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BOLETÍN Nº 17 - 7 de febrero de 2003
I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Otras Disposiciones
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. Edictos de notificación.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal de fecha 9 de diciembre de 2002, dictada en el recurso de alzada número 02-1626, interpuesto por don Manuel Mosquera Armendáriz, contra providencia de apremio de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 10924/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Providencia.
Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
En la ciudad de Pamplona, a nueve de diciembre de dos mil dos.
Por recibido escrito formulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona de fecha 4 de diciembre de 2002, mediante el que se da cuenta de que por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) número 154/02 contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 3 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-1626 interpuesto por don Manuel Mosquera Armendáriz contra providencia de apremio de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 10924/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico; y solicita la remisión del expediente administrativo, una vez efectuados los emplazamientos establecidos en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo 49, así como en la Resolución del Secretario General de Presidencia de fecha 7 de mayo de 1992, por la que se dictan instrucciones para la remisión de los expedientes al Tribunal en los procesos contencioso-administrativos,
He resuelto:
Primero._Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona el expediente relativo al recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) número 154/02 interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 3 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-1626 interpuesto por don Manuel Mosquera Armendáriz contra providencia de apremio de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 10924/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Segundo._Notificar la presente providencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona, al Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Presidencia y a cuantos aparezcan como interesados en el expediente administrativo, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días contados a partir de la notificación.
Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, certifico.".
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3715 de este Tribunal, de fecha 11 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-5026, interpuesto por don Rubén Ichaso Induráin, contra providencia de apremio de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de marzo de 2001 (expediente municipal número 22127/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3715.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a once de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-5026, interpuesto por don Rubén Ichaso Induráin contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 19 de marzo de 2001 (expediente municipal número 22127/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona para el pago forzoso de una multa de tráfico no abonada en el periodo voluntario, impuesta como consecuencia de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador de referencia). El interesado alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la providencia sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Primero._La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a efecto en un procedimiento de apremio.
Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa aplicable contenida, en esencia, en el vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/90, de 20 de diciembre, cuyo artículo 99.1 señala que sólo cabe la impugnación del procedimiento de apremio en los siguientes casos: a) prescripción; b) anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) pago o aplazamiento en periodo voluntario; y d) defecto formal en el título expedido para la ejecución. Dichos motivos están tasados según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 _R. Ar. 544_, de 25 y 29 de junio de 1990 _R. Ar. 4934 y 5454_, entre otras muchas), por lo que no cabe en este momento plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con la Hacienda Pública no abonadas en periodo voluntario, que como actos principales deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando se van a ejecutar forzosamente al no haberse abonado.
Segundo._Del examen del expediente se observa que en el presente caso se ha producido el supuesto contemplado en el apartado b) del citado artículo 99.1 del reglamento puesto que la resolución sancionadora se ha notificado al recurrente sin reunir las garantías previstas por el ordenamiento jurídico para las notificaciones.
En relación con el presente supuesto, el artículo 59.2 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común establece que, "Si nadie pudiese hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes".
En la documentación remitida por el Ayuntamiento a este Tribunal se observa que los dos intentos infructuosos de notificación personal de la resolución sancionadora al interesado antes de proceder a su publicación edictal supletoria se han realizado con una diferencia horaria de, únicamente, 5 minutos (el primero de ellos el día 29 de septiembre de 2000 a las 11 horas y 55 minutos, y el segundo el día 2 de octubre de dicho año a las 12 horas), habiéndose incumplido el citado artículo 59.2 de la citada Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, por lo que los mismos no están válidamente efectuados puesto que no reúnen las garantías mínimas previstas por el ordenamiento jurídico, careciendo por ello también de eficacia la publicación edictal supletoria, la cual está prevista como mecanismo excepcional de notificación. En tal sentido cabe señalar la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida en Sentencias de como la de 11 de diciembre de 1995, o la de 14 de enero de 2002, entre otras, respecto de las notificaciones edictales: "(...) el recurso a los edictos al constituir un remedio último para los actos de comunicación procesal, de carácter supletorio y excepcional, requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción para el destinatario, y la convicción, obtenida con criterios de razonabilidad, del órgano judicial que ordene su utilización, de que al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal". En el supuesto que analizamos no es posible afirmar que se hayan agotado los medios de comunicación ordinarios observando las garantías previstas por el ordenamiento jurídico, concretamente por el artículo 59.2 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, antes de proceder a la publicación edictal supletoria del acto, siendo el efecto principal de un acto defectuosamente notificado su ineficacia, pues se trata de un acto válido pero ineficaz; en tal sentido la STS de 3-3-1992, R. Ar. 1992/1775, "la notificación del acto administrativo no es condición de validez, ni menos de existencia del mismo, sino simplemente de su eficacia frente al interesado, por lo que conocido por éste, aquél despliega sus efectos".
Cabe, además, citar en relación con el presente supuesto, entre otras, las SS.T.S. de 11 y 18 de octubre de 1996 (R. Ar. 7262 y 7277, respectivamente): "Todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación entre el órgano decisor y las partes contendientes (sean notificaciones, emplazamientos requerimientos, etc.) no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha materializado aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido o no, la misma en determinadas circunstancias. La entrega de una copia o traslado, la firma del receptor, su identidad, o la publicación de unos edictos, etc., no son más que signos materiales externos que, de alguna manera, revelan o presuponen una toma de conocimiento que, al ser consustancial al derecho de defensa, ha de verse rodeada de las máximas garantías, de ahí que en los modernos Ordenamientos rituarios tales exigencias se lleven hasta el límite de lo que la eficacia y los intereses de terceros permiten; y en la jurisprudencia de los Tribunales se extrema el formalismo de estos actos, en contra de las corrientes informalistas que dominan las nuevas concepciones del procedimiento".
