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BOLETÍN Nº 39 - 31 de marzo de 2003
I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Otras Disposiciones
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Notificaciones de Acuerdos de Gobierno.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los Acuerdos de Gobierno resolviendo recursos de alzada contra las Resoluciones Sancionadoras de Transportes que se relacionan a continuación, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 12 de agosto de 2002, presenta Martín Conde, Julián contra la Resolución sancionadora 3089/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 600 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 16 de noviembre de 2001, al vehículo matrícula GU-6921-G, en el kilómetro 40 de la carretera N-121-A, por circular transportando troncos con un peso total en carga de 45.120 kilos estando autorizado para 40.000 kilos. Exceso de peso de 5.120 kilos (12%). Peso comprobado en báscula homologada.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 21 de marzo de 2002, se notificó a Martín Conde, Julián la incoación de expediente sancionador NA 0185/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 16 de noviembre de 2001, al vehículo matrícula GU-6921-G, en el kilómetro 40 de la carretera N-121-A, por circular transportando troncos con un peso total en carga de 45.120 kilos estando autorizado para 40.000 kilos. Exceso de peso de 5.120 kilos (12%). Peso comprobado en báscula homologada.
2.º El día 2 de abril de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 3 de julio de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 2 de abril de 2002, se confirma toda vez que el hecho queda acreditado por el ticket de pesaje en báscula oficial homologada con certificación vigente, documentos ambos que le fueron remitidos al interesado a petición propia y a quien, a su vez, se le concedió un nuevo plazo de alegaciones para que a la vista de estos documentos manifestase lo que a su derecho conviniera, plazo que ha transcurrido sin que el interesado formulase alegación alguna dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 3089/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Martín Conde, Julián una sanción de 600 euros.
4.º Con fecha 12 de agosto de 2002, Martín Conde, Julián interpone recurso de alzada en el que niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia.
En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia, según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad, a menos que se pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, obviamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denunciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de denuncia, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado obtuvo. (Fundamento de Derecho sexto de la Sentencia 9 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).
En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un hecho denunciado es formulada por Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible, ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido legalmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".
En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada por el ticket de pesaje expedido por báscula homologada con certificado de verificación vigente en el momento de la denuncia en el que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto, invocando la aplicación del principio de proporcionalidad.
2.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 600 euros, en función del porcentaje de exceso de peso detectado.
Por tanto la sanción ha sido correctamente graduada y no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Martín Conde, Julián contra la Resolución sancionadora 3089/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, dieciocho de noviembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 30 de septiembre de 2002, presenta José Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., contra la Resolución sancionadora 3091/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 360 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 6 de noviembre de 2001, al vehículo matrícula 3730-BFV, por cargar piedra para escollera en el vehículo 3730-BFV, con un peso de 34.300 kilos, siendo su peso máximo autorizado de 32.000 kilos.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 20 de marzo de 2002, se notificó a Canteras Yanci, S.A., la incoación de expediente sancionador NA 0203/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 6 de noviembre de 2001, al vehículo matrícula 3730-BFV, por cargar piedra para escollera en el vehículo 3730-BFV, con un peso de 34.300 kilos, siendo su peso máximo autorizado de 32.000 kilos. Exceso de 2.300 kilos (+7%). Comprobado en albarán de carga número 55359.
2.º El día 12 de abril de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 3 de julio de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 12 de abril de 2002, se confirma la sanción toda vez que cumplida la petición del interesado de remisión de documentos y concedido un nuevo plazo de alegaciones para que a la vista del boletín de denuncia enviado pudiese alegar lo que a su derecho conviniese, ha transcurrido ese plazo sin que el interesado haya realizado manifestación alguna dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 3091/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Canteras Yanci, S.A., una sanción de 360 euros.
4.º Con fecha 30 de septiembre de 2002, José Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., interpone recurso de alzada en el que expone que no se ha tenido en cuenta el escrito de alegaciones presentado anteriormente. Que deben remitírsele las pruebas de la comisión de la infracción porque de lo contrario se le produce indefensión. Que el vehículo debía llevar freno eléctrico que pesa alrededor e una tonelada por lo que debe descontarse del peso.
Fundamentos de Derecho:
1.º No puede tenerse por cierto el primero de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente puesto que las alegaciones presentadas frente al oficio del Servicio de Transportes en el que se le remite la prueba solicitada, son extemporáneas. El oficio fue recibido por el interesado el 31 de mayo de 2002 y en él se le concedio un plazo de 15 días hábiles para la presentación de las alegaciones que considerara oportunas. El interesado presentó alegaciones el día 19 de junio de 2002 mientras que el plazo finalizaba el día 18 del mismo mes. Por lo tanto no fueron tenidas en consideración y ello no constituye vulneración alguna del procedimiento.
2.º Por lo que respecta a la ausencia de pruebas que alega el recurrente, hay que señalar que en el oficio en el que se remitió la copia del boletín de denuncia ya se señaló que no existe ningún otro documento que el interesado no posea y sea relevante para la imputación puesto que el albarán de carga ya estaba en su poder. Hay que recordar en este momento que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común determina que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos puedan aportar los propios interesados, pruebas que el ahora recurrente no ha aportado.
3.º Finalmente hay que desechar el último de los argumentos recogidos por el recurrente puesto que se limita a afirmar una posibilidad que en ningún momento queda demostrada puesto que no presenta ninguna prueba de que el vehículo denunciado llevara instalado el dispositivo que menciona y en cualquier caso esta circunstancia debería ser tenida en cuenta a la hora de realizar la carga conforme a un nivel profesional de diligencia que es exigible en este caso.
