BOLETÍN Nº 88 - 16 de julio de 1999

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

- Otras Disposiciones

ACUERDO de 7 de junio de 1999, del Gobierno de Navarra, por el que se resuelve la fase de alegaciones al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Ciudad Bioclimática de Zolina.

I.-Antecedentes.

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1998, acordó declarar el Plan de la Ciudad Bioclimática de Zolina, Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, estableciendo, a su vez, una serie de determinaciones a cumplimentar antes de su aprobación definitiva, y someter el expediente a información pública.

II.-Alegaciones presentadas.

En el periodo de información pública del expediente, y dentro del plazo establecido al efecto, se han presentado los siguientes escritos de alegaciones:

1.-Doña Juana Josefa Azpíroz Beunza.

2.-Don Julián Ignacio Cañas Labairu, y otros.

3.-Don Antonio Perelló Santaulalia.

4.-Don Miguel José Izu Belloso, en representación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

5.-Don Martín Labiano Andrés, en nombre propio y en representación de don Jesús Labiano Larrea.

6.-Don Ismael Caballero Domínguez.

7.-Don José Lampreabe Blasco.

8.-Don Roberto Urtasun Uriz.

9.-Don Manuel Romero Pardo, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en nombre propio y representación del mismo.

10.-Don José María Senosiáin, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en representación del mismo.

11.-Don Juan Ignacio Urquía Lus.

12.-Don Jesús Aldáriz Martín, como Director Gerente de "Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A.".

13.-Don David Afra Martínez, Presidente del Concejo de Badostáin.

El resumen del contenido de estas alegaciones presentadas en plazo y la contestación para las mismas son los siguientes:

1.-Doña Juana Josefa Azpíroz Beunza:

La alegante es propietaria de una finca que resulta afectada por el previsto vial de acceso desde Badostáin, el cual partiéndola en dos pasa, según la alegante, prácticamente a desaparecer. A este respecto, la alegante adjunta un croquis en el que se recoge una modificación del trazado del vial con una menor afección a su finca.

Por otra parte, considera la alegante que este nuevo vial adolece de lógica: constituye un trayecto bastante largo, que discurre a notable altura y afecta a un término ajeno al que está implantado el asentamiento residencial.

Finalmente señala que para obtener el suelo del vial se acude a una vía coactiva y no a la participación del propietario en el equitativo reparto de cargas y beneficios, como sería lo normal.

Por todo ello, solicita:

a) Que la conexión se establezca por el término donde está enclavado el asentamiento.

b) Subsidiariamente, que se le incluya a la interesada en el reparto de cargas y beneficios del proyecto.

c) Idem, que se modifique el trazado en la forma que se indica en el croquis que adjunta.

Contestación:

Cualquier propuesta de ordenación territorial o urbanística que se considere, debe mostrar la necesaria coherencia con el territorio sobre el que se opera, sin que el criterio de adscripción de sus elementos a uno u otro término municipal tenga, en ningún caso, que determinar ni condicionar el resultado final de aquélla. Por otra parte, y en el caso que nos ocupa, se da la circunstancia de que el vial objeto de alegación, discurre en su totalidad por uno de los términos afectados por el nuevo asentamiento de Zolina.

En cuanto a la propuesta de modificación de trazado efectuada por la alegante, cabe señalar que no se aprecia que tal propuesta aporte ventajas funcionales respecto al trazado del vial previsto en el PSIS.

Finalmente, hay que indicar que el sistema de expropiación es uno más de entre los previstos en la legislación urbanística, y nada impide el que sea empleado para la obtención del suelo necesario para los nuevos viales de conexión con los viales generales existentes.

En consecuencia, se desestima esta alegación, y ello sin perjuicio de que pudiera llegarse a estudiar y a plantear en su momento, desde una visión territorial más amplia y global, a la vista de las previsiones residenciales contenidas en las NUC de la Comarca de Pamplona recientemente aprobadas, otra propuesta de vial diferente que, en su caso, sería tramitada conforme al procedimiento legal oportuno.

2.-Don Julián Ignacio Cañas Labairu y otros:

Las alegaciones que se plantean son, en síntesis, las siguientes:

a) La superficie construida de cada tipo de vivienda debe ajustarse a la realidad del mercado inmobiliario y, en el caso de las VPO, a la legalidad establecida.

b) Los coeficientes de homogeneización de usos que se emplean en el PSIS distan mucho de la realidad, y deben adaptarse a la actual situación inmobiliaria de la Comarca de Pamplona.

c) Debe volverse a estudiar la viabilidad económica, financiera y de oportunidad urbanística del Plan, puesto que el aprovechamiento tipo resultante es muy diferente al previsto, al encerrar en su cálculo un error que los alegantes consideran de suma importancia.

d) La evaluación económica del Plan la consideran equívoca y defectuosa: falta un correcto desglose de las partidas imputables a los propietarios afectados, con respecto a las partidas correspondientes a los sistemas generales, las cuales deben ser asumidas por la Administración; no se ha considerado costo alguno relativo a la redacción del PSIS y de los demás instrumentos que hay que elaborar para su desarrollo, así como el relativo a otras indemnizaciones que haya que llevar a efecto. En consecuencia se solicita la realización de un estudio pormenorizado en el sentido expresado en este apartado.

e) Los alegantes, tras efectuar una serie de consideraciones sobre el elevado costo que la actuación urbanística comportará y las, asimismo, elevadas repercusiones de la urbanización sobre los diferentes usos previstos en el PSIS, concluyen en que el Plan es inviable desde el punto de vista económico y, por tanto, irrealizable en el tiempo para el que está programado. Destacan como una partida singular la relativa a las "unidades energéticas", con un costo de 1.116.475.000 pesetas, costo extra que, señalan, o cuenta con subvenciones o es sufragado por la Administración, ya que es "quien ha obligado a esta zona de la Comarca a adoptar un criterio de producción de agua caliente, calefacción y aire frío tan peculiar", para así no gravar en exceso las viviendas.

f) Consideran que la clasificación como suelo no urbanizable de determinados terrenos contenidos en el ámbito del PSIS, vulnera lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998, al no ajustarse a los requisitos que dicho artículo establece como necesarios para tal clasificación, refiriéndose, luego, en particular a los suelos categorizados como de "alta productividad agrícola" y como de "entorno de núcleo de población". Concluyen esta alegación solicitando que los terrenos incorrectamente clasificados como suelo no urbanizable, se clasifiquen conforme al criterio establecido por la citada Ley, clasificación que será, dicen, la de suelo urbanizable.

Contestación:

Al punto a): Se estima esta alegación.

Al punto b): Se estima esta alegación.

Al punto c): Se estima esta alegación, debiéndose llevar a cabo la revisión del aprovechamiento tipo del PSIS.

Al punto d): Se estima esta alegación.

Al punto e): Resulta innegable que el emplazamiento de la actuación requiere de una serie de infraestructuras de conexión, y en consecuencia de unos costos añadidos, que otra localización no los hubiera precisado. Pero también es razonable estimar que, por ello, el costo del suelo estará por debajo de aquellos otros mejor conectados o próximos a las áreas urbanas consolidadas o en vías de consolidación, aspecto éste último que no ha sido considerado por el alegante en su análisis de costos.

Por otra parte, las partidas correspondientes a determinadas instalaciones de tipo energético, las cuales alcanzan la cifra de 1.116.000.000 de pesetas (suponiendo un 25%, aproximadamente, del costo total de la urbanización que se estima resultaría asignable a los propietarios), dan razón, en cierta medida, de las repercusiones sobre los diferentes usos deducidas por el alegante, y que las considera elevadas.

Pues bien, aunque esta inversión inicial resulte notable en sí misma, constituyendo, por tanto, un incremento de los costos de urbanización con relación a los de otras actuaciones con las que este Plan se quiera comparar, cabe considerar al respecto que tales instalaciones, que responden a objetivos específicos explicitados por el Plan, repercutirán positivamente por razón del ahorro energético que se espera suponga la implantación de las mismas, siendo a la larga rentables para los futuros usuarios. Habrá que tener en cuenta, además, que los costos relativos a las "unidades energéticas" incluyen ya otros, de cuantía indeterminada, que, lógicamente, deberán detraerse del costo de construcción de las viviendas. En cualquier caso, estas partidas devienen de la concepción y diseño de una concreta ordenación repercutiendo, en definitiva, en el producto final que ha de sacarse al mercado, por lo que, al margen de las consideraciones hasta aquí vertidas y de otras que pudieran efectuarse, no parece justificarse el que tales partidas deban ser absorbidas necesariamente, como proponen los alegantes, por la Administración.

No obstante lo anterior, y revisadas las repercusiones de los costos de urbanización en los diferentes usos previstos en el PSIS, hay que aceptar que, en unos casos, resultan elevadas, y, en otros, desproporcionadas entre sí, todo lo cual, y siendo las repercusiones pieza clave en el análisis y valoración de la viabilidad del Plan, conduce a la procedencia de revisar los parámetros que articulan dicha viabilidad, revisión que en gran parte deviene de la resolución de las alegaciones anteriores situándonos ya ante un nuevo escenario, e, incluso, a revisar algunos aspectos de la propia ordenación, como, por ejemplo, los relativos a la generosidad de accesos a las diferentes zonas residenciales, al objeto de aminorar costos y de consolidar, sin que haya lugar a dudas, la viabilidad del Plan.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

Al punto f): Aunque los alegantes consideran que la clasificación de determinados terrenos como suelo no urbanizable no se ajusta a la legislación aplicable, porque no existe plan territorial o legislación sectorial alguna por los que, tales terrenos, estén sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación (artículo 9.1 de la Ley 6/98 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones), y porque tampoco han sido excluidos por un planeamiento general por su valor agrícola, forestal o ganadero, relación de circunstancias de la que el alegante excluye la referente a "aquellos otros que (el planeamiento general) considere inadecuados para un desarrollo urbano" (artículo 9.2 de la citada Ley), concluyendo de todo ello que, conforme al criterio establecido en la citada Ley, la clasificación de tales terrenos "será la de suelo urbanizable", hay que partir del hecho de que un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal es un instrumento de ordenación territorial con capacidad legal para clasificar el suelo de su ámbito (artículo 62.3. de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en adelante LFOTU), cuyas determinaciones vinculan al planeamiento general municipal, el cual deberá adaptarse a aquéllas en la primera modificación o revisión que del mismo se efectúe (artículo 62. 1. de la LFOTU), por lo que no parece tenga que suponer problema legal alguno, el que el Plan, objeto de alegación, clasifique unos determinados terrenos como suelo no urbanizable, sin perjuicio de que tal clasificación se tenga que llevar a cabo conforme a los criterios de la legislación vigente aplicable.

