BOLETÍN Nº 89 - 11 de julio de 2003

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Otras Disposiciones

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. Edictos de notificación.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1543 de este Tribunal, de fecha 4 de abril de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-1238, interpuesto por don Iñigo Rodríguez-Sastre Fernández-Corugedo, en nombre y representación de "Iberbanda, S.A.", contra resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 5 de febrero de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución del mismo Concejal de fecha 6 de noviembre de 2001, sobre imposición de multa coercitiva por incumplimiento de una orden de retirada de instalación base de telecomunicaciones, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1543.

Presidenta: Doña María Asunción Erice Echegaray.

Vocales: Doña María Jesús Balana Asurmendi y don Miguel Izu Belloso.

En la ciudad de Pamplona, a cuatro de abril de dos mil tres.

Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-1238, interpuesto por don Iñigo Rodríguez-Sastre Fernández-Corugedo, en nombre y representación de "Iberbanda, S.A.", contra resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 5 de febrero de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución del mismo Concejal de fecha 6 de noviembre de 2001, sobre imposición de multa coercitiva por incumplimiento de una orden de retirada de instalación base de telecomunicaciones.

Ha sido Ponente don Miguel Izu Belloso.

Antecedentes de Hecho:

1.º Mediante escrito presentado ante el Ayuntamiento de Pamplona el día 15 de mayo de 2001, la empresa "AAT Consultoría de Proyectos", obrando como representante de "Firstmark Comunicaciones España, S.L.", solicitó licencia municipal para la instalación de una estación base de punto multipunto (torre de soporte de antenas de telecomunicaciones). Mediante Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 24 de julio de 2001 (número 4/UV) se denegó dicha licencia de obras, al tiempo que se ordenaba a "AAT Consultoría de Proyectos" la retirada de la instalación en el plazo de un mes, con advertencia de que en caso contrario se procedería a su ejecución forzosa mediante multas coercitivas. Mediante Resolución del mismo órgano de 23 de agosto (número 18/UV) se modificó la anteriormente citada para corregir el error material observado consistente en haber atribuido la titularidad de la solicitud de la licencia a la empresa representante en vez de a la representada.

2.º Mediante Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 6 de noviembre de 2001 (número 11/UV) se impuso a "Firstmark Comunicaciones España, S.L." una multa coercitiva de 200.000 pesetas ó 1.202,02 euros como consecuencia del incumplimiento de la antedicha orden de ejecución, al tiempo que se disponía el corte de suministro eléctrico a la instalación y se incoaba expediente sancionador contra dicha empresa por la realización de obras sin licencia. Contra esta resolución formula la sociedad "Iberbanda, S.A." (nueva denominación de la mercantil "Firtsmark Comunicaciones España, S.L.") recurso de reposición con fecha 21 de diciembre de 2001, que es desestimado por Resolución del mismo Concejal Delegado de 5 de febrero de 2002 (número 10/UV). Contra este último acto interpone, en tiempo y forma, la interesada recurso de alzada ante este Tribunal.

3.º Mediante providencia del Presidente de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra aprobado por Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre y modificado por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.

4.º Por la recurrente se solicitó la práctica de prueba documental y pericial, siendo admitida por Providencia de la Sección Tercera de este Tribunal la primera, que una vez realizada queda unida a las actuaciones, y rechazándose la segunda por no ser necesaria para dictar resolución.

Fundamentos de Derecho:

Primero._La empresa recurrente alega en favor de su solicitud de anulación del acto impugnado que no recibió notificación de la Resolución de 24 de julio de 2001 (número 4/UV) por la que se denegaba la licencia y se requería la retirada de las instalaciones; que no tuvo conocimiento de la misma hasta el 21 de enero de 2002; que las obras realizadas son legalizables, por lo que no procede ordenar su retirada; que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento legalmente previsto para la imposición de multas coercitivas, al no haber existido apercibimiento previo; que ejecutó las obras en el convencimiento de haber obtenido licencia por silencio administrativo positivo; que el Ayuntamiento no debió denegar la licencia amparándose en un acuerdo de moratoria para la instalación de antenas de telefonía móvil, puesto que la instalación de la recurrente tiene un carácter distinto, de estación base de radiocomunicaciones; finalmente, considera inválido también el propio acuerdo plenario de moratoria.

Por su parte, el Ayuntamiento alega que la recurrente era conocedora de la resolución denegatoria de su solicitud, al habérsele notificado el día 5 de septiembre de 2001 la Resolución de 23 de agosto de 2001 (número 18/UV); que la licencia de obras solicitada no puede ser otorgada por ir en contra de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona, y por ello es ilegalizable; que la imposición de la multa coercitiva es ajustada a derecho y proporcional a las circunstancias; que la recurrente inició las obras incluso antes de haber transcurrido el plazo de dos meses previsto legalmente para entender la concesión de licencia por silencio administrativo positivo.

Segundo._Debemos precisar que el acto aquí recurrido es la Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de 5 de febrero de 2002 (número 10/UV), por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 6 de noviembre de 2001 (número 11/UV). Por lo tanto, es al contenido de estas dos resoluciones al que debe ajustarse el dictamen de este Tribunal, excluyendo otras cuestiones aludidas por las partes en sus respectivos escritos, pero que no forman parte de las decisiones administrativas contenidas en las mencionadas resoluciones que son combatidas mediante este procedimiento de recurso.

El primer contenido de la Resolución de 6 de noviembre de 2001 se refiere a la orden dirigida a la empresa suministradora de energía eléctrica para que corte el servicio en las instalaciones de la recurrente. Esta orden tiene su fundamento en el artículo 237.1 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), norma hoy derogada pero vigente y aplicable en el momento de producirse los hechos: "La Administración actuante impedirá o suspenderá el suministro de agua o de energía eléctrica de aquellas actividades y obras, a las que se haya ordenado su paralización. Para ello, se notificará la oportuna resolución administrativa a las correspondientes empresas suministradoras de agua o de energía eléctrica, que deberán cumplir dicho mandato en el plazo máximo de cinco días".

Se deduce de dicho precepto que la condición para proceder al corte del suministro no es, como pretende la recurrente, que la obra sea ilegal o ilegalizable, sino como alega el Ayuntamiento, que se haya producido una orden de paralización de las actividades u obras. Por lo tanto no debemos aquí entrar a decidir si las obras son o no son legalizables, sino solamente si han sido objeto de una orden de paralización.

Tercero._Del examen del expediente administrativo se deduce que el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda ordenó la paralización de la actividad mediante su Resolución de 24 de julio de 2001 (número 4/UV). No obstante, la recurrente alega que no recibió notificación de dicha resolución, y efectivamente, no consta en el expediente que se produjera tal notificación. Unicamente consta que se notificó, por correo certificado, la Resolución de 23 de agosto de 2001 (número 18/UV), que corregía un error material de la anterior, al domicilio de Madrid indicado por la recurrente a tal efecto, constando un aviso de recibo del día 5 de septiembre de 2001 firmado por Mónica Gómez, cuya relación con la empresa recurrente no se indica.

En virtud de lo que dispone el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), toda notificación debe contener "el texto íntegro de la resolución"; a falta de éste no procede, siquiera, su consideración como notificación defectuosa a los efectos previstos en dicho precepto.

El Ayuntamiento pretende subsanar la falta de notificación con el argumento de que la empresa recurrente conocía la resolución no notificada porque sí fue notificada la que corrigió sus errores materiales. Pero ese argumento no puede prosperar, porque la segunda resolución no contenía el texto íntegro de la primera, sino sólo una escueta referencia a su contenido. Suponer que con ese trámite la empresa recurrente ya estaba advertida de la orden de paralización de actividades supondría una disminución intolerable de sus garantías procedimentales.

Por lo tanto, no habiendo sido la recurrente debidamente notificada de la orden de paralización, no procedía tampoco la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Procede, en esta cuestión, estimar el recurso.

Cuarto._El segundo contenido de la Resolución de 6 de noviembre de 2001 (número 11/UV) es la imposición a la recurrente de una multa coercitiva por incumplimiento de la orden de ejecución, y el anuncio de que la multa podría reiterarse periódicamente en plazos de un mes. Se fundamenta esa medida en el artículo 240 de la LFOTU, que la prevé para los casos en que se ordene la restauración del orden urbanístico infringido. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia número 610/2001, de 17 abril (JUR 2001\172356), referida a un caso similar al que aquí nos ocupa, sienta los siguientes criterios: "El presupuesto de la multa impuesta al recurrente, es el incumplimiento del requerimiento efectuado para que repusiese la puerta de acceso a la bajera de su vivienda al estado anterior al de realización de la obra no autorizada, siendo ese requerimiento de obligado cumplimiento aún no siendo firme el acuerdo de denegación de la licencia, y por lo tanto, 'ejecutivo'"; "es precisamente la eficacia inmediata de la orden de demolición la razón de ser de la llamada multa coercitiva. En definitiva, la ejecutividad de esa orden o requerimiento es el presupuesto, producido su incumplimiento, de la multa impuesta, y no la validez de la resolución dictada en el expediente, para la concesión de la licencia".

Debemos llegar aquí, por tanto, a similares conclusiones que en el apartado anterior; faltando la notificación de la orden municipal para retirar las instalaciones de la recurrente, no puede la Administración imponer una multa coercitiva por un incumplimiento que no pudo producirse. Procede también, por este motivo, la estimación del recurso.

Quinto._Finalmente, la citada Resolución número 11/UV se dirige a la incoación de un expediente sancionador contra la recurrente como presunta responsable de la realización de obras sin licencia e incumpliendo las determinaciones del planeamiento municipal.

