto pormenorizadas como estructurantes que establece la LOFTU en su artículo 49.
B) Se suprime asimismo el párrafo que se refiere al “exceso de aprovechamiento”, al considerarse un error su inclusión, ya que establece un reparto de los excedentes de aprovechamiento que se considera no es conforme a la LOFTU, tal y como el propio alegante reconoce, y dado que la LOFTU ya establece el modo y forma en que deben repartirse en el supuesto de que haya excesos de aprovechamientos, por lo que no cabe mas que la remisión a su cumplimiento.
C) Con respecto al párrafo que se elimina y que hacía referencia a la variación de las superficies durante el proceso reparcelatorio, según dicho párrafo se concluía que se vería modificado el aprovechamiento tipo como consecuencia de mantener la edificabilidad total y variar la superficie total.
Dado que el aprovechamiento tipo según la LOFTU es considerado una determinación estructurante, para su modificación es necesario tramitar una modificación de PSIS y así lo establece la LOFTU. Por tanto, se considera innecesario mantener dicho párrafo en el documento y, si se diera dicho supuesto, actuar como establece la LOFTU, no tratando de ocultar nada, sino más bien lo contrario, proceder conforme a la legislación vigente.
D) En cuanto a la atribución de derechos urbanísticos, cabe aclarar que se atribuyen derechos a las parcelas, caminos y regatas de titularidad privada, y puesto que son privados, el aprovechamiento que generan se reparte entre los propietarios de los mismos. En cualquier caso, será en el momento de redactar los proyectos de reparcelación cuando el Ayuntamiento deba aportar los títulos de propiedad de todos los espacios que de toda índole y naturaleza jurídica que pretenda reivindicar como propios, y además, debe tenerse en cuenta que, según el Tribunal Supremo, los títulos de propiedad no se presumen existentes ni a favor de los particulares, ni a favor de la Administración Pública, por lo que quien no demuestra tener título, no puede ser considerado como propietario. Por lo tanto, no existe merma para las Administraciones Públicas.
–Cuarta: Se desestima. Pese a no ser necesario por tratarse de un PSIS de iniciativa y promoción pública y no privada, (como establece la LOFTU en el artículo 44.3), se incorpora un estudio económico que justifica que en el PSIS se pueden cumplir los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así como la rentabilidad de cada UE en función de su delimitación. Así, el análisis económico que se incorpora a la memoria, pone de manifiesto la viabilidad económica de todas y cada una de las unidades de ejecución delimitadas en el Plan.
Dicho análisis se ha llevado a cabo, como no puede ser de otra manera, sobre la base de unos concretos parámetros de partida, todos ellos recogidos y explicados en los cuadros que forman parte de dicho estudio y que están recogidos en el Anejo A de la memoria del PSIS.
No existe error matemático material en el cálculo de la distribución del coste del suelo y de la urbanización entre las distintas unidades de ejecución, ya que éste se ha hecho en proporción al aprovechamiento lucrativo de cada unidad de ejecución y no en función del total de UA del Plan como indica el alegante.
En cuanto a los parámetros de gasto e ingreso utilizados, cabe señalar que, como es lógico tratándose de un estudio de viabilidad cuyo objeto es analizar una situación futura, éstos son estimativos pero han sido calculados en función de los datos históricos disponibles y sesgados por la situación actual y futura prevista en el sector.
Respecto al coste del suelo, se toma como valor medio del mismo los 30 euros de referencia del Concurso Inicial para la Adquisición de Suelo Residencial del año 2005, ya que es éste el precio al que cualquiera de los propietarios afectados por el PSIS podría haberlo ofertado y vendido al Gobierno de Navarra. Se trata de una valoración de referencia para la elaboración de un estudio económico, ya que la casuística del suelo afectado por el Plan es múltiple en cuanto a tiempo en propiedad, precio de adquisición y tipo de financiación del mismo, uso y explotación actual con su consiguiente rentabilidad, etc.