4.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por José Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., contra la Resolución sancionadora 3091/2002, de 3 de julio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, cuatro de diciembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 18 de julio de 2002, presenta don Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., contra la Resolución sancionadora 2230/2002, de 7 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 900 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 21 de noviembre de 2001, en el kilómetro 61 de la carretera N-121-A, por cargar "todo uno" en el vehículo NA-4090-AZ con un peso total de 30.420 kilos, estando autorizado para 26.000 kilos. Pesaje comprobado en albarán de carga número 56800 de 21 de noviembre de 2001. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 27 de marzo de 2002, se notificó a Canteras Yanci, S.A., la incoación de expediente sancionador NA 0228/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 21 de noviembre de 2001, en el kilómetro 61 de la carretera N-121-A, por cargar "todo uno" en el vehículo NA-4090-AZ con un peso total de 30.420 kilos, estando autorizado para 26.000 kilos. Pesaje comprobado en albarán de carga número 56800 de 21 de noviembre de 2001. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.
2.º El día 15 de abril de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 29 de mayo de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 15 de abril de 2002, se confirma la sanción toda vez que el interesado no ha desvirtuado en modo alguno el hecho imputado, limitándose a solicitar copias tanto del boletín de denuncia, de la documentación del vehículo pesado como del documento acreditativo del exceso de peso porque considera que sin estos documentos no puede estructurar su defensa, manifestación que carece de fundamento en tanto en cuanto el exceso de peso fue comprobado mediante un albarán de carga emitido por el interesado donde figura ese dato y los referidos al vehículo, por lo que en todo momento pudo alegar lo que a su derecho conviniera dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 2230/2002, de 7 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Canteras Yanci, S.A., una sanción de 900 euros.
4.º Con fecha 18 de julio de 2002, don Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., interpone recurso de alzada en el que niega los hechos y manifiesta que la falta de remisión de las pruebas ha limitado su derecho de defensa. Que se ha producido la caducidad del procedimiento. Que las resoluciones se han dictado por el director, sin que se haya respetado la separación de órganos. Que la infracción no se le puede imputar al transportista y al cargador. Que el procedimiento muestra multitud de irregularidades. Que la cuantía de la sanción es arbitraria y desproporcionada.
Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente niega los hechos y manifiesta que la falta de remisión de las pruebas ha limitado su derecho de defensa.
Ha de recordarse que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, atribuye valor probatorio a los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos puedan aportar los propios interesados.
En el expediente recurrido el recurrente es el único que puede desvirtuar el hecho denunciado con la presentación del albarán de carga número 56800 que fue emitido por el interesado.
2.º Que se ha producido la caducidad del procedimiento.
El artículo 205 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción dada por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, establece que el plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación, siendo de aplicación, si sobrepasase dicho plazo, lo previsto en el punto 4 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho plazo queda modificado según el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable en este caso, al establecer que: "2 El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación".
El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, supuesto ante el que nos encontramos, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho Reglamento, a diferencia del que regula el procedimiento sancionador en materia de tráfico, no admite la posibilidad de incoación del expediente a través de la propia denuncia, sino que pospone ésta a un momento posterior, encomendando al instructor del procedimiento el traslado de los hechos al interesado, traslado que habrá de contener toda la información necesaria para asegurar la defensa del interesado y en el que se le concede un plazo de quince días para la presentación de alegaciones y la aportación o proposición de pruebas.
La fecha del acuerdo de incoación es el 27 de febrero de 2002, fecha en que se incoa el expediente sancionador y la fecha de la notificación de la resolución sancionadora es de 20 de junio de 2002, por lo que no ha transcurrido el plazo de 6 meses legalmente establecido.
3.º Que las resoluciones se han dictado por el director, sin que se haya respetado la separación de órganos.
En la notificación de la denuncia, se indica claramente como instructor del expediente al Inspector del Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra, señalándose además que, según la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, el órgano competente para sancionar en materia de transportes es el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.
La Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común suprime, en el Título IX, la prohibición de la delegación en el ejercicio de la potestad sancionadora.
En virtud de lo dispuesto anteriormente, la Orden Foral 3912/1999, de 7 de octubre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, delega el ejercicio de atribuciones en los Directores Generales.
Dicha notificación, además, establece el régimen de recusación del Instructor, así como el derecho del denunciado a presentar las alegaciones y pruebas que intentare valerse, así como cuál es el hecho denunciado, cuáles son los preceptos infringidos y los sancionadores, sanción que corresponde, día, hora y lugar de la infracción, así como matrícula del vehículo denunciado e identidad del denunciante, por lo que reúne todos los requisitos para garantizar los derechos del recurrente, habiéndose respetado perfectamente la separación entre el instructor del expediente y el órgano sancionador.
4.º Que la infracción no se le puede imputar al transportista y al cargador.
El artículo 140.c) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece que la responsabilidad de las infracciones por el exceso en el peso máximo autorizado de los vehículos previstas en este artículo, así como de las previstas en el apartado i) del artículo 141, y en el apartado e) del artículo 142, corresponderá tanto al transportista, como al cargador y al intermediario, salvo que alguno de ellos justifique respecto a sí mismo la existencia de causas de inimputabilidad, que no ha ocurrido en el presente expediente.