La incoación de un expediente sancionador es un acto de trámite que inicia un procedimiento administrativo y, por lo tanto, no resulta recurrible ante este Tribunal, en virtud de lo que disponen los artículos 333.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN) y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La recurrente deberá recurrir, en su caso, contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. Y es en el seno de ese procedimiento sancionador donde debe debatirse si la actividad desarrollada por la recurrente es legalizable o no, o si puede o no puede considerarse amparada por una licencia obtenida por silencio administrativo positivo.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso en cuanto pretende la anulación de la resolución recurrida en lo referente a la incoación de un expediente sancionador.

Sexto._En el escrito de recurso, además de la anulación de la resolución impugnada, se solicita una indemnización por los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de la ejecución de la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Se trata de una cuestión nueva que la empresa recurrente no planteó en su recurso de reposición. Procede la inadmisión del recurso en cuanto a esta pretensión con arreglo al artículo 22.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra aprobado por Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre y modificado por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, puesto que la competencia de este Tribunal abarca la revisión de los actos de las entidades locales, pero no la decisión en primera instancia sobre cuestiones de responsabilidad patrimonial. La recurrente debe plantear su pretensión indemnizatoria ante el propio Ayuntamiento de Pamplona, con arreglo a lo que disponen los artículos 317 de la LFALN y 139 y siguientes de la LRJAP-PAC.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que debemos inadmitir el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona de 5 de febrero de 2002 (número 10/UV), denegatorio del recurso de reposición interpuesto contra Resolución del mismo Concejal Delegado de fecha 6 de noviembre de 2001 (número 11/UV), en cuanto se refiere a la solicitud de indemnización.

Que debemos estimar parcialmente, como estimamos, el citado recurso en el siguiente sentido:

a) La Resolución de 5 de febrero de 2002 (número 10/UV) queda anulada por no ser ajustada a derecho;

b) La Resolución de 6 de noviembre de 2001 (número 11/UV) queda modificada en el sentido de quedar anulados sus apartados 1, 2 y 3.

c) Se desestima el recurso en todo lo demás.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. M.ª Asunción Erice. M.ª Jesús Balana. Miguel Izu. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación a doña Francisca López Gil y a doña Teresa Segura López de la Resolución número 320 de este Tribunal, de fecha 29 de enero de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-3523, interpuesto por doña Blanca María Catalán, contra la inactividad del Ayuntamiento de Corella, en relación con obras sin licencia en Avenida del Villar, número 14, sobre adaptación de cubierta de edificio para instalación fotovoltaica, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 320.

Presidenta: Doña María Asunción Erice Echegaray.

Vocales: Doña María Jesús Balana Asurmendi y don Miguel Izu Belloso.

En la ciudad de Pamplona, a veintinueve de enero de dos mil tres.

Visto por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-3523, interpuesto por doña Blanca María Catalán contra la inactividad del Ayuntamiento de Corella, en relación con obras sin licencia en Avenida del Villar, número 14, sobre adaptación de cubierta de edificio para instalación fotovoltaica.

Ha sido Ponente doña M.ª Asunción Erice Echegaray.

Antecedentes de Hecho:

1.º Se interpone por la interesada, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal contra la inactividad del Ayuntamiento de Corella, en relación con las obras realizadas en Avda. del Villar 14 de la localidad, excediéndose de la licencia concedida.

2.º Mediante providencia del Presidente de este Tribunal se dio traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida; extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.

3.º No se propuso por las partes la realización de pruebas.

Fundamentos de Derecho:

Unico._Considera la recurrente, en su escrito de 9 de agosto de 2002, que el Ayuntamiento de Corella ha incurrido en un supuesto de inactividad administrativa, toda vez que nada ha actuado en relación con las obras que se están llevando a cabo en la referida Avda. del Villar 14 de la localidad, y que, a su juicio, perjudican notablemente a la vivienda colindante, en la que ella habita.

Sin embargo, como acredita el Ayuntamiento, la actividad municipal desplegada hasta la fecha de emisión del informe municipal a remitir a este Tribunal en defensa de sus tesis ha sido incesante.

Y, en efecto, así como sostiene la entidad local debe considerarse, pues constan en el expediente las siguientes intervenciones:

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2002 (y, así mismo, en otra posterior de 18 de junio) se ordenó a la promotora de la primitiva licencia _obtenida el 7 de mayo de 2002_ la suspensión inmediata de las obras en curso, y se decidió la incoación de un expediente tendente a examinar la posible legalización de las obras realizadas sin autorización.

Presentada por la interesada solicitud de continuación de las obras, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento citado, en sesión de 1 de julio del mismo año, decidió desestimar la petición referida, así como requerir a la solicitante para que procediera a restaurar el orden infringido y demoliera las obras realizadas sin amparo en la licencia concedida.

Con fecha 9 de julio del mismo año, la entidad local comunicó a la hoy recurrente las actuaciones realizadas al respecto. Así mismo, el 26 de agosto siguiente se envió a la misma persona interesada copia de los informes técnicos municipales emitidos sobre el particular.

El 29 de agosto siguiente, el Alcalde de la localidad dictó Resolución por la que se daba audiencia en el expediente a la promotora de la licencia.

Presentado por ésta nuevo escrito de solicitud de legalización de las obras, el 16 de septiembre del mismo año, por el Instructor del expediente sancionador se formuló el Pliego de cargos.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, el 17 de septiembre de 2002 acordó desestimar la solicitud de legalización, volviendo a instar a la interesada para la restauración del orden infringido y disponiendo la demolición de la obra no amparada por licencia.

El 4 de octubre de 2002 la interesada presentó alegaciones al referido expediente sancionador.

Así pues, como se observa con claridad, es obvio que el Ayuntamiento no ha incurrido, al menos hasta la fecha de interposición del recurso de alzada ante este Tribunal Administrativo de Navarra (o, incluso, señalaríamos, hasta la fecha de emisión del informe municipal a enviar a este órgano) en ningún supuesto de inactividad administrativa. Por el contrario, puede afirmarse que, como se señala por el Ayuntamiento, se ha intentado, a través de las vías que dispone la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), aplicable al caso, la restauración del orden urbanístico infringido.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso, sin perjuicio, del derecho de la interesada a recurrir, en su caso, ante eventuales inactividades que a lo largo del proceso de disciplina urbanística pudieran producirse.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la inactividad del Ayuntamiento de Corella, en relación con las obras realizadas en Avda. del Villar 14 de la localidad, excediéndose de la licencia concedida.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. M.ª Asunción Erice. M.ª Jesús Balana. Miguel Izu. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 638 de este Tribunal, de fecha 14 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-3600, interpuesto por don José Tomás Alfaro Izquierdo, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 22 de julio de 2002 (expediente municipal número 403/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 638.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a catorce de febrero de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-3600, interpuesto por don José Tomás Alfaro Izquierdo contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 22 de julio de 2002, correspondiente al expediente municipal número 403/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º Se interpone ante este Tribunal recurso de alzada contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella, de fecha 22 de julio de 2002, que impuso una sanción de multa de 60,10 euros (10.000 pesetas) por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en el estacionamiento de vehículo en zona señalizada como de parada prohibida, sin obstruir gravemente el tráfico (Plaza de los Fueros, 12), con infracción del ordenamiento jurídico. El recurrente alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Corella remitió el expediente respectivo con los antecedentes acreditativos de su actuación, no aportando informe en defensa de la legalidad del acto recurrido.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos denunciados han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados. Y, dado que el agente denunciante, que se identifica con el número 17, una vez presentadas por el interesado sus alegaciones en las que, sin aportar prueba en contrario, se limitaba a negar el hecho denunciado, se ratificó en todos los extremos contenidos en la denuncia, resulta evidente que la infracción que dio origen al expediente sancionador fue realmente cometida.

Por lo demás, si bien es cierto que el artículo 77 de la Ley Vial establece que las denuncias formuladas por Agentes de Autoridad deberán notificarse en el acto, también es cierto que, por razones justificadas que deberán constar en la propia denuncia (en este caso el infractor está ausente), podrá notificársele con posterioridad. En cualquier caso, el interesado presentó escrito de alegaciones el mismo día de la denuncia, 19 de mayo de 2002, dándose por notificado.

Tercero._Invoca el recurrente el principio de presunción de inocencia amparado constitucionalmente. Al respecto, habremos de recordar que, si bien es cierto que en reiteradas sentencias el Tribunal Supremo, entre las que podemos citar las de 23 de octubre de 1989 _R. Ar. 6990_, 29 de enero de 1990 _R. Ar. 357_ y 21 de mayo de 1997 _R. Ar. 4375_, ya estableció que "el desplazamiento hacia el administrado de la carga de accionar derivada de la posición de privilegio de la Administración no supone también el desplazamiento de la carga de probar, ya que aquélla, al imputar un comportamiento reprochable tiene que aportar al expediente los medios probatorios que prueben los hechos imputados y la calificación jurídica de los mismos a fin de destruir la presunción de inocencia garantizada constitucionalmente", también es cierto, tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en reiteradas Resoluciones de la Sala Segunda, entre otras, las de 30 de mayo de 1986 (R. Ar. 2907), 15 de marzo de 1988 (R. Ar. 2012) y 17 de abril de 1991 (R. Ar. 2798), con doctrina perfectamente aplicable al ámbito sancionador administrativo que "la presunción de inocencia es una verdad interina que puede quedar destruida con la aportación de actividad probatoria contraria que resulte mínima, suficiente e idónea ...", que en el presente supuesto se concreta en el boletín de denuncia extendido por Agente de autoridad que presencia directamente la comisión del hecho constitutivo de infracción, cuya denuncia, según lo dicho más arriba, goza de presunción (iuris tantum) de veracidad acerca de los hechos denunciados, a no mediar prueba en contrario. Y "no es, por supuesto, que dichos informes tengan ninguna presunción de certeza lo que sería muy cuestionable, sino que constituyen un elemento de prueba ... que la Administración estimó suficientes para dictar las sanciones y la Sala de instancia para confirmarlas al no haber sido desvirtuadas por otras en contrario de la parte actora ..." (Sentencia del T.S. de 21 de mayo de 1997 _R. Ar. 4375_).