Todo lo anterior ha provocado que la acción para sancionar haya prescrito, al haber transcurrido el plazo previsto para la prescripción de las sanciones establecido por el artículo 81.2 de la Ley Vial, pues, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo "(...) no cabe atribuir efectos interruptivos de la prescripción a notificaciones o publicaciones que adolezcan de cualesquiera defectos formales o carezcan de eficacia (...)". (Sentencias de 11 y 18 de octubre de 1996, entre otras, R. Ar. 7262 y 7277). Procede, en consecuencia, la estimación del presente recurso de alzada.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía de Pamplona para asegurar el pago de una deuda contraída como consecuencia de la imposición de una multa de tráfico; acto que debemos anular, y se anula, por no ser conforme a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3805 de este Tribunal, de fecha 24 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 99-6330, interpuesto por doña Susana Azcona Gaztelu, contra resolución sancionadora del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona recaída en el expediente municipal número 3408/97, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3805.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veinticuatro de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 99-6330, interpuesto por doña Susana Azcona Gaztelu contra resolución sancionadora del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona recaída en el expediente municipal número 3408/97, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona que impone sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionar indebidamente un vehículo en carril reservado para el transporte público (Plaza del Castillo, 49). La interesada alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Unico._Procede, en primer lugar, examinar si en el presente caso se han acreditado los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico para tener acceso a la vía del recurso de alzada, configurado contra los actos de las Entidades Locales, pues en caso contrario no sería posible entrar a conocer el fondo del asunto.
Al efecto, el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra, dispone en su artículo 22 que "la resolución declarará la inadmisibilidad del recurso de alzada en los casos siguientes: (...) d) Cuando recayere sobre cosa juzgada".
Por tanto, no pudiendo este Tribunal entrar a conocer un asunto ya impugnado anteriormente mediante el recurso de alzada número 97-3017, y resuelto por medio de nuestra resolución número 6113, de fecha 10 de mayo de 1999, procede declarar la inadmisión del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede inadmitir, y se inadmite, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra resolución sancionadora de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona dictada como consecuencia de una infracción en materia de tráfico.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3839 de este Tribunal, de fecha 28 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-0148, interpuesto por don Alfonso Sastre Arbáizar, contra desestimación tácita, por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, del recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento (expedientes municipales números 14160/97 y 2528/98), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3839.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiocho de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-0148, interpuesto por don Alfonso Sastre Arbáizar contra desestimación tácita, por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, del recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento (expedientes municipales números 14160/97 y 2528/98), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone el presente recurso de alzada contra desestimación tácita de recurso de reposición por medio del cual se impugnó diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona, en virtud de la cual fue embargada una cantidad para el cobro en vía ejecutiva de una deuda cuya causa procede de la imposición de dos multas en materia de tráfico, mas recargo de apremio, intereses y costas (expedientes sancionadores de referencia). El interesado, en base a los fundamentos jurídicos que estima aplicables, concluye con la súplica de que se declare nula la mencionada diligencia.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Unico._El presente recurso de alzada se dirige contra desestimación tácita de recurso de reposición por medio del cual se impugnó una diligencia de embargo que ha sido anulada posteriormente por la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona al estimar dicho recurso de reposición.
En definitiva, el objeto del presente recurso de alzada ha desaparecido por iniciativa del propio Ayuntamiento recurrido, de manera que no cabe sino dar por concluido el procedimiento mediante el archivo de las actuaciones.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Proceder al archivo de las actuaciones realizadas en el recurso de alzada interpuesto contra resolución tácita de recurso de reposición por medio del cual se impugnó una diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3819 de este Tribunal, de fecha 25 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-3033, interpuesto por don Pedro José Alsúa Arregui, contra resolución de la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de marzo de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra cuatro diligencias de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento (expedientes municipales números 25192/94, 11014/96, 8869/98 y 19419/99), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3819.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veinticinco de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-3033, interpuesto por don Pedro José Alsúa Arregui contra resolución dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 15 de marzo de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra cuatro diligencias de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento (expedientes municipales números 25192/94, 11014/96, 8869/98 y 19419/99), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone recurso de alzada contra Resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 15 de marzo de 2001 (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 71, de 11 de junio siguiente), desestimatoria del recurso de reposición (número 595/01) presentado contra diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 24 de noviembre de 2000, en virtud de la cual se decretó el embargo efectivo de bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal de la deuda, recargo de apremio, intereses y costas, que, en el presente caso, se concreta en los saldos de las cuentas abiertas por el interesado en Caja Rural de Navarra; todo ello en relación con cuatro expedientes de apremio incoados para el cobro en vía ejecutiva del importe de otras tantas multas en materia de tráfico no abonadas en periodo voluntario (expedientes sancionadores números 25192/94, 11014/96, 8869/98 y 19419/99). El recurrente, en base a los fundamentos jurídicos que estima aplicables, concluye con la súplica de que se declare por este Tribunal la improcedencia de la vía ejecutiva.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió los expedientes respectivos junto con los antecedentes acreditativos de su actuación, sin aportar informe en defensa de la legalidad del acto recurrido.
Fundamentos de Derecho:
Primero._El acuerdo de embargar determinados bienes en un procedimiento de apremio tiene un carácter instrumental en cuanto al efecto final a que dicho procedimiento se encamina, pero afecta de modo ineludible a los derechos de los titulares de aquéllos y en este punto presenta una sustantividad propia que le hace susceptible de ser objeto de un recurso independiente, lo cual no significa que por este medio esté abierta indefinidamente una vía para plantear cualquier tipo de cuestiones, "sino únicamente las relativas a la congruencia del acto impugnado con el fin a que se encamina" (STS de 10 de noviembre de 1992, R. Ar. 8675); y ello sin perjuicio del derecho del interesado a denunciar, en su caso, la falta de providencia de apremio, de conformidad con el artículo 99.2 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre).