5.º Que el procedimiento muestra multitud de irregularidades.
Analizado éste se comprueba cómo se ha cumplido escrupulosamente con todas las actuaciones exigidas por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado por el Real Decreto 1772/1994, por el que se adecua la Ley 16/1987 a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto constan las siguientes actuaciones: denuncia por agente de la autoridad, orden de incoación de expediente sancionador notificada en forma al denunciado a quien se le confirió la posibilidad de presentar alegaciones y quien efectivamente hizo uso de este derecho, asimismo, hay informe de la Inspección previo a la Resolución sancionadora y finalmente se dictó la Resolución sancionadora, por lo que, en absoluto, se puede considerar nulo el procedimiento.
6.º Que la cuantía de la sanción es arbitraria y desproporcionada.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 900 euros, en función del porcentaje de exceso de peso detectado sobre el peso máximo autorizado.
Por tanto la sanción ha sido correctamente graduada y no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
7.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Ignacio Carrillo Arzuaga, en representación de Canteras Yanci, S.A., contra la Resolución sancionadora 2230/2002, de 7 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, dieciocho de noviembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 12 de agosto de 2002, presenta Pablo Ortega, Jaime contra la Resolución sancionadora 2857/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 600 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de febrero de 2002, al vehículo matrícula BU--6945-T, en el kilómetro 29,500 de la carretera A-15, por realizar un periodo de conducción diario de 13 horas 35 minutos. Periodo comprendido entre las 07:50 y las 22:40 horas del primer disco y las 23:40 a las 03:05 horas del segundo disco.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 9 de mayo de 2002, se notificó a Pablo Ortega, Jaime la incoación de expediente sancionador NA 0331/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de febrero de 2002, al vehículo matrícula BU-6945-T, en el kilómetro 29,500 de la carretera A-15, por realizar un periodo de conducción diario de 13 horas 35 minutos. Periodo comprendido entre las 07:50 y las 22:40 horas del primer disco y las 23:40 a las 03:05 horas del segundo disco.
2.º El día 28 de mayo de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 21 de junio de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 28 de mayo de 2002, procede confirmar la sanción toda vez que el hecho denunciado queda suficientemente acreditado tras el examen de los discos diagrama intervenidos por el Agente, copia de los cuales fue remitida al interesado, constituyendo los referidos discos la prueba más fehaciente de la infracción que se imputa, no considerándose procedente la práctica de la prueba propuesta en virtud de lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida y en función del exceso de conducción diario detectado dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 2857/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Pablo Ortega, Jaime una sanción de 600 euros.
4.º Con fecha 12 de agosto de 2002, Pablo Ortega, Jaime interpone recurso de alzada en el que niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia. Que se ha prescindido del procedimiento al no habérsele remitido el informe ratificador solicitado en alegaciones. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia.
En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia, según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad, a menos que se pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, obviamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denunciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de denuncia, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado obtuvo. (Fundamento de Derecho sexto de la Sentencia 9 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).
En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un hecho denunciado es formulada por Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible, ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido legalmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".
En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada por los discos diagrama en los que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto, invocando la aplicación del principio de proporcionalidad.
2.º Que se ha prescindido del procedimiento al no habérsele remitido el informe ratificador solicitado en alegaciones.
El artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acreditada directamente en las hojas de registro retiradas al conductor el día de la denuncia.
3.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 600 euros, en función del exceso de conducción detectado.
Por tanto la sanción ha sido correctamente graduada y no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
4.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Pablo Ortega, Jaime contra la Resolución sancionadora 2857/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, cuatro de noviembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 14 de agosto de 2002, presenta Pablo Ortega, Jaime contra la Resolución sancionadora 2858/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 450 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de febrero de 2002, al vehículo matrícula BU-6945-T, en el kilómetro 29,500 de la carretera A-15, por realizar un periodo de conducción diario de 12 horas 45 minutos. Periodo comprendido entre las 08:20 horas hasta 22:45 horas del primer disco y las 23:50 a las 02:50 horas del segundo disco.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 9 de mayo de 2002, se notificó a Pablo Ortega, Jaime la incoación de expediente sancionador NA 0332/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de febrero de 2002, al vehículo matrícula BU-6945-T, en el kilómetro 29,500 de la carretera A-15, por realizar un periodo de conducción diario de 12 horas 45 minutos. Periodo comprendido entre las 08:20 horas hasta 22:45 horas del primer disco y las 23:50 a las 02:50 horas del segundo disco.
2.º El día 28 de mayo de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 26 de junio de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 28 de mayo de 2002, procede confirmar la sanción toda vez que el hecho denunciado queda suficientemente acreditado tras el examen de los discos diagrama intervenidos por el Agente, copia de los cuales fue remitida al interesado, constituyendo los referidos discos la prueba más fehaciente de la infracción que se imputa, señalándose que el artículo 12 del Reglamento de la Comunidad Europea 3820/1985 exige que el conductor recoja en el disco el tipo y motivo de la excepción decidida, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida y en función del exceso de horas de conducción diarias detectado, tomado sobre la base de 10 horas diarias, dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 2858/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Pablo Ortega, Jaime una sanción de 450 euros.
4.º Con fecha 14 de agosto de 2002, Pablo Ortega, Jaime interpone recurso de alzada en el que niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia. Que se ha prescindido del procedimiento al no habérsele remitido el informe ratificador solicitado en alegaciones. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente niega los hechos amparándose en el principio de presunción de inocencia.