Cuarto._Conforme dispone el artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que ha de ponerse en relación con el 91.3 del Reglamento General de circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero), cuya interpretación en sentido contrario viene a decir que las paradas y estacionamientos indebidos en lugares no peligrosos ni que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones leves. En concreto, el hecho denunciado está tipificado expresamente como infracción leve por el artículo 94.2 a) del citado Reglamento.

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas, según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley (redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal, está correctamente graduada.

Quinto._Por último, alega el recurrente indefensión por falta de motivación de la resolución sancionadora. Al respecto, debe señalarse que "la brevedad de los términos y la concisión expresiva de un acto administrativo no puede confundirse con una falta de motivación" (STS de 12 de diciembre de 1990 _R. Ar. 9918_). Motivar, como se sabe, no obliga más allá de realizar una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de Derecho que justifican la resolución (art. 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común). Por lo demás, "el hecho de utilizar impresos normalizados (standard) en los acuerdos resolutorios no implica por sí misma clase alguna de indefensión siempre que, como ocurre en el caso presente, consten con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos que posibiliten la necesaria contradicción" (STS de 21 de mayo de 1997 _R. Ar. 4375_). Finalmente, el examen del expediente sancionador permite deducir que se han cumplido, en lo substancial, todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones y la proposición de pruebas en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Procede la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella, que impuso una sanción de multa por la comisión de una infracción leve en materia de tráfico (expediente sancionador número 403/02); resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 940 de este Tribunal, de fecha 28 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-3984, interpuesto por don José Tomás Alfaro Izquierdo, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 9 de agosto de 2002 (expediente municipal número 509/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 940.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a veintiocho de febrero de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-3984, interpuesto por don José Tomás Alfaro Izquierdo contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corella de fecha 9 de agosto de 2002, correspondiente al expediente municipal número 509/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Corella que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionar indebidamente un vehículo en lugar prohibido, sin obstrucción (Plaza de los Fueros, 12), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 509/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Corella remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados y, dado que el recurrente, en sus alegaciones frente a la denuncia, lejos de aportar prueba en contra (sostiene que estacionó en la Plaza de los Fueros porque no tenía sitio en la Plaza de España) no viene sino a confirmar la versión de los hechos constatada por el Agente denunciante en el boletín de denuncia (versión en la que el Agente, por su parte, se ha ratificado, haciendo especial mención al hecho de que el recurrente ha sido varias veces denunciado en el mismo lugar) y, dado que ahora, en fase de recurso, alega la indefensión en la que se le ha colocado por parte del Ayuntamiento al no haber llevado a cabo la práctica de las pruebas que nunca propuso, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 94,3 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, que regula el Reglamento General de Circulación, cuya interpretación en sentido contrario viene a decir que las paradas y estacionamientos en lugares no peligrosos ni que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones leves.

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal y de acuerdo con los criterios de graduación previstos por el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal, pudo haberse impuesto en su grado máximo atendiendo a la concurrencia, en el presente caso, de la circunstancia agravante de reincidencia.

Tercero._Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 76 y 79 de la Ley. Se benefició, por tanto, el recurrente, de un proceso contradictorio, y pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Corella que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 509/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 809 de este Tribunal, de fecha 25 de febrero de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4010, interpuesto por don Asier Ibarrola Idoate, contra diligencia de embargo del Tesorero del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 5 de julio de 2002 (expedientes sancionadores números 26082/00 y 614/01 e impuesto 2.º semestre año 2001), sobre reclamación en vía ejecutiva de débitos por Contribución Territorial Urbana y multas de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 809.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a veinticinco de febrero de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4010, interpuesto por don Asier Ibarrola Idoate contra diligencia de embargo del Tesorero del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 5 de julio de 2002 (expedientes sancionadores números 26082/00 y 614/01 e impuesto 2.º semestre año 2001), sobre reclamación en vía ejecutiva de débitos por Contribución Territorial Urbana y multas de tráfico.

Ha sido Ponente don Roberto Rubio.

Antecedentes de Hecho:

1.º Don Asier Ibarrola Idoate interpone recurso de alzada contra diligencia de embargo de 5 de julio de 2002 dictada por el Ayuntamiento de Pamplona en procedimiento ejecutivo incoado por impago de diversas deudas: contribución territorial del año 2001, segundo semestre, y sanciones de tráfico del año 2000 (expediente 26082) y 2001 (expediente 614).

2.º El Ayuntamiento de Pamplona remite el expediente y sendos informes (uno para cada tipo de deuda) en los que sostiene la conformidad a derecho de lo actuado por la entidad local.

3.º No se ha propuesto la realización de diligencias de prueba por ninguna de las partes.

Fundamentos de Derecho:

Primero._En el presente recurso se impugna una diligencia de embargo en virtud de la cual se procede a la traba de unos bienes (en este caso se trata de la devolución que le correspondía al recurrente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por el impago de un impuesto municipal y de varias sanciones en materia de tráfico. La decisión de embargar determinados bienes en un procedimiento de apremio tiene un carácter instrumental en cuanto al efecto final a que dicho procedimiento se encamina, pero afecta de modo ineludible a los derechos de los titulares de dichos bienes y en este punto presenta una sustantividad propia que le hace susceptible de ser objeto de un recurso independiente, lo cual no significa que por este medio esté abierta indefinidamente una vía para plantear cualquier tipo de cuestiones, sino, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1992, (RJ 8675), "únicamente las relativas a la congruencia del acto impugnado con el fin a que se encamina"; y todo ello sin perjuicio del derecho del interesado a denunciar, en su caso, la falta de providencia de apremio, de conformidad con el artículo 99.2 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990 (en la actualidad Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio).

Por lo demás, conocido es que toda diligencia de embargo es un mero acto de trámite de otro anterior (Resolución del TEAC de 24 de octubre de 1996, RJ 1639) que le precede y justifica (providencia de embargo) que, en principio, dado su carácter instrumental (o de mero trámite _Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 25 de febrero de 1991_), no sería susceptible de recurso jurisdiccional y, por ende, tampoco recurrible en alzada ante este Tribunal. No obstante, la posibilidad de impugnar actos de esta naturaleza "descansa, en último término, en la situación de indefensión que su subsistencia sea capaz de producir en el interesado" (STS de 19 de abril de 1997 _RJ 3151_).

Segundo._El recurrente alega en su defensa la prescripción de la sanción y la falta de notificación de la providencia de embargo, de la providencia de apremio y de la sanción administrativa.

Es preciso indicar que la diligencia de embargo dictada por el Ayuntamiento de Pamplona se refiere a diversas deudas impagadas por el recurrente.

En primer lugar, consta en el expediente que el señor Ibarrola es deudor del segundo semestre de la contribución territorial correspondiente al año 2001, que por ser un tributo de cobro periódico por recibo no es necesario notificar personalmente. Por otro lado, para el cobro de dicha deuda impagada en plazo voluntario se dictó la providencia de apremio de 20 de diciembre de 2001 que fue correctamente notificada el 23 de mayo de 2002. Ante el impago del débito se dictó, en primer lugar, providencia de embargo (que según criterio jurisprudencial no es necesario notificar) con fecha 20 de junio de 2002, y, después, la diligencia de embargo que ahora se recurre, la cual fue correctamente notificada con fecha 9 de septiembre de 2002.

En consecuencia, no se aprecia ninguno de los errores que el recurrente ha alegado en el escrito de oposición presentado en el Tribunal, de manera que no cabe sino confirmar plenamente lo actuado por el Ayuntamiento en relación con la deuda de la contribución territorial del año 2001, segundo semestre.

Tercero._Por lo que a las otras deudas se refiere, en concreto dos sanciones por infracciones de tráfico, ha de señalarse que la correspondiente al expediente sancionador número 26082/2000 se intentó la notificación de la providencia de apremio con fecha 21 de mayo de 2001, y a continuación se publicó el edicto de notificación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 15 de agosto de 2001, publicación edictal que se realizó sin antes haber cumplimentado correctamente los dos intentos de notificación de los que habla el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que avalan la posterior notificación a través de otros medios que los personales. En consecuencia, como quiera que no se ha realizado correctamente la notificación de la providencia de apremio _acto imprescindible para considerar iniciado válidamente un procedimiento ejecutivo_, procede anular la diligencia de embargo por lo que respecta a la exigencia de pago de la sanción económica correspondiente al expediente 26082/2000 abierto por infracción en materia de tráfico.

Cuarto._En cuanto a la segunda sanción por infracción en materia de tráfico (expediente 614/2001) debemos indicar que la providencia de apremio dictada para el cobro por vía ejecutiva fue debidamente notificada con fecha 12 de noviembre de 2001, no apreciándose que concurra en este supuesto la alegada prescripción de la sanción puesto que entre los diversos actos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona no ha transcurrido el año que se recoge en la LSV.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por don Asier Ibarrola Idoate contra diligencia de embargo de 5 de julio de 2002 dictada por el Ayuntamiento de Pamplona en procedimiento ejecutivo incoado por impago de diversas deudas: contribución territorial del año 2001, segundo semestre, y sanciones de tráfico del año 2000 (expediente 26082) y 2001 (expediente 614), en el sentido de anular dicha diligencia en lo que se refiere a la deuda generada por el expediente 26082 del año 2000; y confirmar el acto recurrido en cuanto al resto.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1044 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4271, interpuesto por don Juan Carlos Pablos Rodríguez, contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 13 de septiembre de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 16 de mayo de 2002 (expediente municipal número 23319/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1044.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4271, interpuesto por don Juan Carlos Pablos Rodríguez contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 13 de septiembre de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 16 de mayo de 2002 (expediente municipal número 23319/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona para el pago forzoso de una multa de tráfico no abonada en el periodo voluntario, (más el 20% de recargo de apremio y los correspondientes intereses de demora), impuesta como consecuencia de la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador de referencia). El interesado alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la providencia sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.

