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BOLETÍN Nº 13 - 30 de enero de 2006
VIII. ANUNCIOS
8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Resolución de expedientes sancionadores
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los Acuerdos de Gobierno resolviendo recursos de alzada contra las Resoluciones (P.S.T.) que se relacionan a continuación, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 3 de septiembre de 2004, presenta don Juan Antonio Esteban Gómez, en representación de Servigraf Vizcaya, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8490/2004, de 5 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 201 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 23 de enero de 2004, al vehículo matrícula BI-7632-BW, en el kilómetro 11,000 de la carretera NA-30, por circular transportando material para rotulación desde Elizondo hasta Pamplona realizando un transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, tarjeta transportes caducada.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 21 de junio de 2004, se notificó a Servigraf Vizcaya, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1343/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 23 de enero de 2004, al vehículo matrícula BI-7632-BW, en el kilómetro 11,000 de la carretera NA-30, por circular transportando material para rotulación desde Elizondo hasta Pamplona realizando un transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización, tarjeta transportes caducada.
2.º El día 7 de julio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 2 de agosto de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 7 de julio de 2004, se confirma toda vez que queda probado por el Registro General de Autorizaciones del Ministerio de Fomento que el vehículo denunciado, BI-7632-BW, propiedad de esa empresa, en la fecha de la denuncia carecía de autorización al no haber visado dentro de plazo la autorización que poseía, obteniéndola con posterioridad, hecho que es tipificado como infracción leve, aplicándose la sanción que le ha sido notificada. Frente a las alegaciones presentadas, señalar que el error cometido por la Administración en cuanto a que no era correcto un número de la matrícula, este error no invalida la imputación ya que la autorización que se le ha concedido después de la fecha de denuncia sigue teniendo el mismo número que la anterior 06686091 y la causa por la que se le denunció es que la autorización que llevaba el vehículo estaba caducada por no haberla visado dentro de plazo.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8490/2004, de 5 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Servigraf Vizcaya, S.L., una sanción de 201 euros.
4.º Con fecha 3 de septiembre de 2004, don Juan Antonio Esteban Gómez, en representación de Servigraf Vizcaya, S.L., interpone recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º En el presente supuesto procede señalar el artículo 142.8 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, el cual considera infracción leve la realización de transporte públicos o privados o alguna de sus actividades auxiliares o complementarias careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras de los transportes terrestres, siempre que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días, contados desde la notificación del inicio del expediente sancionador.
En el expediente recurrido, ha quedado acreditado tras la consulta realizada en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, que el vehículo denunciado, BI-7632-BW, carecía de autorización de transporte en la fecha de la denuncia, 23 de enero de 2004, al no haber procedido a su visado dentro del plazo establecido, obteniendo la preceptiva autorización posteriormente, concretamente con fecha 30 de enero de 2004, hecho no desvirtuado por lo alegado por el recurrente en fase de recurso.
3.º En suma, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales preceptivos, habiendo posibilitado al interesado la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa. Por lo demás, la resolución recurrida está suficientemente motivada por cuanto recoge con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibilitan la necesaria contradicción.
4.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan Antonio Esteban Gómez, en representación de Servigraf Vizcaya, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8490/2004, de 5 de agosto, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a Servigraf Vizcaya, S.L., indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 22 de abril de 2005, presenta don José Ignacio Díaz de Cerio, en representación de Cerio de Ensilados, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 265/2005, de 13 de enero, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 1.501 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 14 de junio de 2004, por no presentar la documentación que le fue requerida por esta inspección.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 10 de septiembre de 2004, se notificó a Cerio de Ensilados, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 2418/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 14 de junio de 2004, por no presentar la documentación que le fue requerida por esta inspección. Habiendo sido devuelto por el Servicio de Correos, publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Estella desde el 23 de marzo hasta el 15 de abril y en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 10 de mayo del mismo año 2004, a día de hoy el requerimiento no ha sido cumplido. Se adjuntan copias de los documentos que se citan.