En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia, según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad, a menos que se pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, obviamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denunciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de denuncia, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado obtuvo. (Fundamento de Derecho sexto de la Sentencia 9 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).
En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un hecho denunciado es formulada por Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible, ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido legalmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".
En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada por los discos diagrama en los que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto, invocando la aplicación del principio de proporcionalidad.
2.º Que se ha prescindido del procedimiento al no habérsele remitido el informe ratificador solicitado en alegaciones.
El artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acreditada directamente en las hojas de registro retiradas al conductor el día de la denuncia.
3.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 450 euros, en función del exceso de conducción detectado.
Por tanto la sanción ha sido correctamente graduada y no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
4.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Pablo Ortega, Jaime contra la Resolución sancionadora 2858/2002, de 27 de junio, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, cuatro de noviembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 4 de octubre de 2002, presenta Ruta Tir, S.L., contra la Resolución sancionadora 5158/2002, de 9 de septiembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 1.500 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 19 de enero de 2002, al vehículo matrícula 6727-BNK, en el kilómetro 0,100 de la carretera NA-30, por transportar desde Irún hasta Zaragoza materias peligrosas.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 1 de julio de 2002, se notificó a Ruta Tir, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 0467/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 19 de enero de 2002, al vehículo matrícula 6727-BNK, en el kilómetro 0,100 de la carretera NA-30, por transportar desde Irún hasta Zaragoza materias peligrosas número 3264 1 bulto, 480 kilos, número 1993 1 bulto, 57 kilos, número 3266 3 bultos, 2.454 kilos, número 1263 1 bulto, 400 kilos, número 3264 1 bulto, 480 kilos, número 1993 3 bultos, 57 kilos, careciendo de extintor.
2.º El día 10 de julio de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 9 de septiembre de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 10 de julio de 2002, se confirma toda vez que el interesado en sus alegaciones, apoyándose en lo preceptuado en el Marginal 10.240 del ADR, señala que llevaba un extintor, por lo que considera que lo cumplía. Sin embargo y remitiéndose a lo señalado en el Marginal aplicado, el vehículo debe llevar dos extintores, uno de 2 kilos, señalado en el apartado 1 del Marginal y que era el que llevaba el vehículo y otro de 6 kilos, aparato 2 del citado Marginal y que era del que carecía. En cuanto a su petición de informe del Agente, señalar que el interesado en su alegación no aporta elemento alguno distinto de los iniciales y sobre el que debiera pronunciarse, por lo que no se considera procedente atender tal petición dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 5158/2002, de 9 de septiembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Ruta Tir, S.L., una sanción de 1.500 euros.
4.º Con fecha 4 de octubre de 2002, Ruta Tir, S.L., interpone recurso de alzada en el que expone que ya cumple con la normativa porque llevaba un extintor adecuado en la cabina. Que no se ha practicado la prueba propuesta y solicita de nuevo la misma. Que se incumple con la obligación de dictar los actos de forma escrita. Que no se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia porque falta traslado de la propuesta de resolución. Que solicita que se le envíe copia de todos los documentos obrantes en el expediente. Que niega los hechos. Que la resolución sancionadora no está suficientemente motivada.
Fundamentos de Derecho:
1.º En cuanto a la primera de las alegaciones realizadas por la parte interesada en su escrito de recurso, debemos señalar que no es cierto porque el texto del marginal 10.240 del ADR que como afirma el recurrente es aplicable en este caso establece en su apartado a) que deberá llevarse "al menos un aparato portátil de lucha contra incendios de una capacidad mínima de 2 kilos ...". Queda claro que este es el mínimo exigible, que debe llevarse en cabina, extremo que se cumplía en el presente caso y por el cual no ha sido denunciado. Al contrario, la denuncia se basa en el incumplimiento del apartado b), del mismo marginal que afirma lo siguiente "Toda unidad de transporte de mercancías peligrosas deberá estar provista: además de lo previsto en a) anteriormente, de al menos un aparato portátil de lucha contra incendios de una capacidad mínima de 6 kilos de polvo ..." que deberá llevarse en el remolque-caja. Por lo tanto queda clara la comisión de la infracción puesto que el mismo recurrente afirma que solo llevaba un extintor, tal como se constata en el boletín de denuncia del agente, que goza de presunción de veracidad conforme a lo previsto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, y frente al cual el interesado no ha aportado prueba alguna para desvirtuar los hechos.
2.º Respecto de la ausencia de práctica de la prueba propuesta por el recurrente, debemos en primer lugar, recordar que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, que el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las propuestas ni desapodera al instructor de su derecho a enjuiciar la pertinencia de las mismas (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1990, de 15 de febrero, en su fundamento jurídico quinto, entre otras).
Sobre la base de lo anterior, tenemos que mencionar en este momento el artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, que según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acreditada directamente en el boletín de denuncia del agente y en las alegaciones realizadas por el recurrente y su posterior escrito de recurso en el que afirma que llevaba solo uno de los dos extintores que son precisos.
