BOLETÍN Nº 28 - 6 de marzo de 2009

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.3. OTRAS DISPOSICIONES

1.3.1. Ordenación del territorio y urbanismo

ORDEN FORAL 13/2009, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se inicia el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del acto presunto de aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Villatuerta, referente al Sector AR-2, Paraje Legardeta, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.

Antecedentes de hecho

1. Con fecha de 4 de septiembre de 2007 tuvo entrada en el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Villatuerta, referente al Sector AR-2, Paraje Legardeta, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de dicha localidad, en sesión de 30 de agosto de 2007, posteriormente modificado por Acuerdo Plenario de 21 de noviembre de 2007.

2. Recabados informes sectoriales en virtud de lo dispuesto por el artículo 70.4 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Vivienda, mediante oficio fechado el 17 de enero de 2007, se requirió al Ayuntamiento de Villatuerta la aportación de diversa documentación en orden a emitir el correspondiente informe global:

A. Estudio de Incidencia Ambiental de la modificación (art.32 LFIPA).

B. Estudio realizado por la empresa MACLA-LKS al que hace referencia la página 19 de la modificación, relativo a la cuantificación de las necesidades de los diferentes servicios urbanísticos exteriores, así como a sus resoluciones.

C. Informes de la Mancomunidad de Montejurra relativos a los servicios urbanísticos necesarios.

3. En sesión del Pleno celebrada el 26 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Villatuerta aprobó provisionalmente el expediente en cuestión, presentando el mismo ante el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva el 17 de junio de 2008. Se adjunta la documentación previamente requerida por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

4) Mediante escrito de 21 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Villatuerta solicita Certificado acreditativo de la aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias por silencio administrativo, certificado que se emite el 23 de diciembre de 2008.

5. Por Resolución 2448/2008, de 23 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se formula la Declaración de Incidencia Ambiental desfavorable.

Fundamentos de derecho

Primero.-El artículo 52 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, señala que la anulación, revisión y revocación de los actos y disposiciones en vía administrativa se regirá por lo establecido en la normativa básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, con las especialidades propias derivadas de la organización de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que se regulan en la presente Ley Foral.

Asimismo, el artículo 53 de la precitada Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que los procedimientos de revisión de disposiciones y actos nulos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se iniciarán por el órgano autor de la actuación nula. En el caso que nos ocupa el órgano competente para la incoación del presente procedimiento es el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio.

La declaración de nulidad requerirá en todo caso dictamen previo y favorable del Consejo de Navarra.

Segundo.-El artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que vulneren materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

En este sentido, la jurisprudencia, viene definiendo, desde hace muchos años, que los efectos del silencio positivo "se encuentran subordinados como resulta, en lo que aquí importa, del artículo 133.3 del Reglamento de Planeamiento a que las modificaciones del expresado Plan no contengan determinaciones contrarias a la Ley o a un Plan de superior jerarquía, ya que si así fuera, y en los concretos particulares que incurrieran en tal vicio, la aprobación definitiva obtenida por silencio administrativo sería nula". (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1985). Tras la aprobación de la LRJAPAC en 1992 y su modificación de 1999, este criterio se mantiene: "en materia de aprobación por silencio administrativo positivo de las figuras de planeamiento como la de autos, resulta inexcusable examinar si el plan contiene determinaciones contrarias a la ley o a planes de superior jerarquía o cuando la aprobación del Plan esté sometida a requisitos especiales legal o reglamentariamente establecidos" (Sentencia del TSJ Cataluña del 13 de noviembre de 2003).

En otro orden de cosas, y entrando al fondo del asunto, conviene señalar que si bien es cierto que la potestad planificadora que ostenta el Ayuntamiento de Villatuerta goza de naturaleza esencialmente discrecional, no por ello han de ser desconocidas diversas cuestiones de gran trascendencia para la aprobación del planeamiento. Efectivamente, la libertad de elección, entre múltiples alternativas de ordenación posibles, ha de ser en todo caso acorde con los principios de racionalidad y coherencia. Íntimamente relacionados con éstos, el artículo 45 de la Constitución Española, consagra el principio de desarrollo sostenible, señalando que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".

Dicho principio de sostenibilidad ambiental, ha sido trasladado a la legislación específica en materia de ordenación del territorio y urbanismo, tanto estatal como autonómica. Concretamente, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, fundamentalmente en los artículos 2, 10 y 15, parte de la premisa de que el suelo es un recurso natural escaso y no renovable, que obliga a proceder a una ocupación sostenible y racional del territorio. Para ello, como criterios básicos de utilización del suelo, habrá que atender a la suficiencia y a la idoneidad de los terrenos.

Son también diversos los preceptos que la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo que recogen en precitado principio de desarrollo sostenible (artículos 2, 4 y 5, entre otros).