Fundamentos de Derecho:

Primero._La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a efecto en un procedimiento de apremio.

Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa actualmente aplicable contenida, en esencia, en el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 10 de agosto de 2001, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo artículo 89.1 señala que, "Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos": a) pago o extinción de la deuda; b) prescripción; c) aplazamiento; d) falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma. Dichas causas de impugnación son tasadas según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 _R. Ar. 544_, de 25 y 29 de junio de 1990 _R. Ar. 4934 y 5454_, entre otras muchas), por lo que no cabe en este momento plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con la Hacienda Pública no abonadas en periodo voluntario, que como actos principales deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando se van a ejecutar forzosamente al no haberse abonado.

Segundo._Del examen del expediente se observa que no se ha producido ninguno de los supuestos contemplados en el citado artículo 89.1 del Reglamento Foral de Recaudación. La resolución sancionadora fue notificada debidamente al recurrente el día 8 de noviembre de 2001 (siendo recibida por D. Esteban Pablos Hernández, en calidad de padre del interesado), contra la cual se interpuso el recurso de reposición número 4688/01, habiendo sido el mismo desestimado por resolución notificada con fecha 25 de enero de 2002, de la cual se hizo cargo también el padre del recurrente, no constando que la misma haya sido impugnada ni en alzada, ante este Tribunal, ni ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En consecuencia, habiéndose agotado el plazo de ingreso voluntario previsto por el ordenamiento jurídico, ha de entenderse plenamente ajustada a Derecho la exacción del importe de la sanción por la vía de apremio. Por otro lado, no se observa que se haya producido prescripción por la tramitación defectuosa del procedimiento sancionador, ni concesión de aplazamiento de pago, ni ningún otro defecto que, aun de oficio, este Tribunal deba considerar. Procede la desestimación del presente recurso de alzada.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que se desestima el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto por D. Juan Carlos Pablos Rodríguez contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona para asegurar el pago de una deuda contraída como consecuencia de la imposición de una multa de tráfico; acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1149 de este Tribunal, de fecha 12 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4203, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 510/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1149.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a doce de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4203, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 510/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 510/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados y, dado que el recurrente no presentó alegaciones en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia de 25 de junio de 2002, lo que tuvo lugar el día 26 de julio del mismo año, mediante correo certificado, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda. de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI), ni tampoco ahora, en fase de recurso, aporta prueba en contra, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite este extremo, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales").

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 510/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1150 de este Tribunal, de fecha 12 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4205, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 266/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1150.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a doce de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4205, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 266/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 266/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados y, dado que el recurrente no presentó alegaciones en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia de 24 de junio de 2002, lo que tuvo lugar el día 26 de julio del mismo año, mediante correo certificado, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda. de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI), ni tampoco ahora, en fase de recurso, aporta prueba en contra, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite este extremo, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales").

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 266/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1151 de este Tribunal, de fecha 12 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4208, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 506/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1151.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a doce de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4208, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 506/02), sobre sanción por estacionar un vehículo con P.M.A. superior a 3.500 kg. en el término municipal.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 506/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados y, dado que el recurrente no presentó alegaciones en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia de 24 de junio de 2002, lo que tuvo lugar el día 26 de julio del mismo año, mediante correo certificado, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda. de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI), ni tampoco ahora, en fase de recurso, aporta prueba en contra, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite este extremo, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales").

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 506/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1045 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4272, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 741/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1045.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4272, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 741/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 741/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la imposición de la sanción han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, si bien el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone que las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y dado que tal presunción de veracidad no puede extenderse a los Vigilantes o Controladores de estacionamiento limitado, en este caso Auxiliares de Policía con números profesionales 11 y 10, por carecer éstos de la condición de agentes de la autoridad, tal y como declara el Tribunal Supremo en Sentencias de 1 de octubre de 1991 (R. Ar. 7639/1991) y de 23 de noviembre de 1993 (R. Ar. 8883/1993), entre otras, por lo que su simple denuncia equivale a la de un particular si no es "adverada" por pruebas posteriores; lo cierto es que para desvirtuar la presunción de inocencia de que goza el administrado, el Ayuntamiento contó con otros elementos probatorios distintos de la mera declaración de los Auxiliares, como son la no presentación de alegaciones por el recurrente en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia; mediante correo certificado, el día 26 de julio de 2002, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda., de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI) y la no aportación por éste, ni tan siquiera ahora, en fase de recurso, de una versión contradictoria y verosímil respecto a los hechos denunciados, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite tal extremo.

En este sentido, conviene citar, textualmente, parte del Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 (Ref. 410/1, Actualidad Jurídica Aranzadi), que viene a confirmar la doctrina recogida en las Sentencias ya citadas, arrojando, si cabe, mayor luz, sobre el valor probatorio que ha de otorgarse a las denuncias extendidas por controladores o vigilantes, al afirmar: "No es admisible el criterio de reputar carente de todo valor la denuncia efectuada por un controlador de tráfico a los efectos de acreditar una infracción de este tipo, como no lo sería el privar de valor a la denuncia efectuada por cualquier particular que observe la comisión de la misma. Con carácter general, el artículo 75 de la Ley de Seguridad Vial prevé que el procedimiento sancionador sobre la materia puede incoarse, tanto de oficio, como a instancia de los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico, o de cualquier otra persona que tenga conocimiento directo de los hechos. La denuncia de quien tuviere ese conocimiento será siempre un elemento probatorio a tener en cuenta, conjugándolo con el resto de las circunstancias que puedan dar o negar verosimilitud a la misma y constituyendo un elemento de valoración discrecional _aunque razonablemente apreciada_ por parte del órgano administrativo al que competa sancionar el hecho, (...)".

De otro lado reiterada Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en concordancia con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo, manifiesta que el artículo 75.1 de la LSV permite incoar el procedimiento sancionador mediante denuncia que podrá formular cualquier persona, y el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala que "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho", lo cual demuestra que el testimonio de un particular como es un Auxiliar de Tráfico (en nuestro caso dos), es una prueba legítima, que en principio, aunque no goce de la presunción de veracidad reconocida a las denuncias de las Autoridades y sus Agentes (artículo 76 LSV), puede tener eficacia probatoria y sobre todo, en ello hace especial hincapié la STS de 28 de noviembre de 2001 (R. Ar. 9800/2001), si la otra parte no prueba hechos, contradictorios con los denunciados, que puedan poner de manifiesto la imposibilidad o improbabilidad de estos últimos. Por ello, la denuncia de los Auxiliares números 11 y 10 conjugada con el resto de las circunstancias expuestas y que dan verosimilitud a la misma, nos permiten concluir que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales").

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 741/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1028 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4273, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 591/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1028.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4273, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 591/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 591/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la imposición de la sanción han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, si bien el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone que las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y dado que tal presunción de veracidad no puede extenderse a los Vigilantes o Controladores de estacionamiento limitado, en este caso Auxiliar de Policía con número profesional 11, por carecer estos de la condición de agentes de la autoridad, tal y como declara el Tribunal Supremo en Sentencias de 1 de octubre de 1991 (R. Ar. 7639/1991) y de 23 de noviembre de 1993 (R. Ar. 8883/1993), entre otras, por lo que su simple denuncia equivale a la de un particular si no es "adverada" por pruebas posteriores; lo cierto es que para desvirtuar la presunción de inocencia de que goza el administrado, el Ayuntamiento contó con otros elementos probatorios distintos de la mera declaración del Auxiliar, como son la no presentación de alegaciones por el recurrente en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia; mediante correo certificado, el día 26 de julio de 2002, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda., de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI) y la no aportación por éste, ni tan siquiera ahora, en fase de recurso, de una versión contradictoria y verosímil respecto a los hechos denunciados, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite tal extremo.

En este sentido, conviene citar, textualmente, parte del Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999 (Ref. 410/1, Actualidad Jurídica Aranzadi), que viene a confirmar la doctrina recogida en las Sentencias ya citadas, arrojando, si cabe, mayor luz, sobre el valor probatorio que ha de otorgarse a las denuncias extendidas por controladores o vigilantes, al afirmar: "No es admisible el criterio de reputar carente de todo valor la denuncia efectuada por un controlador de tráfico a los efectos de acreditar una infracción de este tipo, como no lo sería el privar de valor a la denuncia efectuada por cualquier particular que observe la comisión de la misma. Con carácter general, el artículo 75 de la Ley de Seguridad Vial prevé que el procedimiento sancionador sobre la materia puede incoarse, tanto de oficio, como a instancia de los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico, o de cualquier otra persona que tenga conocimiento directo de los hechos. La denuncia de quien tuviere ese conocimiento será siempre un elemento probatorio a tener en cuenta, conjugándolo con el resto de las circunstancias que puedan dar o negar verosimilitud a la misma y constituyendo un elemento de valoración discrecional _aunque razonablemente apreciada_ por parte del órgano administrativo al que competa sancionar el hecho, (...)".

De otro lado reiterada Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en concordancia con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo, manifiesta que el artículo 75.1 de la LSV permite incoar el procedimiento sancionador mediante denuncia que podrá formular cualquier persona, y el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala que "los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho", lo cual demuestra que el testimonio de un particular como es un Auxiliar de Tráfico, es una prueba legítima, que en principio, aunque no goce de la presunción de veracidad reconocida a las denuncias de las Autoridades y sus Agentes (artículo 76 LSV), puede tener eficacia probatoria y sobre todo, en ello hace especial hincapié la STS de 28 de noviembre de 2001 (R. Ar. 9800/2001), si la otra parte no prueba hechos, contradictorios con los denunciados, que puedan poner de manifiesto la imposibilidad o improbabilidad de estos últimos. Por ello, la denuncia del Auxiliar número 11 conjugada con el resto de las circunstancias expuestas y que dan verosimilitud a la misma, nos permiten concluir que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales".).

