BOLETÍN Nº 123 - 11 de octubre de 2002

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Resolución de expedientes sancionadores.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los Acuerdos de Gobierno resolviendo recursos de alzada contra las Resoluciones Sancionadoras de Transportes que se relacionan a continuación, se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 23 de noviembre de 2000, presenta don Luis Lasierra Ferrer, contra la Resolución 3219/2000, de 4 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 230.000 pesetas (1.382,33 euros), como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil Tráfico el día 20 de marzo de 2000, en el kilómetro 111,000 de la carretera N-232, al vehículo matrícula L-2159-O, por circular habiendo efectuado manipulación aparato tacógrafo.

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 8 de agosto de 2000 se notificó a don Luis Lasierra Ferrer la incoación de expediente sancionador NA01686/00 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil Tráfico, el día 20 de marzo de 2000, al vehículo L-2159-O, en el kilómetro 111,000 de la carretera N-232, por circular habiendo efectuado manipulación aparato tacógrafo, consistente en corte corriente del reloj del tacógrafo grabaciones verticales. Se adjunta copia de disco retirado.

En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

2.º El día 21 de septiembre de 2000 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que considera procedente confirmar la sanción toda vez que el interesado no ha presentado alegación ni prueba alguna en el plazo legal establecido, dictándose con posterioridad la Resolución 3219/2000, de 4 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don Luis Lasierra Ferrer una sanción de 230.000 pesetas (1.382,33 euros).

3.º Con fecha 23 de noviembre de 2000 interpone recurso de alzada en el que solicita le sea remitida la prueba en la que se basa la sanción.

Fundamentos de derecho

1.º El recurrente solicita le sea remitida la prueba en la que se basa la sanción.

En este sentido el Tribunal Supremo ha manifestado en reiteradas sentencias (Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1988, Fundamento de Derecho 3.º) que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, y cuyo carácter preclusivo viene legalmente impuesto por el Artículo 306 de la Ley procesal.

Los preceptos procesales, con arreglo a una reiterada doctrina, tanto del Tribunal Constitucional -Sentencia 202/88, de 31 de octubre- como del Tribunal Supremo de 18 y 30 de marzo de 1993-, son de orden público y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, no permite sacar la conclusión de que existe una prorrogabilidad arbitraria de los plazos, ni de que estos puedan quedar al arbitrio de las partes -Sentencia del Tribunal Constitucional 1/1989, de 16 de enero- siendo en tal sentido muy numerosas las resoluciones del Tribunal Constitucional que inadmiten el recurso de amparo que ante él se presente transcurrido un día fuera del plazo de los veinte que establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -Autos 206/1985 y 230/1990-, entre otros muchos.

Asimismo, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prescribe que no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.

En aplicación de esta doctrina, en vía de recurso no es procedente practicar las pruebas solicitadas por el recurrente puesto que el momento procesal oportuno era en fase de alegaciones.

Añadir que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, atribuye valor probatorio a los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos puedan aportar los propios interesados.

En este caso, frente a la denuncia formulada por el agente de la Guardia Civil el interesado no aporta prueba alguna, por lo que, habiéndose emitido informe por el citado agente ratificando los términos de la denuncia, ésta habrá de considerarse medio de prueba suficiente, sin que por ello pueda considerarse vulnerado el derecho del recurrente a la presunción de inocencia.

2.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Luis Lasierra Ferrer, contra la Resolución 3219/2000, de 4 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, cuatro de febrero de dos mil dos.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 22 de septiembre de 2000, presenta don don Eduardo Angel Ocariz Gorbea, contra la Resolución 2068/2000, de 11 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 250.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil de Tráfico el día 22 de marzo de 2000 en el kilómetro 88,500 de la carretera N-232, al vehículo matrícula BI-0890-AT, por circular cargado careciendo de tarjeta de transportes.

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 5 de junio de 2000 se notificó a don don Eduardo Angel Ocariz Gorbea la incoación de expediente sancionador NA01804/2000 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico, el día 22 de marzo de 2000, al vehículo BI-0890-AT, en el kilómetro 88,500, de la carretera N-232, por circular desde Bilbao a Barcelona, transportando dos palets de madera amparado con tarjeta de transporte caducada desde el 31 de mayo de 1998, visado abril de 1998.

En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara oportunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

2.º El día 1 de agosto de 2000 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que considera procedente confirmar la sanción toda vez que el interesado no ha presentado alegación ni prueba alguna en el plazo legal establecido, dictándose con posterioridad la Resolución 2068/2000, de 11 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don don Eduardo Angel Ocariz Gorbea una sanción de 250.000 pesetas.

3.º Con fecha 22 de septiembre de 2000 interpone recurso de alzada en el que invoca la nulidad del expediente porque, en primer lugar no ha habido notificación de la iniciación del expediente, causándole indefensión al no poder presentar alegaciones ni prueba alguna. En cuanto al procedimiento considera que es defectuoso al no habérsele notificado la propuesta de resolución y por último, en cuanto a ésta, señala que debe dictarse la nulidad por cuanto figura una firma ilegible.