Dicho y sentado lo que antecede, la cuestión estriba en dilucidar si la clasificación de suelo no urbanizable planteada en el Plan, con sus correspondientes categorías, responde a los criterios de la Ley 6/98 que regulan el establecimiento de tal clasificación, y en los que el PSIS, precisamente, se basa para establecerla, cuestión que debe centrarse, especialmente, con relación a los suelos no urbanizables que han sido categorizados como "entorno de núcleo de población", que son los que, por una serie de motivos (apartado 15 de la Memoria), el PSIS considera como no adecuados para un futuro asentamiento. En este sentido, hay que aceptar que resulta difícil sostener que una gran parte de los suelos de "entorno" planteados en el PSIS, ofrecen condiciones objetivas tales que permitan considerarlos como "inadecuados para un desarrollo urbano".

Llegado a este punto, habría que concluir que, al no quedar plenamente justificada la clasificación de suelo no urbanizable categorizado de "entorno", para gran parte de los terrenos así clasificados por el PSIS, tendría que revisarse la misma y volver, en todo caso, a establecerla de modo totalmente justificado, sin que por ello, y de manera ineludible, se tengan que clasificar los correspondientes terrenos como suelo urbanizable, operación que además exigiría, conforme a la LFOTU, la calificación de éstos y su ordenación con un nivel de precisión equivalente al de un Plan Parcial.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación en el sentido de revisar en profundidad la clasificación de suelo no urbanizable propuesta en el PSIS, desestimando expresamente lo solicitado por los alegantes respecto a una nueva clasificación de suelo urbanizable, y ello sin perjuicio de que, a la vista de otros aspectos planteados en otras alegaciones con respecto a la clasificación de suelo no urbanizable y de otros factores concurrentes, se valore la conveniencia de prescindir, en términos generales, de gran parte del suelo clasificado como no urbanizable.

3.-Don Antonio Perelló Santaulalia:

El alegante se opone tanto al planeamiento para la ejecución de la Ciudad Bioclimática como al precio que se le ha ofrecido por sus terrenos, sin aportar al respecto más argumentación que lo expresado. No obstante, y para el supuesto de que la ocupación de sus terrenos pretendida se ultime, considera se deberían ocupar también dos pequeños triángulos de carácter residual cuyo croquis de situación adjunta.

Contestación:

La oposición del alegante al PSIS, constituye una mera manifestación, ya que no aporta razón alguna que permita conocer en qué basa tal oposición.

En cuanto al precio que dice se le ha ofrecido por sus terrenos, y al que también se opone, cabe señalar que tal aspecto es ajeno al trámite que se sigue con el PSIS.

En cuanto a la inclusión de dos porciones de terreno de su propiedad, se considera razonable la inclusión en el Area de Reparto de la porción noroeste de su finca, pero no de la nordeste, ya que la irregularidad resultante en esta última no incide substancialmente en su aprovechamiento agrícola.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación, sin perjuicio de que, como consecuencia de las conclusiones que se extraigan de otras alegaciones y de la concurrencia de otros factores, se pudiera llegar a plantear una distinta Area de Reparto en la que quedaran excluidos los terrenos del alegante.

4.-Don Miguel José Izu Belloso, en representación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El alegante, tras recordar la necesidad de que las redes de abastecimiento y saneamiento deben cumplir la Normativa de la Mancomunidad sobre el particular, y de que el Proyecto de Urbanización deberá justificar el dimensionamiento de los distintos elementos de estas redes, plantea las siguientes cuestiones:

a) Sobre el abastecimiento de agua: procede ampliar el depósito de Irigaray para disponer, en el abastecimiento de agua al nuevo asentamiento, de un margen de seguridad razonablemente necesario, a cuyo efecto la Mancomunidad promoverá ante el Gobierno de Navarra dicha ampliación para su inclusión en el próximo Plan Trienal; entre tanto podrá abastecerse provisionalmente a la Ciudad Bioclimática de Zolina, condicionando su abastecimiento definitivo a la citada ampliación. El resto del apartado se refiere a diversas cuestiones de orden técnico a tener en cuenta en el esquema general de abastecimiento previsto.

b) Sobre el saneamiento: se destaca en este apartado, fundamentalmente, que el punto de vertido de la red de fecales será al pozo del colector de 500 mm., situado en la margen izquierda del río Sadar en las proximidades del casco urbano de Mutilva Baja.

c) Sobre recogida de residuos urbanos: se destaca el inconveniente que puede suponer el que en las vías con sección de 5 metros existan vehículos estacionados en su margen, así como la previsión de otras en fondo de saco, que impedirían en el primer caso el paso de los camiones de recogida, y, en el segundo, el giro de los mismos; se considera debe preverse una reserva de espacio para la ubicación de los distintos contenedores previstos, recomendándose un tratamiento estético para tales ubicaciones (p.e. setos).

Contestación:

Al punto a): En cuanto a las características técnicas del sistema de abastecimiento a las que hace referencia el alegante, procede que la Normativa del PSIS incluya la oportuna referencia respecto al cumplimiento de las mismas.

En cuanto a que la Mancomunidad promoverá ante el Gobierno de Navarra la ampliación del depósito de Irigaray para su inclusión en el próximo Plan Trienal, debe entenderse que tal indicación supone una mera información o anuncio sobre las intenciones de la Mancomunidad de cara a la gestión de la citada ampliación, resultando la misma ajena al contenido del PSIS. Ahora bien, si lo que la Mancomunidad está queriendo dar a entender es que en el mismo acto de aprobación del PSIS por parte del Gobierno de Navarra, debiera adelantarse ya el compromiso de que tal ampliación se incluya en el citado Plan Trienal, en este supuesto caso se considera, atendiendo a cuestiones de orden procedimental y competencial relativas a la formulación y aprobación de un Plan Trienal, que tal presunta proposición no podría aceptarse.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

Al punto b): Estimar esta alegación, como mantenimiento de la solución dada en el PSIS al saneamiento, en la medida que resulta coincidente con la propuesta en la alegación.

Al punto c): En las vías a las que se refiere el alegante no está previsto, según el PSIS, aparcamiento de ningún tipo, considerando, en este sentido, que la sección prevista para dichas vías resulta suficiente para la función asignada. En cuanto a la necesidad de que se incluyan en el diseño de las vías elementos que posibiliten el retorno de los camiones y la previsión de espacios para la ubicación de los contenedores, hay que señalar que tales aspectos deben resolverse, pareciendo como instrumento adecuado para ello el propio y posterior Proyecto de Urbanización.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

5.-Don Martín Labiano Andrés, en nombre propio y en representación de don Jesús Labiano Larrea:

Los alegantes consideran inadecuadas la clasificación y calificación de "suelo no urbanizable forestal" asignadas "al terreno ocupado en el Concejo de Aranguren" por las siguientes razones: no se dan para ello las circunstancias reflejadas en el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril; son terrenos agrícolas con elevada productividad; no es aplicable al caso que nos ocupa la Ley 6/1998, de 13 de abril, ya que, según su disposición transitoria segunda, la aplicación de las determinaciones relativas a la clasificación de suelo, y en el supuesto de la existencia de planeamiento general vigente, debe llevarse a cabo cuando el mismo se revise, circunstancia ésta que no se ha dado.

Aprecian en el Plan, por otra parte, una serie de factores que lo hacen inviable: elevado costo de las infraestructuras generales; imposibilidad de conocer los costos reales del Plan por la excesiva generalidad de determinadas partidas y la mezcla de otras relativas a sistemas generales con otras relativas a la urbanización; elevado costo de infraestructuras especiales para la creación de energías alternativas y su distribución; elevado costo de la urbanización y de su repercusión sobre las viviendas; previsión de un gran número de viviendas de gran tamaño, invendibles en un plazo adecuado y dirigidas a una determinada capa social, contradiciendo el objetivo del Plan de construir viviendas a precios razonables y asequibles a todas las capas sociales.

Finalmente, el precio que se ofrece a los propietarios por la compra de los terrenos afectados, es, dicen, inadmisiblemente bajo y muy inferior al de cualquier otra urbanización que se haya construido.

En conclusión, solicitan:

a) Se estudie la posibilidad de otras ubicaciones donde las infraestructuras necesarias al efecto estén más próximas y así abaratar los costos.

b) Se modifique el tipo, la superficie y el número de las viviendas del Plan, para aminorar las repercusiones de la urbanización y responder a los objetivos del Plan.

c) Se elimine la calificación perimetral de suelo no urbanizable forestal y permanezcan los terrenos correspondientes como suelo rústico agrícola.

d) Que la diferencia de costos con respecto a una urbanización convencional, en razón de la utilización de nuevas energías y del carácter experimental que ello supone, sea asumida por la Administración.

Contestación:

Al punto a): Se relega la contestación a esta alegación a la efectuada a la alegación 2.e), considerando que su contenido da respuesta suficiente a la misma.

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de que se revisen los parámetros que articulan la viabilidad económica del Plan, al objeto de abaratar costos y de mejorar dicha viabilidad.

Al punto b): Se relega la contestación a esta alegación a la efectuada a la alegación 2.a), y, en consecuencia, se estima.

Al punto c): En cuanto a la capacidad legal del PSIS para proceder a la clasificación de suelo no urbanizable en su ámbito de incidencia, se relega la contestación a la efectuada, en este sentido, a la alegación 2.f).

Dicho esto, lo que quedaría por aclarar al parecer es si los terrenos, a los que tan genéricamente se refiere el alegante, presentan las características necesarias para poderlos categorizar como forestal, o, en otro caso, si la categorización de los mismos, al ser terrenos agrícolas con elevada productividad, tal como dice el alegante de forma igualmente genérica y sin aportar justificación alguna al respecto, debiera ser otra. Pues bien, analizada la diversa documentación utilizada en la elaboración del PSIS, se tiene que la clasificación de suelo no urbanizable forestal propuesta en el PSIS, en lo que al término de Aranguren se refiere, es, en su mayor parte, coincidente con la establecida en el planeamiento urbanístico vigente en dicho término municipal, siendo ahora algunos determinados terrenos los que el PSIS integra en tal categorización, por considerar que presentan los valores y características necesarios al respecto.

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de que, como consecuencia de la resolución de otras alegaciones y la concurrencia de otros factores, se proceda a una revisión total de la clasificación de suelo no urbanizable propuesta en el PSIS.