Todo ello, de conformidad con el artículo 30 de la LFOTU así como con el artículo 15 del TRLS, requiere una adecuada evaluación ambiental de los instrumentos urbanísticos que se vayan a aprobar, realizando el correspondiente análisis exhaustivo de los impactos que la nueva ordenación genera, en términos de consumo de suelo, de difícil o imposible renovación. En definitiva, dicho principio obliga a la Administración Foral a evitar la aprobación de aquellos instrumentos urbanísticos no compatibles desde el punto de vista medio ambiental, en la medida en que existen Recursos Naturales que pueden llegar a agotarse, provocando graves problemas irreversibles.

En Navarra, el artículo 31 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, obliga a la presente modificación de las Normas Subsidiarias a someterse a Evaluación Ambiental Estratégica que, a tenor de la Sentencia 13/1998, de 22 de enero, del Tribunal Constitucional, la finalidad propia de la evaluación de impacto ambiental no es otra que "es facilitar a las autoridades competentes la información adecuada, que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio ambiente". En este sentido, se "ha elegido establecer que la evaluación de impacto ambiental se formule en dos momentos sucesivos: en un primer momento, un órgano ambiental distinto del órgano competente para aprobar o autorizar el proyecto debe emitir una "declaración de impacto ambiental"; en un segundo momento, el órgano con competencia sustantiva sobre el proyecto decide si conviene realizar la obra, instalación o actividad y, en caso afirmativo, fija las condiciones en que aquélla debe realizarse para salvaguardad el medio ambiente y los recursos naturales".

Tal y como se ha señalado en los Antecedentes de Hecho, en el caso que nos ocupa, la modificación de las Normas Subsidiarias de Villatuerta ha sido aprobado por silencio administrativo, y con Declaración de Incidencia Ambiental (DIA en adelante) desfavorable.

No puede por otro lado, obviarse el alcance de la DIA, dado su carácter preceptivo y determinante respecto al plan o proyecto en tramitación, resultando en todo caso requisito previo e indispensable para la aprobación definitiva del planeamiento. Se configura por tanto como condición ineludible la emisión de la DIA, habida cuenta que ella resuelve la conveniencia de la aprobación del plan desde el punto de vista medio ambiental, Declaración que, en definitiva, no puede ser desconocida por el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, puesto que a fin de cuentas, determina la imposibilidad de la ejecución del Plan en trámite. Prueba de ello es que el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2005, considera que "ningún plan o programa de los citados en el Anejo 3.A podrá ser aprobado sin la declaración de incidencia ambiental". En este sentido, la DIA tiene relevancia concluyente para la aprobación del Plan correspondiente.

En el presente caso, por Resolución 2448/2008, de 23 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, se formula Declaración de Incidencia Ambiental desfavorable en el que se señala lo siguiente: "En el espacio comprendido entre estos Sectores (Sector 2 y Sector 3) y la ampliación del polígono hacia el norte y noreste hasta aproximadamente la cota 455m, las afecciones ambientales son compatibles mediante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras definidas en el Estudio de Incidencia Ambiental. A partir de la citada cota y hacia el cerro de Muskilda, se incrementa la pendiente del terreno con valores superiores al 10%, y se generan afecciones ambientales significativas en la topografía y el paisaje, derivadas principalmente de los movimientos de tierra. Este hecho es especialmente relevante en las zonas de borde y de contacto del límite del polígono con el Suelo No Urbanizable, ya que alcanza cotas con amplias cuencas visuales, en un entorno con valores paisajísticos.

(...)

Con el objetivo de minimizar las afecciones al medio natural, cualquier propuesta de ampliación del polígono industrial, deberá incorporar las siguientes consideraciones: excluir las zonas con pendientes superiores al 10% y delimitar el ámbito a partir del Mapa de pendientes definido en el Estudio de Incidencia Ambiental. De esta forma se permite una transición gradual entre el Suelo No Urbanizable y el Suelo Urbanizable y se mejoran las posibilidades de integración paisajística en estas zonas de borde".

Finalmente, el artículo 51 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determina que el Plan Municipal ha de "resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas que se deriven del estudio de necesidades y de la justificación del modelo de desarrollo urbanístico propuesto". En este sentido, los suelos elegidos para dichos desarrollos habrán de ser idóneos en relación a otros disponibles.

En su virtud, y en uso de las facultades que me otorga el artículo 53.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre,

ORDENO:

1. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad del acto presunto de aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Villatuerta, referente al Sector AR-2, Paraje Legardeta, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.

2. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, concediendo un plazo de audiencia de veinte días, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pueda formular las alegaciones que estime pertinentes.

3. Trasladar la presente Orden Foral al Ayuntamiento de Villatuerta y al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de enero de 2009.-El Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, José Carlos Esparza Sáez.

Código del anuncio: F0901593

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