VIII. IRAGARKIAK
8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK
TORRES DEL RIO
Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de la resolución que se transcribe a continuación, se procede por el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 y 59.5 de la mencionada Ley.
El día 19 de marzo de 2007, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torres del Río dictó la siguiente resolución:
"Visto el recurso de reposición interpuesto por Doña María Suberviola Sancho frente a la Resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 15 de enero de 2007, en el cual, tras reseñar los hechos y fundamentos jurídicos que estima aplicables, solicita que se admita el recurso y se dicte resolución por la que el Alcalde ordene el archivo del expediente.
A la vista del contenido de los dos informes remitidos por el Servicio Urbanístico O.R.V.E. Tierra Estella, suscrito uno de ellos por técnico del Servicio Urbanístico y el otro por letrado, que indican que la actuación municipal resulta ajustada a derecho y que procede, según el primero de los informes citados, la desestimación del recurso interpuesto y de acuerdo con el segundo, su inadmisión o subsidiariamente su desestimación íntegra en base a:
_Que no se ha incumplido ni total ni parcialmente el procedimiento legalmente establecido, garantizándose escrupulosamente el derecho de defensa de los interesados, por lo que no concurren los supuestos de nulidad de pleno derecho señalados en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
_Que el principio de proporcionalidad o de menor demolición es una construcción jurisprudencial apreciable caso a caso y puede concluirse que no impide demoler las obras ilegales, sino únicamente graduar la afectación de la demolición en casos como por ejemplo su repercusión en el resto de la estructura del resto de edificación o incluso al proceso productivo, no concurriendo ninguno de los supuestos.
_Que en ningún momento se ha vulnerado el principio constitucional de inviolabilidad del domicilio dado que no se ha accedido a él.
_Que la situación de conservación de los pavimentos no justifica en absoluto el incumplimiento de la licencia ni la ocupación indebida de un bien de dominio y uso público sin que en ningún caso el exceso de ocupación venga motivada por criterio de seguridad alguno.
_Que el recurso en tanto no se dirige estrictamente contra la Resolución de 15 de enero de 2007 debe ser inadmitido. Es decir, no procede cuestionar los actos consentidos y firmes cuales son, el otorgamiento de la licencia con sus condicionantes, la orden de reposición de las obras a la situación anterior desmontando el tejadillo, la estructura, los peldaños de reciente ejecución y los muretes de cierre de las jardineras, e incluso la ejecución sustitutoria sobre la que ya se advierte caso de incumplimiento a las Resoluciones consentidas y firmes de 23 de enero y 18 de septiembre de 2006, constituyendo pues la resolución impugnada un acto de reproducción o de ejecución de otras actuaciones consentidas y firmes.
_Que esta Alcaldía se ha limitado a la incoación y resolución de un expediente de restauración del orden urbanístico infringido por lo que no cabe hablar de infracción, sanción ni prescripción.
_Que la licencia otorgada se condicionó a la no ocupación de dominio público, condición que se incumple por el interesado al ejecutar las obras, lo que origina la obligada respuestas municipal.
_Que el Ayuntamiento debe ejercer sus competencias de recuperación posesoria frente a todas las ocupaciones o usurpaciones de bienes públicos sin excepción, por lo que estamos ante una obligación de ejercitar esa potestad irrenunciable.
_Que se respeta escrupulosamente el principio de proporcionalidad cuando únicamente se exige la demolición de las obras nuevas en tanto en cuanto invaden dominio público, nunca las anteriores, aunque probablemente también se hayan ejecutado sin título sobre dominio público.
Vistos los artículos 107 a 113 y 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
He resuelto:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 15 de enero de 2007, por la que se apercibe a la herencia yacente o los herederos desconocidos de don Jesús Acedo Rubio y a doña María Suberviola Sancho de que si en el plazo de cinco días no han ejecutado la demolición del tejadillo, la estructura construida, los peldaños de reciente ejecución y los muretes de cierre de las jardineras, este Ayuntamiento llevará a cabo la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa de los obligados (herencia yacente o los herederos desconocidos de don. Jesús Acedo Rubio y a doña María Suberviola Sancho)."
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a efectos de notificación a Doña María Suberviola Sancho y a la herencia yacente o los herederos desconocidos de Don Jesús Acedo Rubio, advirtiéndoles que contra esta Resolución podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y con carácter potestativo recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde la publicación del mismo.
Torres del Río, 2007ko maiatzaren 14a
El Alcalde, Juan Luis Pérez Leuza.
Iragarkiaren kodea: L0708305