Por lo demás, conocido es que toda diligencia de embargo es un mero acto de ejecución de otro anterior (Resolución del TEAC de 24 de octubre de 1996 _R. Ar. 1639_) que le precede y justifica (providencia de embargo) que, en principio, dado su carácter instrumental (o de mero trámite _Sentencia de 25 de febrero de 1991 del TSJ Extremadura_), no sería susceptible de recurso jurisdiccional y por ende, tampoco recurrible en alzada ante este Tribunal. No obstante la posibilidad de impugnar actos de esta naturaleza "descansa, en último término, en la situación de indefensión que su subsistencia sea capaz de producir en el interesado" (STS de 19 de abril de 1997 _R. Ar. 3151_).
Segundo._Examinada la documentación remitida por el ayuntamiento relativa al primero de los expedientes sancionadores arriba reseñados (número 25192/94), se observa que la diligencia de embargo que aquí se recurre trae causa de una providencia de apremio de la Alcaldía de Pamplona, de 5 de abril de 1995, oportunamente notificada al deudor, y recurrida por éste en alzada ante este Tribunal (expediente de recurso número 95-2565), que desestimó tácitamente el citado recurso mediante Certificado de Acto Presunto número 1677, de 28 de octubre de 1998.
Con fecha 30 de abril de 1995, por el Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona se dicta providencia de embargo que asimismo fue recurrida en alzada ante este Tribunal (expediente de recurso número 95-4716) y desestimado tácitamente dicho recurso mediante Certificado de Acto Presunto número 1879, de 28 de octubre de 1998, quedando expedita la vía jurisdiccional.
Tercero._Sentado lo anterior, se observa no obstante que la respectiva sanción había prescrito. Al respecto, debemos recordar que, de conformidad con lo previsto por el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, "Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan...", norma jurídica que en el presente caso nos remite a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) cuyo artículo 81.2 dispone que: "Las sanciones, una vez que adquieran firmeza, prescriben al año, prescripción que sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución". En el mismo sentido, el apartado 3 del artículo 132 de la citada Ley rituaria señala que: "El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción"; y añade: "Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante un mes por causa no imputable al infractor".
Pues bien, en el presente caso se observa que el plazo de prescripción de la sanción quedó interrumpido por la notificación de las respectivas providencias de apremio y embargo (este última, de 30 de abril de 1995, cuya fecha de notificación no consta, fue recurrida por el interesado el 31 de octubre de ese año, dándose por notificado); y que, paralizado el expediente de ejecución durante más de un mes por causa no imputable al apremiado, el citado plazo prescriptivo volvió a iniciarse de nuevo, de manera que cuando tuvo lugar la siguiente actuación administrativa válida y eficaz, con conocimiento del deudor, tendente a la ejecución o cobro de la citada deuda apremiada (diligencia de embargo de 22 de mayo de 1998, notificada al deudor el 11 de junio siguiente, por medio del Servicio de Correos; recibe y firma la notificación persona que se identifica como doña Fermina Arregui, madre, provista de DNI número 15.775.115; resultado de la traba 3.662 pesetas), había transcurrido un lapso de tiempo superior a un año y, por tanto, la sanción se hallaba prescrita; prescripción que, en cualquier caso, debió ser declarada de oficio.
Cuarto._Por último, es obligado reseñar que la interposición del recurso de alzada ante este Tribunal contra las citadas providencias de apremio y embargo (recurso de alzada "impropio" ya que no es un recurso jerárquico), no sólo no alarga artificialmente la vía administrativa municipal ni suspende en ningún caso la ejecución de la multa (artículo 339.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio y 8.2 del Decreto Foral 279/1990 en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999), sino que tampoco interrumpe el plazo prescriptivo; y así lo tiene declarado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sentencia de 15 de marzo de 2001 y, más explícitamente, en la de 31 de mayo siguiente (R. Ar. 762). Y ello es así porque, una vez firme la sanción, el plazo de prescripción solamente se interrumpe por las actuaciones encaminadas a su ejecución. En consecuencia, procede estimar el presente recurso en relación con este primer expediente sancionador (número 25192/94).
Quinto._Vista la documentación relativa al segundo de los expedientes sancionadores (número 11014/96), se observa que la diligencia de embargo aquí recurrida trae causa de una providencia de apremio de la Alcaldía de Pamplona, de 7 de abril de 1997, notificada al deudor el 28 de mayo siguiente, que fue recurrida por éste en alzada ante este Tribunal (expediente de recurso número 97-2612), que inadmitió, por extemporáneo, el citado recurso mediante Resolución número 5932, de 7 de mayo de 1999, quedando expedita la vía jurisdiccional.
Sentado lo anterior, se observa no obstante que la respectiva sanción había prescrito. En efecto, el plazo de prescripción de la sanción quedó interrumpido, inicialmente, por la notificación de la respectiva providencia de apremio (28 de mayo de 1997), y, posteriormente, por la notificación al interesado de las diligencias de embargo de 22 de mayo de 1998 y 20 de enero de 1999 (notificadas el 11 de junio de 1998 y el 9 de febrero de 1999, respectivamente); y, paralizado el expediente de ejecución durante un mes por causa no imputable al apremiado, el citado plazo prescriptivo volvió a iniciarse de nuevo, de manera que cuando tuvo lugar la siguiente actuación administrativa válida y eficaz, con conocimiento del deudor, tendente a la ejecución o cobro de la citada deuda apremiada (diligencia de embargo de 24 de noviembre de 2000, cuya fecha de notificación no consta pero el interesado recurrió en reposición el 5 de febrero de 2001, dándose por notificado), había transcurrido un lapso de tiempo superior a un año y, por tanto, la sanción se hallaba prescrita. En consecuencia, procede estimar el presente recurso en relación con este segundo expediente sancionador (número 11014/96).