Una vez tomada una referencia de valor del suelo en una fecha determinada, se trata de actualizar el valor de dicha inversión al momento de elaboración del análisis. No se trata, por tanto, de actualizar el valor de ese terreno, como pretende el alegante, sino de la actualización del importe invertido en ese terreno, del coste de oportunidad de esa inversión para calcular el valor de ese dinero invertido al momento actual. Es por ello que se actualiza dicho valor al 4,5% considerando que es ésta la rentabilidad media anual que podría haberse obtenido en ese periodo en un activo libre de riesgo tomando como tal el bono español a 10 años.
En contra de lo que alega el Ayuntamiento, los parámetros relativos a costes de urbanización, costes de edificación, otros gastos de promoción así como parámetros de venta tanto unidades como precios unitarios quedan recogidos en los diversos cuadros del antes citado Anejo A. Los tiempos de ejecución de gastos e ingresos se muestran en el cronograma de fases de promoción ya que, de no ser así, no cabría la posibilidad de llevar a cabo el análisis económico dinámico que se pretendía.
Los resultados del mismo muestran una diferencia entre ingresos y gastos de 1.486.551.097,96 euros tal y como afirma el Ayuntamiento, lo que no significa que este vaya ser, efectivamente, el beneficio real sino el monetario. Este último es actualizado con una tasa de coste medio de capital del 15,03% arrojando un resultado viable, razonable, TIR del 18,14% y de ninguna manera especulativo tal y como se afirma desde el Ayuntamiento.
II.6. Escrito de alegaciones presentado por don Jesús Antonio Barricarte Sarabia en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur.
Contenido:
Este Ayuntamiento manifiesta la discrepancia en cuanto a que los terrenos de su titularidad, al margen de su naturaleza, son patrimoniales desde el momento en que se impone el planeamiento sobre los aportados al PSIS, por lo que el aprovechamiento urbanístico generado por los mismos, dentro del ámbito reparcelatorio pertenece al municipio a título de dueño.
Respuesta:
No se admite la alegación por no ser el momento de revindicar la titularidad de los terrenos afectados por el PSIS. Según doctrina del Tribunal Supremo, es en el momento de redactar los proyectos de reparcelación, y no en el anterior, ni en el posterior, cuando el Ayuntamiento tendrá que aportar los títulos de propiedad de todos los espacios, de toda índole y naturaleza jurídica que pretenda reivindicar como propios y, además, deberá tenerse en cuenta que, según el propio Tribunal Supremo, los títulos de propiedad no se presumen existentes ni a favor de los particulares, ni a favor de la Administración Pública, por lo que quien no demuestra tener título, no puede ser considerado como propietario. Por lo tanto, se remite tal consideración y prueba a los proyectos de reparcelación para el desarrollo del presente PSIS.
En consecuencia, se desestima esta alegación.
II.7. Escrito de alegaciones presentado por don Jesús Antonio Barricarte Sarabia en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur.
Contenido:
El contenido de este escrito de alegaciones es idéntico al escrito 5 presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
Respuesta:
La respuesta a este escrito se remite a la efectuada al escrito de alegaciones 5 presentado por don Cecilio Lusarreta Echarri en representación del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.
III.–Sobre las consideraciones del Acuerdo del Gobierno de Navarra de 17 de septiembre de 2014.
La parte expositiva del acuerdo de referencia señala: “No obstante, en relación al contenido del PSIS debe señalarse que el Plan de Participación presentado debe completarse con un informe que recoja las conclusiones del proceso de participación.”
En respuesta a lo anterior, en fecha 11 de diciembre de 2014, se ha completado el Plan de participación con un apartado final de conclusiones.
IV.–Informes sectoriales.
En el acuerdo de Gobierno de Navarra de declaración del Plan como de incidencia supramunicipal se resumen los informes sectoriales recibidos hasta la fecha. A continuación, se procede a resumir los informes sectoriales recibidos tras el citado acuerdo y a recoger las respuestas a los informes sectoriales aportadas por el promotor.
IV.1. Dirección General de Obras Públicas. Departamento de Fomento.
