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BOLETÍN Nº 138 - 15 de noviembre de 2002
I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Otras Disposiciones
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. Edictos de notificación.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3172 de este Tribunal, de fecha 9 de septiembre de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-1287, interpuesto por don Javier Bacáicoa San Martín, contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 2 de noviembre de 2000, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 1999, sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la U.O. 1 y U.O. 3 de la U.I. XIX (Milagrosa), cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3172.
Presidente: Don Juan Luis Beltrán Aguirre.
Vocales: Don Carlos Arroyo Izarra y doña María Jesús Moreno Garrido.
En la ciudad de Pamplona, a nueve de septiembre de dos mil dos.
Visto por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-1287, interpuesto por don Javier Bacáicoa San Martín contra resolución dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 2 de noviembre de 2000, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del Pleno de dicho Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 1999, sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la U.O. 1 y U.O. 3 de la U.I. XIX (Milagrosa).
Ha sido Ponente don Juan Luis Beltrán Aguirre.
Antecedentes de Hecho:
1.º El Ayuntamiento de Pamplona, en sesión plenaria de 30 de abril de 1999, aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior de las Unidades UO.1 y UO.3 de la Unidad Integrada XIX "Milagrosa" de Pamplona. Dicha aprobación se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 7 de junio de 1999.
2.º Contra el referido acuerdo, don Javier Bacáicoa San Martín, interpuso recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Pamplona en el que solicitó ser incluido como arrendatario afectado por la reparcelación con los derechos de indemnización y realojo inherentes a esa condición, recurso que fue desestimado por resolución de Alcaldía de 2 de noviembre de 2000, entre otras razones, porque el arrendamiento es posterior al momento de aprobación inicial del expediente reparcelatorio.
3.º Frente a esta resolución desestimatoria interpone recurso de alzada ante este Tribunal en el que alega que los derechos de los arrendatarios se deben determinar en la fecha de aprobación definitiva de la reparcelación, que es posterior a la realización del arrendamiento de la vivienda. Terminan solicitando la estimación del recurso y que se declare su derecho a ser incluido como arrendatario afectado por la reparcelación con los derechos de indemnización y realojo inherentes a esa condición.
4.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente y emitió informe en el que, reiterando los argumentos esgrimidos en la resolución desestimatoria del recurso de reposición en torno a que es la aprobación inicial el momento en el que hay que determinar y valorar todos los derechos afectados por la reparcelación, termina solicitando la desestimación del recurso.
5.º Emplazados debidamente los terceros interesados, finalmente ninguno de ellos comparece en este recurso.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-De entrada, conviene poner de manifiesto al recurrente que el Proyecto de Reparcelación de las Unidades UO.1 y UO.3 de la Unidad Integrada XIX "Milagrosa" de Pamplona, fue anulado por este Tribunal Administrativo en su resolución número 4179/2000, resolución que fue impugnada por el Ayuntamiento de Pamplona ante la jurisdicción contencioso-administrativa, estando en este momento pendiente de sentencia.
Segundo.-No obstante, entramos al análisis de las alegaciones y pretensión del recurrente. Toda su argumentación se centra en señalar que los derechos de los arrendatarios se deben determinar en la fecha de aprobación definitiva de la reparcelación, que es posterior a la realización de arrendamiento de la vivienda. En apoyo de esta afirmación aduce que el invocado por el Ayuntamiento artículo 86.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, se refiere exclusivamente a los propietarios, no a los arrendatarios. Y que los derechos de los arrendatarios vienen recogidos en los artículos 98, 99 y 125 de dicho Reglamento de Gestión.
Tercero.-No compartimos la argumentación del recurrente relativa a los artículos de Reglamento de Gestión Urbanística aplicables. Como acertadamente puntualiza el Ayuntamiento los artículos 98 y 99 del Reglamento (que no se sitúan en la Sección primera del Capítulo III rubricada "definición de derechos", sino en la Sección tercera rubricada "indemnizaciones y cuenta de liquidación") no definen derechos sino que fijan criterios de tasación de los elementos, bienes y derechos que no puedan conservarse. Por su parte, el artículo 125 tampoco determina derechos. Su objeto es atribuir al acuerdo reparcelatorio la misma eficacia que al acta de ocupación en la expropiación, esto es, permitir la ocupación efectiva del bien.
Los artículos aplicables son el 86.3 en conexión con el 136 b), ambos del Reglamento de Gestión Urbanística. El artículo 136 determina el momento temporal al que se entenderán referidas las valoraciones de todos los bienes y derechos que hayan de cuantificarse en una reparcelación o en una compensación y, en concreto, señala que cuando se trate de reparcelación la valoración se entenderá referida al momento de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación. Concuerda este artículo con el artículo 86.3 en cuanto dispone que la fecha para determinar el derecho de los propietarios afectados será la de la iniciación del expediente de reparcelación. La voz "propietarios" contenida en este último precepto reglamentario requiere una interpretación extensiva de manera que comprenda también a los titulares de otros derechos.