La Sentencia de 27 de marzo de 2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, afirma: "El artículo 211 párrafo primero del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que si el denunciado formulara alegaciones en oposición se trasladarán al denunciante, salvo que la disconformidad del denunciado se fundamente únicamente en la ilegalidad de la disposición que ampara la calificación de los hechos, para que en el plazo de quince días se manifieste sobre dichas alegaciones, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, podrán proseguirse las actuaciones como corresponda. Si tales alegaciones se formularan en procedimiento incoado por denuncia de particulares, el denunciante será requerido además para que aporte pruebas sobre la veracidad de los hechos no admitidos por el denunciado. Pues bien en el presente caso no era necesaria tal ratificación ya que por un lado el demandante se limita a negar apodícticamente los hechos sin manifestar ni fundamentar mínimamente una oposición a los hechos de manera racional, y por otro el demandante en dicho escrito de alegaciones añade determinadas valoraciones jurídicas que exceden del ámbito de pronunciamiento del denunciante; todo ello hacía innecesaria en el presente caso tal ratificación.
Por otra parte y en cualquier caso, la omisión de tal trámite supondría una irregularidad procedimental que en el presente caso no ha causado indefensión material alguna al demandante hecho que enervaría la apreciación de una causa de anulación del acto. Además la regulación que hace el ROTT al decir "para que en el plazo de quince días se manifieste sobre dichas alegaciones, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, podrán proseguirse las actuaciones como corresponda", delimita claramente la repercusión que su omisión puede acarrear lo que debe ponerse en conexión, como así hace esta Sala, tanto con al eventual valoración que definitivamente pueda hacerse de los hechos en relación con su virtualidad para enervar el principio de presunción de inocencia como con la causación de indefensión. Siendo así que ha quedado en el presente caso ha quedado destruida la presunción de inocencia por los hechos constatados sin que se haya producido indefensión material alguna".
En la resolución sancionadora se motivó convenientemente la denegación de la práctica de la prueba solicitada y su práctica, como ya se ha visto, tampoco procede en este momento.
3.º Sobre la supuesta nulidad de la resolución sancionadora, basada en el incumplimiento de lo preceptuado por los artículos 55.1 y 62.1 Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se exige forma escrita a las resoluciones sancionadoras, el recurrente afirma que la resolución ha sido impuesta verbalmente porque "...el Director General ha dictado ..."; consultado el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la voz "dictar", en su acepción segunda, recoge: "tratándose de leyes, fallos, preceptos etc. darlos, expedirlos, pronunciarlos" sin que en ningún momento mencione que esta pronunciación deba ser necesariamente de tipo verbal, como por otra parte no sucede en el presente caso puesto que es indudable que el recurrente recibió notificación escrita de la misma (en fecha 26 de septiembre de 2002) como consta en el acuse de recibo, en la que se contienen todos los datos necesarios para llevar a cabo su defensa, con lo que quedan cumplidos de sobra, no solo el tenor literal de la ley sino también su espíritu.
4.º Acerca de la ausencia de traslado de la propuesta de resolución, el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indica las normas procedimentales que se han de tener en cuenta en las infracciones en materia de transporte. Estas normas han sido respetadas en el procedimiento sancionador que ahora se recurre.
En concreto, el Real Decreto 1211/1990, en su artículo 212, y en relación con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé la no necesidad del trámite de audiencia al interesado "cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".
Esto es lo que ocurre en el supuesto que ahora nos ocupa, pues la propuesta de resolución no contiene hechos o alegaciones, ni tampoco prueba alguna, diferentes a las aducidas anteriormente por el interesado, por lo que el trámite de audiencia al mismo en tal momento procesal no era preceptivo en absoluto, de modo que no ha existido la indefensión que alega el recurrente.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia de 9 de marzo de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, fundamento de derecho cuarto, en el que afirma que el trámite de audiencia no es preceptivo, no siendo preciso en el específico procedimiento seguido al actor por no intervenir más que el mismo como interesado, no tenerse en cuenta otras alegaciones que las hechas por él, según previene el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, cabe destacarse la sentencia de 15 de febrero de 1996, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que afirma que la omisión del trámite de audiencia no produce indefensión si el Tribunal dispone de suficientes elementos de juicio para resolver la cuestión.
5.º Solicita el recurrente que se le de vista del expediente, a efectos de que se cumpla el derecho establecido en los artículos 84 y 85.1 de la Ley 30/1992, debe señalarse que la efectividad de tal derecho ha sido garantizada plenamente.
Así, hay que tener en consideración que, en fecha 3 de julio de 2002, se notificó al recurrente la incoación del expediente sancionador de referencia, indicándole su derecho a presentar alegaciones, así como a proponer o aportar las pruebas que estimare conveniente, derecho del que el interesado hizo uso.
Por su parte, el día 26 de septiembre de 2002, el recurrente recibe notificación de la resolución sancionadora, por lo que en todo momento del procedimiento ha tenido acceso a los documentos obrantes en el expediente.
La propuesta de resolución no le fue notificada al recurrente, ya que dicha notificación no resultaba necesaria en absoluto.
Así, el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, indica las normas procedimentales que se han de tener en cuenta en las infracciones en materia de transporte. Estas normas han sido respetadas en el procedimiento sancionador que ahora se recurre.
En concreto, el Real Decreto 1211/1990, en su artículo 112, y en relación con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé la no necesidad del trámite de audiencia al interesado "cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".
Esto es lo que ocurre en el supuesto que ahora nos ocupa, pues la propuesta de resolución no contiene hechos o alegaciones, ni tampoco prueba alguna, diferentes a las aducidas anteriormente por el interesado, por lo que el trámite de audiencia al mismo en tal momento procesal no era preceptivo en absoluto, de modo que no ha existido la indefensión que alega el recurrente.