Al punto d): Se relega la contestación a esta alegación a la efectuada, con relación a la cuestión planteada, a la alegación 2.e), y, en consecuencia, se desestima.

6.-Don Ismael Caballero Domínguez:

El alegante, teniendo en cuenta el objetivo que persigue el Plan como actuación pionera y ejemplar, en virtud, entre otras, de las condiciones bioclimáticas de la ordenación y la utilización de energías renovables, somete a consideración el incorporar al Plan, para completarlo, la instalación de una doble estación depuradora de aguas residuales, que funcionarían con sistemas energéticos alternativos, describiendo las ventajas que ello conllevaría.

Contestación:

El informe de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, adjuntado a la documentación del PSIS objeto de información pública, tras referirse a determinadas soluciones para la depuración de las aguas residuales "in situ", señala como solución idónea, para el caso que nos ocupa, la de conectar las aguas residuales a la red de colectores comarcales. Esta solución que, lógicamente, supone el tratamiento de tales aguas en la EDAR de Arazuri, implica a corto plazo rendimientos que, a juicio de la Mancomunidad, resultan, en cita literal, "más coherentes con el concepto que tenemos de Bioclimaticidad". Por otra parte, resulta patente que la economía de escala desaconseja que cada asentamiento resuelva autónomamente la depuración de sus residuos.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

7.-Don José Lampreabe Blasco:

El alegante es legatario de usufructo de la parcela 288 del polígono 11 del Catastro de Aranguren, con una superficie de 24.123 m.2, de la que dos terceras partes se dedican a cultivos y el resto a pastos. Dicha parcela se clasifica como suelo no urbanizable forestal, estando sujeta al régimen del artículo 170 de la Normativa Urbanística del PSIS. Las alegaciones se refieren a los siguientes aspectos:

De entrada, existe una cierta imprecisión sobre la obligación o no de proceder a la reforestación prevista y sobre quien estaría obligado, en su caso, a llevarla a cabo.

Por otra parte se considera incorrecta la regulación establecida para estos suelos por el artículo 170.3.a) de la Normativa del PSIS y su remisión al artículo 165 de la misma.

El alegante señala, asimismo, que el establecimiento de tales suelos forestales y su inclusión en el PSIS, vienen determinados, única y exclusivamente, para beneficiar y mejorar la imagen del futuro desarrollo y creación de la "Ciudad Bioclimática de Zolina", siendo susceptibles además de que se cree en ellos un Parque que favorezca a los ciudadanos de la Comarca; es decir, se vinculan unos suelos a un desarrollo residencial, imponiéndoles una serie de limitaciones y cargas, para que sean otros propietarios de otros suelos quienes obtengan todos los beneficios y plusvalías que se deriven del mismo.

Todo ello supone establecer una singular limitación de las facultades dominicales de la finca que o se compensa por vía urbanística, a cambio de aprovechamiento residencial, o se expropia o se indemnizan las limitaciones a la capacidad productiva a la que actualmente se destina.

En consecuencia de lo que antecede, se solicita la adopción de una de las tres siguientes decisiones:

a) Que se incorpore la parcela del alegante al ámbito del PSIS como sistema general (parque forestal), con reconocimiento de los aprovechamientos que le correspondan en los usos residenciales.

b) Que se reconozca la limitación singular a la actividad agrícola que conllevan las determinaciones previstas en el PSIS, y que la misma sea objeto de indemnización, bien por vía expropiatoria u otra equivalente.

c) Que se categorice la parcela como suelo no urbanizable de entorno de núcleo de población.

Contestación:

En primer lugar, del contenido de la alegación se puede deducir que el alegante no pone en cuestión la clasificación de suelo no urbanizable asignada a sus terrenos. La solución a sus pretensiones, recogida en la alternativa c) de su solicitud, ratifica esta apreciación.

Las cuestiones que plantea el alegante son las siguientes: por un lado, se desprende la disconformidad del alegante con la categoría de forestal, al no darse las condiciones objetivas que justifiquen la misma, y, por tanto, con el régimen de uso y protección de tal categoría, al margen de las patentes incongruencias y contradicciones que se producen, y así hay que reconocerlo, en la regulación propuesta al efecto en el PSIS. Y por otro, la limitación singular que tal regulación dice implicar para dichos suelos, máxime si se tiene en cuenta que los mismos son susceptibles, además, de que se cree en ellos un Parque Forestal que favorezca a los ciudadanos de la Comarca, y que viene a infringir el principio urbanístico de reparto equitativo de beneficios y cargas. Estas dos cuestiones vienen a explicar las soluciones alternativas a) y b) que el alegante recoge en su solicitud.

Pues bien, en cuanto a la primera cuestión se tiene que la clasificación de suelo no urbanizable forestal propuesta en el PSIS, en lo que a los terrenos del alegante se refiere, es prácticamente coincidente con la establecida en el planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Aranguren al que pertenecen; ello no obsta para que, como ya se ha dicho, se deba corregir el régimen de protección establecido en el PSIS para tal categoría.

En cuanto a la segunda cuestión, conviene replantearse la permanencia de la previsión del PSIS relativa al posible Parque Forestal a desarrollar en este suelo. Si, finalmente, se confirmara la necesidad de mantener tal previsión, entonces resultaría procedente calificar dicho parque como Sistema General, estableciendo, a su vez, los oportunos mecanismos legales para la obtención del suelo correspondiente; en este caso quedaría despejada, además, la duda, que también plantea el alegante, respecto a quien le correspondería reforestar los suelos en cuestión.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación en el sentido de que, manteniendo la categoría de forestal propuesta por el PSIS para los terrenos del alegante, se modifique el régimen de uso y protección establecida para la misma, y se articulen los oportunos mecanismos de gestión para el caso de que se mantenga la previsión del PSIS relativa al posible Parque Forestal a desarrollar en este suelo, y ello sin perjuicio de que, como consecuencia de la resolución de otras alegaciones y la concurrencia de otros factores, se proceda a una revisión total de la clasificación de suelo no urbanizable propuesta en el PSIS.

8.-Don Roberto Urtasun Uriz:

a) En cuanto a la legislación: el alegante recuerda, en primer lugar, que el PSIS tiene "como objetivo principal la implantación de un asentamiento residencial de carácter bioclimático y, como objetivo asociado del que toma su origen, la recuperación ecológica y puesta en valor de la balsa de Ezcoriz", mezclándose, dice, dos problemas que no se resuelven en el PSIS presentado.

El alegante, si bien reconoce el interés general tanto de la recuperación de la balsa como del impulso de la arquitectura bioclimática, considera que lo que debe demostrarse es que la solución de ambos objetivos pueda ser unitaria y ello no se hace en este PSIS. Así, se omiten de la Evaluación económica los costos de tratamiento hidráulico de la balsa -desalinización, refuerzo del dique, desaguadero y canal de regulación-, lo que pone en evidencia lo inadecuado de este PSIS como instrumento para resolver la recuperación de la balsa, sobre la cual no se propone solución alguna. Y pone en evidencia también que de lo que se trata simplemente es de una actuación residencial, cuyo interés público, necesario según la Ley Foral 10/1994 para que el Plan sea pertinente, no queda justificado.

b) En cuanto al planeamiento urbanístico: el alegante considera que con la propuesta del PSIS se modifican, sin justificación alguna, las determinaciones de las Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona (en adelante NUC), implicando ello el incumplimiento de las recomendaciones de las NUC, aprobadas por el Gobierno de Navarra con anterioridad al PSIS.

c) En cuanto al PSIS: no se justifica la disposición de las viviendas en plataformas escalonadas con muros de contención, en un terreno con el 6% de pendiente, provocando la alteración de la capa de tierra fértil; con la gestión energética centralizada por agrupaciones de viviendas, elimina la posibilidad de producción individualizada de calor la cual, y dado el carácter pionero de la actuación, debiera permitirse en algunas unidades; la rigidez del diseño de las edificaciones residenciales evita soluciones válidas que una mayor flexibilidad haría posibles; en el documento no aparecen ni los nombres ni las firmas de los autores del Plan; no se identifican las parcelas afectadas por el Plan.

Contestación:

Al punto a): Procede recordar al alegante, antes de nada, que la actuación que se propone cumple, de entrada, uno de los requisitos establecidos por la LFOTU para que la misma se llegue a tratar y tramitar como un PSIS: el de afectar a más de un término municipal (artículo 61.1 de la LFOTU).

Por otra parte, tenemos que, como el alegante recuerda, el PSIS tiene "como objetivo principal la implantación de un asentamiento residencial de carácter bioclimático y, como objetivo asociado del que toma su origen, la recuperación ecológica y puesta en valor de la balsa de Ezcoriz", y debe entenderse, conforme al propio pronunciamiento del alegante, que, si tales objetivos son merecedores de que se les considere de interés general, cualquiera de ellos hubiera constituido motivo suficiente, a añadir al descrito en el párrafo anterior, como para justificar su materialización en un PSIS.

En este caso, lo que hace el PSIS es plantear un asentamiento residencial de carácter bioclimático, en orden a la consecución del objetivo principal, aprovechando la existencia, y el interés que puede proporcionar desde todos los puntos de vista, de un elemento tan singular como una balsa, respecto a la cual se pretende su recuperación ecológica y puesta en valor, actuaciones éstas que se enuncian como objetivo asociado. Queda fuera de toda duda que este planteamiento ofrece una visión unitaria, coherente e interrelacionada de los dos elementos básicos que articulan la ordenación del espacio que el PSIS propone -el asentamiento residencial y la balsa-, lo que no implica, respondiendo a lo que el alegante denomina solución unitaria de los objetivos, el que el PSIS deba contener el desarrollo efectivo de todos sus elementos, que lógicamente -y conviene no olvidar que estamos ante un Plan Sectorial y no un Proyecto-, precisarán de los correspondientes y posteriores Proyectos específicos a redactar y tramitar en su momento, ni implica que su efectiva realización deba ser simultánea.