La lectura de la jurisprudencia existente al respecto confirma este criterio interpretativo de la legislación aplicable. En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1991 -R. Ar. 9392-, con cita del artículo 86.3, expresamente señala que el momento al que ha de referirse la valoración de los bienes y derechos afectados por una reparcelación es el de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, y la Sentencia de 6 de abril de 1997 -R. Ar. 2649-, resolviendo precisamente un asunto de privación de arrendamiento urbano por ejecución de una reparcelación, ofrece una explicación de tal determinación reglamentaria cuando dice: "...porque solamente debe indemnizarse la privación de bienes y derechos que venga impuesta por el planeamiento, no la de aquellos derechos que hayan surgido después de éste, a conciencia, entonces, de la precariedad de las relaciones jurídicas." Y ciertamente, admitir como indemnizables todos los derechos que pudieran surgir o nacer hasta el momento de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de que se trate, implicaría dejar una puerta abierta a indeseables componendas entre propietarios y terceros dirigidas exclusivamente a obtener determinados beneficios (indemnizaciones, realojos, retornos, etc.) que legítimamente no les corresponderían en la medida en que, al menos los propietarios, conocen perfectamente el destino final del bien objeto de la tardía y precaria relación jurídica. Lógicamente, no es esta la posición ni la intención del legislador urbanístico.
En el caso que nos ocupa, el contrato de arrendamiento se formalizó el día 15 de enero de 1998 y el Proyecto de Reparcelación fue aprobado inicialmente el 13 de noviembre de 1997, publicándose dicha aprobación inicial en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 10 de diciembre de 1997. No cabe, pues, reconocer al recurrente derecho a indemnización por la privación del arrendamiento de la vivienda.
Cuarto.-Tampoco procede reconocerle derecho a realojo toda vez que este derecho, establecido por la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, que mantiene actualmente vigencia por así haberlo declarado la Ley 6/1998, de 13 de abril, ha de correr la misma suerte que el derecho a indemnización derivado de la privación del arrendamiento. Si en el momento de la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación el recurrente no tenía la condición de ocupante legal de una vivienda afectada por la reparcelación, como no la tenía, no puede reconocérsele derecho al realojo.
En consecuencia, procede desestimar el recurso de alzada y confirmar la decisión municipal de no reconocer al recurrente derecho a indemnización y al realojo.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada interpuesto por don Javier Bacáicoa San Martín contra la resolución de Alcaldía de 2 de noviembre de 2000 desestimatoria de recurso de reposición; resolución que confirmamos por ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Luis Beltrán. Carlos Arroyo. M.ª Jesús Moreno. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2996 de este Tribunal, de fecha 26 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 01-4255, interpuesto por don Oscar Zapata Sendoa, contra liquidación de Tasa por el Servicio de Grúa del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de octubre de 2001, sobre retirada de vehículo por la grúa municipal, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2996.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintiséis de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 01-4255, interpuesto por don Oscar Zapata Sendoa contra liquidación de Tasa por el Servicio de Grúa del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de octubre de 2001, sobre retirada de vehículo por la grúa municipal.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone el presente recurso de alzada contra liquidación de Tasa del Servicio de Grúa girada por el Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 15 de octubre de 2001, como consecuencia de la retirada de un vehículo por conducirlo indebidamente, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, con un resultado de 0,99 mg/l (Avenida del Ejército), con vulneración del ordenamiento jurídico. El interesado alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la liquidación sea anulada y devuelto el importe abonado (9.100 pesetas).
2.º El Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-Los hechos que motivaron la intervención del servicio de grúa del Ayuntamiento han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, como dispone el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y, dado que consta en el expediente copia de las dos pruebas de detección de intoxicación por alcohol mediante aire espirado que se realizaron al interesado, la primera a las 14:50 horas del día 14 de octubre de 2001, con un resultado positivo de 1,06 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y, la segunda, a las 15:31 horas del mismo día, con un resultado positivo de 0,99 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, resulta evidente que la infracción se cometió.
Por otro lado y respecto a si era o no procedente la retirada del vehículo con grúa, los Agentes intervinientes (Policías Municipales con números profesionales 354 y 259) manifiestan en su informe: "El vehículo no puede estacionarse por las cercanías ni hay alguien que pueda hacerse cargo del mismo, por lo que es retirado por una grúa municipal al depósito de Trinitarios".
Segundo.-Conforme el artículo 71.1.a) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Administración podrá proceder, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito, "siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación...". Al efecto, el artículo 65.5, punto 2, letra a) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que se consideran infracciones muy graves, entre otras, "la conducción por las vías objeto de esta Ley bajo la ingestión de bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos y cualquier otra sustancia análoga". En consonancia con lo preceptuado por la Ley de Tráfico, el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, en su artículo 20 (según nueva redacción dada por el Real Decreto 2282/1998, de 23 de octubre) establece, en su párrafo primero, que "No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el conductor de vehículos con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro". Por ello la retirada del vehículo por el servicio de grúa y la consiguiente exacción de la tasa se han ajustado al ordenamiento jurídico. Procede, por tanto, la desestimación del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, como se desestima, el recurso de alzada más arriba referenciado interpuesto contra la liquidación de la Tasa del Servicio de Grúa girada por el Ayuntamiento de Pamplona con fecha 15 de octubre de 2001; liquidación que debemos confirmar, y confirmamos, por considerarla ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3065 de este Tribunal, de fecha 29 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-0039, interpuesto por don Pedro María Alba Moreno, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Burlada de fecha 5 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la misma Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 2001 (expediente municipal número 502/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3065.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veintinueve de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-0039, interpuesto por don Pedro María Alba Moreno contra resolución dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Burlada en fecha 5 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora dictada por la misma Alcaldía en fecha 19 de septiembre de 2001, correspondiente al expediente municipal número 502/01, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Burlada, de fecha 5 de noviembre de 2001, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la referida Alcaldía que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en aparcar indebidamente un vehículo en lugar reservado para vehículos de urgencia, realizando labores de descarga (calle La Fuente, 12-impar), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 502/01). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Burlada remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Unico.-Procede, en primer lugar, examinar si en el presente caso se han acreditado los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico para tener acceso a la vía del recurso de alzada, configurado contra los actos de las Entidades Locales, pues en caso contrario no sería posible entrar a conocer el fondo del asunto.