Fundamentos de derecho

1.º Alega el recurrente que existe nulidad por no habérsele notificado la denuncia e incoación del expediente. Sin embargo tal afirmación decae por el documento preceptivo que figura en el expediente como es el acuse de recibo donde consta que la notificación fue recibida en el domicilio del alegante el día 5 de junio de 2000, figurando como receptora doña Susana Ocariz, D.N.I. 78932829 en calidad de familiar. En la notificación recibida se expresa con claridad su derecho a presentar alegaciones, así como su plazo, razón por la que no cabe alegar indefensión por cuanto en todo momento ha tenido conocimiento de los cargos imputados así como de la tramitación del procedimiento.

2.º La segunda de las invocaciones es que el hecho de no habérsele notificado la propuesta de resolución le causa indefensión. Sin embargo ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.

Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."

En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual no realizó en el plazo al efecto conferido.

3.º Finalmente alega la nulidad de la resolución dictada por cuanto la firma que contiene la misma es ilegible. Respecto a esta afirmación hay que señalar que no cabe atenderla por cuanto en la resolución dictada figuran el nombre y apellidos del firmante, circunstancia que destruye tal invocación, significando que el acto recurrido, resolución 2068/2000 de 11 de agosto, ha sido dictada por el órgano competente, el Señor Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por delegación del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, en virtud de lo dispuesto en la Orden Foral 3912/1999, de 7 de octubre, llevando su notificación la firma autógrafa del Secretario Técnico del Departamento, que no ha hecho sino actuar su función de dar fe y librar la certificación de la misma, competencia ésta atribuida por el artículo 28.2 del Reglamento de Régimen Interior del Gobierno de Navarra, aprobado por Decreto Foral 35/1984, de 7 de mayo, en base al cual "De las Ordenes Forales y de las resoluciones de los Consejeros, así como las restantes resoluciones de los órganos o unidades de los Departamentos, dará fe y librará las oportunas certificaciones el Secretario Técnico del Departamento respectivo".

4.º El artículo 90 de la Ley 16/1987 de Ordenación del Transporte Terrestre establece que los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros por carretera únicamente podrán realizarse por las personas que además de reunir los requisitos exigidos por el artículo 48 de la citada norma hayan obtenido la correspondiente autorización, circunstancia ésta que no se da en el presente caso por cuanto del Registro General de Autorizaciones se constata que el vehículo de su propiedad denunciado no tiene autorización por cuanto ésta causó baja en el mes de septiembre de 1998 por no visarla.

5.º El artículo 140 a) de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres determina que es infracción muy grave el hecho de realizar transportes públicos o actividades complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización.

6.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Angel Ocariz Gorbea, contra la Resolución 2068/2000, de 11 de agosto, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, dieciocho de junio de dos mil uno.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de noviembre de 2000, presenta don Manuel Andrade Borrego, contra la Resolución 3336/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 100.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Policía Foral de Navarra, el día 13 de marzo de 2000 en el kilómetro 4,500 de la carretera N-240 al vehículo matrícula NA-6016-V por circular con el vehículo reseñado durante más de un mes con el tacógrafo averiado.

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 8 de junio de 2000 se notificó a don Manuel Andrade Borrego, la incoación de expediente sancionador NA01847/2000 como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra, el día 13 de marzo de 2000, al vehículo NA-6016-V en el kilómetro 4,500 de la carretera N-240, por circular con el vehículo reseñado durante más de un mes con el tacógrafo averiado. No funciona el estilete de la velocidad ni de espacios recorridos. Se adjunta fotocopia de los discos retirados.

2.º El día 4 de julio de 2000, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 19 de septiembre de 2000, el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de julio de 2000, se confirma la sanción toda vez que el hecho denunciado queda acreditado tras el examen de los discos diagrama retirados por el agente, copia de los cuales fue remitida al interesado junto con la notificación de la denuncia, constituyendo los referidos discos la prueba más fehaciente de la infracción que se imputa, no presentando el interesado prueba alguna que lo desvirtúe, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 3336/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don Manuel Andrade Borrego, una sanción de 100.000 pesetas.

4.º Con fecha 10 de noviembre de 2000, don Manuel Andrade Borrego interpone recurso de alzada en el que expone que se le está denunciando con "carácter retroactivo" por una avería en el tacógrafo que se subsanó en su día. Que está incluido en una de las excepciones sobre el uso del tacógrafo. Que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad. Solicita las pruebas que obran en su contra y el informe ratificador del agente denunciante. Que la competencia sancionadora corresponde a la Dirección General de Tráfico y no al Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra.

Fundamentos de derecho

1.º Manifiesta el recurrente que el tacógrafo no estaba averiado en el momento de ser parado por el agente denunciante, entendiendo que se le está denunciando con "carácter retroactivo" por una avería en el tacógrafo que se subsanó en su día, habiendo presentado factura de reparación del tacógrafo de fecha 30 de diciembre de 1999 por reparación efectuada el 17 de diciembre de 1999.