Por tanto, lo que en todo caso se tiene que justificar es si las determinaciones del PSIS responden suficientemente al logro del objetivo principal, la implantación de un asentamiento residencial de carácter bioclimático, y de esto no parece que exista duda alguna, y al logro del objetivo asociado, la recuperación ecológica y puesta en valor de la balsa de Ezcoriz. Respecto a este último, resulta patente que el PSIS contempla diversas acciones: por un lado, todas aquellas que posibilitan su integración efectiva en la ordenación propuesta y su utilización lúdica, entre las que cabe citar las correspondientes a la formalización de la balsa mediante escollera, al dique del embarcadero y a la previsión de éste, y al parque perimetral, y todo ello con un costo estimado de 364.385.000 pesetas, y, por otro lado, las correspondientes al tratamiento de lodos, desalinización del agua, y regulación de caudales, acciones éstas previstas en el PSIS pero no desarrolladas, ya que deberán ser objeto de un proyecto específico a redactar y tramitar, como, de manera análoga, lo deberán ser las conexiones viarias por citar alguna otra. En todo caso, lo único que cabría es plantear la "estimación" del costo de estas últimas acciones, bien entendido que la virtualidad de tal estimación sería realmente escasa, y más, incluso, que la de la estimación económica sobre, por ejemplo, la apertura de un túnel sin la previa existencia de estudios geotécnicos, constituyendo ello un mero ejercicio teórico, al resolver tal carencia de un modo más formal que real.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación, en el sentido de incluir en el PSIS una estimación del costo de las acciones relativas al tratamiento de la balsa antes aludidas.

Al punto b): Las NUC de la Comarca de Pamplona, aprobadas definitivamente en fechas recientes, no incluyen determinación alguna que contravenga las propuestas efectuadas en el PSIS.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto c): En cuanto a lo alegado respecto a las plataformas escalonadas, la gestión energética centralizada y la rigidez del diseño de las edificaciones residenciales, hay que señalar que el alegante no presenta argumentación alguna que deslegitime las opciones tomadas por el PSIS, y cuya justificación se desprende suficientemente de su propia documentación, constituyendo todo ello un conjunto de afirmaciones que se mueven en el campo de lo opinable.

Por lo que respecta a la falta de identificación de los autores del Plan, hay que indicar que, si bien en todos los planos aparece el nombre del equipo redactor CADIA/ICT de Navarra, no sucede lo mismo con la documentación escrita, por lo que deberá corregirse tal carencia.

En cuanto a la falta de identificación de las parcelas afectadas por el Plan, hay que remitir al alegante al "Plano Catastral y Afecciones", el cual informa suficientemente del parcelario contenido en el ámbito del PSIS. Ahora bien, si a lo que se refiere el alegante es a una identificación más plena de las parcelas -titular de la parcela, cabida, etc...-, en este caso hay que responder que tal nivel de identificación no es preceptivo, ni necesario, en un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

9.-Don Manuel Romero Pardo, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en nombre propio y representación del mismo:

Las alegaciones que se plantean son, en síntesis, las siguientes:

a) Sistemas generales: En primer lugar se pone de manifiesto una serie de errores y contradicciones relativos a la evaluación y asignación de los costos correspondientes a los propietarios de los terrenos afectados por la actuación, en los que se incluyen indebidamente los correspondientes a determinados sistemas generales, así como al establecimiento del costo de estos últimos. Asimismo, se recuerda que, según el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, el costo de las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, corresponde a los propietarios del suelo. Todas estas cuestiones deben ser corregidas.

El alegante considera, por otra parte, que, en virtud de la propia índole del nuevo asentamiento y del criterio que, según el artículo 61 de la Ley Foral 10/1994, inspira este tipo de actuaciones, y teniendo en cuenta que los sistemas generales previstos resultan ajenos a la estructura general de los municipios afectados, sirviendo solo al asentamiento proyectado, resulta razonable que su costo no recaiga sobre los municipios y quede a cargo del promotor (Gobierno de Navarra) o, en su caso, de los propietarios de los terrenos que reciben el aprovechamiento urbanístico.

b) Cesión de parcelas dotacionales: el alegante, después de reseñar las contradicciones que en el documento existen respecto al carácter público o privado de determinadas dotaciones, señala que, como criterio general y salvo excepciones justificadas, todas las parcelas dotacionales podrían ser de titularidad pública, independientemente del carácter público o privado de la concreta dotación de que se trate, pues los Ayuntamientos pueden hacer concesiones de suelo por periodos dilatados que permitirían la explotación privada de aquellas.

c) Accesos al asentamiento: se deberá garantizar que una vez completadas las obras de urbanización al 50% se proceda a ejecutar los dos accesos previstos.

d) Eliminación de la obligación del sistema de calefacción previsto en el PSIS: se plantea como obligatorio, en vez de como recomendable, el sistema de calefacción por agua caliente a baja temperatura, prohibiéndose la acometida de gas a las parcelas residenciales. Con dicho sistema, además, se obliga a la utilización de pavimentos pétreos o cerámicos.

e) Sistema Local de Parque: se propone eliminar la prohibición taxativa de plantación de césped y/o de especies tapizantes, cuya utilización se considera razonable en zonas acotadas (césped), y en otras próximas a los edificios y vías de acceso rodadas y peatonales (especies tapizantes).

f) Instalación de empresas no contaminantes: se solicita se incluya en el Plan la posibilidad de que se instalen este tipo de empresas.

g) Recuperación medioambiental de la balsa y su entorno: se recuerda, en primer lugar, que el titular de la instalación minera tiene la obligación de recuperar la balsa de lodos de la explotación minera abandonada, obligación que sigue vigente y que ha sido recordada periódicamente por el Ayuntamiento a las diversas entidades responsables (POSUSA y Gobierno de Navarra).

En cuanto al PSIS, se señala que prácticamente nada se dice de la recuperación de la balsa -condición necesaria para las posibilidades de uso de la misma tanto lúdicas como residenciales-, ni en cuanto al sistema técnico a adoptar para el tratamiento de lodos, ni en cuanto a cómo llevar a cabo la desalinización del agua, planteándose ésta en el PSIS como una mera declaración de intenciones y obviando los necesarios estudios de viabilidad hidráulica relacionados con la desalinización, ni en cuanto a los costos económicos que todo ello supondría. Estas carencias, señalan, pueden crear incompatibilidades graves e, incluso, hacer inviable la operación urbanística, que es lo único que importa en el PSIS, creando a su vez gravísimos problemas.

h) Cercanía al C.T.R.S.U. de Góngora: este centro, dicen, se sitúa a una distancia aproximada de 800 metros de la futura urbanización. Después de esta observación, el alegante transcribe el artículo 4 del que considera vigente Reglamento de Actividades MINP, por el que las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada.

A continuación, y tras describir las incidencias directas e indirectas, aún sin resolver, que el funcionamiento del CTRSU ha originado en su corta existencia en las viviendas de su entorno y en grandes áreas rústicas, el alegante hace referencia al reciente Plan Estratégico de Residuos, el cual prevé para el centro de Góngora recoger, para su tratamiento, las basuras de 13 localidades más que las actuales, lo que supondría el tratamiento de los residuos del 64,5% de la población de Navarra y con sistemas técnicos poco contrastados y experimentales, lo cual implica un riesgo elevado de fallos. Finalmente, el alegante, dando como evidente que el desarrollo del Plan Estratégico de Residuos aumentará las incidencias actualmente existentes, considera incompatibles el PSIS y el Plan de Residuos.

i) Suelo de alta productividad agrícola: se solicita que esta categoría se especifique como zona de protección del río Sadar, ya que la categoría prevista puede dar lugar a la aparición de zonas dedicadas a huertas de ocio y esparcimiento, con el gran impacto que ello supone.

j) Convenio con los Ayuntamientos afectados para trazar la línea de división territorial: que antes de aprobar el Plan se firme un convenio entre los dos Ayuntamientos afectados y el Gobierno de Navarra para consensuar la nueva línea divisoria entre ambos términos.

k) Viabilidad futura de la Ciudad: según datos barajados relativos a ingresos y gastos derivados del funcionamiento del asentamiento, éste generaría un déficit anual superior a los 57 millones de pesetas. En consecuencia, el PSIS debiera incluir un plan de viabilidad que garantizara la prestación de los servicios necesarios a los vecinos, al menos con la media de los ciudadanos de Navarra.

A la vista de todo lo que antecede el alegante solicita se lleve a cabo la redacción de un nuevo Proyecto, con su correspondiente exposición pública, por entender que hay aspectos de tal importancia, como los Sistemas Generales o Sistemas Locales entre otros, que pueden hacer inviable el Proyecto.

Contestación:

Al punto a): Se estima esta alegación.

Al punto b): En primer lugar, hay que aceptar lo alegado en cuanto a la necesidad de que sean corregidas las discordancias existentes en la asignación de la titularidad, pública o privada, de determinadas parcelas dotacionales.

En cuanto a la segunda parte de lo alegado, en la que se señala que todas las parcelas dotacionales podrían ser de titularidad pública, independientemente del carácter público o privado de la concreta dotación de que se trate, procede indicar que el artículo 18.1 de la Ley 6/98 establece, como uno de los deberes de los propietarios de suelo urbanizable, el de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para, entre otros, las dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos, deber que, en similares términos, queda establecido en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la LFOTU, indicándose, además, en éste a qué dotaciones se refiere tal cesión de suelo. Pues bien, el PSIS resuelve legal y correctamente esta cuestión, y acceder a lo solicitado por el alegante, sería generar injustificadamente un incremento de las repercusiones de los costos de urbanización sobre los propietarios del suelo, sin otra contrapartida que la de la merma de los aprovechamientos lucrativos a distribuir entre ellos, planteamiento éste que se considera no resulta aceptable.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

Al punto c): Con independencia de que para llevar a cabo el asentamiento se precise la realización previa, o simultánea con el inicio de aquél, de una de las conexiones con el viario existente previstas en el PSIS, la ejecución de la otra conexión en un momento dado dependerá de la cantidad de usuarios, ya residentes o previsibles a corto plazo, que la requieran, más que de la ejecución de unas determinadas obras de urbanización. Por ello, recogiendo el espíritu de la propuesta efectuada por el alegante, se estima podría aceptarse ésta en los siguientes términos: "el inicio de la ejecución de la urbanización del sector requerirá el haberse iniciado la ejecución de la conexión viaria con los sistemas generales existentes prevista al sur del asentamiento; cuando se haya otorgado la cédula de habitabilidad para, al menos, el 50% de las viviendas previstas en el PSIS, se iniciará la ejecución de la conexión norte".

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación, y ello sin perjuicio de que, para la conexión norte, pudiera llegarse a estudiar y a plantear en su momento, desde una visión territorial más amplia y global, a la vista de las previsiones residenciales contenidas en las NUC de la Comarca de Pamplona recientemente aprobadas, otra propuesta diferente que, en su caso, sería tramitada conforme al procedimiento legal oportuno.

Al punto d): Las limitaciones a las que hace referencia el alegante, forman parte del sistema de ahorro energético por el que la ciudad bioclimática ha optado, opción que, si bien supone renunciar por ahora a otras posibilidades de experimentación de arquitectura bioclimática, permite avanzar en el camino de un concepto integral de lo bioclimático, en el que la arquitectura y el urbanismo, contemplados desde esta óptica, se complementan y apoyan mutuamente.

