6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Edicto
Intentada sin efecto la notificación de la Resolución dictada por el Ministerio del Interior en los expedientes sancionadores relacionados a continuación en el Anexo, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, haciendo saber al interesado que contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 109-a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81, n13, en relación con el artículo 14, n1 1, Segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de este Edicto. En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, deberá hacer efectiva la sanción en el plazo de un mes en cualquier entidad bancaria, con el documento de ingreso que se le facilitará en esta Delegación del Gobierno. Transcurrido dicho plazo sin que el pago haya sido efectuado, se gestionará inmediatamente su cobro por vía ejecutiva de apremio fiscal, con los recargos correspondientes, a través de los Servicios de Recaudación de la Delegación de Hacienda.
Pamplona, 12 de marzo de 2013.–El Secretario General, Valentín Velasco Carrasco.
ANEXO
Nombre y apellidos: Unai Cadarso Nuet. Domicilio: Calle Santa Cruz, 7, Zizur Mayor. Expediente sancionador: 820/11. Precepto infringido: artículo 25.1 de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 400 euros.
Nombre y apellidos: José David Pozo Fresno. Domicilio: Calle Doctor Eduardo Olivera, 2 Azagra. Expediente sancionador: 927/11. Precepto infringido: artículo 25.1 de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.
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