Sexto._Examinada la documentación concerniente a los expedientes sancionadores números 8869/98 y 19419/99, se observa que la diligencia de embargo que aquí se recurre trae causa de dos providencias de apremio de la Alcaldía de Pamplona, de 27 de mayo de 1999 y 14 de febrero de 2000, respectivamente, de las que no es posible afirmar que hayan sido debidamente notificadas al apremiado, conforme exigen los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), dándose el motivo de oposición al embargo previsto en el artículo 99.2 del antes citado Reglamento General de Recaudación.
En concreto, no hay constancia de que los dos intentos de notificación de las citadas providencias de apremio, que se llevaron a cabo por medio del Servicio de Correos en el último domicilio conocido del interesado (Plaza Monasterio de Azuelo, 3-D-4.º J, de Pamplona), los días 7 y 8 de junio de 1999, en cuanto a la primera, y 28 y 30 de marzo de 2000, en cuanto a la segunda, se realizaran en "hora distinta", tal y como ordena el artículo 59.2 in fine de la Ley rituaria (en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero), con manifiesta indefensión para el interesado.
Y es que, como ya había señalado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 11 de febrero de 1998 (R. Ar. 1371) "la viciosa práctica de notificaciones, citaciones o emplazamientos que la Administración dirija al ciudadano puede situar a éste en una posición limitativa de su derecho a la defensa, en la medida que se sustrae a su pleno conocimiento el acto que incide en sus derechos subjetivos; y, seguidamente, esa indefensión en la esfera administrativa, comporta la natural limitación en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir el acceso del acto a la revisión por los Tribunales. De ahí que, ya en su sentencia de 30 de abril de 1987 (R. Ar. 2655), esta Sala dijera que "Ciertamente, todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimientos rodean los actos de comunicación entre el órgano... y las partes (sean notificaciones, citaciones, emplazamientos, etc.) no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido en determinadas circunstancias o no se ha producido. De ahí que en los modernos Ordenamientos rituarios tales exigencias se lleven hasta el límite de lo que la eficacia y los intereses de terceros permiten; y en la jurisprudencia de los Tribunales se extreme el formalismo de estos actos, en contra de las corrientes informalistas que dominan las nuevas concepciones del procedimiento".
Por lo demás, es incuestionable que la notificación por edictos es un medio excepcional al que sólo debe acudirse "cuando se hayan agotado las posibilidades racionales de practicarla personalmente" (véase STS de 6 de marzo de 1997; R. Ar. 2404/97), pues se trata, en definitiva, de una "ficción legal" (STS de 12 de diciembre de 1997; Recurso de Casación en interés de la Ley; R. Ar. 2264/98), criterio éste que viene a recoger doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (véanse, entre otras muchas, STC de 11 de diciembre de 1995, 13 de marzo y 2 de octubre de 2000 y de 14 de enero 2002). De manera que mal puede sostenerse que se hayan agotado las posibilidades de notificación personal cuando tales intentos de notificación se realizaron prácticamente a la misma hora, soslayando la previsión legal que en este punto viene a constatar un realidad social de todos conocida, cual es la de que en numerosos domicilios trabajan fuera del mismo todos sus ocupantes.
Por lo demás, las respectivas sanciones habían prescrito y tal circunstancia debió ser apreciada de oficio; y es que, como reiteradamente viene matizando la Jurisprudencia "no cabe atribuir efectos interruptivos de la prescripción a notificaciones o publicaciones que adolezcan de cualesquiera defectos formales o carezcan de eficacia" (Por todas, Sentencia del T.S. de 18 de octubre de 1996 _R. Ar. 7277_). Procede, en consecuencia, estimar el recurso en relación con estos dos últimos expedientes sancionadores (números 8869/98 y 19419/99).
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada, arriba referenciado, contra Resolución de la Alcaldía de Pamplona, desestimatoria del recurso de reposición contra diligencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona (expedientes sancionadores números 25192/94, 11014/96, 8869/98 y 19419/99); actos que debemos anular, y se anulan, por no ser ajustados a derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3692 de este Tribunal, de fecha 11 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-3334, interpuesto por don Sergio Pérez Sara, contra liquidación de Tasa por el Servicio de Grúa del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de julio de 2001, sobre retirada de vehículo por la grúa municipal, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3692.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a once de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-3334, interpuesto por don Sergio Pérez Sara contra liquidación de Tasa por el Servicio de Grúa del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de julio de 2001, sobre retirada de vehículo por la grúa municipal.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone el presente recurso de alzada contra una liquidación de la tasa por intervención del Servicio de Grúa expedida por el Ayuntamiento de Pamplona, como consecuencia de la retirada de un vehículo estacionado en parada prohibida obstruyendo la salida de otros vehículos bien estacionados (Trav. Monasterio Cilveti, 2). El recurrente alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la liquidación sea anulada y devuelto el importe abonado.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente respectivo junto con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Primero._Los hechos que dieron lugar a la intervención del Servicio de Grúa del Ayuntamiento han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico gozan de presunción de veracidad acerca de los hechos denunciados, a no mediar prueba en contrario; y, dado que el agente de la Policía Municipal denunciante, que se identifica con el número 78, se ha ratificado en todos los extremos contenidos en la denuncia (y, en particular, en el hecho de que el vehículo en cuestión, indebidamente estacionado en el centro de la calzada, según se observa en el croquis del agente, obstruía la salida de otros vehículos), sin que el interesado haya aportado prueba alguna en contrario, limitándose a negar el hecho denunciado, resulta evidente que la infracción que dio lugar a la intervención del Servicio de Grúa, así como a la incoación del correspondiente expediente sancionador, fue realmente cometida.