Por tanto, en todo momento han quedado garantizados los derechos del recurrente, de modo que no resulta necesario darle vista del expediente.
6.º Finalmente respecto de la motivación de la Resolución sancionadora ahora recurrida, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que habrán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.
La resolución sancionadora 5158/02 de 9 de septiembre, es una resolución lo suficientemente motivada, que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado, en cuanto que analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denunciado), así como qué infracción constituye tal hecho, y qué sanción corresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la infracción como la sanción, y habiendo analizado las alegaciones presentadas por el recurrente, que no se estiman debido a que el hecho denunciado queda constatado de la lectura del ADR y las alegaciones presentadas.
En este sentido, cabe recordar lo expuesto en la Sentencia 53/1996, de 12 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se ha pronunciado sobre el argumento del recurrente de la falta de motivación de dos órdenes forales dictadas por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, y en las que se sancionaban infracciones en materia de transporte.
En la citada sentencia se afirma: "Tampoco adolece de falta de motivación, pues, aunque de manera sucinta y compendiosa, ambas resoluciones expresan con precisión los hechos y circunstancias constitutivos de la infracción -día, hora, lugar, vehículo, peso de la carga transportada y de la autorizada, así como de los preceptos legales y reglamentarios que la tipifican como muy grave, proporcionando información suficiente del fundamento jurídico y fáctico de las sanciones impuestas, en términos que posibilitan su impugnación y la revisión jurisdiccional de su conformidad o adecuación a Derecho, con lo que dicha motivación cumple en lo fundamental las exigencias básicas que el derecho de defensa reclama y las que el control de los actos de la Administración precisa."
Así pues, la resolución sancionadora ha respetado en todo momento los preceptos que el denunciado considera vulnerados, pues es una resolución motivada, que ha decidido las diversas cuestiones planteadas por los interesados, que ha valorado las pruebas existentes, fijando los hechos, la persona responsable de los mismos, la infracción cometida, y la sanción que se impone.
7.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Ruta Tir, S.L., contra la Resolución sancionadora 5158/2002, de 9 de septiembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, nueve de diciembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 1 de octubre de 2002, presenta Felix Gastón Arrastia, en representación de Autocares Felix Gastón, S.L., contra la Resolución sancionadora 4258/2002, de 13 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 300 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 10 de enero de 2002, al vehículo matrícula NA-3461-AH, en el kilómetro 75 de la carretera A-15, por circular con un limitador de velocidad que funciona mal.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 5 de julio de 2002, se notificó a Autocares Felix Gastón, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 0567/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 10 de enero de 2002, al vehículo matrícula NA-3461-AH, en el kilómetro 75 de la carretera A-15, por circular con un limitador de velocidad que funciona mal.
2.º El día 26 de julio de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 12 de agosto de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 26 de julio de 2002, procede confirmar la sanción, toda vez que el hecho denunciado queda verificado mediante el disco diagrama incorporado al boletín de denuncia, donde se observan velocidades constantes superiores a 100 kilómetros por hora, por lo que no procede practicar la prueba propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Por otra parte, la Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, estableciendo que las infracciones reguladoras de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las infracciones graves prescriben a los dos años, no habiendo operado la prescripción alegada.
Finalmente, señalar que se ha graduado correctamente la cuantía de la sanción, habiéndose propuesto la sanción dentro del tramo mínimo previsto para las infracciones graves, dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 4258/2002, de 13 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Autocares Felix Gastón, S.L., una sanción de 300 euros.
4.º Con fecha 1 de octubre de 2002, Felix Gastón Arrastia, en representación de Autocares Felix Gastón, S.L., interpone recurso de alzada en el que expone que el limitador de velocidad funcionaba correctamente según el taller al que se llevó a revisar. Que la infracción ha prescrito. Que no se le ha dado traslado de la propuesta de resolución. Que se infringe el principio de proporcionalidad. Que se le ha denegado el acceso a la prueba.
Fundamentos de Derecho:
1.º No puede ser tenida en cuenta la alegación según la cual el limitador de velocidad funciona correctamente porque del examen del disco diagrama se desprende la conclusión contraria. En el mencionado disco, intervenido el día de la denuncia, se aprecian velocidades constantes superiores a la permitida sin que el limitador entre en funcionamiento.
2.º Por lo que respecta a la prescripción de la infracción, debemos recordar que La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero), que el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor: "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".
De igual manera, la sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".
Asimismo se pronuncia la sentencia de 28 de septiembre de 2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Navarra: "Pero el plazo de prescripción no es de tres meses sino de un año pues el artículo 145.1 de la Ley 16/1987 debe entenderse tácitamente derogado por la Disposición Adicional 11.ª de la Ley 42/1994, conforme a la cual las infracciones y sanciones de la legislación de transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, salvo cuando se trate de infracciones leves en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año (Sentencia del T.S de 20 de enero de 1997).
Esta interpretación es la que mantiene la Sala desde la sentencia dictada el 26 de junio de 2000 en el recurso 1035/97, pues en sentencias anteriores como las citadas por el recurrente sostuvo la vigencia del artículo 145.1 de la Ley 16/1987 aún después de la Disposición Adicional antes mencionada."
Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, que no han transcurrido en el procedimiento de referencia.
3.º Acerca de la ausencia de traslado de la propuesta de resolución, ha de manifestarse que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.
Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."