2.º El día 21 de septiembre de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 13 de enero de 2005, la Instructora formula propuesta de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 21 de septiembre de 2004, se modifica la calificación de la infracción de muy grave a grave al haber aportado la documentación requerida por la inspección de este Servicio, lo que ha supuesto una obstrucción a la labor inspectora al quedar probado que antes de iniciar el correspondiente expediente, se le requirió en dos ocasiones la aportación de documentación, constando en los correspondientes acuses de recibo que las notificaciones fueron devueltas por estar ausentes pero también consta que el Servicio de Correos le deja la comunicación de que tenía en Lista una carta para recoger. Como el titular no acudió a Correos, se notificó este requerimiento tanto en el Boletín como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y dentro del plazo requerido en las notificaciones no se aportó ni se realizó actividad alguna por parte del interesado y finalmente, iniciado el correspondiente expediente y procediéndose también a la notificación tanto edictal como en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, es cuando aporta la documentación.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 265/2005, de 13 de enero, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Cerio de Ensilados, S.L., una sanción de 1.501 euros.
4.º Con fecha 22 de abril de 2005, don José Ignacio Díaz de Cerio, en representación de Cerio de Ensilados, S.L., interpone recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de derecho solicitando la estimación del recurso y la anulación de la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º El recurso de alzada presentado contra la Resolución 265/2005, de 13 de enero, del Director General de Transportes, según el régimen establecido por la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, debe tramitarse y resolverse conforme al nuevo régimen legal, por haberse interpuesto el recurso de alzada con fecha 22 de abril de 2005, posterior a su entrada en vigor.
No obstante lo anterior, a pesar de lo señalado por el artículo 57.2.b)de la nueva Ley Foral, como quiera que el recurso se interpone, contra una Resolución del Director General de Transportes, y ésta, fue dictada por delegación de atribuciones del Consejero, a todos los efectos debe entenderse como dictada por éste último (artículo 36.6 de la referida Ley Foral), por lo que el órgano superior jerárquico para conocer del recurso de alzada frente a la citada Resolución del Director General ha de considerarse que es el Gobierno de Navarra.
2.º Alega el recurrente la prescripción de la infracción y la caducidad del procedimiento sancionador.
El artículo segundo de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, ha modificado, entre otros, el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que queda redactado de la siguiente forma: "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán, de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año".
En el caso de referencia, la infracción se considera cometida el día 14 de junio de 2004, fecha del acta de inspección, y la notificación de la incoación del procedimiento sancionador tuvo lugar el 3 de septiembre de 2004, de modo que no se ha producido la prescripción que alega.
Tampoco ha lugar a apreciar caducidad del expediente sancionador habida cuenta que, en materia de transportes por carretera, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador es de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento, según establece el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, tras la modificación llevada a cabo por la Ley 29/2003, de 8 de octubre.
En el presente supuesto se observa que, desde la fecha del acuerdo de incoación, el mismo 14 de junio de 2004, y la fecha del primer intento de notificación de la sanción llevada a cabo por el servicio de correos, el día 27 de enero siguiente (recuérdese que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado; artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), no había transcurrido el plazo preceptivo de un año para que se produjera la caducidad del expediente.
3.º Respecto a la indefensión alegada por la omisión del traslado de la propuesta de resolución al interesado, el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 dispone que "se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".
4.º El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al artículo 141.10 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 143.1.f) de la citada Ley, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 1.501 euros a 2.000 euros.