Al efecto, el artículo 337.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dispone que el recurso de alzada ha de interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto objeto de recurso, si fuera expreso. En coherencia con tal precepto legal, el Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra, dispone en su artículo 22, según la nueva redacción dada por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, que "la resolución declarará la inadmisibilidad del recurso de alzada en los casos siguientes: (...) e) Cuando haya caducado el plazo para la interposición del recurso".
En el presente caso, habiéndose notificado al recurrente la resolución desestimatoria del recurso de reposición, con fecha 19 de noviembre de 2001 -mediante correo certificado, en la calle Grupo Urdánoz, 12-2.º B, de Pamplona; siendo recibida y firmada, al igual que la sanción, por el propio interesado, identificándose como tal, ante el empleado de correos, con nombre, dos apellidos y número de DNI-, cumpliéndose, de este modo y en lo esencial, los requisitos legales preceptivos, y presentado el recurso de alzada el día 2 de enero de 2002, es patente que se ha producido la caducidad del plazo para el ejercicio de la acción, por lo que procede declarar la inadmisión del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede inadmitir, y se inadmite, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Burlada, de fecha 5 de noviembre de 2001, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la referida Alcaldía que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 502/01).
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3071 de este Tribunal, de fecha 30 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-0439, interpuesto por don Luciano Elcarte Gil, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barañáin de fecha 21 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la misma Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2001 (expediente municipal número 472/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3071.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a treinta de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-0439, interpuesto por don Luciano Elcarte Gil contra resolución dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Barañáin en fecha 21 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora dictada por la misma Alcaldía en fecha 16 de octubre de 2001, correspondiente al expediente municipal número 472/01, sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra la resolución de la Alcaldía de Barañáin, de fecha 21 de noviembre de 2001, por la que se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la referida Alcaldía que impone una sanción por la comisión de una infracción en materia de tráfico consistente en aparcar indebidamente un vehículo con obstrucción grave para el tráfico de peatones -paso peatones- (Lur Gorri, 22), con vulneración del ordenamiento jurídico (expediente sancionador número 472/01). El interesado alega los fundamentos que estima aplicables y concluye con la súplica de que la resolución sea anulada.
2.º El Ayuntamiento de Barañáin remitió el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Unico.-Procede, en primer lugar, examinar si en el presente caso se han acreditado los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico para tener acceso a la vía del recurso de alzada, configurado contra los actos de las Entidades Locales, pues en caso contrario no sería posible entrar a conocer el fondo del asunto.
Al efecto, el artículo 337.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dispone que el recurso de alzada ha de interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto objeto de recurso, si fuera expreso. En coherencia con tal precepto legal, el Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra, dispone en su artículo 22, según la nueva redacción dada por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, que "la resolución declarará la inadmisibilidad del recurso de alzada en los casos siguientes: (...) e) Cuando haya caducado el plazo para la interposición del recurso".
En el presente caso, habiéndose notificado al recurrente la resolución desestimatoria del recurso de reposición, con fecha 26 de noviembre de 2001 -mediante correo certificado, en la calle Doctor Huarte San Juan, 8 - Bajo, de Estella (Navarra); siendo recibida y firmada por la misma persona que la sanción, quien, ante el empleado de correos, se identificó como J.V. Elcarte, con DNI número 72.650.567-, cumpliéndose, de este modo y en lo esencial, los requisitos legales preceptivos, y presentado el recurso de alzada el día 31 de enero de 2002, es patente que se ha producido la caducidad del plazo para el ejercicio de la acción, por lo que procede declarar la inadmisión del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede inadmitir, y se inadmite, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra la resolución de la Alcaldía de Barañáin, de fecha 21 de noviembre de 2001, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición formulado, por el mismo recurrente, frente a la anterior resolución de la referida Alcaldía que impone una multa por la comisión de una infracción en materia de tráfico (expediente sancionador número 472/01).
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 3072 de este Tribunal, de fecha 30 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-0453, interpuesto por don Francisco Caparrós Martínez, contra resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento de fecha 8 de septiembre de 2000 (expediente municipal número 18981/99), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 3072.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a treinta de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-0453, interpuesto por don Francisco Caparrós Martínez contra resolución dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de embargo del Recaudador Ejecutivo de dicho Ayuntamiento de fecha 8 de septiembre de 2000 (expediente municipal número 18981/99), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Se interpone recurso de alzada contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó providencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona, dictada para el cobro en vía ejecutiva del importe de una multa en materia de tráfico no abonada en periodo voluntario (expediente sancionador de referencia). El recurrente, en base a los fundamentos jurídicos que estima aplicables, concluye con la súplica de que se declare por este Tribunal la improcedencia de la vía ejecutiva.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en la cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Unico.-Del análisis de la documentación obrante en este Tribunal se observa que la deuda reclamada al interesado se encuentra prescrita. Al respecto, debemos recordar que, de conformidad con lo previsto por el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, "Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan...", norma jurídica que en el presente caso nos remite a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo) cuyo artículo 81.2 dispone que: "Las sanciones, una vez que adquieran firmeza, prescriben al año, prescripción que sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución". En el mismo sentido, el apartado 3 del artículo 132 de la citada Ley rituaria señala que: "El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción"; y añade: "Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante un mes por causa no imputable al infractor".