El artículo 16 del Reglamento (CEE) número 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera establece que: "en caso de avería o funcionamiento defectuoso del aparato, el empresario deberá hacerlo reparar, por un instalador o taller autorizado, tan pronto como las circunstancias lo permitan. Si el regreso a la oficina central únicamente pudiere efectuarse después de un período superior a una semana a partir del día de la avería o de la comprobación del funcionamiento defectuoso, la reparación deberá ser efectuada en el camino".

En este caso, examinados el boletín de denuncia, la hoja de registro cumplimentada por el agente denunciante y los discos diagrama retirados, correspondientes a los días 20 de enero y 13 de marzo de 2000, se constata que han transcurrido más de los siete días establecidos en el artículo 16 citado sin que se haya reparado la avería detectada.

Añadir que el recurrente adjunta con el recurso de alzada, albarán de reparaciones realizadas al vehículo denunciado, si bien dicho albarán es de fecha 22 de diciembre de 1999, por lo tanto siendo la denuncia de fecha 13 de marzo de 2000 no desvirtúa los hechos denunciados, ya que únicamente acredita la realización de una reparación en fecha anterior a la denuncia.

2.º Considera el recurrente que está incluido en una de las excepciones sobre el uso del tacógrafo.

El artículo 2 del Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen normas sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el uso del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera en aplicación de los Reglamentos (CEE) números 3820/85 y 3821/85, establece determinadas excepciones a la obligación de instalación y uso del aparato de control.

Sin embargo, no se dan las circunstancias requeridas para la aplicación de dichas excepciones, ya que el recurrente no aporta prueba alguna al respecto.

3.º El recurrente considera vulnerado el principio de proporcionalidad.

Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción al artículo 16 del Reglamento de la Comunidad Económica Europea 3821/1985, y 141.h) de la Ley 16/1987, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como grave.

Para estas infracciones, se prevé multa de 46.001 a 230.000 pesetas.

En este supuesto, se impone sanción de 100.000 pesetas, siendo ésta graduada en el tipo medio de entre las que le ofrece la norma aplicable, y en función del tiempo en que el aparato tacógrafo ha permanecido averiado, por lo que la sanción ha sido correctamente graduada, y no existe vulneración del principio de proporcionalidad.

4.º Solicita las pruebas que obran en su contra y el informe ratificador del agente denunciante.

Hay que tener en consideración que, en fecha 8 de junio de 2000, se notificó al recurrente la incoación del expediente sancionador de referencia, indicándole su derecho a presentar alegaciones, así como a proponer o aportar las pruebas que estimare conveniente, derecho del que el interesado hizo uso. Asimismo, junto con la notificación de la denuncia se remitió al interesado copia de los discos diagrama retirados por el agente denunciante.

Por su parte, el día 24 de octubre de 2000, el recurrente recibe notificación de la resolución sancionadora, por lo que en todo momento del procedimiento ha tenido acceso a los documentos obrantes en el expediente.

La resolución recurrida le comunica, con toda claridad que los discos recogidos por el agente, copia de los cuales le fue remitida, son la prueba más concluyente del hecho imputado. El artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acreditada directamente en la hoja de registro retirada al conductor el día de la denuncia.

5.º Que la competencia sancionadora corresponde a la Dirección General de Tráfico y no al Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra.

El artículo 146.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres establecía que: "Por constituir fundamentalmente materia de seguridad vial, la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en los apartados b) y c) del artículo 140 y h) del artículo 141, excepto cuando la causa de la infracción fuera el exceso de carga, corresponderá a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial".

Sin embargo, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, ha modificado el apartado 1 del artículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: "1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley corresponderá a los órganos que legal o reglamentariamente la tengan atribuida. Cuando la infracción denunciada revele una conducción que suponga un exceso en más de un 50 por 100 en los tiempos de conducción, o una minoración en más de un 50 por 100 en los tiempos de descanso reglamentariamente establecidos, se considerará temeraria y, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda exigir con arreglo a este, se pasará el tanto de culpa a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial."

Por lo tanto, la competencia para sancionar el hecho denunciado corresponde, tras la modificación efectuada en la citada norma, a los órganos competentes en materia de transportes. Así, en la Comunidad Foral de Navarra corresponde a la Inspección de Transportes la instrucción de los expedientes sancionadores en materia de transporte y al Director General de Transportes y Telecomunicaciones la resolución de expedientes administrativos, en virtud de la modificación de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que suprime, en el Título IX, la prohibición de la delegación en el ejercicio de la potestad sancionadora, y de la Orden Foral 3912/1999, de 7 de octubre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, que delega el ejercicio de atribuciones en los Directores Generales. En concreto, delega en el Director General de Transportes y Telecomunicaciones la resolución de expedientes administrativos, excepto los relativos a autorizaciones de transporte de mercancías, de transporte discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, de transporte regular de uso especial, y las autorizaciones especiales de circulación.