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, y pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 591/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1029 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4274, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 733/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1029.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4274, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 733/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impuso una sanción de multa de 60,10 euros (10.000 pesetas) en expediente sancionador número 733/02, incoado por la comisión de una infracción leve en materia de tráfico consistente en el estacionamiento de vehículo cuyo P.M.A. es superior a 3.500 Kilogramos dentro del término municipal (Rotonda Barrio de la Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico. El interesado alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente respectivo junto con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que dieron lugar a la incoación del procedimiento sancionador han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone que las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y que tal presunción de veracidad no puede extenderse a los Vigilantes y Controladores de tráfico (en este caso, auxiliar número 10 de la Policía Municipal de Altsasu/Alsasua) por cuanto estos no pueden ser considerados agentes de la autoridad y, por tanto, sus denuncias, al igual que las denuncias que pudiera formular un particular, carecen por sí solas de fuerza suficiente para acreditar los hechos que se denuncian, a menos que sean adveradas por pruebas posteriores (Sentencias del T.S. de 1 de octubre de 1991 _R. Ar. 7639_ y 23 de noviembre de 1993 _R. Ar. 8883_, entre otras muchas), también es cierto que la denuncia que formule cualquier persona que tuviera conocimiento directo de los hechos siempre constituye, como señala el Alto Tribunal, un elemento probatorio a tener en cuenta, que habrá que conjugarse con el resto de circunstancias concurrentes que puedan dar o negar verosimilitud a la denuncia (STS de 22 de septiembre de 1999 _R. Ar. 6728_).

Tal sucede en el presente caso, donde la denuncia del auxiliar de Policía no ha quedado desvirtuada por las manifestaciones del recurrente quien, no sólo declinó en su momento presentar alegaciones a la denuncia fomulada (haciendo innecesaria la ratificación del denunciante a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley Vial), sino que tampoco ahora, en vía de recurso, ha ofrecido una versión contradictoria y verosímil de los hechos, limitándose a señalar que el vehículo en cuestión, a su entender, se encontraba estacionado en la periferia _barrio de la estación_ y, por ende, "dentro del recinto del polígono industrial"; lo que no deja de ser una afirmación totalmente gratuita por su parte, ya que tal aseveración no se acredita de ninguna manera, ni tampoco se ha solicitado de este Tribunal la apertura de un período de prueba para precisar dicho extremo. En suma, resulta evidente que la infracción que dio origen al expediente sancionador fue realmente cometida.

Segundo._Por lo demás, la notificación al interesado de la incoación del expediente sancionador tuvo lugar por medio del Servicio de Correos el 26 de julio de 2002, dándose por cumplido el trámite.

Dicha notificación interrumpe, por disposición legal, el plazo de prescripción de la infracción (tres meses, para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, según dispone el artículo 81.1 de la Ley Vial, redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y a partir de ese momento se abre un plazo de quince días hábiles para que el denunciado pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas.

Presentadas las alegaciones, o expirado el plazo para presentarlas, el plazo de prescripción no se reanuda a menos que el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, según disponen los artículos 81.1 (in fine) de la citada Ley Vial y 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común; circunstancia que en el presente caso no se produce.

Tercero._Conforme establecen los artículos 38.4 de la Ley Vial y 93 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero) el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se podrá regular por ordenanza municipal. En desarrollo de esta previsión normativa, la vigente ordenanza municipal de tráfico del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio de 2000) prohibe en su artículo 33 el estacionamiento dentro del término municipal, a excepción del polígono industrial, de vehículos cuyo P.M.A. sea superior a 3.500 Kg.

Por lo demás, y a tenor del artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", norma jurídica que, en el presente caso, ha de ponerse en relación con el artículo 91.3 del Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de enero), cuya interpretación en sentido contrario viene a decir que las paradas y estacionamientos indebidos en lugares no peligrosos ni que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones leves.

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas, según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley (redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal, está correctamente graduada.

Finalmente, el examen del expediente sancionador permite deducir que se han cumplido, en lo substancial, todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Procede la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua que impuso una sanción de multa por la comisión de una infracción leve en materia de tráfico (expediente sancionador número 733/02); resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1030 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4275, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 581/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1030.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4275, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 581/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impuso una sanción de multa de 60,10 euros (10.000 pesetas) en expediente sancionador número 581/02, incoado por la comisión de una infracción de tráfico consistente en el estacionamiento de vehículo cuyo P.M.A. es superior a 3.500 Kg. dentro del término municipal (Rotonda Barrio de la Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico. El interesado alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente respectivo junto con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que dieron lugar a la incoación del procedimiento sancionador han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone que las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y que tal presunción de veracidad no puede extenderse a los Vigilantes y Controladores de tráfico (en este caso, auxiliar número 10 de la Policía Municipal de Altsasu/Alsasua) por cuanto estos no pueden ser considerados agentes de la autoridad y, por tanto, sus denuncias, al igual que las denuncias que pudiera formular un particular, carecen por sí solas de fuerza suficiente para acreditar los hechos que se denuncian, a menos que sean adveradas por pruebas posteriores (Sentencias del T.S. de 1 de octubre de 1991 _R. Ar. 7639_ y 23 de noviembre de 1993 _R. Ar. 8883_, entre otras muchas), también es cierto que la denuncia que formule cualquier persona que tuviera conocimiento directo de los hechos siempre constituye, como señala el Alto Tribunal, un elemento probatorio a tener en cuenta, que habrá que conjugarse con el resto de circunstancias concurrentes que puedan dar o negar verosimilitud a la denuncia (STS de 22 de septiembre de 1999 _R. Ar. 6728_).

Tal sucede en el presente caso, donde la denuncia del auxiliar de Policía no ha quedado desvirtuada por las manifestaciones del recurrente, quien no sólo declinó en su momento presentar alegaciones a la denuncia fomulada (haciendo innecesaria la ratificación del denunciante) sino que tampoco ahora, en vía de recurso, ha ofrecido una versión contradictoria y verosímil de los hechos, limitándose a señalar que el vehículo en cuestión, a su entender, se encontraba estacionado en la periferia _barrio de la estación_ y, por ende, "dentro del recinto del polígono industrial", lo que no deja de ser una afirmación totalmente gratuita por parte del recurrente, ya que tal aseveración no se acredita de ninguna manera, ni tampoco se ha solicitado de este Tribunal la apertura de un período de prueba para precisar dicho extremo. En suma, resulta evidente que la infracción que dio origen al expediente sancionador fue realmente cometida.

Segundo._Por lo demás, la notificación al interesado de la incoación del expediente sancionador tuvo lugar por medio del Servicio de Correos el 26 de julio de 2002, dándose por cumplido el trámite.

Dicha notificación interrumpe, por disposición legal, el plazo de prescripción de la infracción (tres meses, para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, según dispone el artículo 81.1 de la Ley Vial, redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y a partir de ese momento se abre un plazo de quince días hábiles para que el denunciado pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas.

Presentadas las alegaciones, o expirado el plazo para presentarlas, el plazo de prescripción no se reanuda a menos que el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, según disponen los artículos 81.1 (in fine) de la citada Ley Vial y 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común; circunstancia que en el presente caso no se produce.

Tercero._Conforme establecen los artículos 38.4 de la Ley Vial y 93 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero) el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se podrá regular por ordenanza municipal. En desarrollo de esta previsión normativa, la vigente ordenanza municipal de tráfico del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio de 2000) prohibe en su artículo 33 el estacionamiento dentro del término municipal, a excepción del polígono industrial, de vehículos cuyo P.M.A. sea superior a 3.500 Kg.

Por lo demás, y a tenor del artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", norma jurídica que, en el presente caso, ha de ponerse en relación con el artículo 91.3 del Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de enero), cuya interpretación en sentido contrario viene a decir que las paradas y estacionamientos indebidos en lugares no peligrosos ni que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones leves.

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas, según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley (redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal, está correctamente graduada.

Finalmente, el examen del expediente sancionador permite deducir que se han cumplido, en lo substancial, todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Procede la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua que impuso una sanción de multa por la comisión de una infracción leve en materia de tráfico (expediente sancionador número 581/02); resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1031 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4276, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 43/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1031.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4276, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 43/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionamiento prohibido en casco urbano para vehículos de más de 3.500 kg. (Rotonda Barrio Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 43/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados y, dado que el recurrente no presentó alegaciones en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia de 3 de julio de 2002, lo que tuvo lugar el día 26 de julio del mismo año, mediante correo certificado, en la calle Félix Arano, 4-4.º izqda. de Altsasu/Alsasua _Navarra_; siendo recibida y firmada por él mismo, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI), ni tampoco ahora, en fase de recurso, aporta prueba en contra, limitándose a aducir en su defensa que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial, sin que, en modo alguno, acredite este extremo, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Conforme al artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", artículo que hay que poner en relación con el artículo 33 de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua el 27 de febrero de 2002, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio, donde quedan tipificados los hechos constitutivos de la infracción (artículo 33._"Como norma general se prohibe el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a 3.500 kilogramos en todas las vías del término municipal, excepto las de los polígonos industriales".).

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas); cantidad acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 69.1 de dicho Cuerpo Legal.

Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, y pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestima, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 43/02); resolución que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1032 de este Tribunal, de fecha 5 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4277, interpuesto por don Eduardo Oraa López, contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 889/02), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1032.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4277, interpuesto por don Eduardo Oraa López contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua de fecha 3 de septiembre de 2002, correspondiente al expediente municipal número 889/02, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora de la Alcaldía de Altsasu/Alsasua, de fecha 3 de septiembre de 2002, que impuso una sanción de multa de 60,10 euros (10.000 pesetas) en expediente sancionador número 889/02, incoado por la comisión de una infracción de tráfico consistente en el estacionamiento de vehículo cuyo P.M.A. es superior a 3.500 Kg. dentro del término municipal (Rotonda Barrio de la Estación), con vulneración del ordenamiento jurídico. El interesado alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua remitió el expediente respectivo junto con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos denunciados han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los agentes de autoridad encargados de la vigilancia del tráfico gozan de presunción de veracidad acerca de los hechos denunciados, a no mediar prueba en contrario.

Visto que el interesado declinó en su momento presentar alegaciones a la denuncia formulada, haciendo innecesaria la ratificación del denunciante a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley Vial, y que tampoco ahora, en vía de recurso, ha aportado prueba alguna en contrario, limitándose a señalar "que el vehículo se encontraba dentro del recinto del polígono industrial", extremo éste que no se acredita de ninguna manera, resulta evidente que la infracción que dio origen al expediente sancionador fue realmente cometida.

Segundo._Por lo demás, si bien es cierto que el artículo 77 de la Ley Vial establece que las denuncias formuladas por Agentes de Autoridad deberán notificarse en el acto, también es cierto que, por razones justificadas que deberán constar en la propia denuncia (en este caso, el conductor se encontraba ausente del lugar) podrá notificársele con posterioridad.

En cualquier caso, la notificación al interesado de la incoación del expediente sancionador tuvo lugar por medio del Servicio de Correos el 26 de julio de 2002, dándose por cumplido el trámite.

Dicha notificación interrumpe, por disposición legal, el plazo de prescripción de la infracción (tres meses, para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves, según dispone el artículo 81.1 de la Ley Vial, redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y a partir de ese momento se abre un plazo de quince días hábiles para que el denunciado pueda formular alegaciones y proponer las pruebas que considere oportunas.

Presentadas las alegaciones, o expirado el plazo para presentarlas, el plazo de prescripción no se reanuda a menos que el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, según disponen los artículos 81.1 (in fine) de la citada Ley Vial y 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común; circunstancia que en el presente caso no se produce.

Tercero._Conforme establecen los artículos 38.4 de la Ley Vial y 93 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero) el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se podrá regular por ordenanza municipal. En desarrollo de esta previsión normativa, la vigente ordenanza municipal de tráfico del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 70, de 10 de junio de 2000) prohibe en su artículo 33 el estacionamiento dentro del término municipal, a excepción del polígono industrial, de vehículos cuyo P.M.A. sea superior a 3.500 Kg.

Por lo demás, y a tenor del artículo 65.3 de la citada Ley sobre Tráfico, se consideran infracciones leves "las cometidas contra las normas de la citada Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves ...", norma jurídica que, en el presente caso, ha de ponerse en relación con el artículo 91.3 del Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de enero), cuya interpretación en sentido contrario viene a decir que las paradas y estacionamientos indebidos en lugares no peligrosos ni que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones leves.

De otro lado, debe señalarse que por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas, según contempla el artículo 67.1 de la misma Ley (redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre), habiendo sido fijada la cuantía de la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal, está correctamente graduada.

Finalmente, el examen del expediente sancionador permite deducir que se han cumplido, en lo substancial, todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones y proposición de pruebas en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Procede la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua que impuso una sanción de multa por la comisión de una infracción leve en materia de tráfico (expediente sancionador número 889/02); resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1218 de este Tribunal, de fecha 18 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4804, interpuesto por doña Elena Gorrochategui Baselga, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de mayo de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la misma Concejalía de fecha 21 de diciembre de 2001 (expediente municipal número 36125/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1218.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a dieciocho de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4804, interpuesto por doña Elena Gorrochategui Baselga contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de mayo de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal de fecha 21 de diciembre de 2001, correspondiente al expediente municipal número 36125/01, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó sanción del mismo Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (dictada en virtud de delegación conferida por la Alcaldía de dicha ciudad, publicada a través del BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de fecha 20 de agosto de 1999), que impuso multa por la comisión de una infracción de tráfico consistente en estacionar indebidamente un vehículo en doble fila, sin conductor, junto a reservado para carga y descarga (Avda. de Bayona-Letyana), con vulneración del ordenamiento jurídico. La interesada alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y, dado que el funcionario denunciante ha aportado diversos datos relevantes (hechos, lugar, día, hora, matrícula, marca, modelo y color del vehículo, precepto jurídico infringido, ...), no habiendo formulado la interesada alegaciones en la fase correspondiente (haciendo así decaer la presunción de inocencia de que gozaba, conforme prevé la sentencia del Tribunal Constitucional 74/1985, de 18 de junio), ni propuesto ahora, en la fase de recurso, prueba en contrario, por lo que resulta evidente que la infracción se cometió tal y como consta en el expediente sancionador.

Segundo._Conforme el artículo 65.4 de la LSV, se consideran infracciones graves, entre otras, "las paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico". Al efecto, el artículo 91 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, relaciona los supuestos en que las paradas o estacionamientos suponen obstaculización grave para la circulación, o resultan peligrosos. En uno de tales supuestos, el previsto en el apartado 2,h) de dicha disposición, se tipifica el hecho objeto de la denuncia.

Por la comisión de infracciones graves se pueden imponer multas de hasta 301 euros (50.082 pesetas), conforme establece el artículo 67.1 de la misma Ley, habiendo sido graduada la sanción impuesta prácticamente en la cuantía mínima correspondiente a tales infracciones. Por otra parte, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado a la recurrente la identificación del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72, 77 y 79 de la Ley, dado que la denuncia se entregó a la interesada en el momento de retirar el automóvil del depósito municipal de vehículos, negándose ésta a firmar al misma, lo cual no impide tener por efectuado dicho trámite.

De otro lado, frente a la alegación de la recurrente en cuanto a la concurrencia de la prescripción de la infracción debemos oponer que, los hechos tuvieron lugar el día 10 de octubre de 2001, siendo notificada la denuncia en dicha fecha a la infractora, habiéndose interrumpido el plazo prescriptivo de tres meses, en primer lugar, como consecuencia de los intentos infructuosos de notificación personal de la resolución sancionadora llevados a cabo los días 26 y 28 de diciembre de 2001, y, posteriormente, con la publicación supletoria de la sanción en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 6 de marzo de 2002. Teniendo pues en cuenta las actuaciones administrativas realizadas y el régimen de interrupción y reanudación del plazo prescriptivo de tres meses que Ley de Seguridad Vial y el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico (artículos 81.1 y 18.1, respectivamente) establecen para las infracciones viarias, hemos de concluir que en ningún momento de la tramitación del procedimiento sancionador ha operado la prescripción de la infracción que ahora analizamos, por lo que tampoco cabe acceder a tal pretensión de la parte recurrente, procediendo la desestimación del presente recurso de alzada.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que se desestima el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto por doña Elena Gorrochategui Baselga contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó sanción del mismo Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impuso multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico; resolución que debemos confirmar por ser ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1220 de este Tribunal, de fecha 18 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4808, interpuesto por doña Lucía Ezcurra Quintana, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de mayo de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la misma Concejalía de fecha 21 de diciembre de 2001 (expediente municipal número 29711/01), sobre sanción por estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1220.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a dieciocho de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4808, interpuesto por doña Lucía Ezcurra Quintana contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de mayo de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal de fecha 21 de diciembre de 2001, correspondiente al expediente municipal número 29711/01, sobre sanción por estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó sanción del mismo Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (dictada en virtud de delegación conferida por la Alcaldía de dicha ciudad, publicada a través del BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de fecha 20 de agosto de 1999), que impuso multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionar indebidamente un vehículo en zona Z.E.L., sin tique ni tarjeta de residente habilitante en vigor (Avda. de Pío XII, 1). La interesada alega los fundamentos que estima aplicables concluyendo con la súplica de que la resolución sea anulada.

2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y, dado que el funcionario denunciante ha aportado diversos datos relevantes (hechos, lugar, día, hora, matrícula, marca, modelo y color del vehículo, precepto jurídico infringido, ...), habiéndose ratificado en todos los extremos contenidos en la denuncia, una vez presentadas por la interesada sus alegaciones; no habiendo desvirtuado tampoco ahora, en la fase de recurso, al no proponer prueba en contrario, dicha presunción de veracidad, por lo que resulta evidente que la infracción se cometió tal y como consta en el expediente sancionador.

Segundo._La disposición adicional 2.ª de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra; el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (reformado por Ley 5/1997, de 24 de marzo), en sus artículos 7 y 38.4, así como el Reglamento General de Circulación, artículos 93 y 94, habilitan a las Entidades Locales para regular el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas mediante Ordenanza Municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle provisto de título que habilite estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida. En desarrollo de esta previsión legal, y para posibilitar un reparto equitativo de tales espacios entre los eventuales usuarios durante las diferentes horas del día, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó la Ordenanza Municipal reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido (publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 9 de septiembre de 1998), tipificando los hechos objeto de la denuncia como infracción en su artículo 23.1.

La infracción que analizamos, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 65.3 de la Ley Vial, tiene la consideración de leve, y así ha sido calificada por el Ayuntamiento. Por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.141 pesetas), según establece el artículo 67.1 de la citada norma legal, habiendo sido graduada la sanción impuesta en 60,10 euros (10.000 pesetas), por lo que, siguiendo el criterio de este Tribunal para supuestos como el que ahora analizamos, corresponde mantener la multa en la mencionada cuantía. Por otra parte, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido los requisitos formales exigidos por la Ley, habiendo posibilitado a la recurrente la identificación del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72, 77 y 79 de la LSV, dado que la denuncia se entregó a la infractora en el momento de retirar el automóvil del depósito municipal de vehículos, negándose ésta a firmar la misma, lo cual no impide tener por efectuado el trámite.