Pues bien, en el presente caso se observa que el plazo de prescripción de la sanción quedó interrumpido por la notificación de la providencia de apremio, el 19 de enero de 2000, y que, paralizado el expediente de ejecución durante más de un mes por causa no imputable al apremiado, el citado plazo prescriptivo volvió a iniciarse de nuevo, de manera que cuando el particular recibió la providencia de embargo ahora impugnada, el 9 de julio de 2001 (fecha en que interpuso recurso de reposición contra la misma, al no constar notificación de ésta anterior a dicha fecha), había transcurrido un lapso de tiempo superior a un año y, por tanto, la sanción se hallaba prescrita, prescripción que debió ser declarada de oficio.
Finalmente, debemos señalar que la interposición del recurso de reposición contra la providencia de apremio no interrumpió el plazo prescriptivo, ya que, de acuerdo con lo previsto por el citado artículo 81.2 de la LSV, una vez firme la sanción, el plazo de prescripción solamente se interrumpe por las actuaciones encaminadas a su ejecución (así lo tiene declarado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sentencia de 15 de marzo de 2001 y, más explícitamente, en la de 31 de mayo siguiente R. Ar. 762). En consecuencia, procede estimar el presente recurso y anular el acto recurrido.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado, interpuesto contra resolución desestimatoria de recurso de reposición por medio del cual se impugnó providencia de embargo del Recaudador Ejecutivo del Ayuntamiento de Pamplona; actos que debemos anular, y se anulan, por no ser ajustados a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2744 de este Tribunal, de fecha 24 de julio de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-0750, interpuesto por don Roberto Martínez Celigüeta, contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fechas 27 de agosto y 22 de octubre de 2001 (expedientes municipales números 29421/00 y 515/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2744.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veinticuatro de julio de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-0750, interpuesto por don Roberto Martínez Celigüeta contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fechas 27 de agosto de 2001 y 22 de octubre de 2001 (expedientes municipales números 29421/00 y 515/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía de Pamplona para el pago forzoso de dos multas de tráfico no abonadas en el periodo voluntario, impuestas como consecuencia de sendas infracciones en materia de tráfico (expedientes sancionadores de referencia). El interesado alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que las providencias sean anuladas.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a efecto en un procedimiento de apremio.
Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa actualmente aplicable contenida, en esencia, en el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 10 de agosto de 2001, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo artículo 89.1 señala que, "Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos": a) Pago o extinción de la deuda; b) Prescripción; c) Aplazamiento; d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma. Dichas causas de impugnación son tasadas según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 -R. Ar. 544-, de 25 y 29 de junio de 1990 -R. Ar. 4934 y 5454-, entre otras muchas), por lo que no cabe en este momento plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con la Hacienda Pública no abonadas en periodo voluntario, que como actos principales deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando se van a ejecutar forzosamente al no haberse abonado.
Por cuanto a la providencia de apremio procedente del expediente sancionador número 29421/00 se refiere, se observa que no se ha producido ninguno de los supuestos contemplados en el citado artículo 89.1 del Reglamento Foral de Recaudación. La resolución sancionadora fue notificada personalmente al recurrente el día 12 de febrero de 2001, habiéndose desestimado el recurso de alzada número 1078/01, interpuesto contra la misma, por medio de nuestra resolución de fecha 27 de junio de 2001, siendo dictada la providencia de apremio a la que ahora nos referimos el 27 de agosto de dicho año.
Segundo.-La providencia de apremio a que hemos aludido (expediente 29421/00) deriva de una sanción de multa que también fue recurrida en su día y desestimado el recurso, tal y como se ha señalado. Es cierto que la interposición del recurso de alzada no suspende la ejecución de la multa (artículo 339.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra). Sin embargo, el Ayuntamiento, en tanto el anterior recurso de alzada estuvo pendiente, no procedió a su cobro, de cuya pasividad se pretende deducir que la sanción está prescrita por aplicación de lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley de Seguridad Vial. Argumentación que debe ser rechazada pues, como dice una Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1991 (R. Ar. 4334), ratificada, entre otras, por la de 27 de mayo de 1992 (R. Ar. 3729), "La prescripción no opera en vía de recurso de alzada" (se refiere a la alzada ordinaria, cuánto más a la impropia como es el recurso ante este Tribunal). "Interpuesto el recurso de alzada -continúa la Sentencia citada- el actor tenía la facultad de recurrir frente a la desestimación por silencio o esperar (como lo hizo) a la resolución expresa de aquél. Pero el ejercicio de esta facultad nada tiene que ver, como resulta palmario, con el instituto de la prescripción, que opera en la tramitación de los expedientes y no en la vía de recurso contra los actos que la ultiman" y concluye diciendo "Que la resolución sancionadora no es firme lo evidencia el propio hecho de la interposición de este recurso contencioso; y no siendo firme, difícilmente cabe empezar el cómputo del plazo de prescripción".