En este supuesto se impone multa de 1.501 euros, por lo que se ha graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José Ignacio Díaz de Cerio, en representación de Cerio de Ensilados, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 265/2005, de 13 de enero, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a Cerio de Ensilados, S.L., indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 28 de octubre de 2004, presenta Eduardo Lafuente Palma contra la Resolución (P.S.T.) 10216/2004, de 31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 1.001 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de marzo de 2004, al vehículo matrícula Z-6761-BS, en el kilómetro 111,800 de la carretera A-15, por circular de Guipúzcoa a Zaragoza transportando diversos enseres y productos de alimentación, careciendo de la documentación en que debe materializarse los contratos de transporte.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 29 de junio de 2004, se notificó a Eduardo Lafuente Palma la incoación de expediente sancionador NA 2570/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de marzo de 2004, al vehículo matrícula Z-6761-BS, en el kilómetro 111,800 de la carretera A-15, por circular de Guipúzcoa a Zaragoza transportando diversos enseres y productos de alimentación, careciendo de la documentación en que debe materializarse los contratos de transporte.
2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.
Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.
3.º El día 31 de agosto de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolución de dicho expediente, calificando la infracción como grave de acuerdo con lo establecido en los artículos 141.19 Ley 16/1987 proponiendo la sanción de 1.001 euros.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10216/2004, de 31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Eduardo Lafuente Palma una sanción de 1.001 euros.
4.º Con fecha 28 de octubre de 2004, Eduardo Lafuente Palma interpuso recurso de alzada en el que alega caducidad del expediente sancionador y falta de tipicidad. Solicita finalmente que se anule la resolución sancionadora o, en su caso, se minore la cuantía de la multa.
Fundamentos de Derecho:
1.º Procede examinar en primer lugar si se ha producido caducidad del procedimiento sancionador toda vez que, de ser estimada esta primera cuestión, haría innecesario examinar cualquier otra de las alegadas.
No ha lugar a apreciar caducidad del expediente habida cuenta que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que ponga fin al expediente es de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento, según establece el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, tras la modificación llevada a cabo por la Ley 29/2003, de 8 de octubre.
En este supuesto se observa que, desde la fecha del acuerdo de incoación, 16 de junio de 2004, y la fecha de notificación de la sanción, 29 de septiembre siguiente, no había transcurrido el plazo preceptivo de un año para que se produjera la caducidad del expediente.
2.º Por lo demás, debe recordarse que la Orden del Ministerio de Fomento 238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" número 38, de 13 de febrero, y entró en vigor a los seis meses de su publicación.
Dicha norma, dictada en aras a contribuir y favorecer la libre competencia y necesaria transparencia del mercado, dispuso en su artículo único la obligatoriedad de los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de transporte, de documentar cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancía por carretera que celebren, mediante albarán, carta de porte u otra documentación acreditativa; la cual deberá acompañar a las mercancías en su desplazamiento, y en la que deberán constar como mínimo los datos suficientes para identificar al cargador, transportista, destinatario, vehículo y fecha del transporte, así como la naturaleza y el peso de la mercancía.
3.º En cuanto a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción, ha de señalarse que el artículo 141.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, considera como infracción grave tanto la carencia como, en su caso, la falta de datos esenciales de la documentación de control cuya cumplimentación resulte obligatoria.
Por la comisión de tales infracciones graves podrá imponerse multa de 1.001 a 1.500 euros de conformidad con el artículo 143.1.e) de la citada Ley; habiéndose fijado de todos modos el importe de la sanción en la cuantía mínima, 1.001 euros.
Finalmente, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales preceptivos, habiendo posibilitado al interesado la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa. Por lo demás, la resolución recurrida está suficientemente motivada por cuanto recoge con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibilitan la necesaria contradicción.