6.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Andrade Borrego, contra la Resolución 3336/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, veintiséis de noviembre de dos mil uno.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Actuando en Funciones de Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 30 de noviembre de 2000, presenta don Santiago Barbarin Barandalla, en representación de Transportes Barbarin Villamayor S.L., contra la Resolución 3460/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 100.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil de Tráfico el día 25 de marzo de 2000, en el kilómetro 2,000 de la carretera NA-132 al vehículo matrícula NA-1478-Y, por circular con el tacógrafo averiado durante más de siete días.

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 1 de septiembre de 2000 se notificó a Transportes Barbarin Villamayor, S.L., la incoación de expediente sancionador NA01923/00 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 25 de marzo de 2000, al vehículo NA-1478-Y, en el kilómetro 2,000 de la carretera NA-132, por circular con el tacógrafo averiado durante más de siete días. Presenta corte de corriente del reloj según los discos adjuntos.

2.º El día 19 de septiembre de 2000, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 26 de octubre de 2000 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 19 de septiembre de 2000, se confirma la sanción toda vez que el hecho denunciado queda acreditado tras el examen de los discos diagrama retirados por el agente, constituyendo los referidos discos la prueba más fehaciente de la infracción que se imputa, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 3460/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Transportes Barbarin Villamayor S.L., una sanción de 100.000 pesetas.

4.º Con fecha 30 de noviembre de 2000, don Santiago Barbarin Barandalla, en representación de Transportes Barbarin Villamayor, S.L., interpone recurso de alzada. Dicho recurso lo fundamenta invocando, en primer lugar, la prescripción conforme a lo establecido en los artículos 145 de la Ley 16/1987, de Ordenación del Transporte Terrestre y 203 del Real Decreto 1211/1990 por el que se aprueba su Reglamento y la caducidad del procedimiento. Seguidamente invoca diferentes vicios del procedimiento tales como falta de notificación de la propuesta de resolución, incumplimiento del principio de proporcionalidad de las sanciones, incongruencia de la resolución impugnada, falta de prueba y solicitud de ratificación del agente, solicitando en base a todo ello el sobreseimiento del expediente.

Fundamentos de derecho

1.º La primera de las manifestaciones a analizar es la figura de la prescripción en la medida que su existencia acarrearía la nulidad del expediente. Sin embargo tal situación no concurre en el presente caso toda vez que la Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año, plazo que es el que resulta aquí aplicable, y que en absoluto ha transcurrido entre los momentos procesales señalados por el recurrente.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero, que "el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Por tanto, habiendo entrado en vigor la citada disposición adicional undécima en fecha 1 de enero de 1995, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, plazo que no ha transcurrido en el procedimiento de referencia.

En cuanto a lo referido al artículo 203 del Reglamento, hay que señalar que la redacción actual del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos en materia de transportes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es la siguiente:

"No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud del procedimiento instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.

Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos fijados en la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres."

En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.

2.º El artículo 205 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción dada por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, establece que el plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación, siendo de aplicación, si sobrepasase dicho plazo, lo previsto en el punto 4 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho plazo queda modificado según el artículo 42.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable en este caso, al establecer que: 2. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, supuesto ante el que nos encontramos, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento, a diferencia del que regula el procedimiento sancionador en materia de tráfico, no admite la posibilidad de incoación del expediente a través de la propia denuncia, sino que pospone ésta a un momento posterior, encomendando al instructor del procedimiento el traslado de los hechos al interesado, traslado que habrá de contener toda la información necesaria para asegurar la defensa del interesado y en el que se le concede un plazo de quince días para la presentación de alegaciones y la aportación o proposición de pruebas.

La fecha del acuerdo de iniciación es el de 5 de junio de 2000, fecha en que se incoa el expediente sancionador y que figura en la notificación de la denuncia y la fecha de la notificación de la resolución sancionadora es de 13 de noviembre de 2000, por lo que no ha transcurrido el plazo de 6 meses legalmente establecido.

3.º La tercera de las invocaciones del recurrente es el vicio de falta de notificación de la propuesta de resolución que junto al invocado de falta de pruebas y por ello petición del informe del agente, como la de incongruencia de la resolución recurrida van a ser respondidas conjuntamente en la medida que tienen íntima relación. Dichas invocaciones no pueden atenderse toda vez que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.

Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."

En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, alegaciones que realizó el recurrente y que pese a haberle remitido los discos recogidos al conductor ni aportó prueba en contrario ni realizó manifestación alguna que desvirtuara el hecho, es decir no se aportaron otros elementos de juicio distintos de los iniciales.

En cuanto a la afirmación de falta de pruebas y por ello la exigencia de que se solicite informe al agente denunciante hay que señalar en cuanto a lo primero que conforme a los documentos existentes en el expediente y como así se le señala en la resolución recurrida, los discos recogidos, copia de los cuales le fue remitida, constituyen la manifestación más clara del hecho imputado como es que el día 24 de febrero de 2000, que es el primer disco recogido éste está totalmente en blanco y el día que fue inspeccionado fue el 25 de marzo del mismo año, es decir había transcurrido un plazo muy superior al de siete días que fija la norma como plazo para que, en caso de avería, pueda ser reparado el tacógrafo.