Segundo._Frente a las alegaciones del recurrente, debemos subrayar que el abono de la tasa por la intervención del Servicio de Grúa no tiene carácter punitivo; no se trata de un procedimiento sancionador en donde haya de ponderarse la responsabilidad del denunciado en la comisión de una infracción de tráfico y, en su caso, la eximente de estado de necesidad. Estamos por el contrario ante un supuesto en el que la actuación del ciudadano, que ha estacionado un vehículo en el centro de la calzada, perturbando gravemente el tráfico, ha originado la movilización de un servicio público y, en consecuencia, ha contraído la obligación de abonar el coste efectivo (tasa tributaria) de dicho servicio. Se trata, pues, de una responsabilidad objetiva del titular del vehículo, quien inexcusablemente vendrá obligado a abonar los gastos originados por la retirada del vehículo, o garantizar su pago, como requisito previo a su devolución, según dispone el artículo 71.2 de la Ley de Tráfico, al margen de la responsabilidad disciplinaria del conductor del mismo.
Tercero._Conforme establece el artículo 71.1.a) de la Ley Vial, la Administración podrá proceder, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito, "siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación...". Al efecto, el artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero), relaciona los supuestos en que las paradas o estacionamientos suponen obstaculización grave para la circulación, o resultan peligrosos. En el presente caso, el que fue objeto de denuncia se encuentra tipificado en el apartado l) de la norma, por lo que puede afirmarse que la actuación del Servicio municipal de Grúa y la subsiguiente exacción de la Tasa han sido conformes al ordenamiento jurídico. Procede la desestimación del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, como se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra la liquidación de la Tasa del Servicio de Grúa del Ayuntamiento de Pamplona; liquidación que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3771 de este Tribunal, de fecha 17 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4583, interpuesto por don Javier Pintor Santos, contra compensación de deudas efectuada por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 17 de octubre de 2001 (expediente municipal número 35727/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3771.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a diecisiete de octubre de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4583, interpuesto por don Javier Pintor Santos contra compensación de deudas efectuada por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 17 de octubre de 2001 (expediente municipal número 35727/00), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone ante este Tribunal recurso de alzada contra Resolución del Tesorero del Ayuntamiento de Pamplona que acuerda compensar, con fecha 17 de octubre de 2001, un crédito reconocido a favor del recurrente por reintegro de fianza impuesta para optar a plaza de parking en Plaza Compañía, por importe de 25.000 pesetas (150,25 euros), y la deuda pendiente en relación con expediente de apremio incoado para el cobro en vía ejecutiva del importe de una multa impuesta por la Alcaldía de Pamplona por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 35727/00). El recurrente alega lo que estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que estima aplicables, concluye con la súplica de que se declare por este Tribunal la improcedencia de la compensación.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente respectivo con los antecedentes acreditativos de su actuación, no aportando informe en defensa de la legalidad del acto recurrido.
Fundamentos de Derecho:
Unico._Como bien refleja la resolución del Tesorero municipal aquí recurrida, el recurrente era deudor de la Hacienda municipal, por importe de 17.600 pesetas (105,78 euros), en relación con un expediente de apremio incoado para el cobro forzoso del importe de una multa de tráfico (expediente sancionador número 35727/00); y, al mismo tiempo, era acreedor de la misma por un crédito reconocido en relación con la devolución pendiente del importe de la fianza arriba referenciado.
Así las cosas, procedía acordar, de oficio en este caso, la compensación de la citada deuda apremiada (cantidad, en suma, vencida, líquida y exigible) con el importe del crédito reconocido, en la cuantía concurrente. Todo ello al amparo del artículo 16. d) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, artículo 66.1 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre) y artículo 71.1 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra (Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio).
Por lo demás, y en contra de lo que sostiene el recurrente, señalaremos que, según obra en el expediente, la resolución sancionadora se notificó debidamente al interesado, por medio del Servicio de Correos, el día 9 de abril de 2001 (recibe y firma la notificación el propio interesado, provisto de DNI número 33.422.937), dándose por cumplido el trámite; acto que ha quedado firme y consentido al no haberse recurrido en tiempo y forma. Al efecto, cabe recordar aquí que contra la citada resolución sancionadora cabía interponer, optativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción correspondiente con sede en Navarra y recurso de alzada ante este Tribunal; bien entendido que la interposición de este recurso de alzada, que no es un recurso jerárquico, no alarga artificialmente la vía administrativa municipal ni suspende en ningún caso la ejecución de la multa (artículo 339.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio y 8.2 del Decreto Foral 279/1990 en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999).
Por último, agotada la vía administrativa (municipal) la resolución sancionadora devino ejecutiva (artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común), de suerte que, expirado el plazo de ingreso voluntario a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), sin haber hecho efectivo el importe de la multa, hemos de considerar plenamente ajustada a Derecho la exacción del importe de la misma por la vía de apremio (Providencia de apremio de la Alcaldía de Pamplona, de 24 de julio de 2001) y el devengo del recargo de apremio (artículos 88 y 90.2 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra). No se observa que se haya producido prescripción de la sanción (las sanciones, una vez que adquieran firmeza, prescriben al año _artículo 81.2 de la Ley Vial_; firmeza que no pueda entenderse producida en tanto no haya caducado el plazo que para la presentación del recurso contencioso-administrativo establece el artículo 46 de la Ley Jurisdiccional _Ley 29/1998 de 13 de julio_, esto es, dos meses en los supuestos de notificación expresa), ni concesión de aplazamiento de pago, ni ningún defecto que, aun de oficio, este Tribunal deba considerar. Procede la desestimación del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada, arriba referenciado, contra Resolución del Tesorero del Ayuntamiento de Pamplona que acuerda la compensación de deudas pendientes, con fecha 17 de octubre de 2001; acto que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustado a derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2986 de este Tribunal, de fecha 26 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4779, interpuesto por don Fernando Elizalde Orzanco, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de agosto de 2001 (expediente municipal número 7575/01), sobre sanción por conducir utilizando teléfonos móviles u otros medios de comunicación similares, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2986.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiséis de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4779, interpuesto por don Fernando Elizalde Orzanco contra resolución sancionadora dictada por el Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 3 de agosto de 2001, correspondiente al expediente municipal número 7575/01, sobre sanción por conducir utilizando teléfonos móviles u otros medios de comunicación similares.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (delegación de la potestad para sancionar conferida mediante resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 5 de julio de 1999, BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de 20 de agosto), que impuso una multa de 15.000 pesetas (90,15 euros) por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en conducir un vehículo utilizando al mismo tiempo un teléfono móvil (Avenida Barañáin con calle Irunlarrea), con infracción del ordenamiento jurídico. El recurrente alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente respectivo con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto recurrido.