En suma, la resolución recurrida es ajustada a Derecho. Procede por tanto la desestimación del recurso.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Eduardo Lafuente Palma contra la Resolución (P.S.T.) 10216/2004, de 31 de agosto, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a Eduardo Lafuente Palma, indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 19 de noviembre de 2004, presenta don Serafín Cintora Sanz contra la Resolución (P.S.T.) 11333/2004, de 27 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 4.601 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 26 de marzo de 2004, al vehículo matrícula 1928-BHG, en el kilómetro 29,000 de la carretera A-15, por circular con un tacógrafo que presenta el precinto trasero de la tapa de conexiones sin el logotipo del taller homologado, así mismo la tapa de conexiones no lleva alojamiento para la manguera blindada por lo que esta queda suelta. Conduce Arlinto Fco. Do Couto. Se adjunta copia de taller, informe y fotos.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 9 de julio de 2004, se notificó a don Serafín Cintora Sanz la incoación de expediente sancionador NA 2784/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 26 de marzo de 2004, al vehículo matrícula 1928-BHG, en el kilómetro 29,000 de la carretera A-15, por circular con un tacógrafo que presenta el precinto trasero de la tapa de conexiones sin el logotipo del taller homologado, así mismo la tapa de conexiones no lleva alojamiento para la manguera blindada por lo que esta queda suelta. Conduce Arlinto Fco. Do Couto. Se adjunta copia de taller, informe y fotos.
2.º El día 28 de julio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 23 de septiembre de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 28 de julio de 2004, procede confirmar la sanción toda vez que el hecho denunciado ha quedado acreditado con el boletín de denuncia y el informe del taller autorizado en el que se constata que ha sido cambiada la tapa peine blindada que precinta las instalaciones del tacógrafo por otra tapa peine sin habitáculo para manguera blindada, asimismo el precinto está en blanco y sin numeración, por lo que se procedió al cambio de la tapa peine y a la revisión del tacógrafo y del limitador, habiéndosele remitido al interesado copia del informe del taller, así como de las fotografías tomadas, por lo que no procede acceder a la práctica de la prueba solicitada que nada pueden añadir a un hecho constatado y verificado posteriormente por el taller, habiéndose graduado la sanción correspondiente a la infracción cometida en su mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143.1.i) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con su artículo 140.11.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 11333/2004, de 27 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don Serafín Cintora Sanz una sanción de 4.601 euros.
4.º Con fecha 19 de noviembre de 2004, don Serafín Cintora Sanz interpuso recurso de alzada en el que, invocando el principio de presunción de inocencia, niega que el hecho denunciado haya sido acreditado. Alega asimismo indefensión por falta de ratificación del denunciante. Considera que la sanción es desproporcionada y solicita finalmente la anulación de la sanción o, en su caso, la minoración de la cuantía de la multa.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º La presunción de inocencia que invoca el recurrente es, tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en reiteradas Resoluciones de la Sala Segunda, entre otras, las de 30 de mayo de 1986, 15 de marzo de 1988 y 17 de abril de 1991, con doctrina perfectamente aplicable al ámbito sancionador administrativo: "Una verdad interina que puede quedar destruida con la aportación de actividad probatoria contraria que resulte mínima, suficiente e idónea", que en el presente supuesto se concreta en la denuncia del agente de autoridad, que goza de presunción "iuris tantum" de veracidad respecto a los hechos denunciados, y del informe del taller especializado (servicio oficial de tacógrafos "Kienzle") al que fue conducido el vehículo tras ser interceptado, según el cual "se observa que ha sido cambiada la tapa peine blindada, que precinta las instalaciones del tacógrafo, por otra tapa peine sin habitáculo para manguera blindada. Tiene el precinto de esta tapa en blanco y sin numeración". Lo que evidencia de modo fehaciente la infracción; pruebas que en cualquier caso no han sido desvirtuadas por el interesado.
Por otra parte, es evidente que en el presente supuesto la ratificación del denunciante era innecesaria toda vez que éste sólo podía reiterarse en lo manifestado en el boletín de denuncia; mientras que era precisamente el denunciado quien podía aportar las pruebas necesarias para desvirtuar tales hechos.
3.º Por lo demás, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece en su artículo 148, en la redacción dada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, la obligación de los vehículos destinados al transporte por carretera de instalar y llevar en funcionamiento el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, el limitador de velocidad, así como los mecanismos o instrumentos de control en los casos que se exija reglamentariamente o resulte obligatorio de la aplicación de los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea directamente aplicable.