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin que por ello quede cerrada la posibilidad de que, a la vista de los avances tecnológicos que se puedan producir en esta materia y de otros factores concurrentes, se planteen, y tramiten oportunamente si resultare necesario, otras soluciones globales o parciales que, en su momento, se consideren más ventajosas.

Al punto e): Se estima la alegación en el sentido indicado por el alegante.

Al punto f): Se estima esta alegación en el sentido de que se analizará la posibilidad de incrementar la implantación de actividades empresariales, salvaguardando, en todo caso, la calidad ambiental del asentamiento.

Al punto g): En cuanto a la ausencia de datos relativos a la recuperación medioambiental de la balsa y su entorno, se relega la contestación a esta alegación a la dada a la alegación 8 a), en la que se describen las acciones previstas en el PSIS relacionadas con la balsa.

En consecuencia se estima parcialmente esta alegación en el sentido indicado en la contestación a la alegación 8 a).

Al punto h): Si bien el artículo 4 del RMINP de 1961 determina que la instalación de una actividad fabril se lleve a cabo, como regla general, a la distancia mínima de 2.000 metros respecto a los núcleos de población agrupada, éste no es, evidentemente, el caso que nos ocupa, ya que se trata de la implantación de una actividad residencial ante la existencia actual del Centro de Góngora, supuesto éste para el que la Norma referida no establece, lógicamente, parámetro alguno, al ser una actividad ajena a las que regula la citada normativa sectorial. Esta circunstancia nos lleva inexorablemente a acudir al propio PSIS por el que se implantó el Centro de Góngora, no encontrándose en éste obstáculo aparente alguno que impida la implantación de la actividad residencial propuesta en el PSIS que se alega.

En efecto, en el PSIS por el que se implantó el C.T.R.S.U. de Góngora, no figura determinación alguna relativa a la distancia mínima y obligatoria a la que deben estar sometidas las viviendas que se construyan en su entorno. Lo que hace este PSIS, al justificar el emplazamiento del Centro, es considerar, como circunstancia favorable al efecto, la existencia de una distancia superior a los 1.000 metros entre la zona de depósito de los residuos y los correspondientes núcleos de población de su entorno, concluyéndose en dicho PSIS que "las actividades a realizar en el Centro de Góngora no implican afecciones ambientales de ningún tipo, ello, naturalmente, en las condiciones de Proyecto y explotación previstas". A "sensu" contrario, debe entenderse como necesario, desde el punto de vista de la lógica de los hechos, el que cualquier actuación residencial que se lleve a cabo en las cercanías de dicho Centro, deba situarse a la distancia mínima citada de 1.000 metros, circunstancia ésta que se cumple en el PSIS objeto de alegación.

Finalmente, el alegante considera incompatibles el PSIS y el Plan Estratégico de Residuos de Navarra, en virtud de que este Plan prevé que el Centro de Góngora reciba, para su tratamiento, los residuos de 13 localidades más y el desarrollo, dicen, de sistemas técnicos poco contrastados y experimentales, implicando todo ello un riesgo elevado de fallos y un incremento de las incidencias actualmente existentes. Pues bien, dicha incompatibilidad, que según la tesis del alegante alcanzaría también a los núcleos de población situados a distancia similar a la del nuevo asentamiento previsto en el PSIS, no cabe admitirse como demostrada en el momento actual; será en el correspondiente expediente de Actividad Clasificada, relativo a la ampliación de las actividades del Centro, cuando se tengan que valorar las incidencias que tal ampliación pueda producir y adoptar las decisiones que procedan.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto i): Esta alegación no parece cuestionar la corrección de la categoría de suelo de alta productividad agrícola, asignada a unos determinados terrenos clasificados como no urbanizables. Lo que el alegante solicita para los mismos es la asignación de otra categoría, no porque las condiciones objetivas de tales suelos así lo requieran, sino para evitar la aparición de zonas dedicadas a huertas de ocio y esparcimiento, con el gran impacto que ello supone, actividad ésta no autorizable, según la LFOTU, en los suelos categorizados de alta productividad agrícola.

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de las decisiones que pudieran adoptarse, a la vista de cómo se resuelvan otras alegaciones, en relación con la clasificación de suelo no urbanizable.

Al punto j): Aún resultando aconsejable la existencia de un consenso previo entre las Administraciones concurrentes, que minimice los efectos de la complejidad administrativa y funcional que el nacimiento de un núcleo de población, simultáneamente sobre dos Municipios, pudiera producir, no existe previsión alguna que establezca la obligación del convenio y, menos, de que éste deba tener carácter previo, no existiendo, por tanto, impedimento legal derivado de esa circunstancia para la aprobación del PSIS.

En consecuencia, y sin perjuicio de que se mantengan los esfuerzos necesarios para que tal convenio se produzca, se desestima esta alegación.

Al punto k): El plan al que alude el alegante, constituye un documento ajeno a las propias determinaciones del PSIS, por lo que, y sin perjuicio de que se aborde, en otros ámbitos competenciales, el plan de viabilidad solicitado por el alegante, se desestima esta alegación.

10.-Don José María Senosiáin, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en representación del mismo:

Las alegaciones que se plantean son, en síntesis, las siguientes:

a) Financiación de sistemas generales: la iniciativa de abordar la actuación de Zolina como un PSIS, responde, entre otras razones, a que se trata de una actuación de interés general, por lo que se solicita que la financiación de los Sistemas Generales, que sirven principalmente al nuevo asentamiento, corra a cargo de la promoción, debiendo en consecuencia modificarse en este sentido el apartado 5 de la Memoria.

b) Exención de cargas de urbanización a los Ayuntamientos: se solicita que en el PSIS conste de manera expresa tal exención, en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 24/1998, de 30 de diciembre, que, entre otros, modifica lo establecido al respecto en el artículo 13.2 de la vigente Ley 10/1994 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Terreno objeto de cesión: se solicita se corrijan las discordancias existentes en la asignación de la titularidad, pública o privada, de determinadas parcelas dotacionales.

d) Gestión de dotaciones: Con relación a las posibles pequeñas edificaciones de carácter temporal a ubicar en el parque de la balsa, y para las que se prevé que su establecimiento podrá llevarse a cabo "mediante concesión administrativa", se solicita la supresión de esta última expresión, ya que la forma de gestionar estos servicios debe ser decisión municipal.

e) Actividades empresariales no contaminantes: solicitud similar a la de la alegación 9 f).

f) Plantaciones: solicitud similar a la de la alegación 9 e).

g) Infraestructuras de aguas residuales: se solicita se reconsidere la acometida de residuales prevista en Mutilva Baja, llevándola al colector que sale de Góngora.

h) Cubiertas: que se posibilite el que la pendiente de las cubiertas alcance hasta el 50%; que se reconsidere la obligación de que sean inclinadas, ya que las cubiertas planas aportan determinadas ventajas medioambientales.

i) Puentes térmicos: se solicita que se considere como condición y norma el grado de eliminación de los puentes térmicos en los edificios.

j) Circulación de vehículos unipersonales a motor de minusválidos: que se aclare en el artículo 26.2 la posibilidad de tal circulación.

k) Prohibiciones de niveles sonoros: se solicita que, en los preceptos correspondientes, se incluya la expresión "sin perjuicio de otras limitaciones del nivel sonoro establecidas en esta normativa o en la legislación vigente sobre la materia", al objeto de dejar bien claro que el cumplimiento de una de las limitaciones que concurran en un determinado caso, no excluya el cumplimiento de otras posibles.

l) Errores mecanográficos: se solicita la corrección de determinados errores mecanográficos detectados por el alegante.

Contestación:

Al punto a): Se estima esta alegación.

Al punto b): Se estima esta alegación.

Al punto c): Se estima esta alegación.

Al punto d): Se estima esta alegación, si bien precisando en la normativa que, en todo caso, el Ayuntamiento correspondiente deberá garantizar el mantenimiento de la titularidad pública del suelo en cuestión.

Al punto e): Se relega la contestación a esta alegación, a la efectuada para la alegación 9.f), y, en consecuencia, se estima la misma en los términos indicados en aquélla.

Al punto f): Se relega la contestación a esta alegación, a la efectuada para la alegación 9.e), y, en consecuencia, se estima la misma en los términos indicados en aquélla.

Al punto g): La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, órgano gestor en estas materias, ha planteado un punto de acometida del colector de saneamiento diferente al propuesto en la alegación. En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto h): Se considera aceptable el que, manteniendo el límite del 33% como pendiente máxima para las cubiertas, se recoja en la normativa la posibilidad de proyectar cubiertas planas, estableciendo, a su vez y si fuera oportuno, las condiciones de tratamiento y acabado de las mismas.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación.

Al punto i): En relación a la propuesta de que se considere como condición y norma el grado de eliminación de los puentes térmicos en los edificios, cabría analizar la posibilidad de incluir en la Normativa una determinación como la señalada, aun considerando la aparente dificultad que ello entraña.

En consecuencia, se estima esta alegación en el sentido indicado.

Al punto j): Se estima la alegación, y, en consecuencia, se suprimirá, al final del artículo 26.2 de la Normativa, la frase: "con la excepción de los vehículos unipersonales de minusválidos a motor, cuyo uso está permitido".

Al punto k): Analizados los preceptos a los que se refiere el alegante, artículos 27.3, 33 y 110 de la Normativa del PSIS, se concluye en que la utilización combinada de sus determinaciones conduce a que la aplicación de dichos preceptos resulte inequívoca, por lo que se considera innecesaria la introducción en la Normativa de la salvedad propuesta por el alegante.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto l): Se estima esta alegación.