Con fecha 17 de septiembre de 2014, el Servicio de Estudios y Proyectos ha emitido un informe en el que, en cuanto a sus competencias, se considera que el PSIS es correcto, si bien establece la siguiente determinación señalando que la misma será de aplicación en las fases posteriores del desarrollo del PSIS:
“–El Proyecto de Urbanización del PSIS de Guenduláin deberá contar con un Estudio de tráfico tal que:
1. Utilice los ratios de generación de viajes residenciales y por otros motivos propios de Navarra que se han utilizado para realizar el Estudio de Movilidad del PSIS incluido en la documentación presentada.
2. Aplique de forma gradual el calendario previsto de construcción de las diferentes fases y Unidades de Edificación previstas por el mismo solicitante (Nasuvinsa) en el Expediente 2014/255782.”
IV.2. Servicio de Patrimonio Histórico. Institución Príncipe de Viana.
El informe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico, de fecha 8 de septiembre de 2014, concluye señalando:
“a. Cabe la modificación de la calificación del suelo afectado por la protección del Camino de Santiago dentro del área del PSIS de rústico a urbanizable, lo que conlleva la supresión de las franjas de protección establecidas para suelo rústico.
b. Las bandas de 30 metros contados a partir de las aristas situadas dentro del área del PSIS serán zona verde y se evitará en ellas cualquier actividad constructiva; será posible la realización de infraestructuras enterradas en estas bandas.
c. Las actuaciones de urbanización sobre la propia franja del Camino seguirán requiriendo de la autorización de este Departamento.”
Atendiendo a lo señalado en este informe, el promotor propone añadir las anteriores determinaciones en la Normativa del PSIS (artículo 48).
IV.3. Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
Con fecha 19 de septiembre de 2014, este organismo ha informado que, a su juicio, se debería reservar suelo dotacional en Guenduláin suficientemente amplio para ubicar las siguientes instalaciones como mínimo: un campo de fútbol de hierba artificial de 105x63 m², piscinas al aire libre de 25 m x 12,5 m, piscinas cubiertas y una instalación cubierta, así como posibles instalaciones que pudieran surgir. Además se informa que se debería reservar terreno para la construcción de un centro joven. Finalmente, este organismo recomienda la necesidad de regular las condiciones para la ordenación, señalización, homologación, conservación y autorización de los senderos de uso deportivo.
A este informe, el promotor ha respondido que las parcelas asignadas en el PSIS a uso dotacional deportivo tienen capacidad suficiente para el desarrollo de las instalaciones indicadas en el informe. Asimismo el promotor ha señalado que la construcción del centro joven podrá realizarse en la parcela de uso polivalente que se considere más oportuna.
IV.4. Dirección de Protección Civil. ANE.
Del informe de este organismo, de fecha 15 de septiembre de 2014, cabe destacar lo informado respecto a los riesgos de inundaciones y de incendios forestales.
En cuanto al riesgo de inundaciones, se informa que se estará a lo que se pudiera establecer por la clasificación de la balsa situada en la zona suroeste del Proyecto.
Por otra parte, en cuanto a riesgo de incendios forestales, se informa que la zona de incidencia del PSIS se encuentra en una zona clasificada en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (2004) como de riesgo I o riesgo muy alto y que deberá atenerse a las consideraciones establecidas en la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, entre la que cabe destacar la siguiente:
“a) A fin de disminuir o romper la continuidad de los combustibles forestales se deberá asegurar la existencia de una faja perimetral de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma propiedad, alrededor de la urbanización, edificación o instalación, medida desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Siempre que sea posible, esta faja deberá ser de, al menos, ocho veces la altura de la vegetación dominante.”
En respuesta a este informe, el promotor señala que se incorporará en la normativa del PSIS un artículo (artículo 55) que reproduzca lo indicado en el citado informe sobre riesgos forestales. Asimismo se deberá incluir en dicho documento lo señalado respecto al riesgo de inundaciones.
IV.5. Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria. Departamento de Salud.
Este Servicio, con fecha 26 de septiembre de 2014, se ratifica en su informe anterior y considera adecuada la reserva de los dos solares de 2.646 m² que se ofertan para la construcción de dos centros de salud que cubran la atención de la población estimada. No obstante, dicho informe concluye señalando que “La construcción del centro de salud situado en la Unidad de Ejecución 3 debiera ser paralela al desarrollo de la Unidad de Ejecución 1 o en su defecto habría que cambiar este solar por otro emplazado en la UE1.”