En concreto, el Reglamento del Consejo de la Comunidad Económica Europea número 3821/85, de 20 de diciembre, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, desarrolla en su Anexo I las condiciones de construcción e instalación de estos aparatos de control. En concreto, precisa en su apartado V.4 la colocación de los precintos reglamentarios y, en particular, el relativo a los extremos de la unión del aparato de control y el vehículo. Por su parte, el apartado VI.3 de este Anexo, previene los controles periódicos de estos aparatos y, en especial, el control de la integridad de dichos precintos.
4.º En cuanto a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción, señalaremos que el artículo 140.11 de la citada Ley 16/1987, de 30 de julio, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, considera infracción muy grave, entre otros supuestos, "la carencia de los elementos, instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo".
Por la comisión de tales infracciones muy graves, puede imponerse sanción de multa de 4.601 a 6.000 euros, de conformidad con el artículo 143.1.i) de la misma Ley; habiéndose fijado de todos modos el importe de la misma en su cuantía mínima, 4.601 euros.
En suma, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales preceptivos, habiendo posibilitado al interesado la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa. Por lo demás, la resolución recurrida está suficientemente motivada por cuanto recoge con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibilitan la necesaria contradicción.
La resolución recurrida es ajustada a Derecho. Procede por tanto la desestimación del recurso.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Serafín Cintora Sanz contra la Resolución (P.S.T.) 11333/2004, de 27 de septiembre, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a don Serafín Cintora Sanz, indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 31 de enero de 2005, presenta don José Javier Lacalle Bernal contra la Resolución (P.S.T.) 12680/2004, de 9 de noviembre, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 4.601,00 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 30 de junio de 2004, por realizar transporte público en vehículo pesado al amparo de una autorización que ha perdido su validez. Entre mayo de 2003 y el febrero de 2004, la empresa no disponía de capacitación profesional, hecho que invalida la autorización.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 22 de septiembre de 2004, se notificó a don José Javier Lacalle Bernal la incoación de expediente sancionador NA 2802/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 30 de junio de 2004, por realizar transporte público en vehículo pesado al amparo de una autorización que ha perdido su validez. Entre mayo de 2003 y el febrero de 2004, la empresa no disponía de capacitación profesional, hecho que invalida la autorización.
2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.
Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.
3.º El día 9 de noviembre de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolución de dicho expediente, calificando la infracción como muy grave de acuerdo con lo establecido en los artículos 140.1.9 Ley 16/1987 proponiendo la sanción de 4.601 euros.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 12680/2004, de 9 de noviembre, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don José Javier Lacalle Bernal una sanción de 4.601,00 euros.
4.º Con fecha 31 de enero de 2005, don José Javier Lacalle Bernal interpone recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º Alega el recurrente que existe nulidad por no habérsele notificado la resolución sancionadora.
El artículo 59.2 segundo inciso de la Ley 30/1992 señala que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
Así, examinado el acuse de recibo remitido por el Servicio de Correos, se comprueba que fue intentada la notificación personal al interesado prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, mediante correo certificado en el domicilio, con fecha 26 de julio de 2004, siendo el segundo intento el 28 de julio, por lo que se ha dado estricto cumplimiento a lo estipulado por el referido artículo. Debido a que no se pudo practicar la notificación personal, se procedió al envío al Ayuntamiento de Mendavia para su publicación edictal, quien efectuó la notificación 13 de septiembre de 2004 en el domicilio indicado al efecto, constando en el documento estas circunstancias con la firma y D.N.I. de la persona que lo recibió. Asimismo se procedió a la notificación mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 114 de 22 de septiembre de 2004, tal y como se prevé en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, por lo que la resolución sancionadora sí ha sido notificada al recurrente, sin que exista la nulidad alegada por éste.
En la resolución de incoación se señala expresamente la posibilidad de que el interesado presentara las alegaciones que tuviera por convenientes dentro del plazo de 15 días hábiles, alegaciones que no fueron presentadas. Por lo tanto en la resolución sancionadora ahora recurrida no se han tenido en cuenta más datos que los que obran en el expediente.