11.-Don Juan Ignacio Urquía Lus:

Las alegaciones que se plantean son, en síntesis, las siguientes:

a) Que se haga un estudio geobiológico, en relación con las corrientes de agua subterráneas que son generadoras de múltiples afecciones y enfermedades, para ubicar las construcciones en lugares sanos.

b) Las alineaciones son excesivamente rígidas, constituyendo líneas rectas larguísimas, impidiendo juegos formales interesantes y la creación de espacios agradables.

c) Las calles radiales en pendiente son muy peligrosas porque invitan a la velocidad; las calles de acceso a los bloques están orientadas al norte, con lo que ello supone dadas las inclemencias del tiempo, impidiendo con ello una vida social en las mismas.

d) Faltan plazas de dimensiones agradables; sÍlo se contempla una, poco definida y mal orientada.

e) Los edificios dotacionales y comerciales están en general mal orientados, con calles en el sentido del cierzo y sin posibilidad de fachada sur.

f) La dimensión de las galerías acristaladas-invernaderos, no permiten un mayor y más adecuado uso.

g) No está nada clara la posibilidad de aprovechar las aguas de lluvia para riego.

h) No se aclara qué sistema, ni en qué plazo, se va a utilizar para desalinizar el agua de la balsa, punto clave para la viabilidad del proyecto.

i) Se desaprovechan las aguas grises, abandonándose la idea de depurar las aguas negras en el lugar.

j) No se contempla casi nada de arquitectura bioclimática: se habla del Kg, pero no de masa térmica ni de acristalamientos recomendables con relación a la superficie útil.

k) En cuanto al abastecimiento energético, considera "un disparate" la distribución de calor desde las unidades energéticas con tuberías de más de 200 metros, por las grandes pérdidas de calor que se producen; no se habla nada de aprovechamiento eólico.

En definitiva, el alegante concluye en que, aunque la idea inicial le parece bien, las carencias que encuentra en su poco definido desarrollo, hacen que existan muchas posibilidades de que la actuación se convierta en una más, corriente y normal, conectada a todas las redes de energías no renovables y a los sistemas de alcantarillado normales, y sin alternativas reales ni ejemplares para el desarrollo futuro de construcciones bioclimáticas. Por eso, el alegante espera que se estudie el proyecto con más detenimiento y se resuelvan todos los temas por él planteados.

Contestación:

Al punto a): De los datos obrantes en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda sobre las características hidrogeológicas del lugar, se tiene que en el mismo no existen corrientes de agua subterráneas, deduciéndose de ello la imposibilidad de que aparezcan, por esta causa, los perniciosos efectos que, según el alegante, se presentan asociados a las mismas y la innecesariedad de abordar tal estudio biogeológico.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

A los puntos b), c), d) y e): El conjunto de estas alegaciones puede agruparse en torno a tres cuestiones: la relativa a la concepción-formalización del asentamiento (rigidez de las alineaciones, juegos formales, espacios agradables para la relación...), la relativa a la supuesta peligrosidad de las calles radiales en pendiente que se han diseñado y la relativa a la supuesta mala orientación de las calles, plaza y edificios dotacionales y comerciales previstos.

En cuanto a la primera cuestión hay que señalar que lo alegado al respecto, constituye una serie de opiniones que solo ponen de manifiesto la preferencia del alegante por otro tipo de concepción funcional y formal del asentamiento.

En lo que se refiere a la peligrosidad que el alegante asocia al trazado de las calles radiales en pendiente, no parece que dichas vías sean objetivamente más peligrosas que las que supondría otro trazado, y ello sin considerar la posibilidad de establecer, en su momento, el límite de velocidad adecuado para transitar por un ámbito urbano como el diseñado, y cuya superación dependería del comportamiento del conductor.

En lo que respecta a la orientación de las que el alegante denomina "calles de acceso" a los bloques, hay que señalar que las mismas están concebidas fundamentalmente como unos "accesos" a dichos bloques y a sus respectivos aparcamientos, adoleciendo, por tanto, su diseño, en lógica correspondencia con la función asignada, del carácter multifuncional atribuible a lo que convencionalmente se entiende por "calle" -transitar, pasear, comprar, lugar de encuentro...- caso éste que sí exigiría la aplicación de soluciones más adecuadas.

La afirmación del alegante sobre que la plaza que se prevé está poco definida y mal orientada, no puede ser compartida. Definida lo está y de manera más que suficiente, pues la misma se presenta como un espacio controlado por las alineaciones que la conforman, y su orientación se considera, igualmente, suficientemente adecuada.

En relación a la referencia del alegante sobre la inadecuada orientación de los edificios dotacionales y comerciales y de las calles a las que afrontan, poco se puede discutir respecto a la de los primeros, ya que las alineaciones de fachada de la mayoría de las dotaciones están sin determinar y ello se llevará a cabo en los proyectos de edificación que se redacten. En cuanto a las calles y edificios comerciales, hay que señalar que las calles comerciales se disponen, precisamente, conforme a la orientación que el alegante consideraba adecuada cuando se refería a los "accesos", presentando, sin embargo, las fachadas de los edificios, que lógicamente se disponen en correlación con dichas calles, orientaciones distintas según se trate de la fachada que afronta a calle o de la contraria, siendo, inevitablemente, una de las orientaciones más adecuada que la otra.

En consecuencia se desestiman estas alegaciones.

Al punto f): Las galerías a las que se refiere el alegante, con un vuelo sobre la alineación de fachada de 150 cm., tienen como finalidad la regulación térmica. En cualquier caso, nada impide que en el proyecto de edificación correspondiente se prevean estancias acristaladas con mayor fondo, si bien, en este caso, al desaparecer la función de regulación térmica antes aludida, se computará, a los efectos de superficie construida, la superficie total de la estancia.

No obstante lo anterior, y al objeto de evitar los equívocos que pudieran producirse, el artículo 79 de la Normativa podría quedar redactado del siguiente modo:

"A los efectos de computo de superficie construida a que se refiere el artículo 87, se considerarán galerías de regulación térmica las piezas situadas sobre la fachada sur del edificio, con un vuelo máximo de 150 cm., acristaladas y con protecciones móviles exteriores que las puedan sombrear por completo en los meses de verano. En cualquier caso, estas piezas se considerarán como galerías en aquellas tipologías cuya Normativa Particular lo permita".

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de la modificación normativa señalada.

A los puntos g) y h): Considerando que la balsa sería el elemento receptor fundamental de las aguas de lluvia, la posibilidad de aprovechar éstas para el riego pasa por el tratamiento general del agua de la balsa, por lo que se relega la contestación a ambas alegaciones a la efectuada, en relación con la balsa, para la alegación 8 a), cuyo contenido se considera a tal efecto suficiente.

En consecuencia, se estiman parcialmente tales alegaciones en los términos indicados para la última citada.

Al punto i): En cuanto a las aguas grises hay que señalar que la normativa urbanística posibilita su reutilización para la red de inodoros.

En cuanto a la depuración "in situ" de las aguas negras, relegamos la contestación a este punto a la efectuada para la alegación número 6.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto j): El artículo 75 de la Normativa establece las condiciones térmicas generales de la edificación, fijando el Kg en función del factor forma y del tipo de energía utilizado, y se establecen, asimismo, los valores máximos aceptables para los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos. Por otra parte, los artículos 76 al 79 recogen algunas condiciones constructivas que influyen en el ahorro energético.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto k): El sistema de calefacción previsto está ya experimentado, y las pérdidas de calor a las que se refiere el alegante no tienen por qué ser de entidad, al tratarse de calefacción a baja temperatura y si se aíslan convenientemente los conductores.

En cuanto al aprovechamiento eólico, resulta obvio que el PSIS se ocupa de esta cuestión.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

12.-Don Jesús Aldáriz Martín, como Director Gerente de "Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A.":

El alegante, tras describir los objetivos que el PSIS trata de alcanzar, señala que los mismos solo se pueden conseguir desde la consideración de la urbanización como un conjunto funcionalmente unitario, lo cual requiere de la existencia de una organización que coordine y dirija todas las labores de dirección y gestión de las obras, así como la promoción y venta de las viviendas.

Dicho esto, el alegante considera que la presencia de propiedades de terceros privados, puede afectar seriamente a la consecución de los objetivos planteados, por posibles actuaciones especulativas en torno al valor del suelo, que pudieran incidir fuertemente en el precio final de las viviendas, así como al correcto funcionamiento del asentamiento proyectado.

Por todo ello, propone:

a) Que se modifique el diseño del asentamiento, evitando las afecciones a las propiedades de los terceros privados, considerando la Cañada Real existente como límite de la actuación.

b) Que se sustituya el sistema de actuación previsto en el PSIS, por el de "expropiación", por considerar éste como adecuado para llevar a cabo la unidad de ejecución.

Contestación:

Al punto a): Los argumentos en los que se basa el alegante para que se lleve a cabo la modificación del diseño del asentamiento que solicita, no resultan por sí solos suficientes como para estimar la alegación.

Ahora bien, aunque los argumentos esgrimidos por el alegante resultan inadecuados en orden a estimar la alegación, el análisis de lo que se propone en la solicitud y la relación que parece existir con lo que se propone en otras determinadas alegaciones y con las conclusiones a las que se ha llegado tras su valoración, inducen, sin embargo, a estudiar las ventajas que cabría obtener de excluir del suelo urbanizable, con carácter más o menos general, los suelos de particulares, al objeto de propiciar, si cabe, una mejor gestión y funcionamiento del nuevo asentamiento y de mejorar las necesarias condiciones de viabilidad económica de la operación, y, en consecuencia, a plantearse la conveniencia y oportunidad de modificar la ordenación propuesta en el PSIS, dejando siempre a salvo el grado necesario y suficiente de coherencia entre ordenación y territorio.

En este sentido, cabe considerar, en principio, que la menor presencia de propietarios resulta ser, en sí misma, un factor que objetivamente favorece la gestión del asentamiento, y que la reducción del sector que se operaría por la exclusión de los terrenos de particulares a los que alude el alegante, situados como se deduce de la alegación al este de la cañada, con la consecuente aminoración de la acción urbanizadora, acompañada de otras correcciones, como la correspondiente al incremento del aprovechamiento urbanístico y a la reducción de otros costos de urbanización, apuntalarían de manera positiva la viabilidad económica de la actuación, no siendo, por otra parte, aspecto pequeño el hecho de que con tal exclusión se llegarían a evitar las intervenciones que sobre la cañada propone el PSIS, ya que ésta sería, en este caso, el límite, por otra parte lógico, del sector.

En definitiva, se desestima esta alegación, sin perjuicio de que, tras valorar las cuestiones precedentes, y si se considera que, para lograr de modo más pleno y efectivo los objetivos que el PSIS trata de alcanzar, resulta recomendable la modificación que se apunta, y que llevaría aparejada la reordenación del sector, una nueva delimitación de éste y de la correspondiente área de reparto, así como la redefinición de los parámetros asociados a los mismos, se plantee llevar a efecto la misma.

Al punto b): Lo planteado por el alegante en este punto, responde, como él mismo manifiesta, al hecho de que el sistema de expropiación lo considera más adecuado para la gestión del Plan, pero no porque el propuesto por el PSIS sea contrario a la legalidad vigente.

En consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de que, considerando el contexto argumental global que la inspira, se concluya en la conveniencia de adoptar como sistema de actuación el propuesto por el alegante en vez del previsto en el PSIS y sin perjuicio, asimismo, de que el Gobierno de Navarra, en el acto de aprobación definitiva del expediente, pueda acordar, en su caso, la declaración de utilidad pública del PSIS a efectos expropiatorios (artículo 65.3 de la LFOTU).

13.-Don David Afra Martínez, Presidente del Concejo de Badostáin:

Las alegaciones que se plantean son, en síntesis, las siguientes:

a) Que el verdadero nombre del paraje donde se pretende llevar a cabo el asentamiento es el de "Eskóriz" o "Ezkóriz", y no el de "Zolina".

b) Se cuestiona la legalidad del asentamiento urbano, en cuanto al cumplimiento de las distancias mínimas exigidas por la normativa vigente respecto del vertedero comarcal de Góngora, considerando como obvio que el emplazamiento no es el más adecuado, si se tienen en cuenta los olores que, seguramente, tendrán que padecer los futuros vecinos.

c) No se considera como la más adecuada, por el aumento de tráfico que ello supondrá, la solución dada al acceso rodado por las proximidades del núcleo de Badostáin. Debe contemplarse un acceso independiente y autónomo, sin incidencia alguna en dicho núcleo.

En consecuencia, el alegante solicita la resolución favorable de tales alegaciones.

Contestación:

Al punto a): La cuestión planteada no tiene relación con las determinaciones del PSIS, y, en consecuencia, se desestima esta alegación, sin perjuicio de que, si se estima oportuno, se modifique la referencia geográfica utilizada para dar título al PSIS.

Al punto b): Se relega la contestación a esta alegación, a la efectuada para la alegación 9.h), y, en consecuencia, se desestima.

Al punto c): La solución dada al acceso rodado por las proximidades del núcleo de Badostáin, se plantea, precisamente, evitando el paso por dicho núcleo del tráfico que genere el nuevo asentamiento.

En consecuencia, se desestima esta alegación, y ello sin perjuicio de que pudiera llegarse a estudiar y a plantear en su momento, desde una visión territorial más amplia y global, a la vista de las previsiones residenciales contenidas en las NUC de la Comarca de Pamplona recientemente aprobadas, otra propuesta de vial diferente que, en su caso, sería tramitada conforme al procedimiento legal oportuno.

Por otra parte, y fuera del plazo establecido para la información pública del expediente, se han presentado las siguientes alegaciones:

A) Don Antonio Munilla García, en nombre y representación de GURELUR-Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural.

B) Don Miguel Angel Torres Torres y otros.

C) Don Miguel Angel Torres Torres y otros.

Sin prejuzgar la validez última de las alegaciones extemporáneamente formuladas, que han sido rechazadas por la Comisión de Ordenación del Territorio, no es menos cierto que en la resolución que pone fin al expediente han de analizarse todas las cuestiones planteadas, y más cuando alguna de las alegaciones plantean importantes elementos de convicción.

El resumen de su contenido y contestación son los siguientes:

A) Don Antonio Munilla García, en nombre y representación de Gurelur-Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural:

a) La destrucción de una zona natural singular, a pesar de ser parte de ella consecuencia de la actividad industrial, conculca una serie de leyes europeas, estatales y forales enumeradas por el alegante., ya que la urbanización propuesta, causante de tal destrucción, se pretende llevar a cabo a costa del desvío y regulación de un río, la desalinización de una balsa, la desaparición física de decenas de hectáreas de zonas baldías naturalizadas y la desafección de una Cañada.

b) El punto 8 de la Memoria referente a la incidencia sobre el terreno físico y afecciones ambientales es totalmente impresentable, aparte de ilegal, ya que no se puede abordar un proyecto como éste sin realizar ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental, carencia ésta que se califica de gravísima.

Por ello, se exige que, de modo previo a cualquier tipo de trámite a seguir, se realice un estudio de los elevados valores naturales que concurren en la zona -y que el alegante considera demostrados con la descripción que de los mismos efectúa en la alegación-, los cuales no aconsejan la realización del proyecto presentado.

Tras una pormenorizada descripción de las especies de fauna presentes en la zona, afirma el alegante que, todo ello, confiere al entorno de la balsa de Eskoriz un valor natural indudable, lo que hace que, como lugar de nidificación, alimentación y reposo de fauna silvestre, su destrucción o modificación sustancial, como sería su desalinización y urbanización, esté terminantemente prohibida y, por tanto, cualquier actuación encaminada a ello es un delito ambiental grave.

c) Independientemente de lo considerado hasta ahora, no se puede aprobar el Plan sin haberse adoptado una solución para la desalinización de la balsa, lo que requiere, y así se solicita, que, de modo previo a su aprobación, el Plan incluya al menos el Estudio de Impacto Ambiental y otro de gestión de los residuos salinos y otros que se van a generar en la realización del proyecto. La aclaración de todos los aspectos relacionados con la desalinización de la balsa es considerada por el alegante de suma importancia.

d) La propuesta de desvío del río Sadar, desvío que no se justifica convenientemente y cuyas excavaciones afectan al paisaje y exigen el desmonte parcial de dos altos, generando un altísimo impacto en el medio natural, es totalmente contraria a las leyes ambientales aludidas y otras.

e) La reforestación de la zona circundante al asentamiento y otras intervenciones en el medio (movimientos de tierras y cajones de retención), carece de Estudio de Impacto Ambiental, y las especies para reforestar que se proponen como autóctonas no lo son tales.

f) No se puede ocupar la Cañada Real, pues ello conculca el artículo 4.º de la Ley Foral 19/1997 de Vías Pecuarias de Navarra, y su desafección, para realizar el parque de la urbanización, es ilegal según la citada Ley Foral.

g) La construcción de las infraestructuras previstas van a deteriorar ostensiblemente los valores paisajísticos, naturales y de ocio de los valles de Aranguren y de Egüés. Las carreteras de acceso a la urbanización van a partir el valle, degradando además la calidad de vida de sus habitantes por el considerable incremento de tráfico y ruido que se va a producir.

h) En relación al conjunto de aerogeneradores ahora previsto, pero no anteriormente, para abastecer de energía eléctrica a la urbanización, y que agravan aún más los impactos antes enumerados, el alegante recuerda la vigencia del D.F. 685/1996, de 24 de diciembre, por el que se suspende la aprobación de nuevos proyectos eólicos, aparte de que regula una serie de exigencias que deben tener estos proyectos, ninguna de las cuales cumple la posible instalación de aerogeneradores en Zolina.

Por todo lo que antecede, el alegante solicita:

-La retirada inmediata del proyecto de Urbanización Bioclimática de Zolina en cualquier tipo de ámbito administrativo, por ser un proyecto que, de realizarse, conculcaría las leyes ambientales europeas, estatales y forales y otras.

-La retirada del Acuerdo motivo de estas alegaciones y que, por tanto, no se declare Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal el Plan de la Ciudad Bioclimática de Zolina.

-La declaración de una figura de protección que, de acuerdo con las leyes, garantice la persistencia y protección de los valores naturales de la balsa de Eskoriz y su entorno.

Contestación:

Al punto a): En primer lugar, hay que indicar que la balsa de Zolina no se encuentra formando parte, ni en las proximidades, de ninguna Zona de Especial Protección para las Aves, declaradas al amparo de la Directiva 79/409/CEE de Conservación de las Aves Silvestres a la que hace alusión el alegante. Asimismo, la balsa y su entorno no se encuentran entre las áreas de Navarra inventariadas para formar parte de la Red Natura 2.000, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE citada en la alegación. Cabe indicar también que, dado el origen de la balsa, ésta no es una de las incluidas en el Decreto Foral por el que se creó el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra con su correspondiente régimen de protección.

En consecuencia, acreditada la falta de fundamento de la alegación, se desestima esta alegación.

Al punto b): En primer lugar, hay que señalar que no existe precepto legal alguno que incluya el supuesto de una actuación de esta naturaleza entre los sujetos obligatoriamente a E.I.A.

Por otra parte, y conforme al Decreto Foral 229/93, tampoco es obligada la realización de un Estudio de Afecciones Ambientales cuando el instrumento que prevé y ordena la actuación correspondiente es un PSIS. Y ello es así, por cuanto, entre la documentación integrante de un PSIS, figura la relativa a la "incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas", claramente sustitutiva, en cuanto a su contenido, a la de los mencionados estudios de afecciones ambientales.

El tema está, por tanto, y a la vista de lo alegado, en dilucidar si el contenido del apartado 8 de la Memoria del PSIS, da respuesta suficiente al desarrollo de tal determinación, como para estimar, igualmente, suficientes sus conclusiones, siendo éste el meollo de la cuestión alegada. A este respecto, se considera que, efectivamente, el contenido del apartado 8 de la Memoria, relativo a las materias objeto de alegación, resulta excesivamente escueto además de insuficiente, requiriéndose, a tal efecto, de un desarrollo sistemático y completo de todos los aspectos que conformarían, para este caso, el campo de estudio desde el punto de vista medioambiental, y que en el PSIS no han sido explicitados.

En consecuencia, se estima esta alegación en el sentido de que se complete y desarrolle en mayor extensión y profundidad la determinación legal relativa al estudio sobre la "incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas".

Al punto c): Uno de los objetivos del PSIS es la recuperación ecológica y puesta en valor de la balsa de Ezcoriz, a cuyo efecto se plantean diversas acciones: por un lado, todas aquellas que posibilitan su integración efectiva en la ordenación propuesta y su utilización lúdica, y, por otro, las correspondientes al tratamiento de lodos, desalinización del agua, y regulación de caudales, acciones éstas previstas en el PSIS pero no desarrolladas, ya que deberán ser objeto de un proyecto específico a redactar y tramitar en su momento, con su correspondiente e, igualmente, específico estudio de afecciones ambientales. En este sentido, conviene no olvidar que estamos ante un Plan Sectorial y no ante un Proyecto Sectorial, y que, el hecho de que en él se planteen determinados objetivos y las líneas de acción a seguir para su obtención, no implica, el que el PSIS deba contener el desarrollo efectivo de todos sus elementos, que, lógicamente, y como ha quedado dicho, precisarán de posteriores y específicos Proyectos de desarrollo.

En consecuencia se desestima esta alegación.

Al punto d): No se puede admitir el que, como dice el alegante, la propuesta de desvío del río Sadar sea totalmente contraria a las leyes ambientales y "otras"; ello sería tanto como, haciendo una aplicación universal de semejante afirmación, concluir que no se puede efectuar desvío alguno de ningún cauce fluvial. Por otra parte el PSIS justifica la previsión de tal desvío, aunque ello no parece se haya hecho a satisfacción del alegante.