Fundamentos de Derecho:
Unico._En aplicación de lo preceptuado por el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (modificación que entró en vigor el día 14 de abril de 1999), en los procedimientos iniciados de oficio y, en particular, en aquellos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido (en concreto, seis meses por tratarse de expediente sancionador por infracción a la Ley Vial _artículo 16 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico; R.D. 320/1994, de 25 de febrero_), sin que la Administración hubiese dictado y notificado al interesado la resolución sancionadora, se producirá la caducidad, salvo que el expediente se hubiera paralizado por culpa del interesado; debiéndose decretar el archivo de las actuaciones, a solicitud del interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar resolución. Y esto es así porque, como señala la Jurisprudencia, "el fundamento de la caducidad, y otro tanto sucede con la prescripción, no radica en la subjetiva intención o voluntad del órgano administrativo de abdicar o renunciar, siquiera implícitamente, al ejercicio de su derecho, sino en la objetiva inactividad del mismo" (Sentencia de 24 de noviembre de 1998 del TSJ de Castilla y León _R. Ar. 4401_).
Examinado el expediente, se observa que el procedimiento sancionador había caducado por cuanto desde la fecha en que se inició (al no constar el acuerdo de la Alcaldía ordenando la incoación del procedimiento sancionador, circunstancia que de ninguna manera ha de perjudicar al interesado, a quien asiste el derecho como administrado a un procedimiento sin dilaciones indebidas, se presume incoado, en la interpretación más generosa para éste, el día 6 de febrero de 2001, fecha de la denuncia), hasta la fecha en que se lleva a cabo el primer intento frustrado de notificación domiciliaria de la sanción, 9 de agosto siguiente, por medio del Servicio de Correos (recuérdese que "a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado" _artículo 58.4 de la Ley rituaria_), transcurre sobradamente el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citado. Por todo ello, al haber caducado el expediente, "siendo su apreciación de oficio a todos los efectos" (Sentencia de 29 de mayo de 1998 de la Audiencia Nacional _R. Ar. 1662_), debemos estimar el recurso y anular la resolución recurrida.
Por lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impuso una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 7575/01); resolución que debemos anular, y se anula, por no ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2987 de este Tribunal, de fecha 26 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4780, interpuesto por don Hans Kruger López, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de agosto de 2001 (expediente municipal número 21412/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2987.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiséis de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4780, interpuesto por don Hans Kruger López contra resolución sancionadora dictada por el Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 3 de agosto de 2001, correspondiente al expediente municipal número 21412/01, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (dictada en virtud de delegación conferida por la Alcaldía de dicha ciudad, publicada a través del BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de fecha 20 de agosto de 1999), que impone multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionar un vehículo sobre la acera, con obstrucción grave para los peatones (calle Nueva, 2). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Primero._Los hechos que motivaron la denuncia de la Policía Municipal han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y, dado que el funcionario denunciante ha aportado diversos datos relevantes (hechos, lugar, día, hora, matrícula, marca, modelo y color del vehículo, precepto jurídico infringido,...), no habiendo formulado el interesado alegaciones en la fase correspondiente (haciendo así decaer la presunción de inocencia de que gozaba, conforme prevé la sentencia del Tribunal Constitucional 74/1985, de 18 de junio), ni desvirtuado ahora, en la fase de recurso, con la prueba propuesta, dicha presunción de veracidad, por lo que, resulta evidente que la infracción se cometió tal y como consta en el expediente sancionador.
Segundo._Conforme el artículo 65.4 de la LSV, se consideran infracciones graves, entre otras, "las paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico". Al efecto, el artículo 91 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, relaciona los supuestos en que las paradas o estacionamientos suponen obstaculización grave para la circulación, o resultan peligrosos. En uno de tales supuestos, el previsto en el apartado 2,m) de dicha disposición (en relación con el artículo 94.2,e) del mencionado Real Decreto), se tipifica el hecho objeto de la denuncia.
Por la comisión de infracciones graves se pueden imponer multas de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas), conforme se tipifica en el artículo 67.1 de la misma ley, habiendo sido graduada la sanción impuesta prácticamente en la cuantía mínima correspondiente a tales infracciones. Por otra parte, el examen del expediente permite deducir que se han cumplido todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la ley, ya que la denuncia se le entregó personalmente el día 25 de mayo de 2001, negándose éste a firmar, lo cual no impide tener por efectuado dicho trámite.
Tercero._Frente a la alegación de la parte interesada sobre la concurrencia de la caducidad del procedimiento, el artículo 44.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. (...)". En coherencia con dicho precepto legal, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su artículo 16, según nueva redacción dada por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, que lo modifica y adapta a la Ley 4/1999, lo siguiente: "Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, (...)".
Dicho lo anterior y a tenor de lo preceptuado por el artículo 58.4 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conviene precisar que, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos (seis meses en materia de tráfico, tal y como se ha expuesto más arriba), será suficiente el intento de notificación debidamente acreditado.