3.º El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 143.1.i) de la citada Ley, se ha calificado como muy grave y que ha quedado acreditado en el expediente de referencia, sin que el recurrente ha aportado prueba en contrario.
Para estas infracciones se prevé multa de 4.601 euros a 6.000 euros y en este supuesto se impone multa de 4.601 euros, por lo que se ha graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
4.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José Javier Lacalle Bernal contra la Resolución (P.S.T.) 12680/2004, de 9 de noviembre, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a don José Javier Lacalle Bernal, indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de diciembre de 2004, presenta don José Antonio González Lamarca contra la Resolución (P.S.T.) 10928/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 400 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 31 de marzo de 2004, al vehículo matrícula 3605-CSD, en el kilómetro 11,300 de la carretera N-240-A, por transportar cajas careciendo de Tarjeta de Transporte.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 30 de julio de 2004, se notificó a don José Antonio González Lamarca la incoación de expediente sancionador NA 2902/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 31 de marzo de 2004, al vehículo matrícula 3605-CSD, en el kilómetro 11,300 de la carretera N-240-A, por transportar cajas careciendo de Tarjeta de Transporte.
2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.
Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.
3.º El día 15 de septiembre de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolución de dicho expediente, calificando la infracción como leve de acuerdo con lo establecido en los artículos 142.25 y 141.13 Ley 16/1987 proponiendo la sanción de 400 euros.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10928/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don José Antonio González Lamarca una sanción de 400 euros.
4.º Con fecha 10 de diciembre de 2004, don José Antonio González Lamarca interpuso recurso de alzada en el que, en síntesis, manifestaba que no formuló alegaciones porque no recibió la denuncia. Añade que sólo llevaba su propia mercancía y que, dado el peso máximo autorizado del vehículo, no era necesaria autorización alguna. Solicita finalmente que se anule la multa.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º Los hechos denunciados han quedado plenamente acreditados en el expediente. Como se sabe, los hechos constatados por agentes de autoridad que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados, de conformidad con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común.
Visto que el interesado declinó en su momento formular alegaciones al pliego de cargos, haciendo innecesaria la ratificación del denunciante, y que tampoco en vía de recurso ha aportado o propuesto prueba alguna para desvirtuar el hecho denunciado, es patente que la infracción tuvo lugar tal y como consta en el expediente.
3.º Por lo demás, el acuerdo de incoación del expediente así como el pliego de cargos le fueron notificados por medio del Servicio de Correos, el día 30 de julio de 2004. Se hizo cargo de la notificación quien se identificó como doña Juana Lamarca Ortíz, familiar, provista de DNI número 15.872.890, dándose por cumplido el trámite.
4.º En cuanto a la legalidad y proporcionalidad de la sanción, ha de señalarse que el artículo 141.13 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, considera como infracción grave "la realización de transportes privados careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva"; que en este caso lo era, en aplicación del artículo 41.2 c) del Reglamento de desarrollo de la citada Ley 16/1987, por tratarse de vehículo de transporte privado complementario cuyo peso máximo autorizado excedía de dos toneladas; bien entendido que tiene la consideración de transporte privado complementario aquel que sirve de complemento a empresas aunque éstas sean familiares, autónomas cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares.
No obstante lo anterior, como quiera que en este caso se trata de transporte realizado por medio de vehículo ligero, la infracción ha sido calificada como leve, en atención al principio de proporcionalidad y de acuerdo con el artículo 142.25 de la citada Ley 16/1987; habiéndose impuesto la sanción correspondiente en la cuantía de 400 euros, la máxima prevista para las infracciones leves por el artículo 143.1 de la Ley, por debajo en todo caso de la cuantía mínima prevista en este mismo artículo para las infracciones graves; cantidad ajustada a Derecho y que el recurrente pudo abonar en su momento con descuento del 25 por 100.