Respecto a la solicitud de informe al agente, en principio señalar que es extemporánea tal petición por cuanto en fase de recurso no puede admitirse la misma, máxime cuando en su poder constan las pruebas en las que se basa la imputación y éstas no han sido destruidas. Por tanto, en todo momento han quedado garantizados los derechos del recurrente.

Respecto a la incongruencia de la resolución, señalar que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que habrán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

La resolución sancionadora 3460/2000, de 2 de noviembre, es una resolución lo suficientemente motivada, que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado, en cuanto que analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denunciado), así como qué infracción constituye tal hecho, y qué sanción corresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la infracción como la sanción, y habiendo analizado las alegaciones presentadas por el recurrente, que no se estiman precisamente en base a que "el hecho denunciado ha quedado acreditado por los discos recogidos por el agente, copia de los cuales le fue remitida y frente a los cuales el interesado se ha limitado a negar los hechos, por lo que no se ha destruido su valor probatorio, imponiéndose la sanción de acuerdo con la infracción cometida".

4.º El recurrente considera desproporcionada la sanción. Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción al artículo 16 del Reglamento de la Comunidad Económica Europea 3821/1985, y 141.h) de la Ley 16/1987, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como grave. Para estas infracciones, se prevé multa de 46.001 a 230.000 pesetas.

En este supuesto, ante la inexistencia de causas agravantes o atenuantes, se impone sanción de 100.000 pesetas, siendo ésta graduada en el tipo medio de entre las que le ofrece la norma aplicable, y en función del tiempo en que el aparato tacógrafo ha permanecido averiado, por lo que no existe vulneración del principio de proporcionalidad.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Santiago Barbarin Barandalla en representación de Transportes Barbarin Villamayor S.L., contra la Resolución 3460/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, cinco de noviembre de dos mil uno.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior Actuando en Funciones de Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 24 de noviembre de 2000, presenta doña Cecilia Salinas Larumbe, en representación de Navarconsa, S.A.L., contra la Resolución 3353/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 100.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil de Tráfico, el día 29 de marzo de 2000 en el kilómetro 16,000 de la carretera N-121, al vehículo matrícula NA-4309-AV, por circular con un peso total en bruto de 42.240 kilos estando autorizado para 38.000 kilos, exceso de 4.240 kilos (+11%).

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 20 de agosto de 2000, se notificó a Navarconsa, S.A.L., la incoación de expediente sancionador NA01946/2000 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico, el día 29 de marzo de 2000, al vehículo NA-4309-AV, en el kilómetro 16,000 de la carretera N-121, por circular con un peso total en bruto de 42.240 kilos estando autorizado para 38.000 kilos, exceso de 4.240 kilos (+11%). Peso comprobado en albarán de carga.

2.º El día 18 de septiembre de 2000, el interesado presenta alegaciones.

3.º El Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 18 de septiembre de 2000, fuera de plazo, se confirma la sanción toda vez que el exceso de peso detectado consta en el albarán de transportes número 20017776, exceso que fue conocido por el transportista, cuando menos, en el momento de efectuar la carga, sin que haya desvirtuado a través de la correspondiente prueba que los datos que figuraban en tal albarán no respondieran a la realidad, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 3353/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Navarconsa, S.A.L., una sanción de 100.000 pesetas (601,01 euros).

4.º Con fecha 24 de noviembre de 2000, doña Cecilia Salinas Larumbe, en representación de Navarconsa, S.A.L., interpone recurso de alzada en el que solicita que se le remita el albarán de carga en que se base la infracción cometida. Alega que se ha producido la prescripción de la infracción.

Fundamentos de derecho

1.º Solicita la recurrente que se le remita el albarán de carga en que se basa la infracción cometida.

El Tribunal Supremo ha manifestado en reiteradas sentencias (Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1988, Fundamento de Derecho 3.º) que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción, y cuyo carácter preclusivo viene legalmente impuesto por el Artículo 306 de la Ley procesal.

Los preceptos procesales, con arreglo a una reiterada doctrina, tanto del Tribunal Constitucional -Sentencia 202/88, de 31 de octubre- como del Tribunal Supremo de 18 y 30 de marzo de 1993, son de orden público y la premisa de que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, no permite sacar la conclusión de que existe una prorrogabilidad arbitraria de los plazos, ni de que estos puedan quedar al arbitrio de las partes -Sentencia del Tribunal Constitucional 1/1989, de 16 de enero- siendo en tal sentido muy numerosas las resoluciones del Tribunal Constitucional que inadmiten el recurso de amparo que ante él se presente transcurrido un día fuera del plazo de los veinte que establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -Autos 206/1985 y 230/1990, entre otros muchos-.

Asimismo, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prescribe que no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.

En aplicación de esta doctrina, en vía de recurso no es procedente practicar la prueba solicitada por la recurrente puesto que el momento procesal oportuno era en fase de alegaciones, y examinado el escrito de alegaciones presentado con fecha 18 de septiembre de 2000, resulta que no propuso prueba alguna.

2.º Alega el recurrente que se ha producido la prescripción de la infracción.