En respuesta a este informe, el promotor señala que, para que la parcela sanitaria quede dentro de la UE1, se intercambiará el uso de la parcela dotacional sanitario PD18 de la unidad de ejecución 3 (UE3) por el de la parcela de uso dotacional polivalente PD 21 de la UE1 de idénticas dimensiones.
IV.6. Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental. Instituto Navarro de Salud. Departamento de Salud.
Este informe se solicitó para valorar la afección al Plan Sectorial de Incidencia Municipal del Cementerio Comarcal de la Cendea de Galar, aprobado definitivamente por Acuerdo del Gobierno de 12 de febrero de 1996. No obstante, dicho PSIS se ha extinguido por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de septiembre de 2014, por el que se declara el PSIS de Guenduláin como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
IV.7. Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y Comercio. Departamento de Cultura Turismo y Relaciones Institucionales.
El informe del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y Comercio, de fecha 22 de agosto de 2014, ha considerado que se cumple la dotación comercial mínima establecida en el artículo 18 de la Ley Foral 17/2001, reguladora del comercio en Navarra. No obstante, según se regula en el citado artículo, este informe hace constar la necesidad de elaborar un Plan de atracción y ordenación comercial, plan que deberá presentarse antes de la resolución del PSIS.
El promotor considera que, de acuerdo con lo propuesto en el artículo 77 de la citada Ley de Comercio, dicho plan debe elaborarse por el Gobierno de Navarra en colaboración con las Administraciones Locales concernidas, en el momento en que dichas dotaciones comerciales se encuentren disponibles para su uso y explotación, una vez se disponga de una primera fase urbanizada y edificada.
IV.8. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha emitido su informe en fecha 28 de noviembre de 2014. En cuanto al ciclo integral del agua, el informe resulta no favorable ya que considera que el PSIS tiene una serie de carencias en el abastecimiento, saneamiento de aguas fecales y en la ejecución de las infraestructuras de las que se puede resaltar: cota del depósito general de abastecimiento insuficiente, ubicación del bombeo general y depósitos sin definir, la depuradora de Arazuri no tiene capacidad de tratamiento del efluente procedente de Guenduláin, el emisario a dicha depuradora tiene una sección insuficiente, infraestructuras necesarias exteriores a realizar en cada fase de desarrollo del PSIS sin determinar, y la ejecución de las obras de las infraestructuras exteriores corresponde al propio PSIS.
A continuación, este informe enumera los aspectos a modificar para solventar dichas carencias.
En cuanto a residuos, el informe es favorable si bien queda condicionado a que se justifique que una única central de recogida puede tener capacidad para prestar el servicio a todo el desarrollo propuesto por el PSIS de Guenduláin en condiciones adecuadas. Además, el informe indica que esta justificación es fundamental que se realice en esta fase de la tramitación, ya que en ella se establecen las reservas de parcelas destinadas a infraestructuras y que se deberá concretar el trazado de la red de recogida neumática y las características de la central de cada fase cuando se realicen los proyectos de urbanización de dichas fases.
En cuanto a transportes, el informe resulta no favorable. Tras señalar una serie de carencias se indican las modificaciones que se deben incluir en el PSIS y que se estructuran en los siguientes puntos:
1. Inclusión de la conexión exterior de la plataforma reservada y financiación de la misma por la actuación.
2. Adaptación del estudio de tráfico teniendo en cuenta las secciones resultantes en el viario del corredor de entrada a la ciudad por la incorporación en él de la conexión exterior con plataforma reservada.
3. Optimización del trazado interior de la plataforma reservada.
4. Incorporación en el proyecto de urbanización del trazado de la plataforma reservada y de las estaciones de transporte público.
5. Incorporación de aparcamientos disuasorios.
6. Inclusión de un plan de etapas para el transporte público.
7. Valoración económica de la propuesta.
8. Adecuación del estudio de sostenibilidad económica en cuanto al efecto producido por el transporte público.
En cuanto al medio ambiente, se informa que no tiene afección sobre lo previsto en PSIS de ampliación del parque.