Tercero.-Respecto de la prescripción de las sanciones, dice el artículo 132.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. (...)". Es claro, que la firmeza a que alude esta disposición nada tiene que ver con el hecho de que un acto ponga fin a la vía administrativa. En materia de tráfico el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se refiere a la "firmeza en vía administrativa" en sentido similar al expresado en el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como punto de partida para poder ejecutar una resolución sancionadora, pero en ningún caso confunde esta "firmeza" en vía administrativa con la firmeza a que aluden los artículos 132.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 81.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, específicos para el cómputo del plazo prescriptivo de las sanciones. Esta otra firmeza se debe entender, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 26 de septiembre de 1981 -R. Ar. 3850-, y de 21 de septiembre de 1992 -R. Ar. 6937-, entre otras), como la situación jurídica en que se encuentra un acto o acuerdo cuando no es susceptible de acción o recurso alguno ni en vía administrativa ni judicial, tanto porque se hayan dejado transcurrir los plazos para su impugnación, deviniendo firme y consentido, como porque, ejercitadas acciones legales, las resoluciones o sentencias dictadas hayan desestimado los recursos quedando los actos igualmente firmes por no haberse impugnado la sentencia dictada o no existir mas instancias para recurrir.
Es a partir de esos momentos finales cuando se determina el "dies a quo" para computar la prescripción de las sanciones, que no es otro sino el día en que el acto sancionador adquiere firmeza y resulta inatacable. De modo que lo que regulan los artículos 138.3 y 132.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los correlativos 83.1 y 81.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, son cuestiones distintas con distintos efectos: los primeros de las leyes citadas determinan cuándo se pueden ejecutar los sanciones; los segundos en qué día se inicia el plazo para el cómputo de la prescripción de las sanciones. En ningún caso coinciden en el tiempo el fin de la vía administrativa y la firmeza de un acto, que en un caso opera el mismo día en que se notifica la resolución sancionadora y en el otro, cuando menos, a partir de los dos meses a contar desde su notificación, que es el plazo legal para poder impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. También sus efectos son radicalmente distintos: el fin de la vía administrativa municipal abre el camino a la ejecutividad y a la impugnación del acto en vía judicial, la firmeza, por el contrario, hace imposible esa impugnación por caducidad del plazo para atacarlo (salvo el extraordinario recurso de revisión) o bien porque impugnado se haya desestimado la acción ejercida. La firmeza del acto determina, además, el inicio del plazo de prescripción.
En este sentido, el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa expresa que sólo son recurribles en este orden judicial "los actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa...", y sin embargo, según el artículo 28, no lo son aquellos confirmatorios o de reproducción de otros firmes y consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, de ahí que, coherentemente, el artículo 51 establezca la inadmisión del recurso si caduca el plazo para su interposición al devenir firmes los actos si transcurre el plazo de impugnación. Si caducó el plazo, el acto quedó firme y los que sean de mera reproducción tampoco son atacables. Todo ello a diferencia de los llamados, impropiamente, firmes en vía administrativa que son precisamente los impugnables en la vía contencioso-administrativa.
En definitiva, los actos sancionadores de las Entidades Locales que ponen fin a la vía administrativa son ejecutables por la administración e impugnables; por el contrario, la firmeza de esos actos no permite su impugnación mediante el recurso contencioso-administrativo y, en Navarra, a través del recurso de alzada ante este Tribunal Administrativo, y el día en que se adquiere esa cualidad se inicia el cómputo de plazo de prescripción de la sanción.
En el presente caso hubo firmeza en vía administrativa municipal desde el día en que se dictó la resolución sancionadora y podía ejecutarse después de no abonarse la multa en periodo voluntario, pero el inicio del cómputo del plazo de prescripción se fija a partir de que nuestra resolución desestimatoria de fecha 27 de junio de 2001, quedó firme por no impugnarse ante el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, firmeza que se adquirió después de transcurrir dos meses desde la notificación de nuestra resolución, por lo que es patente que, desde dicho momento hasta que se ha impugnado la providencia de apremio referida al expediente municipal 29421/00, el día 21 de febrero de 2002, no se ha podido completar el plazo legal de un año para operar la prescripción de la sanción. Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso respecto de las pretensiones relacionadas con la providencia de apremio procedente del expediente número 29421/00.