La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero), que "el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Asimismo, la Sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".

De igual manera se pronuncia la Sentencia de 28 de septiembre de 2001, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Navarra: " Pero el plazo de prescripción no es de tres meses sino de un año pues el artículo 145.1 de la Ley 16/1987 debe entenderse tácitamente derogado por la Disposición Adicional 11.ª de la Ley 42/1994 conforme a la cual las infracciones y sanciones de la legislación de transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, salvo cuando se trate de infracciones leves en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997).

Esta interpretación es la que mantiene la Sala desde la sentencia dictada el 26 de junio de 2000 en el recurso 1035/97, pues en sentencias anteriores como las citadas por el recurrente sostuvo la vigencia del artículo 145.1 de la Ley 16/1987 aún después de la Disposición Adicional antes mencionada."

Por tanto, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, que no han transcurrido en el procedimiento de referencia.

3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Cecilia Salinas Larumbe, en representación de Navarconsa, S.A.L., contra la Resolución 3353/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, cuatro de febrero de dos mil dos.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 3 de enero de 2001, presenta don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Resolución 3354/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 100.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil Tráfico el día 29 de marzo de 2000 por cargar en el vehículo NA-4309-AV con un peso total de 42.240 kilos, estando autorizado para 38.000 kilos,

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 24 de agosto de 2000 se notificó a Uncona, S.A., la incoación de expediente sancionador NA01947/00 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil Tráfico el día 29 de marzo de 2000 por cargar en el vehículo NA-4309-AV con un peso total de 42.240 kilos, estando autorizado para 38.000 kilos. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.

2.º El día 4 de septiembre de 2000, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 18 de septiembre de 2000 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de septiembre de 2000, se confirma la sanción toda vez que el exceso de peso detectado consta en el albarán de carga número 20017776, sin que se haya desvirtuado a través de la correspondiente prueba que los datos que figuran en tal albarán no responden a la realidad, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida y en función del exceso de peso detectado sobre el peso máximo autorizado del vehículo, dictándose con posterioridad la Resolución 3354/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Uncona, S.A., una sanción de 100.000 pesetas.

4.º Con fecha 3 de enero de 2000, interpone recurso de alzada en el que expone que el albarán únicamente supone un indicio de posible sobrepeso que deberá ser acreditado por otros medios. Que se ha transgredido el plazo legal de prescripción de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 203 de su Reglamento. Asimismo se ha vulnerado el procedimiento al haberse omitido la notificación de la propuesta de resolución. Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción ya que no concurren ninguna de las circunstancias agravantes tipificadas.

Fundamentos de derecho

1.º Manifiesta el recurrente que el albarán únicamente supone un indicio de posible sobrepeso que deberá ser acreditado por otros medios.

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda desvirtuada por el albarán de carga número 20017776, en cuanto sirve para el cobro de la misma, en el que se constata la infracción imputada así como, tácitamente, en el escrito de recurso interpuesto en el que se niega genéricamente el hecho denunciado, sin alegar nada en concreto.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 25 de marzo de 1998, número 266/1998, fundamento de derecho tercero, al manifestar que el exceso de peso transportado consta en los albaranes del transporte presentado por la mercantil contratante del mismo, exceso que fue conocido por el transportista, cuando menos, en el momento de efectuar la carga y ante cuyo conocimiento -haya o no intervenido en el pesaje- podía y debía haberse negado a transportar el exceso, sin que haya desvirtuado a través de la correspondiente prueba que los datos que figuraban en tales albaranes no respondieran a la realidad.

En el mismo sentido, la Sentencia de 13 de octubre de 1998, número 1163/1998 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el Fundamento de Derecho Tercero manifiesta que ninguna virtualidad cabe reconocer a dicha alegación, habida cuenta que el citado albarán es facilitado por el propio conductor del vehículo. Igualmente en cuanto al funcionamiento de la báscula puesto en cuestión por la actora, hay que decir que no puede realmente cuestionarse el funcionamiento de la báscula cuando se trata de determinar la comisión de la infracción, y haber admitido su funcionamiento cuando se efectuó la carga y se pesó la mercancía en la citada báscula, sin observar deficiencia alguna de la misma evidenciando así que se da por medido el resultado reflejado en el albarán de carga. Por ello no puede entenderse que se haya producido indefensión alguna a la actora cuando en la tramitación del procedimiento sancionador no se practicó la prueba propuesta en relación con el funcionamiento de la báscula. De igual modo, en atención a lo dicho, tampoco cabe extraer ninguna consecuencia de que los agentes denunciantes no ordenaron el traslado del vehículo hasta la báscula más próxima, que dicha medida cabe adoptarse en caso de falta de conformidad expresa en el exceso apreciado por los Agentes, mas siendo que en el supuesto de autos el peso quedó reflejado en el albarán de carga que fue admitido sin reservas por el conductor, no resultase necesaria la adopción de la medida a que alude la actora.

2.º Que se ha transgredido el plazo legal de prescripción de tres meses establecido en el artículo 145 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 203 de su Reglamento.