Finalmente, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales preceptivos, habiendo posibilitado al interesado la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa. Por lo demás, la resolución recurrida está suficientemente motivada por cuanto recoge con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibilitan la necesaria contradicción.
La resolución recurrida es ajustada a Derecho. Procede por tanto la desestimación del recurso.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José Antonio González Lamarca contra la Resolución (P.S.T.) 10928/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a don José Antonio González Lamarca, indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 9 de noviembre de 2004, presenta Agrícola el Cocon, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 10844/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 1.001,00 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 1 de abril de 2004, al vehículo matrícula 0878-CBS, en el kilómetro 76,000 de la carretera A-15, por realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor de un país tercero (Polonia), careciendo del correspondiente certificado.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 30 de julio de 2004, se notificó a Agrícola el Cocon, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 3009/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 1 de abril de 2004, al vehículo matrícula 0878-CBS, en el kilómetro 76,000 de la carretera A-15, por realizar transporte público de mercancías con vehículo conducido por conductor de un país tercero (Polonia), careciendo del correspondiente certificado.
2.º El día 19 de agosto de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 13 de septiembre de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 19 de agosto de 2004, procede confirmar la sanción toda vez que la Orden del Ministerio de Fomento 3399/2002 obliga, a las empresas que contraten trabajadores de terceros países, a la obtención para éstos de un certificado, obligación que entró en vigor el día 19 de marzo de 2003 y la fecha de denuncia es de 1 de abril de 2004, constituyendo una normativa común al transporte público y al privado complementario, documento exigido y que viene a respaldar la existencia de correctas prácticas laborales que amparan y obligan tanto al trabajador como a la empresa y consultado el Registro de Conductores de Terceros Países existente en el Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes se comprueba que el conductor denunciado no posee certificado, careciendo de sentido que el denunciado niegue un hecho verificable en un registro, por lo que no es procedente solicitar ratificación alguna, habiéndose tipificado correctamente el hecho denunciado al amparo de lo dispuesto en el artículo 141.19 de la Ley 1671987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y graduado la sanción correspondiente a la infracción cometida en su mínima cuantía.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10844/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Agrícola el Cocon, S.L., una sanción de 1.001,00 euros.
4.º Con fecha 9 de noviembre de 2004, Agrícola el Cocon, S.L., interpuso recurso de alzada en el que expone cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, solicita la estimación del recurso.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º En aplicación del principio de retroactividad de la norma sancionadora más favorable para el presunto infractor, procede estimar el presente recurso, toda vez que, a partir de la última ampliación de la Comunidad Europea, el 1 de mayo del 2004, no le es exigible el "certificado de conductor" a los conductores de los nuevos Estados que se han incorporado, entre los que se encuentra Polonia.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Estimar, por los motivos expuestos, el recurso de alzada interpuesto por Agrícola el Cocon, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 10844/2004, de 15 de septiembre, del Director General de Transportes, dejando sin efecto la misma.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a Agrícola el Cocon, S.L., indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 11 de noviembre de 2004, presenta Segurola Excavaciones, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 11586/2004, de 4 de octubre, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de 3.450,75 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 2 de junio de 2004, al vehículo matrícula 3368-BLM, en el kilómetro 103,000 de la carretera A-15, por circular efectuando transporte un vehículo cuya masa máxima autorizada del conjunto es de 5.350 kilogramos (el vehículo que arrastra y el remolque) careciendo éste del aparato de control del conductor.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 13 de septiembre de 2004, se notificó a Segurola Excavaciones, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 3791/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 2 de junio de 2004, al vehículo matrícula 3368-BLM, en el kilómetro 103,000 de la carretera A-15, por circular efectuando transporte un vehículo cuya masa máxima autorizada del conjunto es de 5.350 kilogramos (el vehículo que arrastra y el remolque) careciendo éste del aparato de control del conductor.
2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.
Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.