Cuarto.-Con relación a la providencia de apremio dictada como consecuencia del expediente sancionador número 515/01, se observa que en el presente caso se ha producido el supuesto contemplado en el apartado d) del citado artículo 89.1 del reglamento ya que no existe intento de notificación personal de la resolución sancionadora al interesado antes de proceder a la publicación edictal supletoria, habiéndose incumplido de esta manera las garantías previstas por los artículos 58 y 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para las notificaciones. Frente a esto podría mantener el Ayuntamiento de Pamplona que tras resultar el interesado desconocido en el domicilio en el cual se le intentó notificar la propuesta de resolución (Monasterio de Irache, 42-2 I, de Pamplona) se procedió a la publicación edictal tanto de dicha propuesta de resolución como de la resolución sancionadora, sin realizar previamente intento de notificación personal de la segunda, ni tratar de averiguar otro posible domicilio del ciudadano. Sin embargo, se observa que la propia Administración Local conocía otro domicilio del recurrente (calle Benjamín de Tudela, 17-4 A, de Pamplona) al cual pudo dirigirse para efectuar la notificación personal de la resolución sancionadora antes de proceder a su publicación edictal supletoria (téngase en cuenta que tal publicación es un medio excepcional de notificación al cual debe acudirse cuando no existe otra alternativa), puesto que a dicho domicilio se dirigió para notificar la providencia de apremio que ahora se impugna. Procede, en consecuencia, la estimación del recurso respecto de las pretensiones relacionadas con el expediente sancionador número 515/01.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que estimándose parcialmente el presente recurso de alzada interpuesto contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona para el cobro en vía ejecutiva de dos multas en materia de tráfico, procede anular la providencia de apremio dictada como consecuencia del expediente sancionador número 515/01, y confirmar la providencia de apremio dictada como consecuencia del expediente sancionador número 29421/00.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2745 de este Tribunal, de fecha 24 de julio de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-0754, interpuesto por don Francisco Javier Garísoain Alonso, contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expedientes municipales números 132956/01 y 133068/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2745.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a veinticuatro de julio de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-0754, interpuesto por don Francisco Javier Garísoain Alonso contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expedientes municipales números 132956/01 y 133068/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multas de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía de Pamplona para el pago forzoso de dos multas de tráfico no abonadas en el periodo voluntario, impuestas como consecuencia de sendas infracciones en materia de tráfico (expedientes sancionadores de referencia). El interesado alega los fundamentos jurídicos que estima aplicables y concluye con la súplica de que las providencias sean anuladas.
2.º El Ayuntamiento de Pamplona remitió a este Tribunal el expediente aportando la documentación en al cual figuran los antecedentes acreditativos de su actuación.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar la legalidad de una actuación municipal llevada a efecto en un procedimiento de apremio.
Para dilucidar el tema es preciso acudir a la normativa actualmente aplicable contenida, en esencia, en el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de fecha 10 de agosto de 2001, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, cuyo artículo 89.1 señala que, "Cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos": a) Pago o extinción de la deuda; b) Prescripción; c) Aplazamiento; d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma. Dichas causas de impugnación son tasadas según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 30 de enero de 1989 -R. Ar. 544-, de 25 y 29 de junio de 1990 -R. Ar. 4934 y 5454-, entre otras muchas), por lo que no cabe en este momento plantear otros motivos distintos de los referidos. El procedimiento de apremio tiene como única finalidad el ingreso forzoso de deudas para con la Hacienda Pública no abonadas en periodo voluntario, que como actos principales deben impugnarse en el momento procedimental oportuno y no cuando se van a ejecutar forzosamente al no haberse abonado.
Segundo.-Del examen del expediente se observa que en el presente caso se ha producido el supuesto contemplado en el apartado d) del citado artículo 89.1 del reglamento puesto que las correspondientes resoluciones sancionadoras se han notificado al recurrente sin reunir los requisitos formales preceptivos.
Al efecto, el artículo 59.2 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común establece que, "Si nadie pudiese hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez en hora distinta dentro de los tres días siguientes".
En la documentación remitida por el Ayuntamiento a este Tribunal se observa que los dos intentos infructuosos de notificación personal de las resoluciones sancionadoras al interesado antes de proceder a su publicación edictal supletoria se han realizado sin diferencia horaria alguna (en ambos casos, el primer intento el día 14 de mayo de 2001 a las 12 horas y 40 minutos, y el segundo el día 16 del mismo mes y año también a las 12 horas y 40 minutos), habiéndose incumplido el citado artículo 59.2 de la citada Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, por lo que los mismos no están válidamente efectuados puesto que no reúnen las garantías mínimas previstas por el ordenamiento jurídico, circunstancia que ha provocado, al haber transcurrido el plazo previsto para la prescripción de las infracciones en materia de tráfico por el artículo 81.1 de la Ley Vial, que la acción para sancionar haya prescrito. Procede, en consecuencia, la estimación del presente recurso de alzada.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar, y se estima, el recurso de alzada arriba referenciado interpuesto contra dos providencias de apremio dictadas por la Alcaldía de Pamplona para asegurar el pago de una deuda contraída como consecuencia de la imposición de dos multas en materia de tráfico; actos que debemos anular, y se anulan, por no ser conformes a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2648 de este Tribunal, de fecha 1 de julio de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-1684, interpuesto por don David Jiménez Vidaurre, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de marzo de 2002 (expediente municipal número 961396/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2648.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a uno de julio de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-1684, interpuesto por don David Jiménez Vidaurre contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de marzo de 2002 (expediente municipal número 961396/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.
Antecedentes de Hecho:
1.º El presente recurso de alzada se interpone contra resolución del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona (delegación de la potestad para sancionar conferida mediante resolución de la Alcaldía de Pamplona, de fecha 5 de julio de 1999, BOLETIN OFICIAL de Navarra número 104, de 20 de agosto), que impuso una multa de 96,16 euros (16.000 pesetas) en expediente sancionador incoado por la comisión de una infracción grave en materia de tráfico, consistente en el estacionamiento de un vehículo en zona de carga y descarga, durante el horario reservado para la misma, sin realizar dicha actividad (calle Castillo de Maya, 42), con infracción del ordenamiento jurídico. El recurrente alega cuanto estima oportuno y, en base a los fundamentos jurídicos que considera aplicables, concluye con la súplica de que la sanción sea anulada.