Tercero._Frente a la alegación de la parte interesada sobre la concurrencia de la caducidad del procedimiento, el artículo 44.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: (...) 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. (...)". En coherencia con dicho precepto legal, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su artículo 16, según nueva redacción dada por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, que lo modifica y adapta a la Ley 4/1999, lo siguiente: "Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, (...)".

Dicho lo anterior y a tenor de lo preceptuado por el artículo 58.4 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conviene precisar que, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos (seis meses en materia de tráfico, tal y como se ha expuesto más arriba), será suficiente el intento de notificación debidamente acreditado.

Además, en el supuesto que nos ocupa, conviene citar parte del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 15 de noviembre de 2000 (R. Ar. 10064), dictada con ocasión de la interposición de un recurso de casación en interés de la Ley y por la que se fija la doctrina legal para el cómputo de plazos a efectos de caducidad en los procedimientos sancionadores seguidos por la Administración Pública en materia de Tráfico: "(...) la denuncia únicamente supone iniciación del expediente sancionador en el supuesto de que se notifique en el acto a los denunciados, y esa iniciación debe entenderse deferida en otro caso al momento en que se produzca el acuerdo correspondiente (se refiere al acuerdo de incoación del expediente) por parte de la Dirección General de Tráfico o de los Ayuntamientos respectivos".

Así las cosas, volviendo al supuesto concreto que nos ocupa, observamos que el procedimiento se inicia contra la parte recurrente (a falta de acuerdo de incoación del expediente sancionador) con fecha 18 de agosto de 2001, y que el primer intento de notificación personal de la resolución sancionadora se produce el 26 de diciembre de dicho año, por lo que, ha de concluirse que dicha resolución se intentó notificar a la ahora recurrente dentro del plazo de seis meses establecido por el Ordenamiento Jurídico, motivo por el cual no procede declarar la caducidad del presente expediente sancionador.

Cuarto._Finalmente, se observa que la interesada alega la prescripción de la infracción contemplada en el artículo 81.1 de la LSV. Al efecto, el citado artículo 81.1 de la Ley Vial establece lo siguiente: "La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses contados a partir del día en que los hechos se hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio o por la notificación efectuada de acuerdo con lo previsto en el artículo 78".

Por su parte, el artículo 18.1 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico establece que, "La acción para sancionar las infracciones prescribe a los tres meses contados a partir del día en que los hechos se hubieren cometido. Previamente a la iniciación y durante la substanciación del procedimiento sancionador se comprobará si la infracción ha prescrito, acordándose, en tal caso, la no procedencia de su iniciación o continuación.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. También se interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del presente Reglamento.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al denunciado".

De otro lado, por cuanto al domicilio de notificaciones se refiere, los artículos 78 de la LSV y 11 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico preceptúan lo siguiente: "1. A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los registros de conductores e infractores, y en el de vehículos, respectivamente.

Tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio.

2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador, se cursarán al domicilio indicado en el anterior apartado de este artículo y se ajustarán al régimen y requisitos previstos por la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común".

Del análisis de lo dispuesto en los citados preceptos, y frente a la pretensión de la parte recurrente en cuanto a la concurrencia del instituto jurídico de la prescripción de la infracción debemos oponer que, la denuncia tuvo lugar con fecha 18 de agosto de 2001, siendo notificada la misma en dicha fecha a la interesada, habiendo presentado alegaciones frente a dicha denuncia el día 21 de agosto de 2001, momento a partir del cual el expediente debe estar paralizado durante más de un mes por causa no imputable al ciudadano para la reanudación, en el presente caso, inicio, del plazo prescriptivo de tres meses, cosa que ocurrió con fecha 22 de septiembre de dicho año, observándose que la interesada presentó alegaciones frente a la propuesta de resolución el 10 de diciembre de 2001, lo cual supone que tuvo conocimiento de dicha propuesta de resolución dentro del plazo de tres meses a contar desde el 22 de septiembre de 2001, habiendo interrumpido la presentación de las mencionadas alegaciones la prescripción de la infracción, debiendo estar nuevamente el expediente paralizado durante más de un mes, desde el 10 de diciembre de 2001, por causa no imputable al ciudadano para la reanudación del plazo precriptivo de tres meses, lo cual sucedió el día 11 de enero de 2002, siendo finalmente publicada de forma supletoria la resolución sancionadora en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 6 de marzo de 2002. Teniendo pues en cuenta las actuaciones administrativas realizadas y el régimen de interrupción y reanudación del plazo prescriptivo de tres meses que Ley de Seguridad Vial y el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico (artículos 81.1 y 18.1, respectivamente) establecen para las infracciones viarias, hemos de concluir que en ningún momento de la tramitación del procedimiento sancionador ha operado la prescripción de la infracción que ahora analizamos, por lo que tampoco cabe acceder a tal pretensión de la parte recurrente, procediendo la desestimación del presente recurso de alzada.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto por doña Lucía Ezcurra Quintana contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó sanción del mismo Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impuso multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico; resolución que debemos confirmar por ser ajustada a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1260 de este Tribunal, de fecha 20 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4922, interpuesto por don Javier Alvarez Evora, contra providencia de apremio de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 16 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 122638/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1260.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a veinte de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4922, interpuesto por don Javier Alvarez Evora contra providencia de apremio de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 16 de septiembre de 2002 (expediente municipal número 122638/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona, con fecha 16 de septiembre de 2002, como consecuencia del impago en periodo voluntario, por el interesado, del importe de una multa de tráfico derivada del expediente sancionador número 122638/01. Alega el recurrente los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la providencia sea anulada.

2.º Mediante providencia del Presidente de este Tribunal se ha dado traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que remita el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamientos efectuadas y presente, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar el acto recurrido; extremos ambos que han sido cumplimentados por la Corporación de referencia.

Fundamentos de Derecho:

Primero._La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a cabo en un procedimiento de apremio.

Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa aplicable contenida, en esencia, en el artículo 128 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra y en el artículo 89 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, que señalan que contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) pago o extinción de la deuda; b) prescripción; c) aplazamiento; d) falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma. Dichos motivos (análogos a los recogidos en la normativa estatal; artículos 138 de la Ley General Tributaria y, 99 del Reglamento General de Recaudación) están tasados según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 _R. Ar. 544_, de 25 y 29 de junio de 1990 _R. Ar. 4934 y 5454_, entre otras), por lo que no cabe, en este momento, plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con las Administraciones Públicas no abonadas en el periodo voluntario que, como actos principales, deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando van a ser ejecutadas forzosamente al no haberse abonado.

Segundo._Del examen del expediente se observa que, en el presente caso, se ha producido el supuesto contemplado en el apartado 1.d) del artículo 128 de la Ley Foral General Tributaria y, en el mismo apartado del artículo 89 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, por cuanto no consta en el expediente que la correspondiente resolución sancionadora fuera debidamente notificada al interesado, conforme exigen los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero); colocándole, de este modo, en una clara situación de indefensión. En concreto, los intentos de notificación de la sanción efectuados, por correo certificado, los días 18 y 21 de marzo de 2002, en la calle Grupo Martiket, 11, de Villava (Navarra), no se realizaron en hora distinta (11:15 horas y 11:20 horas, respectivamente), tal y como exige el apartado 2 del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo, antes de proceder a su publicación edictal (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 73, de 17 de junio de 2002 e inserción en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Villava).

Conviene aclarar que este Tribunal, intentando objetivar al máximo la cuestión debatida, entiende que para que pueda hablarse de horas distintas ha de mediar un espacio de 60 minutos entre el primer y el segundo intento de notificación personal, requisito que en el presente caso no concurre.

De otro lado, la publicación edictal, está prevista por la Ley como un mecanismo excepcional de notificación; esto es, para aquellos supuestos en que se hayan agotado las posibilidades racionales de practicarla personalmente pues se trata, en definitiva, de una ficción legal. En este sentido se han pronunciado los órganos judiciales de Navarra haciéndose eco de la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de diciembre de 1995, reiterada, entre otras, por la de 13 de marzo, 2 de octubre y 30 de octubre, todas ellas de 2000 (RTC 65, 232 y 254, respectivamente), o la de 14 de enero de 2002 (RTC1).

Difícilmente puede decirse que en el presente caso se hayan agotado las posibilidades racionales de notificación personal cuando los intentos de realizarla se han llevado a cabo prácticamente a la misma hora. En opinión de este Tribunal, el hecho de hacerse a hora distinta pretende adaptarse a los tiempos actuales en los que en numerosos domicilios trabajan fuera del mismo todos sus ocupantes.

Tercero._Por último, conviene añadir a lo anterior que, al tratarse la sanción defectuosamente notificada de un acto que no ha llegado a conocimiento de su destinatario, con la consiguiente lesión a sus legítimos intereses, carece de eficacia; pues, "la notificación del acto administrativo no es condición de validez, ni menos de existencia del mismo, sino simplemente de eficacia frente al interesado, por lo que conocido finalmente por éste, aquél despliega sus efectos" (STS de 3 de marzo de 1992, R. Ar. 1775).

Cabe, además, citar al respecto, por todas, las SS.T.S. de 11 y 18 de octubre de 1996 (R. Ar. 7262 y 7277, respectivamente): "Todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación entre el órgano decisor y las partes contendientes (sean notificaciones, emplazamientos requerimientos, etc.) no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha materializado aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido o no, la misma en determinadas circunstancias. La entrega de una copia o traslado, la firma del receptor, su identidad, o la publicación de unos edictos, etc., no son más que signos materiales externos que, de alguna manera, revelan o presuponen una toma de conocimiento que, al ser consustancial al derecho de defensa, ha de verse rodeada de las máximas garantías, de ahí que en los modernos Ordenamientos rituarios tales exigencias se lleven hasta el límite de lo que la eficacia y los intereses de terceros permiten; y en la jurisprudencia de los Tribunales se extrema el formalismo de estos actos, en contra de las corrientes informalistas que dominan las nuevas concepciones del procedimiento".

