BOLETÍN Nº 146 - 27 de noviembre de 2009

4. Procedimientos Judiciales

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE SAN SEBASTIÁN

Edicto. Cédula de notificación

Doña María Jesús Stampa Castillo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Donostia San Sebastián, hago saber:

Que en autos número 245/2009, Pieza ejecución 72/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Luis Mendizábal Oregui contra la empresa Tabirnoly, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el siguiente:

Auto:

En Donostia-San Sebastián, a 29 de octubre de 2009.

Hechos:

Razonamientos Jurídicos:

Primero.-Dispone el artículo 248.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) que, cuando en la ejecución no se tuviera conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos lo bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia tras la realización por éstos, si fuera preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.

Esta norma no es sino aplicación a la ejecución de otra anterior más amplia, contenida en el artículo 75.2 de la misma LPL, a cuyo tenor quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los Jueces y Tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales; norma enraizada directamente con la declaración del artículo 118 de la Constitución española.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 591 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), que establece la obligación de todas las entidades públicas de colaborar en las actuaciones de ejecución judicial y entregar a los tribunales cuantos documentos y datos tengan en su poder.

Segundo.-Por su parte la regulación tributaria, tanto estatal (artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT-), como la normativa foral, después de señalar que los datos, informe s o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen carácter reservado y no podrán ser cedidos a terceros, deja a salvo numerosas excepciones, entre las que figura la colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (letra h), si bien condicionando la aplicación de la excepción a la concurrencia de determinadas circunstancias.

Tercero.-Concurren en el presente caso las circunstancias exigidas en el precepto acabado de mencionar, para que la Administración Tributaria venga obligada a facilitar la información que luego se dirá, por cuanto:

1 ° Se dicta esta resolución expresamente a tal efecto.

2° Se trata de ejecutar una resolución firme que condena al pago de cantidad.

3° Se han ponderado, por un lado, el derecho de los ejecutantes al cobro de sus créditos, derecho especialmente protegido en la Ley, y el interés público, que exige el cumplimiento de las sentencias judiciales en sus propios términos, y por otro, el derecho del deudor a su intimidad personal, que no puede invocar quien ha incumplido el deber de declarar sus bienes y derechos; por lo que es necesario concluir que este derecho a la intimidad no puede sobreponerse al privado y público antes señalado.

Cuarto.-Por último, se han agotado los medios previstos en la LP para la averiguación de los bienes del deudor, sin resultado.

Parte Dispositiva:

Requiérase a la Administración Tributaria correspondiente, la información pertinente sobre bienes y derechos de la empresa ejecutada, tras la realización por aquella si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles, dirigiendo el pertinente oficio al que se acompañará testimonio de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Administración Tributaria.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por éste su Auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilustrísimo Magistrado- Juez, don Ricardo Bandrés Ermua. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tabinorly, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Donostia-San Sebastián, 29 de octubre de 2009.-La Secretaria Judicial, firma ilegible.

Código del anuncio: J0926287

Hace cien años

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