2.º El Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona remitió el expediente respectivo con los antecedentes acreditativos de su actuación, aportando informe en defensa de la legalidad del acto impugnado.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-Los hechos denunciados han quedado plenamente acreditados en el expediente pues, si bien es cierto que el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone que las denuncias formuladas por los Agentes de Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, y que tal presunción de veracidad no puede extenderse a los Vigilantes y Controladores de tráfico por cuanto éstos no pueden ser considerados agentes de la autoridad y, por tanto, sus denuncias, al igual que las denuncias que pudiera formular un particular, carecen por sí solas de fuerza suficiente para acreditar los hechos que se denuncian, a menos que sean adveradas por pruebas posteriores (Sentencias del T.S. de 1 de octubre de 1991 -R. Ar. 7639- y 23 de noviembre de 1993 -R. Ar. 8883-, entre otras muchas), también es cierto que la denuncia que formule cualquier persona que tuviera conocimiento directo de los hechos siempre constituye, como señala el Alto Tribunal, un elemento probatorio a tener en cuenta, que habrá que conjugarse con el resto de circunstancias concurrentes que puedan dar o negar verosimilitud a la denuncia (STS de 22 de septiembre de 1999 -R. Ar. 6728-). Tal sucede en el presente caso, donde para desvirtuar la presunción de inocencia de que goza el administrado, el Ayuntamiento practicó otros medios probatorios distintos de la mera declaración del Vigilante, como son la incorporación al expediente de una fotografía, donde se observa patentemente el indebido estacionamiento del vehículo con matrícula NA-4258-AZ.
Por lo demás, si bien es cierto que el artículo 77 de la Ley Vial establece que las denuncias formuladas por Agentes de Autoridad deberán notificarse en el acto, dicha obligación, por las razones expuestas, no alcanza a los Vigilantes y Controladores de tráfico, que, según lo dicho, no son agentes de autoridad, como tampoco alcanza, por supuesto, a los particulares que, eventualmente, pudieran formular una denuncia por infracción a la ley Vial.
Segundo.-Por otro lado, no es posible afirmar, como sostiene el recurrente que la acción para sancionar haya prescrito, habida cuenta que, si bien es cierto que el lapso de tiempo que media entre la comisión de la infracción (20 de septiembre de 2001) y la publicación de la denuncia en el BOLETIN OFICIAL de Navarra (número 10, de 23 de enero de 2002), y tablón de edictos del Ayuntamiento respectivo, es superior al plazo legal de prescripción de la infracción (tres meses, según el artículo 81.1 de la Ley Vial, redactado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1997, de 24 de marzo), no es menos cierto que, con anterioridad a dicha publicación, se llevaron a cabo dos intentos de notificación de la denuncia, y en hora distinta, por medio del Servicio de Correos, en el último domicilio conocido del interesado, los días 22 y 24 de octubre de 2000, quedando interrumpido el plazo prescriptivo. Tal es el criterio que de modo reiterado ha sostenido y sostiene la jurisdicción contencioso-administrativa con sede en Navarra.
Tercero.-Por otro lado, frente a lo manifestado por el recurrente en relación con la autoría de la infracción, debe recordarse que el artículo 72.3 de la Ley Vial obliga al titular del vehículo, debidamente requerido para ello, a identificar con precisión al conductor responsable de la infracción, no bastando meras manifestaciones evasivas tendentes a evitar la aplicación de la ley. Al respecto el Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 154/1994, de 23 de mayo, refiere que "es indudable que el propietario de un vehículo en razÍn del conjunto de derechos y obligaciones dimanantes de sus facultades dominicales y esencialmente debido al riesgo potencial que la utilización de un automóvil entraña para la vida, salud e integridad de las personas, debe conocer en todo momento quién lo conduce...".
En el presente caso, el titular del vehículo declinó en su momento presentar alegaciones a la denuncia formulada, manifestando ahora, en vía de recurso, no ser el autor de la infracción, de forma extemporánea y, por tanto, inoperante.
Cuarto.-Conforme dispone el artículo 65.4 de la Ley Vial son constitutivos de infracción grave "...las paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico...". La comisión de infracciones graves puede sancionarse con multa de hasta 50.000 pesetas (300,51 euros), según tipifica el artículo 67.1 de la misma norma legal. En el presente caso los hechos denunciados constituyen una infracción grave conforme se señala en el artículo 91.2, g), del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero); habiéndose impuesto la sanción correspondiente en la cuantía de 96,16 euros (16.000 pesetas), cantidad que, a juicio de este Tribunal, está correctamente graduada. Por lo demás, dicho importe pudo ser abonado con un descuento del 20% dentro de los diez días hábiles siguientes a recibir el infractor la notificación de la denuncia.