Por otra parte, la acción para sancionar había prescrito y debió ser apreciada de oficio, puesto que, continuando con la exposición de las citadas Sentencias, "no cabe atribuir efectos interruptivos de la prescripción a notificaciones o publicaciones que adolezcan de cualesquiera defectos formales o carezcan de eficacia". Procede, por tanto, estimar el recurso y declarar nula y sin efecto la providencia de apremio recurrida.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona, con fecha 16 de septiembre de 2002, para la recaudación, en vía ejecutiva, de deuda en concepto de multa de tráfico (expediente sancionador número 122638/01); acto que debemos anular, y anulamos, por considerarlo contrario a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1324 de este Tribunal, de fecha 21 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4959, interpuesto por don Gerardo Manso Rodríguez, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de septiembre de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la misma Concejalía de fecha 14 de junio de 2002 (expediente municipal número 20403/02), sobre sanción por estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1324.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a veintiuno de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4959, interpuesto por don Gerardo Manso Rodríguez contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de septiembre de 2002, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal Delegado de fecha 14 de junio de 2002, correspondiente al expediente municipal número 20403/02, sobre sanción por estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 30 de septiembre de 2002, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la citada Concejalía que impone una sanción (en virtud de delegación de la potestad sancionadora de la Alcaldía de dicha Entidad Local, de fecha 5 de julio de 1999, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104/99, de 20 de agosto) por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en aparcar indebidamente un vehículo, en zona de estacionamiento limitado (ZEL), durante el horario afectado por tal limitación, sin tique ni tarjeta de residente habilitante en vigor (Avenida de Roncesvalles, frente al número 4), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 20403/02). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.

2.º El Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.

Fundamentos de Derecho:

Primero._Los hechos que motivaron la imposición de la sanción han quedado plenamente acreditados en el expediente pues como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados (fue el Vigilante de Tráfico con número profesional K-010 quien detectó la infracción, pero la denuncia fue formulada por el Agente de Policía Municipal con número profesional 48) y, dado que el interesado no presentó alegaciones en el momento procedimental oportuno (dentro de los quince días hábiles siguientes a que le fuera notificada la denuncia; la notificación se llevó a cabo por el Agente de Policía Municipal con número profesional 169 el mismo día en que la infracción fue denunciada, 25 de abril de 2002, cuando el hoy recurrente acudió a las dependencias municipales a las que había sido trasladado su vehículo por el Servicio Municipal de Grúa, con objeto de recogerlo, pues el hecho de que se negara a firmarla, no obsta para considerar evacuado el trámite), ni tampoco ahora, en fase de recurso, aporta prueba en contra, resulta evidente que la infracción se cometió.

Segundo._Alega el recurrente la violación del "Principio de Responsabilidad Personal por las Infracciones de Tráfico". Cabe decir al respecto que el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, obliga al titular del vehículo a identificar con precisión al conductor responsable de la infracción, no bastando meras manifestaciones evasivas tendentes a evitar la aplicación de la ley. En este sentido el Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 154/1994, de 23 de mayo, refiere que "es indudable que el propietario de un vehículo en razón del conjunto de derechos y obligaciones dimanantes de sus facultades dominicales y esencialmente debido al riesgo potencial que la utilización de un automóvil entraña para la vida, salud e integridad de las personas, debe conocer en todo momento quién lo conduce".

El recurrente fue expresamente requerido, cuando se le notificó la denuncia, para que identificara al conductor del vehículo en el momento de la infracción; no obstante, no lo hizo, de modo que resulta del todo improcedente imputar a la Administración sancionadora el incumplimiento en la observancia de las normas que rigen el Procedimiento Sancionador, puesto que ha sido el propio interesado el que, con su pasividad (hasta el momento en que formula recurso de reposición frente a la resolución sancionadora, por tanto extemporáneamente, nada manifiesta sobre la autoría de la infracción, de ahí que la Administración no venga obligada a tener en cuenta tal alegación), ha dado lugar a que aquélla lo haya considerado autor de los hechos denunciados.

Tercero._Conforme el artículo 65.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se consideran infracciones leves, "las cometidas contra las normas contenidas en esta Ley que no se califiquen expresamente como graves o muy graves". Al efecto, los artículos 39.2,b) de la Ley de Seguridad Vial y 94.2,b) del Reglamento General de Circulación, establecen la prohibición de estacionar "En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal". Por la comisión de infracciones leves se pueden imponer multas de hasta 91 euros (15.308 pesetas), conforme se tipifica en el artículo 67.1 de la misma ley, habiendo sido graduada la sanción impuesta en la cuantía de 60 euros (9.983 pesetas), graduación acertada, a juicio de este Tribunal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 69.1 del citado Cuerpo Legal, lo cual no es óbice para que, en virtud de los artículos 38.4 de la Ley y 93.1 del Reglamento, se considere ajustada a Derecho la retirada del vehículo por el Servicio Municipal de Grúa.

Cuarto._Por último, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido, en esencia, todos los trámites formales preceptivos, posibilitando a la recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo en el momento de la infracción, así como la formulación de alegaciones en su defensa, conforme exigen los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Se benefició, por tanto, el recurrente de un proceso contradictorio, pudo, en las diferentes etapas de éste, presentar cuantos argumentos consideraba pertinentes para la defensa de su causa. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra la resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 30 de septiembre de 2002, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la citada Concejalía que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 20403/02); resoluciones, ambas, que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarlas ajustadas a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 1295 de este Tribunal, de fecha 21 de marzo de 2003, que resolvió el recurso de alzada número 02-4966, interpuesto por don Angel María Rodríguez Ezpeleta, contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 1 de julio de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 24 de julio de 2001 (expediente municipal número 16186/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución número 1295.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.

En la ciudad de Pamplona, a veintiuno de marzo de dos mil tres.

Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-4966, interpuesto por don Angel María Rodríguez Ezpeleta contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 1 de julio de 2002, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 24 de julio de 2001 (expediente municipal número 16186/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.

Antecedentes de Hecho:

1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 1 de julio de 2002, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la providencia de apremio dictada por la referida Alcaldía, con fecha 24 de julio de 2001, como consecuencia del impago en periodo voluntario, por el interesado, del importe de una multa de tráfico derivada del expediente sancionador número 16186/00. Alega el recurrente los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la providencia sea anulada.

2.º Mediante providencia del Presidente de este Tribunal se ha dado traslado del recurso al Ayuntamiento citado para que remita el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamientos efectuadas y presente, de estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar el acto recurrido; extremos ambos que han sido cumplimentados por la Corporación de referencia.

Fundamentos de Derecho:

Primero._La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a cabo en un procedimiento de apremio.

Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa aplicable contenida, en esencia, en el artículo 138 de la Ley General Tributaria y, en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, que señalan que contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) pago o extinción de la deuda; b) prescripción; c) aplazamiento; d) falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma; e) defecto formal en la certificación o documento que inicie el procedimiento. Dichos motivos están tasados según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 _R. Ar. 544_, de 25 y 29 de junio de 1990 _R. Ar. 4934 y 5454_, entre otras), por lo que no cabe, en este momento, plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con las Administraciones Públicas no abonadas en el periodo voluntario que, como actos principales, deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando van a ser ejecutadas forzosamente al no haberse abonado.

Segundo._Del examen del expediente se observa que no se ha producido ninguno de los supuestos contemplados en los citados artículos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación. La resolución sancionadora fue notificada debidamente al recurrente el día 2 de mayo de 2001, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 54 e inserción en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Pamplona; tras dos intentos infructuosos de notificación domiciliaria llevados a cabo los días 27 y 29 de diciembre de 2000, en la dirección que él mismo facilitó al serle notificada la denuncia _calle Monasterio de Iranzu, 6-3.º D, de Pamplona_, y encontrarse ausente, en ambas ocasiones, el interesado en horas de reparto. La sanción devino firme y consentida al no haberse recurrido en tiempo y forma, por lo cual produce todos los efectos que de ella se derivan.

De otro lado, una vez firme en vía administrativa municipal, la resolución sancionadora se convirtió en ejecutiva (artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común); de modo que, expirado el plazo de ingreso voluntario a que se refiere el artículo 84 de la Ley Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), sin haber sido abonado el importe de la multa, el Ayuntamiento procedió, ajustándose a la legalidad vigente, a la exacción de la misma por la vía de apremio con el correspondiente recargo del 20% (artículos 98 y 100 del Reglamento General de Recaudación) y los intereses de demora (artículos 98 y 109 del mismo Cuerpo Legal).

Por lo demás, no cabe apreciar, en el supuesto que nos ocupa, la concurrencia del instituto jurídico de la prescripción; puesto que la providencia de apremio, ahora recurrida, fue debidamente notificada al recurrente el día 26 de abril de 2002 (fecha en que el interesado interpone frente a la misma el recurso de reposición cuya desestimación ahora nos ocupa; interpretación acorde a lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley 30/1992, que, en esencia y respecto a las notificaciones defectuosas, establece: "(...) surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda"); esto es, antes de que hubiese transcurrido un año desde que la sanción devino firme (artículo 81.2 LSV). Procede, por tanto, la desestimación del recurso.

Por todo lo expuesto, el Tribunal,

Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 1 de julio de 2002, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la providencia de apremio dictada por la referida Alcaldía, con fecha 24 de julio de 2001, para el cobro, en vía ejecutiva, del importe de una deuda derivada de una multa de tráfico (expediente sancionador número 16186/00); actos, ambos, que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarlos ajustados a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil tres._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Código del anuncio: A0305568

Hace cien años

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