Otra cosa es que el desvío genere determinados impactos en el medio, los cuales deberán ser estudiados oportunamente en su momento a través del correspondiente Proyecto específico. En este sentido relegamos el mayor desarrollo de esta consideración a lo ya dicho en la contestación a la alegación anterior.

En consecuencia, se desestima esta alegación.

Al punto e): Se considera aplicable a esta alegación, en relación al modo y momento en los que se deba llevar a cabo el proyecto de reforestación, lo contestado a la alegación c). No obstante, resulta adecuada la matización incluida en la alegación relativa a las especies a utilizar en la reforestación, las cuales deberán ser especies autóctonas.

En consecuencia, procede la estimación parcial de esta alegación.

Al punto f): De la lectura de la Ley Foral de Vías Pecuarias de Navarra, se deduce la incuestionable existencia de la posibilidad legal de realizar una modificación de trazado de tales vías pecuarias, de modo que, manteniendo su carácter y funcionalidad, permita el desarrollo de actuaciones de interés público. No obstante, y para evitar todo tipo de equívocos, debe eliminarse cualquier denominación, distinta a la de cañada o a la de itinerario de interés-cañada, que pudiera llevar a confusión, y dejar bien claro que el régimen de uso y protección de la cañada, una vez repuesta, es y será el que la legislación vigente establece para las mismas.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación en el sentido indicado, sin perjuicio de que, como efecto de las conclusiones que se extraigan de la resolución de otras alegaciones y de la consideración de otros factores concurrentes, se llegue a prescindir de modificar tal cañada.

Al punto h): El Decreto Foral al que alude el alegante, suspende la aprobación de nuevos planes y proyectos para la implantación de parques eólicos, entendiéndose por tales, a estos efectos, los así denominados en el Decreto Foral 125/1996, al que toma como referencia el anterior, es decir, las instalaciones para la obtención de energía mediante viento con una potencia instalada superior a cinco megavatios. Este último Decreto, que establece el régimen aplicable a estas instalaciones o parques eólicos, excluye del mismo las instalaciones, en suelo no urbanizable, de inferior potencia a la indicada vinculadas, entre otras, al autoconsumo, para las que además se prevé una diferente y singular tramitación (Disposición adicional primera).

En consecuencia de lo que antecede, y teniendo en cuenta que las instalaciones previstas en el nuevo asentamiento, no superan el límite de potencia establecido y que estarían destinadas al autoconsumo del núcleo, no apreciándose, por tanto, inconveniente legal para su implantación, se desestima esta alegación, y ello sin perjuicio de que, en el Proyecto específico de desarrollo, que a tal efecto se redacte y tramite en su momento, se de cumplimiento a todas las determinaciones legales y reglamentarias que les fueren de aplicación.

B) Don Miguel Angel Torres Torres y otros:

Los alegantes, propietarios de diferentes parcelas destinadas a la explotación agrícola, siendo algunos de ellos cultivadores directos de las mimas, y tras poner de manifiesto el alto rendimiento de tales parcelas y el hecho de que constituyen la principal, si no única, fuente de ingresos para los mismos, solicitan sean excluidas del ámbito delimitado en el PSIS para la formación de un parque forestal, exclusión que, señalan, no impediría la formación de dicho parque, ni la función asignada al mismo, si bien con una menor extensión (aportan plano al respecto).

Finalmente, adjuntan escrito de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, apoyando las anteriores alegaciones.

Contestación:

Las parcelas señaladas por los alegantes como 2 y 9 están afectadas por el vial de conexión por Badostáin previsto, y una porción de las parcelas señaladas como 1 y 2, situada al sur de las mismas, presenta las condiciones requeridas como para ser categorizada como forestal, al igual que el resto de las parcelas que cita el alegante -la 3, 4, 5, 6, 7, y 8-, parcelas estas últimas que el Plan Municipal de Egüés, en fase de aprobación definitiva, también las categoriza como forestal.

En cuanto a la cuestión relativa a la previsión de un posible parque forestal sobre dichos terrenos, cuestión sobre la que se basa la solicitud de los alegantes, hay que señalar que la misma ha sido ya tratada en la contestación a la alegación número 7, por lo que se relegan los comentarios oportunos a lo dicho respecto a dicha alegación.

En consecuencia, se estima parcialmente esta alegación en el sentido de revisar la categorización del suelo de las parcelas señaladas como 1 y 2, excluyendo del ámbito del PSIS el suelo de éstas que no se categorice como forestal y como afectado por el vial aludido, y de que se articulen los oportunos mecanismos de gestión para el caso de que se mantenga la previsión del PSIS relativa al posible Parque Forestal a desarrollar en este suelo, y todo ello sin perjuicio de que, como consecuencia de la resolución de otras alegaciones y la concurrencia de otros factores, se proceda a una revisión total de la clasificación de suelo no urbanizable propuesta en el PSIS, y sin perjuicio, asimismo, de que pudiera llegarse a estudiar y a plantear en su momento, desde una visión territorial más amplia y global, a la vista de las previsiones residenciales contenidas en las NUC de la Comarca de Pamplona recientemente aprobadas, otra propuesta de vial diferente que, en su caso, sería tramitada conforme al procedimiento legal oportuno.

C) Don Miguel Angel Torres Torres y otros:

Los alegantes consideran que la construcción del vial de acceso al nuevo asentamiento por Badostáin previsto en el Plan, el cual atraviesa parcelas de su propiedad destinadas a la agricultura -principal, si no única, fuente de ingresos de los alegantes, algunos de ellos cultivadores directos-, generándoles una serie de graves perjuicios, resulta absolutamente innecesaria, al existir otras alternativas, basadas en la utilización de viales y caminos existentes, que estiman fuesen más adecuadas y menos costosas y ocasionarían menos afecciones a propiedades particulares (adjuntan un plano en el que grafían distintas soluciones al respecto).

En consecuencia, los alegantes solicitan se adopte como acceso al nuevo asentamiento de Zolina alguna de las alternativas propuestas, o alguna otra solución similar distinta a la proyectada en el Plan, que reduzca al máximo las afecciones a propiedades particulares.

Contestación:

Analizadas las alternativas planteadas por el alegante, cabe concluir en que unas no aportan superiores ventajas funcionales con respecto a la prevista en el PSIS, y otras exigirían, además, ser estudiadas en un contexto territorial más amplio.

Así se tiene, con relación a las alternativas 3 y 4/6, que resultan ser las más análogas con la solución prevista en el PSIS, que la primera de ellas, aun siendo razonable, supone introducir el tráfico generado por el asentamiento por el núcleo de Badostáin, factor al que ha hecho referencia el Concejo de Badostáin en su alegación (la número 13) considerándolo como negativo, y que la segunda, la alternativa 4/6, si bien aprovecha en parte de su recorrido un camino de concentración parcelaria, que habría que reponer, con lo que ello supone en términos de costos, ofrece un trazado con características similares, si no peores, al del previsto en el PSIS, trasladando los problemas de ocupación a otras parcelas.

En cuanto a la alternativa 1, aun ofreciendo un cierto interés, pero en otro contexto territorial, éste lo sería en todo caso a muy largo plazo y a la vista de cómo evolucionan otras previsiones de orden comarcal, pudiendo constituir quizás, en su momento, una solución complementaria pero no excluyente de la que ahora es objeto de alegación. Por otra parte, la alternativa 5, además de diversos problemas de orden técnico-funcional de muy compleja solución, como los que ofrecería la conexión con el proyectado enlace Mendillorri-Badostáin, y de un mayor costo de ejecución, plantearía similares problemas a los que los alegantes pretenden resolver, y su hipotética adopción requeriría, a su vez, el que fuera considerada en un marco de mayor escala territorial en el que se contemplaren otras previsiones comarcales a las que pudiera afectar, no siendo éste el contexto que ahora nos ocupa.

Finalmente, la alternativa 2, se corresponde esencialmente con el acceso sur al asentamiento previsto en el PSIS, siendo además el que se considera prioritario en la ejecución de los accesos.

En consecuencia, se desestima esta alegación, y ello sin perjuicio de que en el correspondiente Proyecto constructivo del vial previsto en el PSIS, se trate de afectar lo menos posible a las parcelas por las que discurre, y sin perjuicio, asimismo, de que pudiera llegarse a estudiar y a plantear en su momento, desde una visión territorial más amplia y global, a la vista de las previsiones residenciales contenidas en las NUC de la Comarca de Pamplona recientemente aprobadas, otra propuesta de vial diferente que, en su caso, sería tramitada conforme al procedimiento legal oportuno.

III.-Conclusión.

A la vista de las alegaciones presentadas, hay que concluir que la incorporación del conjunto de correcciones a introducir en el PSIS que de aquellas se derivan, supone tales modificaciones en el contenido documental y material del mismo, que por su carácter sustancial hace necesario retrotraer la tramitación del expediente a su inicio, máxime si, además, se toman en consideración, materializándolas, las diversas posibilidades apuntadas en la contestación a determinadas alegaciones y, en particular, las que se refieren a la reducción del suelo urbanizable.

En consecuencia, considerando los informes emitidos y el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio celebrada el día 1 de junio de 1999, y vista la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo y demás normas de aplicación, procede denegar la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Ciudad Bioclimática de Zolina, que fue objeto del acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra el 28 de diciembre de 1998, y su tramitación como un nuevo Plan de la Ciudad Bioclimática de Zolina.

Habiendo sido informado el expediente por la Comisión de Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el día 1 de junio de 1999, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,

ACUERDA:

1.º Resolver las alegaciones presentadas en los términos señalados en la parte expositiva de este acuerdo, aprobando las modificaciones y sugerencias a las que se ha hecho referencia, y denegar la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Ciudad Bioclimática de Zolina, que fue objeto del acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra el 28 de diciembre de 1998.

2.º Encomendar al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda que el nuevo Plan de la Ciudad Bioclimática de Zolina que promueva, incorpore las cuestiones aludidas.

3.º Señalar que contra el presente Acuerdo se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación o, en su caso, publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, ser impugnado directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de su notificación o, en su caso, publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, tal como dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4.º Publicar este Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, y notificarlo al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, a los Ayuntamientos del Valle de Aranguren y del Valle de Egüés, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al Departamento de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, al Departamento de Educación y Cultura, a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), a Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A. y a los alegantes, a los efectos oportunos.

Pamplona, siete de junio de mil novecientos noventa y nueve.-El Secretario General de Presidencia, Joaquín Gortari Unanua.

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