El promotor, en cuanto al abastecimiento, ha contestado que las modificaciones requeridas relativas al trazado de la tubería de abastecimiento, las contradicciones entre planos y memoria en la definición de las infraestructuras y la indicación como red de abastecimiento actual en el plano D3.002, serán acometidas en el PSIS y que el resto de las carencias serán abordadas en los proyectos de urbanización y/o PrSIS.
En cuanto al saneamiento, el promotor sostiene que, según el artículo 70 del POT, la ampliación de la depuradora debe ser objeto de un PDAT y remite a la redacción del PrSIS tanto para el cálculo del emisario como para su trazado. Finalmente, en cuanto a quién ejecutará las infraestructuras exteriores de abastecimiento y saneamiento señala que tal cuestión se dilucidará en el momento de la ejecución de los PrSIS correspondientes.
En referencia a lo requerido a las fases de ejecución de las infraestructuras del ciclo integral del agua, el promotor contesta que “No se puede establecer la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento para cada fase de cada UE, por ser las fases orientativas. Para las infraestructuras de abastecimiento, los cálculos de cada una de las fases y su ejecución, se remitirán a la redacción de los Proyectos de Urbanización interior, PrSIS y Proyectos de Obra correspondientes”. Además señala que: “La ampliación de la depuradora se realizará en el momento que sea necesaria, de acuerdo con la planificación de la MCP y en la proporción que sea legalmente exigible. Su cálculo en base a la demanda generada, es una determinación propia de los PrSIS y Proyectos de Obra correspondientes.”
En cuanto a residuos, el promotor responde que: “Se justifica la solución de una única central para toda la zona residencial, puesto que en la UE5 se reserva otra parcela siguiendo los criterios habituales de dimensionamiento para la recogida neumática de residuos siguientes: Central de recogida formada por 3 ventiladores, dos de trabajo más uno de reserva, alcance 1.800 m. desde la central, área de servicio 3.600 m², velocidad media de la bolsa de residuo de 72 Km/h y tiempo de llegada del residuo a la central de recogida de 1,5 minutos. En todo caso se remite a la fase de redacción de los proyectos de urbanización interior la concreción de la red de residuos.”
Finalmente, respecto al planteamiento del informe de la MCP en cuanto a transportes, el promotor ha contestado lo siguiente:
–”Respecto al planteamiento del informe en general, hay que aclarar que no existe discontinuidad de Guenduláin con la ciudad acabada, puesto que se encuentra a menos de 900 m. del núcleo consolidado de Zizur Mayor en su lado este, así como en continuidad en su lado oeste con un polígono de actividades de Gazólaz, urbanizado en su totalidad.”
–No se puede legalmente exigir al PSIS que asuma la inclusión y financiación de la conexión exterior de la plataforma reservada.
–“El PSIS ya se conecta con las infraestructuras exteriores. La plataforma reservada en el ámbito del PSIS es un plus del estudio de Movilidad.
–No se puede exigir al PSIS que resuelva toda la Movilidad de la Comarca, por ejemplo la de Cizur, como parece pretenderse de la alternativa 1.
–Tanto el estudio de la conexión exterior de la plataforma reservada con el centro, como las hipótesis de situación de las paradas, se deberían trasladar a los estudios de urbanización, que concretan en detalle todo lo que se va a establecer y de acuerdo a los criterios que la MCP establezca en su momento.
–El estudio de tráfico ha sido analizado e informado favorablemente por la Dirección General de Obras Públicas quien ha establecido las determinaciones que ha considerado necesarias.
–La propuesta de la MCP difiere ligeramente de la del PSIS, pero pasa por en medio de la PAE 1, una parcela que sirve también de protección acústica de las dos residenciales con la rotonda de acceso; protección que se perdería en la propuesta de la MCP.”
IV.9. Servicio de Infraestructuras Educativas. Departamento de Educación.
El informe de este Servicio, de fecha 27 de noviembre de 2014, concluye indicando que el suelo reservado en el PSIS para equipamiento educativo es acorde con las necesidades que previsiblemente pueda tener la futura población de Guenduláin.