La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año. En este caso el plazo que resulta aquí aplicable, es el de dos años y en absoluto ha transcurrido entre los momentos procesales señalados por el recurrente.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero, que "el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Asimismo, según Sentencia de 30 de octubre de 1997, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, "no puede prosperar la prescripción de la infracción alegada, por cuanto, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".

De igual manera, la Sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año.

Añadir que la redacción actual del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, alegado por el recurrente y aprobado por el Real Decreto 1211/1990, tras la reforma introducida por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos en materia de transportes a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es la siguiente:

"No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino en virtud del procedimiento instruido con arreglo a las normas del presente capítulo.

Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos fijados en la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres."

En consecuencia, en el citado artículo ya no se hace referencia alguna a la prescripción por transcurso de tiempo entre trámites procesales.

3.º Asimismo se ha vulnerado el procedimiento al haberse omitido la notificación de la propuesta de resolución.

Ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora.

Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."

En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos sobre la base de los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual realizó en el plazo establecido si bien las alegaciones realizadas no alteran en ningún punto el contenido de la acusación inicialmente formulada, no requiriendo actuaciones complementarias, ni una ulterior audiencia, para una hipotética valoración de tales actuaciones.

4.º Que no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al graduar la sanción ya que no concurren ninguna de las circunstancias agravantes tipificadas.

Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, se ha calificado como grave.

Para estas infracciones, se prevé multa de 46.001 a 230.000 pesetas.

En este supuesto, se impone sanción de 100.000 pesetas, en función del exceso de peso detectado sobre el peso máximo autorizado del vehículo.

Por tanto, la sanción ha sido correctamente graduada, y no existe vulneración del principio de proporcionalidad.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Resolución 3354/2000, de 6 de octubre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, veintinueve de octubre de dos mil uno.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior Actuando en Funciones de Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Resolución expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que con fecha 16 de febrero de 2001, presenta don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Resolución 3464/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se sanciona con multa de 60.000 pesetas, como consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil de Tráfico el día 14 de septiembre de 2000, en el kilómetro 85 de la a A-15, al vehículo matrícula NA-2868-AU, por cargar árido con exceso de peso.

Antecedentes de hecho

1.º Con fecha 7 de septiembre de 2000 se notificó a Uncona, S.A., la incoación de expediente sancionador NA02013/2000 como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 14 de septiembre al vehículo NA-2868-AU, en el kilómetro 85,000 de la A-15, por cargar árido con un peso total de 43.160 kilos estando autorizado para 40.000 kilos. Esta carga se realiza en el vehículo NA-2868-AU. La comprobación del peso tiene lugar en báscula homologada. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.

2.º El día 19 de septiembre de 2000, el interesado presenta alegaciones.

3.º El día 26 de octubre de 2000 el Inspector del Servicio de Transportes emite informe en el que habiéndose practicado las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 19 de septiembre de 2000, se confirma la sanción toda vez que el hecho denunciado queda acreditado tras el examen del ticket de pesaje expedido por báscula homologada, con certificado de verificación vigente en el momento de la denuncia, graduándose la sanción de acuerdo con la infracción cometida, dictándose con posterioridad la Resolución 3464/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones, por la que se da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Uncona, S.A., una sanción de 60.000 pesetas.

4.º Con fecha 16 de febrero de 2001, don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona S.A. interpone recurso de alzada en el que expone en primer lugar la prescripción, apoyando tal aseveración en lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 16/1987. Seguidamente se invocan vicios del procedimiento como falta de notificación de la propuesta de resolución, incorrecta graduación de la sanción, incongruencia de la resolución impugnada y falta de motivación de las pruebas propuestas, solicitando la prescripción del expediente y subsidiariamente el sobreseimiento del expediente o en todo caso que se considere la infracción como leve y la imposición de apercibimiento o multa de 5.000 pesetas.

Fundamentos de derecho

1.º La Disposición Adicional XI de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social ha derogado el artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableciendo que las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción es de un año.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha establecido, en Sentencia de 20 de enero de 1997 (Fundamentos de Derecho Primero y Tercero, que "el artículo 145 de la Ley 16/1987 quedó tácitamente derogado por la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a cuyo tenor "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año". Remisión a la Ley 30/1992 que ya antes había realizado el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que modificando el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dio a su apartado 2 la siguiente redacción: "Las infracciones y sanciones prescribirán de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los plazos establecidos por la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Asimismo, según Sentencia de 30 de octubre de 1997, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, "no puede prosperar la prescripción de la infracción alegada, por cuanto, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año".

De igual manera, la Sentencia de 22 de febrero de 1999, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, señala cómo la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, fue modificada, en idéntico sentido al que lo había sido el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto 1774/1994, a través de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual dispuso que "las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año.

Por tanto, habiendo entrado en vigor la citada disposición adicional undécima en fecha 1 de enero de 1995, el plazo aplicable no es el de tres meses, sino el de dos años, que no ha transcurrido en el procedimiento de referencia.