3.º El día 4 de octubre de 2004, la Instructora formula propuesta de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolución de dicho expediente, calificando la infracción como muy grave de acuerdo con lo establecido en los artículos 140.11 Ley 16/1987 proponiendo sanción de 3.450,75 euros.
Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 11586/2004, de 4 de octubre, del Director General de Transportes, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Segurola Excavaciones, S.L., una sanción de 3.450,75 euros, lo que supone una reducción del 25 por 100 sobre la cuantía propuesta en el pliego de cargos, al haber hecho efectivo el pago de la sanción dentro del plazo de 15 días establecido en el artículo 146.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio.
4.º Con fecha 11 de noviembre de 2004, Segurola Excavaciones, S.L., interpuso recurso de alzada en el que, en síntesis, manifiesta que desconocía la obligación de llevar tacógrafo en el vehículo interceptado. Aporta tarjeta de transporte autorizada con fecha 27 de octubre de 2004.
Fundamentos de Derecho:
1.º La competencia para la resolución de este recurso de alzada corresponde al Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aplicable según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al tratarse de un procedimiento iniciado antes del día 1 de marzo de 2005, fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.
2.º Frente a lo manifestado por la recurrente en relación con la ausencia de dolo y culpa en la comisión del hecho objeto de denuncia, debe recordarse que, si bien es cierto que según reiterada jurisprudencia para que exista infracción administrativa no es suficiente que se dé el hecho típico, sino que se requiere también la concurrencia de culpabilidad, no es menos cierto que para que concurra la misma es suficiente que se dé en su grado mínimo de simple negligencia o a título de simple inobservancia; circunstancia que se da en el presente caso, toda vez que, siendo la denunciada una persona jurídica cuyo objeto social no es precisamente el transporte de mercancías, ha quedado acreditado que realizaba no obstante en el momento de la denuncia un "transporte privado complementario de la actividad principal", y, por ende, venía obligada a conocer y respetar la normativa referente a los transportes terrestres y observar la debida diligencia en su cumplimiento; bien entendido que tiene la consideración de transporte privado complementario aquel que sirve de complemento a empresas aunque éstas sean familiares, autónomas, cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares.
3.º Por lo demás, el Reglamento de la Comunidad Europea 3821/1985 establece en su artículo 3.1 que "el aparato de control se instalará y utilizará en los vehículos destinados al transporte por carretera de viajeros o mercancías, matriculados en un Estado miembro, con excepción de los vehículos contemplados en el artículo 4 y en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento de la Comunidad Europea 3820/1985"; esto es, vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado, incluido el de remolques o semirremolques, no supere las 3,5 toneladas y determinados tipos específicos de transporte exentos.
En este caso no cabe esta excepción, toda vez que la masa máxima autorizada del vehículo interceptado era de 5.350 kilogramos (incluido el remolque) superando por tanto las 3,5 toneladas y, por otro lado, la actividad que realizaba tampoco está exenta de utilizar el tacógrafo.
4.º En cuanto a la tipicidad y proporcionalidad de la sanción, señalaremos que el hecho denunciado es constitutivo de infracción muy grave, conforme previene al artículo 140.11 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre; pudiéndose imponer por la comisión de tales infracciones muy graves sanción de multa de 4.601 a 6.000 euros, según contempla el artículo 143.1.i) de la misma Ley. En este caso, la sanción quedó fijada en 4.601 euros, esto es, en su cuantía mínima; cantidad que ya fue abonada en su momento con un descuento del 25 por 100.
En suma, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales preceptivos, habiendo posibilitado al interesado la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa. Por lo demás, la resolución recurrida está suficientemente motivada por cuanto recoge con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibilitan la necesaria contradicción.
La resolución recurrida es ajustada a Derecho. Procede por tanto la desestimación del recurso.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Segurola Excavaciones, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 11586/2004, de 4 de octubre, del Director General de Transportes.
2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes y a Segurola Excavaciones, S.L., indicándole que contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
Pamplona, 28 de noviembre de 2005
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caballero Martínez.
Código del anuncio: F0600721
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