IV.10. Confederación Hidrográfica del Ebro.
El Área de Gestión Medioambiental, complementando el informe emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación en fecha 9 de septiembre de 2014, considerado en el acuerdo del Gobierno de Navarra de referencia, en fecha 27 de octubre de 2014, ha emitido informe. Este informe se remite al que se emitió en fecha 6 de abril de 2010 y que concluía considerando que “es adecuado el PSIS de Guenduláin siempre y cuando se lleven a cabo las medidas correctoras y preventivas contempladas en el Estudio de Incidencia Ambiental del PSIS, y las actuaciones se ajusten a las Recomendaciones sobre criterios para la autorización de actuaciones en zona de policía emitidas el año 1999 por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, y al Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que introduce el concepto de zonas de flujo preferente, para lo que se realizará el correspondiente estudio de inundabilidad. Asimismo se deberá disponer de las preceptivas autorizaciones del Organismo de Cuenca”.
En base a lo dispuesto en el párrafo anterior, el PSIS incluye un Estudio de Inundabilidad (Anejo 08).
IV.11. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con fecha 10 de septiembre de 2014, ha informado que la memoria del instrumento no está alineada con la legislación vigente en tanto que efectúa referencias a operadores concretos.
Atendiendo a lo anterior, el promotor propone modificar el punto correspondiente de la memoria del PSIS.
IV.12. Secretaría de Estado de Transportes. Dirección General de Aviación Civil.
Con fecha 23 de septiembre de 2014, esta Dirección General recomienda actualizar las referencias normativas conforme a los cambios introducidos por el Real Decreto 297/2013, en particular, las referencias a los artículos 29 y 30 del Decreto 584/72 por los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72.
En respuesta a este informe, el promotor señala que se modificará la Normativa del PSIS (artículo 31).
V.–Declaración de Incidencia Ambiental.
Por Resolución 539E/2014, de 11 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se formula Declaración de Incidencia Ambiental favorable sobre el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de desarrollo de un área residencial en el paraje de Guenduláin, en términos municipales de Galar y Cizur, promovido por Nasuvinsa. Esta resolución establece que el desarrollo del PSIS se llevará a cabo aplicando todas las medidas preventivas y correctoras incluidas en el estudio de incidencia ambiental y en los documentos integrantes del PSIS y, en especial, que se tendrán en cuenta una serie de condiciones.
En su virtud, de acuerdo con el informe emitido en fecha 16 de diciembre de 2014 por la Comisión de Ordenación del Territorio, y de conformidad con la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y demás normas de aplicación, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Fomento,
ACUERDA:
1.º Resolver las alegaciones presentadas en los términos expuestos en el presente acuerdo.
2.º Aprobar el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de desarrollo de un área residencial en el paraje de Guenduláin, términos municipales de Galar y Cizur, promovido por la sociedad pública Nasuvinsa.
3.º Solicitar al promotor la remisión, en soporte papel y digital, de un texto refundido del PSIS que recoja los cambios derivados de la resolución de las alegaciones, los cambios derivados de la atención a los informes sectoriales y las conclusiones del proceso de participación. Además se deberá aportar la documentación gráfica que represente las determinaciones estructurantes y pormenorizadas en formato vectorial (shp, dwg o dgn).
4.º Se estará a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del expediente.
5.º En cualquier caso, respecto a otras infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución de las obras o que pudieran condicionar, en su caso, dicha ejecución, el promotor se proveerá de cuantas autorizaciones fueren precisas de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.
6.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar este acuerdo al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a la Dirección de Protección Civil, a la Dirección General de Obras Públicas y a los Servicios de Vivienda, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de Patrimonio Histórico, de Planificación, Calidad e Inspección, de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio y de Infraestructuras Educativas.
8.º Notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a la Dirección General de Aviación Civil, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a los Ayuntamientos de las Cendeas de Galar y Cizur, al promotor y a los alegantes, a los efectos oportunos, señalando que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pamplona, 17 de diciembre de 2014.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, F. Javier Morrás Iturmendi.
Código del anuncio: F1417317
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