En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual realizó en el plazo establecido si bien las alegaciones realizadas no alteran en ningún punto el contenido de la acusación inicialmente formulada, no requiriendo actuaciones complementarias, ni una ulterior audiencia, para una hipotética valoración de tales actuaciones.
4.º También tenemos que rechazar a alegación del recurrente en la que afirma que no se aplica correctamente el principio de proporcionalidad. Hay que tener en cuenta que el hecho imputado constituye una infracción al artículo 141.h) de la Ley 16/1987, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 300 euros, por lo que la sanción se ha impuesto ya en su tramo mínimo, de modo que no resulta en absoluto desproporcionada.
5.º Para concluir, señalar que la denegación de la prueba solicitada por el ahora recurrente en su escrito de alegaciones fue convenientemente rechazada en la resolución sancionadora porque no se consideró pertinente. No podemos olvidar que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el derecho al empleo de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las propuestas ni desapodera al instructor de su derecho a enjuiciar la pertinencia de las mismas (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1990, de 15 de febrero, en su fundamento jurídico quinto, entre otras).
En el expediente que ahora nos ocupa consta el disco diagrama intervenido el día de la denuncia en el que se aprecia la infracción. Esta constituye la prueba más fehaciente de los hechos que se imputan y las pruebas solicitadas no pueden añadir datos nuevos que varíen la situación por lo que no procede su práctica y ello no produce indefensión alguna al recurrente.
6.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Felix Gastón Arrastia, en representación de Autocares Felix Gastón, S.L., contra la Resolución sancionadora 4258/2002, de 13 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, cuatro de diciembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 15 de octubre de 2002, presenta don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., contra la Resolución sancionadora 4800/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 300 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 9 de abril de 2002, al vehículo matrícula BB-J-2778, por no presentar a la Inspección el disco diagrama correspondiente al día 4 de noviembre de 2001 del vehículo matrícula BBJ-2728, faltando por justificar 50 kilómetros. Falta así mismo, un disco del día 6 con 60 kilómetros.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 19 de junio de 2002, se notificó a La Veloz Sangüesina, S.A., la incoación de expediente sancionador NA 0733/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 9 de abril de 2002, al vehículo matrícula BB-J-2778, por no presentar a la Inspección el disco diagrama correspondiente al día 4 de noviembre de 2001 del vehículo matrícula BBJ-2728, faltando por justificar 50 kilómetros. Falta así mismo, un disco del día 6 con 60 kilómetros.
2.º El día 4 de julio de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 27 de agosto de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de julio de 2002, procede confirmar la sanción toda vez que revisados los discos diagrama requeridos por la Inspección de Transportes se verifica que la línea de espacios recorridos registra los mismos kilómetros que se recorrieron según las anotaciones del conductor, no habiendo error en la anotación manual de éste, faltando por justificar los kilómetros denunciados.
Por otra parte señalar que se ha propuesto la sanción correspondiente a la infracción cometida en su tramo mínimo dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 4800/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a La Veloz Sangüesina, S.A., una sanción de 300 euros.
4.º Con fecha 15 de octubre de 2002, don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., interpone recurso de alzada en el que expone que se ha transgredido el plazo legal de prescripción establecido en el artículo 145 de la Ley 16/1987 y de su Reglamento. Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución. Que no es correcta la graduación de la sanción al no existir circunstancias agravantes legalmente establecidas. Niega los hechos manifestando que la denuncia no ha sido ratificada por el agente.
Fundamentos de Derecho:
1.º Manifiesta el recurrente que se ha transgredido el plazo legal de prescripción establecido en el artículo 145 de la Ley 16/1987 y de su Reglamento.
La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero), que el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor: "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".
De igual manera, la sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".
Asimismo se pronuncia la sentencia de 28 de septiembre de 2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Navarra: "Pero el plazo de prescripción no es de tres meses sino de un año pues el artículo 145.1 de la Ley 16/1987 debe entenderse tácitamente derogado por la Disposición Adicional 11.ª de la Ley 42/1994, conforme a la cual las infracciones y sanciones de la legislación de transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, salvo cuando se trate de infracciones leves en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año (Sentencia del T.S de 20 de enero de 1997).
Esta interpretación es la que mantiene la Sala desde la sentencia dictada el 26 de junio de 2000 en el recurso 1035/97, pues en sentencias anteriores como las citadas por el recurrente sostuvo la vigencia del artículo 145.1 de la Ley 16/1987 aún después de la Disposición Adicional antes mencionada."
Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, que no han transcurrido en el procedimiento de referencia.
En cuanto al Reglamento, la redacción actual del artículo 203, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos en materia de transportes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es la siguiente:
"No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud del procedimiento instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.
Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos fijados en la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres."
En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.
2.º Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución.
Ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.
Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."
En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual realizó en el plazo establecido si bien las alegaciones realizadas no alteran en ningún punto el contenido de la acusación inicialmente formulada, no requiriendo actuaciones complementarias, ni una ulterior audiencia, para una hipotética valoración de tales actuaciones.
3.º Que no es correcta la graduación de la sanción al no existir circunstancias agravantes legalmente establecidas.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 300 euros, por lo que la sanción se ha impuesto ya en su tramo mínimo, de modo que no resulta en absoluto desproporcionada.
4.º Niega los hechos manifestando que la denuncia no ha sido ratificada por el agente.
El artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque en el informe solo se pueden repetir los hechos ya que el recurrente no ha aportado prueba alguna que produzca variación en el hecho inicial.