Además, en el supuesto que nos ocupa, conviene citar parte del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 15 de noviembre de 2000 (R. Ar. 10064), dictada con ocasión de la interposición de un recurso de casación en interés de la Ley y por la que se fija la doctrina legal para el cómputo de plazos a efectos de caducidad en los procedimientos sancionadores seguidos por la Administración Pública en materia de Tráfico: "(...) la denuncia únicamente supone iniciación del expediente sancionador en el supuesto de que se notifique en el acto a los denunciados, y esa iniciación debe entenderse deferida en otro caso al momento en que se produzca el acuerdo correspondiente (se refiere al acuerdo de incoación del expediente) por parte de la Dirección General de Tráfico o de los Ayuntamientos respectivos.
Así las cosas, volviendo al supuesto concreto que nos ocupa, observamos que el procedimiento se inicia contra la parte recurrente (a falta de acuerdo de incoación del expediente sancionador) con fecha 22 de mayo de 2001, y que la resolución sancionadora se intenta notificar con fecha 6 de agosto de dicho año (siendo infructuoso dicho intento por resultar desconocido el interesado en el domicilio facilitado a la Administración en el momento de entregarle la denuncia, motivo por el cual se procedió a su publicación edictal supletoria), por lo que, ha de concluirse que dicha resolución se intentó notificar al ahora recurrente dentro del plazo de seis meses establecido por el Ordenamiento Jurídico, motivo por el cual no procede declarar la caducidad del presente expediente sancionador.
Cuarto._Finalmente, se observa que el particular alega la prescripción de la infracción contemplada en el artículo 81.1 de la LSV. Frente a tal pretensión de la parte recurrente debemos oponer que, la denuncia tuvo lugar con fecha 22 de mayo de 2001, siendo notificada la misma personalmente al infractor el día 25 de mayo de dicho año. Posteriormente, con fecha 6 de agosto de 2001, se intentó notificar la resolución sancionadora al particular, siendo dicho intento infructuoso por resultar éste desconocido en el domicilio facilitado a la Administración a efectos de notificaciones (tal y como ya se ha indicado), por lo que se procedió a su publicación edictal supletoria en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 24 de octubre de 2001, así como en el correspondiente tablón de edictos municipal, todo ello de acuerdo con lo previsto por el artículo 59.4 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común.
Teniendo pues en cuenta las actuaciones administrativas realizadas y el actual régimen de interrupción y reanudación del plazo prescriptivo de tres meses que Ley de Seguridad Vial y el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico (artículos 81.1 y 18.1, respectivamente) establecen para las infracciones viarias, hemos de concluir que en ningún momento de la tramitación del procedimiento sancionador ha operado la prescripción de la infracción que ahora analizamos, por lo que tampoco cabe acceder a esta pretensión de la parte recurrente, procediendo la desestimación del presente recurso de alzada.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra la resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico; resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3036 de este Tribunal, de fecha 28 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4781, interpuesto por doña Sonia Ana García Esteban, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de agosto de 2001 (expediente municipal número 2565/01), sobre sanción por realizar un giro prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3036.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiocho de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4781, interpuesto por doña Sonia Ana García Esteban contra resolución sancionadora dictada por el Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 3 de agosto de 2001, correspondiente al expediente municipal número 2565/01, sobre sanción por realizar un giro prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impone sanción (en virtud de delegación de la potestad sancionadora efectuada por la Alcaldía de dicha Entidad Local, con fecha 5 de julio de 1999, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104/99, de 20 de agosto) por la comisión de una infracción, en materia de tráfico, consistente en realizar un giro prohibido (Avenida de Bayona-Calle Monasterio de Urdax), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 2565/01). La interesada, en base a los fundamentos jurídicos que estima oportunos, solicita que se declare nula y sin efecto la sanción.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Unico._La figura jurídica de la prescripción, como se sabe, tiene su razón de ser y justificación en el principio constitucional de seguridad jurídica y actúa en beneficio del presunto infractor penalizando, si ha lugar, la inactividad, incuria o desidia de la Administración sancionadora. El fundamento de la prescripción, "no radica en la subjetiva intención o voluntad del órgano administrativo de abdicar o renunciar, siquiera implícitamente, al ejercicio de su derecho, sino en la objetiva inactividad del mismo" (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1999 _R. Ar. 3935_).
Al examinar el expediente sancionador remitido por la entidad local se observa que la acción para sancionar había prescrito, habida cuenta de que desde el día en que se formula la denuncia, 14 de febrero de 2001, hasta que se notifica a la interesada a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 71/01, de 11 de junio e inserción en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Pamplona, ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses que para sancionar otorgan a la Administración la Ley Vial y el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico (artículos 81.1 y 18.1, respectivamente); prescripción de la infracción que, en cualquier caso, debió ser declarada de oficio.
Se podría cuestionar si los dos intentos frustrados de notificación de la denuncia que se llevaron a cabo, por medio del Servicio de Correos, los días 17 y 19 de abril de 2001, en la calle Grupo Urdánoz, 5-7.º C, de Pamplona, con anterioridad a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, gozan de virtualidad para interrumpir el plazo prescriptivo. A nuestro juicio, no la tienen; puesto que, de acuerdo con la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no cabe atribuir efectos interruptivos de la prescripción a notificaciones o publicaciones que adolezcan de cualesquiera defectos formales o carezcan de eficacia" (SS.T.S. de 11 de octubre de 1996 y 18 de octubre del mismo año, entre otras, R. Ar. 7262 y 7277, respectivamente) y los referidos intentos se llevaron a cabo, según consta en el expediente a través del resguardo de acuse de recibo debidamente cumplimentado por el empleado de correos, a la misma hora (ambos a las 10:00 horas); esto es, en contra de lo establecido por el artículo 59.2 ("en hora distinta") de la Ley 30/1992, antes citada. Procede, en consecuencia, estimar el recurso y declarar nula y sin efecto la resolución sancionadora recurrida.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, como se estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra la resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 2565/01); resolución que debemos anular, y anulamos, por considerarla contraria a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3037 de este Tribunal, de fecha 28 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4782, interpuesto por don Rafael García Leiva, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de agosto de 2001 (expediente municipal número 3570/01), sobre sanción por no obedecer las indicaciones de un Agente de Policía, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3037.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiocho de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4782, interpuesto por don Rafael García Leiva contra resolución sancionadora dictada por el Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 3 de agosto de 2001, correspondiente al expediente municipal número 3570/01, sobre sanción por no obedecer las indicaciones de un Agente de Policía.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución sancionadora del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (delegación de la potestad para sancionar conferida mediante resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 5 de julio de 1999, BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de 20 de agosto), que impuso una multa de 16.000 pesetas (96,16 euros) por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en conducir un vehículo sin obedecer las indicaciones de un agente de policía (intersección de las calles Tajonar y Sadar), con infracción del ordenamiento jurídico. El recurrente alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.