Finalmente, el examen del expediente sancionador permite deducir que se han cumplido, en lo sustancial, todos los requisitos formales exigidos por la ley, habiendo posibilitado al recurrente la identificación, en su caso, del conductor del vehículo y la formulación de alegaciones y la proposición de pruebas en su defensa, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 72 y 79 de la Ley Vial. Procede la desestimación del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede desestimar, y se desestima, el recurso de alzada, arriba referenciado, interpuesto contra resolución del Concejal Delegado del Area de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, que impuso una multa por la comisión de una infracción grave en materia de tráfico (expediente sancionador número 961396/01); resolución que debemos confirmar, y se confirma, por ser ajustada a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2801 de este Tribunal, de fecha 19 de agosto de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-1981, interpuesto por don Juan Ramírez Avila, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 1543/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2801.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a diecinueve de agosto de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-1981, interpuesto por don Juan Ramírez Avila contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 1543/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Por don Juan Ramírez Avila, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 29 de abril de 2002, se interpuso recurso de alzada contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 1543/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
2.º Por providencia de este Tribunal de fecha 6 de mayo de 2002, notificada el día 7 de mayo de 2002, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 12.2 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, se dio traslado del recurso y de los documentos aportados con el mismo al Ayuntamiento de Pamplona, concediéndole el plazo de un mes para que presentara escrito de informe o alegaciones y cuanta documentación estimara procedente para justificar la resolución recurrida.
3.º Evacuando el trámite conferido, dicho Ayuntamiento emitió un informe que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 29 de julio de 2002, en el sentido de estar dispuesto a satisfacer las pretensiones deducidas en el recurso, concretando los motivos que aconsejaron la variación de criterio en relación al mantenido en el acto que dio origen al recurso.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-Conforme al artículo 20 del precitado Reglamento, las autoridades o corporaciones cuyas resoluciones o acuerdos hubiesen sido recurridos, podrán dirigirse al Tribunal Administrativo de Navarra indicando, por vía de informe, estar dispuestos a satisfacer las pretensiones deducidas en el recurso, concretando los motivos que hubieren aconsejado el cambio de criterio.
Segundo.-Habiendo manifestado el Ayuntamiento de Pamplona estar dispuesto a satisfacer las pretensiones deducidas en el presente recurso, y no dándose en el presente caso ninguno de los supuestos que contemplan los apartados a) al c) del número 2 del artículo 20 del Reglamento en cuestión para la continuación del procedimiento, procede dictar resolución de conformidad con las pretensiones de la parte recurrente.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar y se estima el recurso de alzada interpuesto por don Juan Ramírez Avila, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 22 de octubre de 2001 (expediente municipal número 1543/01); acto que debemos anular y anulamos por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se publica el presente Edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Resolución número 2686 de este Tribunal, de fecha 5 de julio de 2002, que resolvió el recurso de alzada número 02-2099, interpuesto por don Ignacio Bengoechea Sáez de Maturana, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 4 de marzo de 2002 (expediente municipal número 11888/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:
"Resolución número 2686.
Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.
Vocales: Don Javier Repáraz Martínez de Azagra y don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a cinco de julio de dos mil dos.
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra, integrada por los Vocales que al margen se expresan, el expediente del recurso de alzada número 02-2099, interpuesto por don Ignacio Bengoechea Sáez de Maturana contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 4 de marzo de 2002 (expediente municipal número 11888/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
Antecedentes de Hecho:
1.º Por don Ignacio Bengoechea Sáez de Maturana, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de mayo de 2002, se interpuso recurso de alzada contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 4 de marzo de 2002 (expediente municipal número 11888/01), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.
2.º Por providencia de este Tribunal de fecha 14 de mayo de 2002, notificada el día 15 de mayo siguiente, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 12.2 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por el Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, se dio traslado del recurso y de los documentos aportados con el mismo al Ayuntamiento de Pamplona, concediéndole el plazo de un mes para que presentara escrito de informe o alegaciones y cuanta documentación estimara procedente para justificar la resolución recurrida.
3.º Evacuando el trámite conferido, dicho Ayuntamiento emitió un informe que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 2 de julio de 2002, en el sentido de estar dispuesto a satisfacer las pretensiones deducidas en el recurso, concretando los motivos que aconsejaron la variación de criterio en relación al mantenido en el acto que dio origen al recurso.
Fundamentos de Derecho:
Primero.-Conforme al artículo 20 del precitado Reglamento, las autoridades o corporaciones cuyas resoluciones o acuerdos hubiesen sido recurridos, podrán dirigirse al Tribunal Administrativo de Navarra indicando, por vía de informe, estar dispuestos a satisfacer las pretensiones deducidas en el recurso, concretando los motivos que hubieren aconsejado el cambio de criterio.
Segundo.-Habiendo manifestado el Ayuntamiento de Pamplona estar dispuesto a satisfacer las pretensiones deducidas en el presente recurso, y no dándose en el presente caso ninguno de los supuestos que contemplan los apartados a) al c) del número 2 del artículo 20 del Reglamento en cuestión para la continuación del procedimiento, procede dictar resolución de conformidad con las pretensiones de la parte recurrente.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
Resuelve: Que procede estimar y se estima el recurso de alzada interpuesto por don Ignacio Bengoechea Sáez de Maturana, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en fecha 4 de marzo de 2002 (expediente municipal número 11888/01); acto que debemos anular y anulamos por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Roberto Rubio. Javier Repáraz. Gabriel Casajús. Certifico. María Carmen Lorente, Secretaria."
Contra la precedente resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta notificación.
Pamplona, veinticuatro de septiembre de dos mil dos.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.
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