Se ha de precisar que la denuncia es por no presentar a la Inspección el disco diagrama correspondientes al día 4 de noviembre de 2001, faltando por justificar 50 kilómetros. Tras las alegaciones presentadas han sido revisados los discos presentados y siguen faltando por justificar 50 kilómetros, siendo el recurrente el único que puede desvirtuar el hecho denunciado con la presentación del disco requerido.
5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., contra la Resolución sancionadora 4800/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, cuatro de diciembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Resolución de expediente sancionador
Visto el recurso de alzada que, con fecha 15 de octubre de 2002, presenta don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., contra la Resolución sancionadora 4802/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 300 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 9 de abril de 2002, al vehículo matrícula BBT-8322, por no presentar a la Inspección los discos diagrama correspondientes a los días 24 y 25 de noviembre de 2001, vehículo matrícula BBT-8322, faltando por justificar 22 kilómetros.
Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 19 de junio de 2002, se notificó a La Veloz Sangüesina, S.A., la incoación de expediente sancionador NA 0734/02, como consecuencia de la denuncia extendida por la Inspección de Transporte el día 9 de abril de 2002, al vehículo matrícula BBT-8322, por no presentar a la Inspección los discos diagrama correspondientes a los días 24 y 25 de noviembre de 2001, vehículo matrícula BBT-8322, faltando por justificar 22 kilómetros.
2.º El día 4 de julio de 2002, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 27 de agosto de 2002, la Instructora del Servicio de Transportes emite informe en el que considera que, habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de julio de 2002, procede confirmar la sanción toda vez que revisados los discos diagrama requeridos por la Inspección de Transportes se verifica que la línea de espacios recorridos registra los mismos kilómetros que se recorrieron según las anotaciones del conductor, no habiendo error en la anotación manual de éste, faltando por justificar los kilómetros denunciados.
Por otra parte señalar que se ha propuesto la sanción correspondiente a la infracción cometida en su tramo mínimo dictándose con posterioridad la Resolución sancionadora 4802/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a La Veloz Sangüesina, S.A., una sanción de 300 euros.
4.º Con fecha 15 de octubre de 2002, don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., interpone recurso de alzada en el que expone que se ha transgredido el plazo legal de prescripción de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley 16/1987 y de su Reglamento. Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución. Que no es correcta la graduación de la sanción al no existir circunstancias agravantes legalmente establecidas. Niega los hechos manifestando que la denuncia no ha sido ratificada por el agente.
Fundamentos de Derecho:
1.º Manifiesta el recurrente que se ha transgredido el plazo legal de prescripción de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley 16/1987 y de su Reglamento.
La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero), que el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo tenor: "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".
De igual manera, la sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".
Asimismo se pronuncia la sentencia de 28 de septiembre de 2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Navarra: "Pero el plazo de prescripción no es de tres meses sino de un año pues el artículo 145.1 de la Ley 16/1987 debe entenderse tácitamente derogado por la Disposición Adicional 11.ª de la Ley 42/1994, conforme a la cual las infracciones y sanciones de la legislación de transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, salvo cuando se trate de infracciones leves en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año (Sentencia del T.S de 20 de enero de 1997).
Esta interpretación es la que mantiene la Sala desde la sentencia dictada el 26 de junio de 2000 en el recurso 1035/97, pues en sentencias anteriores como las citadas por el recurrente sostuvo la vigencia del artículo 145.1 de la Ley 16/1987 aún después de la Disposición Adicional antes mencionada."
Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, que no han transcurrido en el procedimiento de referencia.
En cuanto al Reglamento, la redacción actual del artículo 203, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos en materia de transportes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es la siguiente:
"No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud del procedimiento instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.
Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos fijados en la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres."
En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.
2.º Que se ha omitido la notificación de la propuesta de resolución.
Ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.
Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."
En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual realizó en el plazo establecido si bien las alegaciones realizadas no alteran en ningún punto el contenido de la acusación inicialmente formulada, no requiriendo actuaciones complementarias, ni una ulterior audiencia, para una hipotética valoración de tales actuaciones.
3.º Que no es correcta la graduación de la sanción al no existir circunstancias agravantes legalmente establecidas.
Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 de su Reglamento, se ha calificado como grave.
Para estas infracciones se prevé multa de 276,47 euros a 1.382,33 euros.
En este supuesto se impone sanción de 300 euros, por lo que la sanción se ha impuesto ya en su tramo mínimo, de modo que no resulta en absoluto desproporcionada.
4.º Niega los hechos manifestando que la denuncia no ha sido ratificada por el agente.
El artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque en el informe solo se pueden repetir los hechos ya que el recurrente no ha aportado prueba alguna que produzca variación en el hecho inicial.
Se ha de precisar que la denuncia es por no presentar a la Inspección los discos diagrama correspondientes a los días 24 y 25 de noviembre de 2001, faltando por justificar 22 kilómetros. Tras las alegaciones presentadas han sido revisados los discos presentados y siguen faltando por justificar 22 kilómetros, siendo el recurrente el único que puede desvirtuar el hecho denunciado con la presentación de los discos que justifiquen los citados 22 kilómetros.
5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Jesús Zapata Bueno, en representación de La Veloz Sangüesina, S.A., contra la Resolución sancionadora 4802/2002, de 27 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.
2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Pamplona, nueve de diciembre de dos mil dos._El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.
Código del anuncio: A0302447
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