2.º El excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente respectivo con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto recurrido.
Fundamentos de Derecho:
Unico._En aplicación de lo preceptuado por el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (modificación que entró en vigor el día 14 de abril de 1999), en los procedimientos iniciados de oficio y, en particular, en aquellos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido (en concreto, seis meses por tratarse de expediente sancionador por infracción a la Ley Vial _artículo 16 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico; R.D. 320/1994, de 25 de febrero_), sin que la Administración hubiese dictado y notificado al interesado la resolución sancionadora, se producirá la caducidad, salvo que el expediente se hubiera paralizado por culpa del interesado; debiéndose decretar el archivo de las actuaciones, a solicitud del interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar resolución. Y esto es así porque, como señala la Jurisprudencia, "el fundamento de la caducidad, y otro tanto sucede con la prescripción, no radica en la subjetiva intención o voluntad del órgano administrativo de abdicar o renunciar, siquiera implícitamente, al ejercicio de su derecho, sino en la objetiva inactividad del mismo" (Sentencia de 24 de noviembre de 1998 del TSJ de Castilla y León _R. Ar. 4401_).
Examinado el expediente, se observa que el procedimiento sancionador había caducado por cuanto desde la fecha en que se inició (al no constar el acuerdo de la Alcaldía ordenando la incoación del procedimiento sancionador, circunstancia que de ninguna manera ha de perjudicar al interesado, a quien asiste el derecho como administrado a un procedimiento sin dilaciones indebidas, se presume incoado, en la interpretación más generosa para éste, el día 4 de febrero de 2001, fecha de la denuncia), hasta la fecha en que se lleva a cabo el primer intento frustrado de notificación domiciliaria de la sanción, 14 de agosto siguiente, por medio del Servicio de Correos (recuérdese que "a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado" _artículo 58.4 de la Ley rituaria_), transcurre sobradamente el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citado. Por todo ello, al haber caducado el expediente, "siendo su apreciación de oficio a todos los efectos" (Sentencia de 29 de mayo de 1998 de la Audiencia Nacional _R. Ar. 1662_), debemos estimar el recurso y anular la resolución recurrida.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impuso una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 3570/01); resolución que debemos anular, y se anula, por no ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3038 de este Tribunal, de fecha 28 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4783, interpuesto por doña María Soledad Gorraiz Martínez, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de agosto de 2001 (expediente municipal número 643821/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3038.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiocho de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4783, interpuesto por doña María Soledad Gorraiz Martínez contra resolución sancionadora dictada por el Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 3 de agosto de 2001, correspondiente al expediente municipal número 643821/01, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (dictada en virtud de delegación conferida por la Alcaldía de dicha ciudad, publicada a través del BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de fecha 20 de agosto de 1999), que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en estacionar un vehículo en doble fila, sin conductor (calle Amaya, 5), con vulneración del ordenamiento jurídico. La interesada alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Unico._El artículo 44.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. (...)". En coherencia con dicho precepto legal, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su artículo 16, según nueva redacción dada por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, que lo modifica y adapta a la Ley 4/1999, lo siguiente: "Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, (...)".
Dicho lo anterior y a tenor de lo preceptuado por el artículo 58.4 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conviene precisar que, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos (seis meses en materia de tráfico, tal y como se ha expuesto más arriba), será suficiente el intento de notificación debidamente acreditado.
Además, en el supuesto que nos ocupa, conviene citar parte del Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 15 de noviembre de 2000 (R. Ar. 10064), dictada con ocasión de la interposición de un recurso de casación en interés de la Ley y por la que se fija la doctrina legal para el cómputo de plazos a efectos de caducidad en los procedimientos sancionadores seguidos por la Administración Pública en materia de Tráfico: "(...) la denuncia únicamente supone iniciación del expediente sancionador en el supuesto de que se notifique en el acto a los denunciados, y esa iniciación debe entenderse deferida en otro caso al momento en que se produzca el acuerdo correspondiente (se refiere al acuerdo de incoación del expediente) por parte de la Dirección General de Tráfico o de los Ayuntamientos respectivos".
Así las cosas, volviendo al supuesto concreto que nos ocupa, observamos que el procedimiento se inicia contra la parte recurrente (a falta de acuerdo de incoación del expediente sancionador) con fecha 24 de enero de 2001, y que el primer intento de notificación de la resolución sancionadora, debidamente acreditado mediante resguardo de la tarjeta de acuse de recibo cumplimentada por el empleado de correos, se ha efectuado el 6 de agosto de dicho año, por lo que ha de concluirse que dicha resolución se ha intentado notificar a la ahora recurrente una vez cumplido sobradamente el plazo de seis meses, motivo por el cual procede declarar la caducidad del expediente y ordenar el archivo de actuaciones.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, como se estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico; resolución que debemos anular, y anulamos, por considerarla contraria a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, diecisiete de diciembre de dos mil dos._La Secretaria del Tribunal Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
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