2.º 1.º En cuanto a la falta de notificación de la propuesta de resolución, ha de manifestarse al respecto que el procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de transportes, es el regulado por el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en su capítulo cuarto, que fue modificado en su totalidad mediante Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, que lo adecuó a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicho Reglamento señala, en su artículo 212, que, ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado salvo cuando ésta no sea necesaria conforme al artículo 84 de la citada Ley 30/1992, el órgano correspondiente elevará propuesta de resolución a aquél que tenga atribuida la competencia sancionadora. Por tanto, de acuerdo con el precepto señalado, la propuesta de resolución no ha de ser trasladada al interesado, sino que es un trámite posterior a la audiencia al mismo, audiencia que, por otra parte, no precisa en este caso de un trámite específico puesto que el interesado conocía ya el contenido del expediente instruido en su totalidad, incluida la propuesta de sanción, posteriormente confirmada por la resolución impugnada.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999 expresa: "En las sentencias de fechas 25 y 26 de mayo de 1999, esta Sala, en casos similares al presente, ha resuelto en los siguientes términos: Cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Excepcionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser imprescindible, desde la óptica de la plena satisfacción del derecho fundamental citado, si en un trámite anterior se notificó aquel pronunciamiento preciso."

En el presente caso, como se ha dicho, se ha notificado la denuncia, y se contienen los concretos preceptos en base a los cuales la Administración tipifica la infracción cometida, existiendo posibilidad de que el recurrente alegara frente a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo cual realizó en el plazo establecido si bien las alegaciones realizadas no alteran en ningún punto el contenido de la acusación inicialmente formulada, no requiriendo actuaciones complementarias, ni una ulterior audiencia, para una hipotética valoración de tales actuaciones.

3.º La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que habrán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.

La resolución sancionadora 3464/2000 es una resolución lo suficientemente motivada, que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado, en cuanto que analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denunciado), así como qué infracción constituye tal hecho, y qué sanción corresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la infracción como la sanción, y habiendo analizado las alegaciones presentadas por el recurrente, que no se estiman precisamente en base a que "el hecho denunciado ha quedado acreditado tras el examen del ticket de pesaje expedido por báscula homologada, con certificado de verificación vigente en el momento de la denuncia, frente a lo que el interesado se ha limitado a negar los hechos, por lo que no se ha destruido su valor probatorio, imponiéndose la sanción de acuerdo con la infracción cometida".

En este caso, entendemos que la resolución impugnada está suficientemente motivada puesto que expresa los hechos y circunstancias de la infracción, indicando los preceptos que la tipifican y los que establecen la sanción, garantizando, de este modo, la defensa del interesado.

Cabe, al respecto, recordar lo expuesto en la Sentencia 53/1996, de 12 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se ha pronunciado sobre el argumento del recurrente de la falta de motivación de dos Ordenes Forales dictadas por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, y en las que se sancionaban infracciones en materia de transporte. En la citada sentencia se afirma: "Tampoco adolece de falta de motivación, pues, aunque de manera sucinta y compendiosa, ambas resoluciones expresan con precisión los hechos y circunstancias constitutivos de la infracción -día, hora, lugar, vehículo, peso de la carga transportada y de la autorizada- así como de los preceptos legales y reglamentarios que la tipifican como muy grave, proporcionando información suficiente del fundamento jurídico y fáctico de las sanciones impuestas, en términos que posibilitan su impugnación y la revisión jurisdiccional de su conformidad o adecuación a Derecho, con lo que dicha motivación cumple en lo fundamental las exigencias básicas que el derecho de defensa reclama y las que el control de los actos de la Administración precisa." Circunstancias que concurren en la Orden Foral ahora recurrida.

En cuanto al deber de congruencia de dichas resoluciones, señalado en el último inciso del precepto citado, éste ha de entenderse en el sentido de que la resolución sancionadora debe limitarse forzosamente a enjuiciar las cuestiones suscitadas en el expediente, sin poder rebasar dicho marco, puesto que dichas cuestiones son las únicas sobre las que ha podido ejercerse plenamente el derecho de defensa.

4.º El recurrente considera desproporcionada la sanción. Hay que tener en consideración que el hecho imputado constituye una infracción al artículo 141.i) de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres que tipifica como graves los excesos de peso superiores a los comprendidos entre el 6 y el 15 por 100 y en el caso que nos ocupa el exceso era de más de un 7 por 100. Para estas infracciones, se prevé multa de 46.001 a 230.000 pesetas, habiéndose propuesto la que corresponde al hecho imputado, teniendo en cuenta el exceso de peso y el peso máximo autorizado del vehículo.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la resolución impugnada.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:

1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier Angel López Iribarren, en representación de Uncona, S.A., contra la Resolución 3463/2000, de 2 de noviembre, del Director General de Transportes y Telecomunicaciones.

2.º Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Transportes y a la parte interesada, haciéndole saber que dicho Acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del presente Acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Pamplona, veintinueve de octubre de dos mil uno.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior Actuando en Funciones de Secretario del Gobierno de Navarra, Rafael Gurrea Induráin.

Código del anuncio: A0207245

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